domingo, 8 de diciembre de 2019

MEMORIAS DEL PRIMER DELEGADO DE LA PDDH EN LA ZONA PARACENTRAL (III)

Por Joaquín Rivera Larios




Cuando abrió sus puertas la Delegación de San Vicente en julio de 1993, circulaban fuertes rumores que defensores públicos cobraban por sus servicios. En una reunión de autoridades, la licenciada Vilma Adela Melara, Jueza Segundo de lo Penal, increpó a la licenciada Irma Elena Paredes de Martínez, Procuradora Auxiliar Departamental que el nivel de vida de algunos defensores no correspondía a su salario. Paredes, replicó que algunos defensores ya tenían comodidades por su condición familiar.

Los rumores se difundieron tanto  al grado que me vi obligado a visitar a la Procuradora Auxiliar en su despacho, ubicado en el Barrio El Santuario,  y le dije que las mayores especulaciones se centraban en un defensor específico. Y que por favor hiciera algo para contrarrestar esta percepción, de lo contrario me vería obligado a hacer del conocimiento de la situación ante las instancias legales competentes. 

Mi gestión tuvo una secuela inesperada. Invité a un seminario de la PDDH con expositores de alto nivel (doctores Felipe Villavicencio, Florentín Meléndez, José Ernesto Criollo, Orsy Melvin Quintanilla Campos) que se desarrolló en septiembre de 1993 al abogado que más se mencionaba en los supuestos cobros indebidos y esté llegó a tirarme la invitación a la puerta delegación diciéndome en voz alta que como tenía el descaro de invitarlo, cuando lo había difamado.

En el trienio del Procurador General de la República, doctor Simón Isidro Rivera Argueta (1993-1996) tuvimos otra colisión con la Unidad de Defensoría Pública. Al parecer una directriz emanada del más alto nivel había prohibido asistir en la defensa a imputados relacionados con delitos sexuales, porque a juicio de la institución contrariaba su mandato de proteger a la mujer, a la niñez  y por extensión al grupo familiar.  En esa época el coordinador de la Unidad era el licenciado Pedro Carlos Navarro Montes. Tuvimos agrias discusiones en el sentido que esa prohibición violentada el principio de inviolabilidad de defensa y la presunción de inocencia.         

Un reo que me servía como enlace en mi trabajo de verificación en la Penitenciaria Oriental fue Roldán Antonio Castillo Campos (QDDG), un  abogado  que fue condenado por el Juzgado Primero de lo Penal de Zacatecoluca por lesiones graves en Frida Guillermina Parduci Peña, hecho ocurrido en San Luis La Herradura el 17 de abril de 1992. En el proceso que se le siguió apareció como testigo y ofendida Claudia Mariana Silva Avalos, hija del doctor Héctor Silva, después sería Alcalde de San Salvador, diputado y finalmente presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local – FISDL- 

La primera comunicación que tuve con Roldán  Castillo fue el  24 de septiembre de 1993, con ocasión de una charla que impartí  el Día del Reo (día de la Virgen de la Merced), durante el cual  me pidió apoyo para echar a andar una asociación de reos a nivel nacional. Posteriormente, me expresó su proyecto de instalar un taller de mecánica al interior del centro, iniciativa que comuniqué al Director del penal, y me dijo que no era viable tal proyecto, porque con soldadura y cierra podían romper las celdas.   

Me comentó Roldán Castillo que había sido procesado por el Juez Primero de lo Penal de Zacatecoluca, Francisco Arturo Pleitez Lemus, con quien había tenido una riña en un bar, pero éste no acepto excusarse de conocer el proceso y la recusación fue rechazada. Según consta en la sentencia de casación  CPS 02493-94 del 2 de mayo de 1994 también se le rechazó a los abogados de Roldán una solicitud de cambio de radicación de la causa.

Después de sustanciar aquel proceso, el Juez Pleitez Lemus murió acuchillado a manos de miembros de la mara Mao Mao a las siete de la noche del 3 de septiembre de 1993, cuando llegaba a su residencia ubicada en la Calle a San Antonio Abad de San Salvador. El primer Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Carlos Mauricio Molina Fonseca, visitó a familiares del juez Pleitez Lemus y les ofreció el apoyo que estuviera a su alcance.  A nivel de vox populi se especulaba que  Roldan Castillo podía estar detrás de este hecho de sangre.    

A juicio del Director de la Penitenciaria Oriental el reo modelo era el ex sargento de la Guardia Nacional,  Luis Antonio Colindres Alemán, un tipo alto, un tanto obeso, moreno, muy callado, que había sido condenado por el homicidio de las tres monjas norteamericanas de la orden Mariknoll, Maura Clarke, Ita Ford, Dorothy Kazel y la misionera laica, Jean Donovan el 2 de diciembre de 1980, en una zona rural de Zacatecoluca. Atroz asesinato que conmocionó a la sociedad estadounidense al grado de interrumpir la ayuda militar al país en una etapa inicial de la guerra.  

El ex sargento Colindres Aleman, era muy emprendedor y trabajaba muebles de madera. Se decía que adentro de la cárcel ganaba muy bien. Sin duda su disciplina de militar le servía para conducirse en la prisión. A contrario sensu,  Roldan que era compañero de celda,  me decía que  Colindres no era tan buena pieza como lo pintaba el director del penal.

En el programa “Edificando la Paz” que  la Delegación transmitió el 25 de mayo de 1995, a través de Radio Lorenzana y los circuitos publicitarios de Radio,  Stereo F.C. y Radio Mercurio, entrevisté a Roldán Castillo  y a  Edgardo Valdés Guerra,  otro interno, quienes abordaron los problemas que existen en centros penales, como los motines muy frecuentes en los noventa y a principios del dos mil, la falta de oportunidades recreativas, laborales, deportivas, los problemas de reinserción social y laboral de ex privados de libertad. El abordaje que hacían los medios en aquella época, en el que prevalecían solo los aspectos negativos de la conducta de los reclusos.   

Once años después, Roldan Castillo sería asesinado cuando comía en Carnitas Kelly sobre la Quinta Avenida Norte de San Salvador, la madrugada del 30 de noviembre de 2006. Su muerte al parecer tenía relación con un conflicto familiar derivado por el control de una empresa de préstamos y bienes raíces de su padre, Gerardo Castillo Cornejo, un viejo prestamista que según el periódico Factum poseía en 1997 un centenar de propiedades registradas en San Salvador.       


No hay comentarios:

Publicar un comentario