ANÉCDOTAS DEL PRIMER DELEGADO DE LA PDDH EN LA ZONA PARACENTRAL (II)

Por Joaquín Rivera Larios

En aquella época en la cabecera departamental de San Vicente  nos correspondió tratar con varios juezas y jueces: Aída Castaneda Parada (Jueza Primera de lo Penal), Vilma Adela Melara (Jueza Segunda de lo Penal), Arcadio José Humberto Polanco García (Juez Primero de Paz), Laura Elena Chamagua de Umaña (Jueza Segundo Paz).  

A nivel de vox populi, se vinculaba a algunas funcionarias  judiciales con figuras políticas de la época, al punto que una jueza  una vez que llegue al centro judicial me llamó para decirme que un usuario del tribunal la había ofendido con expresiones con trasfondo sexual. 

Tratar con funcionarios  requiere tacto y sutileza para no herir susceptibilidades en el montaje de eventos y actos protocolarios.  Recuerdo que la jueza Aida Castaneda me reclamó en algunas ocasiones, con la suavidad y empatía que la caracterizaban,  porque  su nombre  fue consignado erróneamente en la invitación a la inauguración de la Delegación el 17 de julio de 1993. El licenciado Polanco García solía decirme que si no le daba diploma, no asistiría a los seminarios a las que lo invitábamos, porque no tendría como justificar a la Corte Suprema de Justicia la utilización de ese tiempo.

En esa misma frecuencia, el doctor Roberto Romero Carrillo, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asistió a la inauguración de la Delegación Departamental de Chalatenango en 1994, evento al que también asistí, pero  por un olvido no fue mencionado  por el maestro de ceremonias, Julio Rodríguez (entonces jefe de Comunicaciones de la PDDH), como  autoridad que debió integrar la mesa de honor, por lo que mando una nota de reclamo a la institución.  

Una vez allá por el año 1993 platicando en su despacho con el doctor Humberto Saenz (QDDG), Magistrado de la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, me manifestó espontáneamente el dolor que aún le embargaba por el asesinato de su hijo, licenciado Humberto Sáenz Cevallos, Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad, José Matías Delgado, víctima de la Masacre de Zona Rosa perpetrada el 19 de junio de 1985 por militantes del   Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). En total las víctimas fueron cuatro marines norteamericanos y nueve civiles.

El otro magistrado de la Cámara de la Tercera Sección del Centro en esa época era el doctor  Victor Manuel Marín Palomo (QDDG),  tenía un temperamento colérico. En una ocasión nos señaló en un informe lo que a su juicio era un desconocimiento craso del derecho procesal penal  de nuestra parte, por una aseveración consignada en el oficio que le envié. Era muy severo en sus sentencias para hacer reconvenciones a los jueces inferiores.  En cierta oportunidad me comentó  don Daniel Ramírez Rodriguez (QDDG), administrador del Centro Judicial, que el doctor Marín Palomo había desarticulado una protesta de los sindicatos  y les había arrancado las pancartas.

Uno de los impases más desagradables de mi gestión tuvo lugar en 1994 con el Juez  de Paz de Apastepeque,  licenciado Roberto Antonio Ramírez. Cuando llegué a la sede judicial  Ramírez interrogaba de forma prepotente a una testigo que lloraba, estaba presente en la audiencia un defensor conocido como “La Gata” Salgado. Quizá en un exabrupto al apreciar la escena le dije que no podía coaccionar a la testigo. Y él juez de manera airada me ordenó retirarme del tribunal.  Ya para esa época era vox populi que en ese Tribunal se cobraban dádivas.

Recuerdo que envié en el vehículo institucional a un grupo de personas para que interpusieran la denuncia  en el Dirección  de Investigación Judicial. Muchos años después, le consulté al Secretario de esa dependencia qué había pasado con las denuncias contra el juez Ramírez, y me dijo lacónicamente que nunca se le había logrado comprobar nada. 

El 2004, desempeñándome como  Juez Interino en el Juzgado de Segundo de Paz  Ilobasco, me encontré al licenciado Ramírez en capacitaciones de la Escuela Judicial,   con sus lentes, frente amplia, mirada sigilosa y  espeso bigote,  me pareció un tipo de aspecto poco cuidado, enigmático, silencioso, que no socializaba y parecía ausente en las clases.

El desenlace trágico del funcionario tuvo lugar en el 2008, cuando la Fiscalía General de la República lo denunció por cobrar a personas para ser contratadas como empleados y por solicitar dádivas a cambio de beneficios a sujetos procesados, la   CSJ  en trámite de antejuicio dio lugar a formación de causa para que se le procesara por los delitos de CONCUSIÓN    y COHECHO PROPIO. Estando bajo arresto domiciliar en su casa, ubicada en Zacatecoluca, Roberto Antonio Ramírez se suicidó en octubre de 2008 en un descuido de sus custodios.

Aunque su oficina quedaba en la misma cuadra que la delegación,  en la intersección de la Segunda Avenida Norte y Calle 1 de julio,  doña Blanca Lidia Ávalos de Angulo, Gobernadora  Departamental, ferviente seguidora del mayor Roberto D’Aubuisson,   me cito por telegrama  a una audiencia privada a los pocos días de asumir el cargo  y durante el encuentro su principal preocupación era la naturaleza de la PDDH y a la orientación política de la institución. En aquella época el tema de derechos humanos se asociaba al accionar de grupos de izquierda.

En el período del Alcalde de San Vicente, Edwin Edy Molina, se dieron varios despidos. Molina  fue el sucesor del reconocido abogado  Lázaro Cruz, quien al parecer fue  destituido de alcalde por el  Concejo en el trienio 1991-1994. El abogado y ex edil Cruz, representó judicialmente  a varios empleados despedidos, y en sus demandas de varias páginas  destilaba su furia con los concejales que lo cesaron, tejiendo argumentos llenos de sarcasmo e ironía, en los que pisoteaba  la inteligencia de las autoridades de la comuna.

Cierta vez unos trabajadores  me pidieron  que fuera a verificar su reinstalo en la comuna, decretado por sentencia judicial, y el edil Edwin Edy Molina (QDDG), un señor de tez blanca,  de baja estatura, de ojos zarcos, con el rostro estrujado por los años, me dijo que mi presencia era innecesaria, que era un hombre respetuoso de la ley y que  acataría la orden judicial sin mi intervención.

Salvo las bajas de personal de tropa que se disponían de manera sumamente discrecional, tuve una relación cordial con el coronel Salvador Antonio Sosa Carranza, Comandante de la Quinta Brigada de Infantería, quien asistía puntualmente a los eventos que lo invitábamos, nos apoyó con la Orquesta de la Quinta Brigada con ocasión de la Primera Fiesta de la Amistad Penitenciaria. Cuando llegaba a su despacho apreciaba una gran foto suya recibiendo el sable de subteniente en 1974 de manos del presidente Arturo Armando Molina.

La foto capta el momento del acto de celebración de la independencia que le correspondió a la PDDH en el mes cívico de 1993, desarrollado con el apoyo de la banda de paz de la Escuela Marcelino García Flamenco. Tuve el privilegio de pronunciar las palabras alusivas al acto en la Plaza del Pilar al pie de la Iglesia del mismo nombre. 

Se aprecian en la imágen el coronel Sosa Carranza a la izquierda de mi persona (vistiendo traje verde), al centro dos oficiales no identificados,  en el extremo izquierdo: Fernando Villalta (Síndico de la Alcaldía),    mis compañeras Dina del Carmen Mejía Pérez, Xenia Merino de Jacinto;  en el extremo derecho, una empleada de la Gobernación Departamental y  el Director Departamental de Correos, Gerardo Rivas Quevedo.