BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (XII)

EL RETORNO DE GUILLERMO HUEZO A LA JD DE  SEPRODEHES

El miércoles 25 de febrero de 2015 en el Auditorium Monseñor Oscar Arnulfo Romero del Ministerio de Gobernación se desarrolló la Asamblea General Ordinaria, en la que resultó electa la JD 2015-2016, así:  José Guillermo Huezo (Secretario General);  Lilian Noemy Zaldivar Morales (Organización y Afiliación); Francesca Orellana Liévano (Conflictos); Luis Heriberto Marroquin (Finanzas);  Elisa Arévalo Romero (Actas y Acuerdos); Benedicto Barahona Lizano (Comunicaciones); Walberto Flores Amaya (Bienestar laboral); Daisy Ester Muñoz  (Relaciones Nacionales e Internacionales); Cristina López (Educación, Cultura y Deportes).

El retorno de Huezo Cortez a la Secretaría General supuso la vuelta de un estilo de lucha más radical, más incisivo, que tiende a denunciar y a confrontar más con la administración, pero por regla general se vierten criticas con escasos argumentos técnicos, estilo que probablemente ha permitido precaver y contrarrestar el maltrato laboral y otros excesos, garantizar cierta estabilidad laboral,  pero ha sido infructífero para lograr la nivelación salarial general.                                             

Huezo también se ha caracterizado por preconizar discursos de carácter moral y descalificar a sus adversarios (tanto funcionarios como afiliados que disienten con él),  tildándolos de inmorales o antiéticos. Manejando de esta manera un sentido peculiar de la ética, vista como arma de censura o descalificación, no como una herramienta para el análisis introspectivo o para el perfeccionamiento moral del individuo que la invoca o como una vía para procurar la excelencia profesional.    

Dada la frecuencia del elemento moralizante en su narrativa, llama la atención la formación de Huezo Cortez  que revela en su curriculum vitae:  noventa y siete por ciento cursado de la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas  (UCA), Licenciado en estudios Eclesiásticos y Licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Comillas  en Madrid, España, prácticamente Huezo Cortez  ha cursado tres licenciaturas relacionadas con la moral y la religión.                                                                            

En el primer comunicado correspondiente a abril,  la JD 2015-2016  esbozó los  principios que regirían su accionar:  principio pro homine a favor de la persona trabajadora ante la duda confusión, de justicia, reparación y no repetición, prohibición de la regresividad, libertad de expresión; de eficacia y efectividad de los derechos y beneficios en cuanto a obligaciones de la administración;  ético y moral, lo que las autoridades afirmen (verbal y por escrito) en propuestas, irá a la par de sus acciones; debido proceso, es decir, respetarse los procedimientos y tiempos; principio de diálogo y concenso, que deben tener a encontrar respuestas legales, oportunas y dignas.         

En una Asamblea General Extraordinaria del 23 abril del 2015 que tuvo lugar en el auditorio del Parlamento Centroamericano, se aprobó la primera y más amplia  reforma a los Estatutos del sindicato. En el boletín del 25 de mayo anuncian muy escuetamente que han impulsado el proceso de legalización de las reformas a los Estatutos y el Reglamento del sindicato. Las reformas salieron publicadas en el Diario Oficial No. 198, Tomo 198 del 28 de octubre de 2015.                                                                    

En esa Asamblea se planteó la reforma del artículo 15 inciso segundo de los estatutos que regula la alternancia en el ejercicio de los cargos directivos, a fin de que un directivo pudiera ser reelegido indefinidamente. Entre los argumentos que se plantearon en contra es que esto crearía la figura del dirigente sindical profesional que se desconectaba de su puesto de trabajo ordinario en la empresa o institución.

En lo que concierne a las gestiones en pro de la nivelación salarial, informaron el 9 de junio que el día anterior sostuvieron reunión con el diputado Rolando Mata, designado por Lorena Peña Presidenta de la Asamblea Legislativa y de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, para tratar con SEPRODEHES la audiencia que se solicitó al Presidente de la República. Refiere el boletín que el diputado expresó el compromiso de su partido y su fracción legislativa (FMLN) con la nivelación salarial y con el incremento del presupuesto para la PDDH.      

                                       

De manera muy sucinta en los boletines  1, 2, 3 y 4  correspondientes a abril, mayo y junio,   se aluden a situaciones de maltrato laboral que la administración de David Morales  debía resolver, en el primero se enuncian que hay conflictos en las Delegaciones Departamentales de La Paz, Ahuachapan y en la Delegación Local de Soyapango (ya desaparecida),  así como en la sede central.

La JD solicitó que no se revictimice a las personas agraviadas y que los diferendos se resuelvan sin tanta burocracia. Asimismo, piden que el Titular responda la correspondencia que le dirige el personal, en atención al derecho de petición y respuesta.                                                                

PROCESO POR INCUMPLIMIENTO DEL LAUDO

A raíz del incumplimiento del Laudo Arbitral vigente desde enero de 2013, el licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres en su calidad de Apoderado General de SEPRODEHES promovió el 7 de agosto de 2015 en la Cámara Primera de lo Laboral el  conflicto colectivo de caracter jurídico o derecho, con base en los artículos 101, 109, 114, 121,  124 al 128 de la Ley de Servicio Civil.    

En la demanda se cuestionó el incumplimiento de 27 cláusulas de las 55 conforman el Laudo Arbitral, entre ellas ocho cláusulas económicas: escalafón (Cláusula 15), bono anual (Cláusula 25), fondo de protección social (Cláusula 28), seguro colectivo de vida (cláusula 29), despensa familiar (Cláusula 30), becas de estudios en instituciones educativas (cláusula 35), cooperativa de ahorro y préstamo (Cláusula 36), seguro médico hospitalario (cláusula 39).                                                               

La demanda no fue admitida por la Cámara Primera de lo Laboral, por lo que el licenciado Colorado Torres presentó recurso de apelación ante la Sala de lo Civil (incidente 5-APL-2015), y el 15 de diciembre de 2015 dicho abogado interpuso recurso de casación contra la resolución proveída el dos del mismo mes por dicha Sala, invocando la causa genérica de infracción a la ley, ya que tanto la Cámara de lo Laboral, como la Sala de lo Civil desestimaron la acción, argumentando que tanto la PDDH y la FGR (que había sido demandada en representación del Estado) ni sus titulares son en si el Estado, haciendo de esta manera una interpretación muy polémica del artículo 124 de la Ley de Servicio Civil.   

                                 

ESTALLA EL CONFLICTO EN AHUACHAPAN

En junio de 2015, se recrudeció el conflicto en la Delegación de Ahuachapan, al punto que la JD se desplazó para allá e impidió el ingreso de la Delegada, licenciada Zuleyma Jocabedh Gochez Lopez. La Prensa Gráfica publicó el 25 de junio “Exigen traslado de jefa PDDH en Ahuachapán”, en el marco de quejas de acoso laboral.

Puntualizó el rotativo que Guillermo Huezo, Secretario General de SEPRODEHES, expresó que en enero de ese año (2015) los trabajadores presentaron una carta al procurador de la PDDH, David Morales, en la que le exponían todas las situaciones que ocurrían en la sede ahuachapaneca. Huezo afirmó que a raíz de esta denuncia se inició una investigación para comprobar que los hechos denunciados eran verdaderos. Los sindicalistas afirmaron que no levantarían la protesta hasta que el procurador eligiera a una nueva persona para que ocupe el cargo.

                                                                             

En los boletines 5 y 6 del 24 de junio y 7 del 29 de junio, la JD continuó abordando la problemática de Ahuachapan, exigiendo el señalamiento de un período para dictar la resolución definitiva y medidas cautelares, así como la designación de una jefatura interina para no detener el trabajo institucional. Zuleyma Jocabedh Gochez López fue separada del cargo de Delegada Departamental y pasó a ser Asesor Técnico, bajo la jefatura del Procurador Adjunto.

OTROS DESACUERDOS

En el Informativo PDDH del 20 de julio de 2015 el Procurador anunció que había logrado que la Asamblea Legislativa autorizara la nivelación salarial para 43 personas que se encontraban en inequidad bajo sus categorías, en especial mujeres. En el boletín del 17 de agosto, la JD manifestó su indignación porque no se aplicó una nivelación universal y felicitó que en el Ministerio de Agricultura se niveló a más de 932 trabajadores/as.

                                                    

 

El 20 de agosto la JD denunció irregularidades en el debido proceso en un concurso para la plaza de Secretaria Ejecutiva I, administrado por la Comisión de Servicio Civil según lo expresado por algunas participantes se le confirieron privilegios a una de las concursantes, a quien se le realizó la prueba en una fecha posterior que al resto, existiendo duda sobre el test que se realizó y se tenía sospecha que pudo haber tenido conocimiento del mismo. La aspirante a la que presuntamente se concedieron ventajas fue la ascendida, lo que dio lugar a un proceso de nulidad de nombramiento en el Tribunal de Servicio Civil calificado bajo I-106-2015 que fue desestimado. 

En el boletín 9 del 17 de agosto  anunciaron que se había instituido una Comisión Evaluadora para revisar aquellas evaluaciones del desempeño profesional realizadas por ciertas jefaturas, que a juicio de las personas afectadas no han sido correctas, al tiempo que denunciaron que dicha comisión estaba conformada solo por la administración y exigió que la JD fuera parte de la misma  para garantizar los derechos de la clase trabajadora.

                                                                              

          

La JD en el boletín 13 del 17 de septiembre, denunciaron los intentos del Procurador David Morales de restringir los permisos del cien por ciento para trabajos sindicales, garantizados en la Cláusula 19 del Laudo Arbitral, según nota enviada por el Titular a cada uno de los directivos de cara a que éstos cumplieran sus responsabilidades laborales, sobre la base del criterio jurisprudencial contenido en el amparo 746-2011 del 26-VII-2015 que declaró constitucional el Acuerdo 5P de Corte Plena que restringió los permisos sindicales en el Órgano Judicial un día a la semana de cuarenta horas para tres miembros de su JD designados por cada organización.

Cuestionaron también que se les solicitara un detalle del plan de trabajo sindical  que se le entregó al Procurador con el fin de darle cumplimiento a la Cláusula 19, exponiendo que como organización sindical tienen independencia y autonomía y  que no podían acceder a dicho requerimiento porque el cumplimiento de sus labores le correspondería verificarlo a los organismos de gobierno de la organización, a quienes rinden cuentas en especial cuando entregan la memoria de labores al cierre de su gestión.  

                                                  

Los directivos increpados invocaron en su defensa que la resolución suscrita por la PDDH, bajo la conducción de Oscar Humberto Luna el 11 de julio 2012, con motivo del expediente SS-0856-11, en la que se sostuvo que la restricción contenida en el Acuerdo 5 P de Corte Suprema de Justicia en Pleno era excesiva y violentaba el derecho al trabajo contra actos ilegales atentatorios contra las libertades sindicales en perjuicio de seis organizaciones sindicales del Órgano Judicial, recomendando al Pleno revocar dicho acuerdo.

 
Por otra parte, probablemente como fruto de cuestionamientos al desempeño y reacomodos al interior de la JD, ésta anunció el 12 de noviembre que el 26 de octubre había presentado la renuncia el Secretario de Bienestar Laboral, Walberto Flores Amaya, integrante del sector transporte, aduciendo motivos personales, en su lugar de acuerdo a los estatutos, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes sacaría adelante el quehacer del directivo que renunció.

                                                            

 

LA PROTESTA DE VEINTICUATRO DIAS

La protesta más prolongada que ha desarrollado SEPRODEHES tuvo lugar del 12 de enero al 4 de febrero de 2016, es decir se extendió por 24 días, manteniéndose bajo control los edificios de la sede central (444, la Escuela de Derechos Humanos, el módulo del edificio Centro Profesional donde estaba Tutela) y no se permitió durante ese período el ingreso de las jefaturas. En el marco de esta protesta, Guillermo Huezo, Secretario General inició huelga de hambre el 25 de enero, lo que elevó la relevancia mediática de la acción.

                                                    

 
Al levantar la protesta la JD desvirtuaron en el boletin del 4 de febrero de 2016 que tuviesen una cercanía especial con el partido ARENA,  como lo sostenían opiniones vertidas en Twiter y enviadas a diputados de ese partido, aclararon que habían buscado apoyo de todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa para reactivar el diálogo con David Morales Cruz, y que para ello también había recurrido al auxilio de las Iglesias Católica, Anglicana, Luterana y Bautista, contándose con la mediación especial de Monseñor Gregorio Rosa Chávez.