Por Joaquín Rivera Larios
Beatrice Corina Angela Luisa Alamanni de Carrillo, conocida socialmente como Beatrice de Carrillo (1943-2022), de origen italiano, nacionalizada salvadoreña, nacida en Torino, Italia, el 5 de septiembre de 1943, hija de Carmen Piovano y Luigi Alamanni.
Asumió la conducción de la PDDH el 7 de julio de 2001, habiendo obtenido un total de 83 votos, luego que se reformara el 12 de febrero del mismo año del artículo 5 de la Ley de PDDH que exigía ser salvadoreño por nacimiento, para dejar solamente la exigencia de ser salvadoreño, reforma que posibilito su elección abanderada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN). Fue reelegida mediante el decreto 362 del 28 de junio de 2004 para un período de 3 años que expiró el 5 de julio de 2007.
En la edición del sábado 7 de julio de 2001 El Diario de Hoy informó bajo el encabezado “¡Al fin!” que a las 6:35 de la tarde del día anterior, el presidente de la Asamblea Legislativa, Walter Araujo, proclamó a Beatrice de Carrillo como la nueva Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. De Carrillo fue elegida con los votos de 83 de los 84 diputados, dado que Jorge Villacorta, del Centro Democrático Unido (CDU), mantuvo su palabra y no apoyó el nombramiento de la nueva funcionaria. El legislador nunca estuvo de acuerdo con que se reformara la Ley Orgánica de la PDDH para facilitar la elección.
Refiere la nota que a última hora los 29 diputados de ARENA se decantaron por la abogada italiana. Para Juan Ramón Medrano, del Partido Social Demócrata (PSD), si los areneros votaron por la candidata de la oposición es "porque tuvo que haber negociado algo con el FMLN y el PCN".
Acota el rotativo que el mismo Salvador Sánchez Cerén se encargó de confirmar esa hipótesis. El efemelenista denunció que ARENA propuso en las negociaciones dar los votos por de Carrillo, siempre y cuando el Frente aprobara un paquete de préstamos que necesita el Ejecutivo. "Hicieron la propuesta de vincular la elección con temas financieros y de presupuesto. Para el FMLN eso es innegociable", señaló el efemelenista.
SEMBLANZA
Según su curriculum, Beatrice Alamanni de Carrillo era doctora con máxima calificación en Ciencias Jurídicas con especialidad en Política y Filosofía de la “UNIVERSITA DEGLI STUDI” de Turín, Italia, su tesis de doctorado se denominó “El Derecho de Amparo y los Recursos de Inconstitucionalidad en América Latina, y en particular en El Salvador”, se incorporó a la Universidad de El Salvador, fue abogada de la República. Ejerció la profesión y ha sido consultora en Derecho Público.
Alamanni de Carrillo llegó a El Salvador en 1978 y, por ser profesional del Derecho, se le encargó la elaboración del plan de estudio para la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, los programas y las demás actividades, concernientes, a la formulación de la carrera.
Es la única Ombudsman de nuestro país que se conoce ha escrito un libro autobiográfico, denominado “Aquí y ahora. Mi vida por los derechos humanos en El Salvador”, eso sí escrito en italiano y publicado en su país natal. Me llamó la atención la reseña del libro en la que se puede apreciar la visión que sobre nuestro país tenía Beatrice de Carrillo y las naciones del primer mundo y que gracias a Google pude traducir al español:
“La historia de una valiente mujer italiana ‘convertida’ por los pobres y mártires de El Salvador. Después de una feliz juventud en Turin, casada con un salvadoreño, descubrió como vivir, en uno de los países más pobres, explotados y violentos de América Latina. Los encuentros con Monseñor Romero y con el padre jesuita Ellacuría en la Universidad UCA, ambos mártires, asesinados por los sicarios del derecho reaccionario y patronal, los once años de guerra civil, dos terribles terremotos. Nombrada en 2001 como ‘Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador’, Beatrice Alamanni trabajará durante seis años para su pueblo adoptivo, independientemente de las numerosas amenazas recibidas, para demostrar que uno nunca debe resignarse fatalmente a la idea de que ‘el la justicia muerde los pies de los que están descalzos’. No solo la crónica de un compromiso de primera línea (desde el Informe sobre los desaparecidos hasta el caso de Erlinda y Ernestina y los otros niños desaparecidos) sino también sus reflexiones sobre el vínculo indisoluble entre los derechos humanos y el Evangelio”.
Sería injusto soslayar el buen trabajo que hizo la doctora de Carrillo, a nivel de prolíficos y académicos pronunciamientos e informes situacionales, y una labor de verificación bastante técnica, despojada de intereses político partidarios. Una vez dijo en una ponencia que su labor era más valorada (por personas estudiosas) en el extranjero que al interior del país. Los criterios doctrinarios que se sentaron y el estándar de calidad que se fijó en su administración han nutrido e iluminado el trabajo técnico que se ha desarrollados años después. Además, promovió proceso de formación que incluía clases de ortografía, de etiqueta y urbanidad, a cargo en su orden de Carmelina de Lozano y Lilian Díaz Sol.
Para personas que la aprecian es una mujer de carácter fuerte, de una sólida formación académica, de amplia cultura general, visionaria, ambiciosa en la permanente búsqueda de logros. No había terminado un proyecto cuando ya había ideado dos más, muy dada a delegar cuestiones operativas y a dar seguimiento. Giovani Galeas en un artículo denominado “Una Fiscalía en el banquillo del acusado”, publicado en El Salvador Times, esboza la personalidad de Beatrice: “Es una mujer imponente por sus firmes convicciones, su suelta gestualidad y verbo fluido”.
Una debilidad que advierto en la formación de la doctora de Carrillo es que carecía de conocimiento de las leyes secundarias y de los procedimientos legales, es por disertaciones que ella hizo ante el personal y por hechos concretos. En una entrevista que publicó El Diario de Hoy, el 10 de julio de 2001, bajo el encabezado “De Carrillo busca rescatar cooperación internacional”, dijo que no le parecía conveniente que los diputados hubiesen aprobado el decreto de depuración del personal y que para apartar a un empleado de su función por un mal desempeño, se le debe aplicar el Código de Trabajo, cuando la ley que rige a los servidores de la PDDH, es la Ley de Servicio Civil o la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia para los Empleados no Comprendidos en la Carrera Administrativa, para los servidores bajo régimen de contrato.
Se dio otra situación. Recién llegada a la institución la doctora de Carrillo, cesó de su cargo a Juan Antonio Yanez Arenivar, entonces Delegado Departamental de San Miguel, sin ningún proceso previo, Yanez interpuso un amparo con una argumentación mínima, apoyado solo en la nota de remoción que se le había enviado. La Sala de lo Constitucional inmediatamente lo admitió y le corrió traslado a la funcionaria.
Añade la fuente que la Procuradora gestionó exitosamente la entrega de un bono económico anual al personal, hablando incluso con el presidente de la República, Elías Antonio Saca, para tal efecto. Instauró el Premio Nacional de los Derechos Humanos en diferentes categorías, designó a jefaturas distintas de los Procuradores/as Adjuntos/as para realizar viajes internacionales en misión oficial para actividades académicas o de intercambio con entidades de derechos humanos, posicionó a la institución en el escenario nacional e internacional con opiniones más favorables. Inspiraba una mezcla de respeto, pero aún más de temor. Famosa por encarar –en el lugar que fuera- al personal institucional de todo nivel.
Personas cercanas a ella recuerdan entre sus frases más recurrentes: “la Procuraduría podría funcionar perfectamente con cincuenta personas”, “aquí pocos son los que saben escribir”, “a mí nadie me va a venir a decir cómo se hacen las cosas en esta institución”, “el Sindicato quiere guerra, díganle que la paz es demasiado aburrida”, “si hay que ir al terreno yo soy la primera, a mí nadie me va a tachar de ser una Procuradora de escritorio”, “a fulano/a de tal, ni que fuera la gran cosa, fue mi alumno/a y ni tan buenas notas obtenía”. Se confesaba ferviente seguidora de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y del padre jesuita, Ignacio Ellacuría.
Cuentan que la Procuradora sufrió los embates de sus detractores políticos con el “Caso Mariona” (16 de diciembre de 2002), del cual rápidamente escribió su versión, visitó medios de comunicación, ordenó al Departamento de Comunicaciones la edición de un vídeo que los Delegados Departamentales debían socializar hasta donde fuera posible para llevar su versión de “un ataque injustificado a la entidad nacional de derechos humanos más que a su persona”, enfrentó los señalamientos constantes de la Asociación interna de Trabajadores, de quienes decía la tenían sin cuidado; sin embargo, estaba muy atenta a sus movimientos y en determinadas circunstancias la desestabilizaban emocionalmente.
El caso Mariona fue un hecho que estremeció la opinión pública, y en el que la Policía Nacional Civil, encabezada por Mauricio Sandoval, señaló a la procuradora de Carrillo, de haber interferido supuestamente en un procedimiento de registro en esa Penitenciaria, que desemboco en el asesinato de los agentes policiales Germán Antonio Rodríguez y Pedro Isaías González a manos de reos.
Bajo el encabezado “Familias de policías muertos demandarán a De Carrillo” El Diario de Hoy informó el 20 de diciembre de 2002, que los familiares presentarían una querella ese día por considerar que de Carrillo es corresponsable de ambos crímenes, dado que se entrometió en el proceso policial y evitó el rescate de las víctimas. Relaciona la nota que esposa de uno de los policías asesinados dice que Beatrice de Carrillo es responsable que su hijo no tenga padre y que la corporación policial dará a los deudos el apoyo jurídico.
No obstante la doctora Almanni, aunado a su temperamento colérico tenía un lado guerrero admirable, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) da cuenta en un informe sobre el Estado de la Seguridad Pública y la Justicia Penal julio 2002-diciembre 2003 Pág. 109 que ella presentó demanda por difamación
contra el Director de la PNC por las imputaciones que éste le hacía en el hecho en cuestión.
Beatrice Alamanni de Carrillo falleció la madrugada del domingo 17 de abril de 2022, luego de sufrir un accidente en su casa. Por disposición de la familia su cuerpo fue cremado sin ser velado. Le sobrevivieron su esposo, el doctor Juan Antonio Carrillo Estrada, su hijo mayor, Gualterio, su segunda hija Eleonora (abogada y ex Miss El Salvador 1995) y Arrigo.
APLICACIÓN DEL DECRETO DE DEPURACIÓN
Se supo que por insistencia de personeros de la Asamblea Legislativa, contra la voluntad de la Procuradora, Alamanni de Carrillo y Procuradora Adjunta, Dafne Yanira Sánchez tuvieron que aplicar el decreto de depuración denominado Régimen Especial de Carácter Temporal para la Remoción de Funcionarios y Empleados de la PDDH (D. L. No. 379 del 5 de abril de abril de 2001, publicado en el D.O. No.90, Tomo 351 del 16 de mayo de 2001). Algunos años después en una reunión con el personal jurídico la doctora de Carrillo dijo que ella no quería aplicar el decreto, porque en ese momento no conocía al personal.
En los considerandos de dicho instrumento legal enuncia las conductas a las que se pretendía ponerle coto que van desde la ausencia de conocimiento o cumplimiento de sus atribuciones, falta de ética profesional, nepotismo, obstrucción en el desempeño de labores, parcialidad en las investigaciones, filtración de datos confidenciales, amenazas a las altas autoridades de la misma Procuraduría y otros que lleguen a frustrar la consecución de los objetivos más elementales de la institución.
El artículo 1 de ese espurio cuerpo legal establece que es de interés público la aplicación de un procedimiento para la inmediata destitución de funcionarios y empleados de la PDDH no idóneos para el desempeño del cargo; el artículo 2 prescribe que el Procurador cuando tenga indicios razonables de conductas inadecuadas requerirá al Procurador Adjunto un dictamen para la posible remoción del funcionario o empleado; el artículo 3 establece la garantía de audiencia, sobre la base de las investigaciones realizadas y el derecho a seis salarios en concepto de indemnización; el artículo 4 crea un Tribunal Especial de Apelaciones, para que los servidores que discrepen de los criterios de remoción puedan recurrir; el artículo 8 establece que el decreto tendrá vigencia por 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial, luego en virtud reforma se le dio vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001.
Ese decreto con claros visos de inconstitucionalidad dio al traste con la estabilidad laboral de algunos servidores y servidoras, entre ellos: Ana Ruth Minero, René Arnoldo Turcios, Juan Antonio Yanez Arenivar, (Delegados Departamentales en su orden de Santa Ana, Usulután y San Miguel), Aída Lucía Alfaro Mancía (Secretaria de la Coordinadora de Delegaciones), Carlos Efraín Rugamas Mismit (encargado de bodega), Baltazar Ventura (Jefe de Transporte), Jorge Manzano (asesor financiero), Diana Maribel Gómez Pacas, Pablo Leiva Portillo, Miguel Antonio Bonilla, estos tres últimos jurídicos que fueron exonerados de responsabilidad. El aliciente del decreto es que confería una indemnización a los empleados removidos.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DECRETO
En la resolución de admisibilidad del recurso 18-2001, pronunciada el 5 de septiembre de 2001, se relaciona la demanda presentada por los ciudadanos Carlos César Escoto Flores, Diana Maribel Gómez Pacas y María del Carmen Alvarado, en la que se pide se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 379 del 5 de abril de ese año, por considerar que existían violaciones de forma y contenido a la constitución.
Alegan los impetrantes vulneración al principio de publicidad contemplado en los artículos 115 y 135 de la Constitución, por haberse abusado de la dispensa de trámite contemplada en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, por cuanto no existió discusión alguna del contenido de la propuesta de decreto; al tiempo que se vulneraba el principio de legalidad, la garantía de irretroactividad de la ley y la estabilidad laboral, contemplados en los artículos 11, 15, 21 y 219 de la Constitución de la República.
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda por supuestas violaciones a los principios y garantías antes relacionados, no existiendo conocimiento que exista una sentencia definitiva en el proceso de inconstitucionalidad 18-2001, tomando en cuenta que la vigencia del decreto 379 del 5 de abril de 2001, expiraba el 31 de diciembre de ese año, es decir que los hechos violatorios se consumaron sin que hubiese existido un pronunciamiento oportuno de dicho Tribunal.
FORCEJEOS CON LA ADMINISTRACIÓN
Me tocó ser directivo en dos momentos durante la administración de la doctora de Carrillo, en la Junta Directiva (JD) 2002-2004, que presidió el compañero vigilante, Miguel Ernesto Alfaro, y en la Junta Directiva 2005-2007 que me correspondió presidir a mi. La primera Junta Directiva estuvo integrada, entre otros, por Alfaro, Azuical Yurandir Sandoval León (motorista) , Rafael Aquino López (jurídico), Oscar Avid Hernández (educador), José Angel Escalante Beltrán , Salvador Cáceres González, estos dos últimos vigilantes.
En la JD 2005-2007 fue elegida el 14 de septiembre de 2005 en el local de la Asociación de Trabajadores de ATCEL que me correspondió presidir, estaba integrada así: Joaquín Enrique Rivera Larios (Presidente), Guillermo Antonio García Bernabé (Vicepresidente), Claudia Lorena Reyes de Rivera (Sindico), Pablo Leiva Portillo (Secretario), José García Panameño (Pro-secretario), Wuilian Humberto Iraheta Ardón (Tesorero), Miguel Ernesto Alfaro (Pro-tesorero), Salvador Cáceres González (Primer vocal), Vicente Quiteño (Segundo vocal).
En aquel tiempo se acostumbraba que dialogaban una comisión de ASEPRODEH con una Comisión de Enlace institucional, presidida por Antonio Aguilar Martínez. En el período 2002-2003 de parte de la asociación asistíamos a las reuniones Oscar Avid Hernández, Miguel Ernesto Alfaro y yo.
Versado en asuntos militares o policiales, militante del partido ARENA, Miguel Ernesto Alfaro es uno de los compañeros con mayor capacidad de debate que he conocido, ya que atesoraba información (inclusive de carácter reservado relacionada con la institución) para refutar las posturas de las autoridades. Mencionaba acercamientos que tenía la titular con personeros de su partido.
La discusión más fuerte que tuve en esa época con el licenciado Antonio Aguilar Martínez fue sobre la revocabilidad del acto administrativo, éste sostenía que un acuerdo institucional de destitución no podía revocarse por eventuales reparos de la Corte de Cuentas. Yo insistí que de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo sí podía revocarse. El tema se centraba en el caso de Yeny Danila Acosta que tuvo un problema por un interinato de dos meses que hizo en julio-agosto del 2005 en otra institución, y el permiso había sido tramitado solo por un mes, se dio un acuerdo institucional para promoverle proceso de destitución en la Comisión de Servicio Civil, por abandono de trabajo.
Durante toda la administración de la doctora de Carrillo, nunca se llegó a un acuerdo sobre las licencias para desarrollar trabajo gremial, de ahí que quedaba a discreción de las jefaturas inmediatas los permisos. Hubo un momento que por una represalia por un amparo que interpuse contra el licenciado Wilfredo Hernández Calderón, Jefe del Departamento de Procuración y contra el doctor José Antonio Orantes Jiménez, entonces Jefe del Departamento Jurídico, fui trasladado a una unidad de Recursos Constitucionales que se creo ad-hoc para mí, bajo las ordenes del licenciado Antonio Aguilar Martínez, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Rememoro que con Pablo Leiva Portillo visitamos varias veces las instalaciones del Parlamento Centroamericano, y esperábamos un tiempo considerable para que nos recibiera María Marta Valladares “Comandante Nidia Diaz” del FMLN, a quien le solicitamos que intercediera en el diferendo que ASEPRODEH tenía con la Procuradora y sabemos que conversó con ésta al respecto. Hablando con Nidia sobre la acuciante necesidad de una nivelación salarial, nos recomendó que acudiéramos al diputado del PCN, Ciro Cruz Zepeda, que era un hombre con mucha habilidad política para gestionar aumentos.
Pues bien, por el conflicto que había tenido en el 2006 con el licenciado Aguilar Martínez, y por dificultades para comunicarme con él, mi persona laboraba en el edificio de Tutela, sobre la Quince Calle Poniente y Aguilar Martínez en el Edificio AMSA, sobre la Quinta Calle Poniente. Me cuentan que Aguilar llamaba al Departamento de Personal para que me descontaran todas las salidas, la mayoría de ellas, por trabajo sindical. Hubo un mes que solo me pagaron ochenta dólares. Me relataba la fuente que paralelamente, había otro compañero que salía frecuentemente en horas hábiles, pues pasaba organizando torneos de basquetbol (deporte que practicaba Aguilar Martínez) y a aquel no le descontaban.
Otro punto de discordia fueron los ascensos sin concurso, al margen de la Comisión de Servicio Civil e irregularidades en algunos concursos que se hicieron. En un boletín explicamos de forma pormenorizada, gracias a relatos de los participantes, supuestas irregularidades que se habían dado en el concurso que tuvo lugar en el 2002 para la plaza de Delegado Departamental de Cabañas, del que salió nombrado Carlos Enrique Rodríguez Quezada. Luego en el 2005 hicimos una fuerte crítica en boletines al nombramiento sin concurso previo de los compañeros Carlos Alberto Martell, Jesús Ulises Rivas Sánchez y Sofía Pineda, nombrados en su orden Delegados en Chalatenango, La Libertad y San Vicente.
Cuando se nos concedió el local el 6 de diciembre de 2006 llegó a la inauguración la Comisión de Diálogo Institucional, integrada por Luis Enrique Salazar, Antonio Aguilar Martínez y Walter Gerardo Alegría, fue aunque parece una conquista trivial y corriente, un gran logro que costó grandes sacrificios. Tengo presente que Luis Salazar dijo que la reunión parecía un “acto gay”, porque no había ninguna mujer. La única mujer en la Junta Directiva 2005-2007 era Claudia Lorena Reyes Sandoval (Sindico) y se fue a trabajar a otra institución a partir del 2 de mayo de 2006.
En tres de las cinco juntas directivas a las que he pertenecido, fue un dolor de cabeza tratar con el licenciado Antonio Aguilar Martínez, siempre le dio largas a las peticiones y le puso obstáculos a cualquier beneficio que buscáramos los trabajadores. Siendo una persona de un origen humilde, formado siempre en planteles de educación públicos, primaria la cursó en la Escuela Urbana Mixta Nicolás J. Bran, secundaria en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), y el nivel superior en la Universidad de El Salvador (UES), cuesta entender porque tanta displicencia y mezquindad hacia las demandas del sector trabajador que se debate en condiciones paupérrimas.
Aun ciñéndonos a los “principios” impuestos unilateralmente por la administración, el diálogo fue poco fructífero: se logró el local para nuestras oficinas, la instalación de una clínica médica institucional, el incremento en 2006 del bono anual de $ 300.00 a 500.00 (Memoria de Labores JD 2005-2007, Pág. 8), pero la prestación del beneficio del centro de desarrollo infantil se vino abajo, los descuentos de la cuota gremial en planilla, se convinieron con la administración Carrillo el 13 de abril de 2007, pero se concretaron hasta la llegada del licenciado Oscar Humberto Luna (Memoria de Labores, Pág. 5).
Refiere la nota que a última hora los 29 diputados de ARENA se decantaron por la abogada italiana. Para Juan Ramón Medrano, del Partido Social Demócrata (PSD), si los areneros votaron por la candidata de la oposición es "porque tuvo que haber negociado algo con el FMLN y el PCN".
Acota el rotativo que el mismo Salvador Sánchez Cerén se encargó de confirmar esa hipótesis. El efemelenista denunció que ARENA propuso en las negociaciones dar los votos por de Carrillo, siempre y cuando el Frente aprobara un paquete de préstamos que necesita el Ejecutivo. "Hicieron la propuesta de vincular la elección con temas financieros y de presupuesto. Para el FMLN eso es innegociable", señaló el efemelenista.
SEMBLANZA
Según su curriculum, Beatrice Alamanni de Carrillo era doctora con máxima calificación en Ciencias Jurídicas con especialidad en Política y Filosofía de la “UNIVERSITA DEGLI STUDI” de Turín, Italia, su tesis de doctorado se denominó “El Derecho de Amparo y los Recursos de Inconstitucionalidad en América Latina, y en particular en El Salvador”, se incorporó a la Universidad de El Salvador, fue abogada de la República. Ejerció la profesión y ha sido consultora en Derecho Público.
Alamanni de Carrillo llegó a El Salvador en 1978 y, por ser profesional del Derecho, se le encargó la elaboración del plan de estudio para la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, los programas y las demás actividades, concernientes, a la formulación de la carrera.
Su hoja de vida también revelaba que fue docente universitaria a nivel de grado y post grado, en distintas universidades, en las áreas de Derecho Romano, Derecho Público en general, Derecho Político, Filosofía del Derecho, Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Ética Jurídica, Historia de la Cultura Occidental, Teoría del Derecho, Ética Empresarial, entre otras.
Es la única Ombudsman de nuestro país que se conoce ha escrito un libro autobiográfico, denominado “Aquí y ahora. Mi vida por los derechos humanos en El Salvador”, eso sí escrito en italiano y publicado en su país natal. Me llamó la atención la reseña del libro en la que se puede apreciar la visión que sobre nuestro país tenía Beatrice de Carrillo y las naciones del primer mundo y que gracias a Google pude traducir al español:
“La historia de una valiente mujer italiana ‘convertida’ por los pobres y mártires de El Salvador. Después de una feliz juventud en Turin, casada con un salvadoreño, descubrió como vivir, en uno de los países más pobres, explotados y violentos de América Latina. Los encuentros con Monseñor Romero y con el padre jesuita Ellacuría en la Universidad UCA, ambos mártires, asesinados por los sicarios del derecho reaccionario y patronal, los once años de guerra civil, dos terribles terremotos. Nombrada en 2001 como ‘Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador’, Beatrice Alamanni trabajará durante seis años para su pueblo adoptivo, independientemente de las numerosas amenazas recibidas, para demostrar que uno nunca debe resignarse fatalmente a la idea de que ‘el la justicia muerde los pies de los que están descalzos’. No solo la crónica de un compromiso de primera línea (desde el Informe sobre los desaparecidos hasta el caso de Erlinda y Ernestina y los otros niños desaparecidos) sino también sus reflexiones sobre el vínculo indisoluble entre los derechos humanos y el Evangelio”.
Sería injusto soslayar el buen trabajo que hizo la doctora de Carrillo, a nivel de prolíficos y académicos pronunciamientos e informes situacionales, y una labor de verificación bastante técnica, despojada de intereses político partidarios. Una vez dijo en una ponencia que su labor era más valorada (por personas estudiosas) en el extranjero que al interior del país. Los criterios doctrinarios que se sentaron y el estándar de calidad que se fijó en su administración han nutrido e iluminado el trabajo técnico que se ha desarrollados años después. Además, promovió proceso de formación que incluía clases de ortografía, de etiqueta y urbanidad, a cargo en su orden de Carmelina de Lozano y Lilian Díaz Sol.
Aunque nombró jefaturas por razones distintas al mérito y la excelencia académica, detectó una debilidad institucional que repercutía en la calidad del trabajo y es que las jefaturas por regla general no cumplen con el rol de educar, es decir que no transmiten de manera satisfactoria al personal a su cargo nociones técnicas que coadyuven a realizar investigaciones, pronunciamientos y resoluciones bien sustentadas y motivadas tanto en aspectos formales como de fondo.
Para personas que la aprecian es una mujer de carácter fuerte, de una sólida formación académica, de amplia cultura general, visionaria, ambiciosa en la permanente búsqueda de logros. No había terminado un proyecto cuando ya había ideado dos más, muy dada a delegar cuestiones operativas y a dar seguimiento. Giovani Galeas en un artículo denominado “Una Fiscalía en el banquillo del acusado”, publicado en El Salvador Times, esboza la personalidad de Beatrice: “Es una mujer imponente por sus firmes convicciones, su suelta gestualidad y verbo fluido”.
Se dio otra situación. Recién llegada a la institución la doctora de Carrillo, cesó de su cargo a Juan Antonio Yanez Arenivar, entonces Delegado Departamental de San Miguel, sin ningún proceso previo, Yanez interpuso un amparo con una argumentación mínima, apoyado solo en la nota de remoción que se le había enviado. La Sala de lo Constitucional inmediatamente lo admitió y le corrió traslado a la funcionaria.
Estando de jurídico de la Procuraduría Adjunta, se me consultó a mí el caso y yo sugerí que se le suspendiera previamente con arreglo al artículo 58 de la Ley de Servicio Civil, se revocara el acuerdo de remoción y se le siguiera el debido proceso, solicitándose a la Sala que pusiera fin al proceso por la vía del sobreseimiento, con arreglo al artículo 31 numeral 5 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. El amparo se resolvió favorablemente a la institución.
Refiere una fuente que prefirió el anonimato que se sentía inclinada a “tener todo en la palma de su mano”, atrevida, arrojada, audaz, coqueta y vanidosa, escritora constante, elocuente, especuladora y decidida, poseedora de buenos modales y manejo diplomático en escenarios estratégicos, aunque lideresa impulsiva y drástica, crítica severa de los demás. Gustosa de la ópera. Su canción mexicana favorita: "Serenata Huasteca".
Añade la fuente que la Procuradora gestionó exitosamente la entrega de un bono económico anual al personal, hablando incluso con el presidente de la República, Elías Antonio Saca, para tal efecto. Instauró el Premio Nacional de los Derechos Humanos en diferentes categorías, designó a jefaturas distintas de los Procuradores/as Adjuntos/as para realizar viajes internacionales en misión oficial para actividades académicas o de intercambio con entidades de derechos humanos, posicionó a la institución en el escenario nacional e internacional con opiniones más favorables. Inspiraba una mezcla de respeto, pero aún más de temor. Famosa por encarar –en el lugar que fuera- al personal institucional de todo nivel.
Personas cercanas a ella recuerdan entre sus frases más recurrentes: “la Procuraduría podría funcionar perfectamente con cincuenta personas”, “aquí pocos son los que saben escribir”, “a mí nadie me va a venir a decir cómo se hacen las cosas en esta institución”, “el Sindicato quiere guerra, díganle que la paz es demasiado aburrida”, “si hay que ir al terreno yo soy la primera, a mí nadie me va a tachar de ser una Procuradora de escritorio”, “a fulano/a de tal, ni que fuera la gran cosa, fue mi alumno/a y ni tan buenas notas obtenía”. Se confesaba ferviente seguidora de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y del padre jesuita, Ignacio Ellacuría.
Cuentan que la Procuradora sufrió los embates de sus detractores políticos con el “Caso Mariona” (16 de diciembre de 2002), del cual rápidamente escribió su versión, visitó medios de comunicación, ordenó al Departamento de Comunicaciones la edición de un vídeo que los Delegados Departamentales debían socializar hasta donde fuera posible para llevar su versión de “un ataque injustificado a la entidad nacional de derechos humanos más que a su persona”, enfrentó los señalamientos constantes de la Asociación interna de Trabajadores, de quienes decía la tenían sin cuidado; sin embargo, estaba muy atenta a sus movimientos y en determinadas circunstancias la desestabilizaban emocionalmente.
El caso Mariona fue un hecho que estremeció la opinión pública, y en el que la Policía Nacional Civil, encabezada por Mauricio Sandoval, señaló a la procuradora de Carrillo, de haber interferido supuestamente en un procedimiento de registro en esa Penitenciaria, que desemboco en el asesinato de los agentes policiales Germán Antonio Rodríguez y Pedro Isaías González a manos de reos.
Bajo el encabezado “Familias de policías muertos demandarán a De Carrillo” El Diario de Hoy informó el 20 de diciembre de 2002, que los familiares presentarían una querella ese día por considerar que de Carrillo es corresponsable de ambos crímenes, dado que se entrometió en el proceso policial y evitó el rescate de las víctimas. Relaciona la nota que esposa de uno de los policías asesinados dice que Beatrice de Carrillo es responsable que su hijo no tenga padre y que la corporación policial dará a los deudos el apoyo jurídico.
No obstante la doctora Almanni, aunado a su temperamento colérico tenía un lado guerrero admirable, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) da cuenta en un informe sobre el Estado de la Seguridad Pública y la Justicia Penal julio 2002-diciembre 2003 Pág. 109 que ella presentó demanda por difamación
contra el Director de la PNC por las imputaciones que éste le hacía en el hecho en cuestión.
APLICACIÓN DEL DECRETO DE DEPURACIÓN
Se supo que por insistencia de personeros de la Asamblea Legislativa, contra la voluntad de la Procuradora, Alamanni de Carrillo y Procuradora Adjunta, Dafne Yanira Sánchez tuvieron que aplicar el decreto de depuración denominado Régimen Especial de Carácter Temporal para la Remoción de Funcionarios y Empleados de la PDDH (D. L. No. 379 del 5 de abril de abril de 2001, publicado en el D.O. No.90, Tomo 351 del 16 de mayo de 2001). Algunos años después en una reunión con el personal jurídico la doctora de Carrillo dijo que ella no quería aplicar el decreto, porque en ese momento no conocía al personal.
En los considerandos de dicho instrumento legal enuncia las conductas a las que se pretendía ponerle coto que van desde la ausencia de conocimiento o cumplimiento de sus atribuciones, falta de ética profesional, nepotismo, obstrucción en el desempeño de labores, parcialidad en las investigaciones, filtración de datos confidenciales, amenazas a las altas autoridades de la misma Procuraduría y otros que lleguen a frustrar la consecución de los objetivos más elementales de la institución.
El artículo 1 de ese espurio cuerpo legal establece que es de interés público la aplicación de un procedimiento para la inmediata destitución de funcionarios y empleados de la PDDH no idóneos para el desempeño del cargo; el artículo 2 prescribe que el Procurador cuando tenga indicios razonables de conductas inadecuadas requerirá al Procurador Adjunto un dictamen para la posible remoción del funcionario o empleado; el artículo 3 establece la garantía de audiencia, sobre la base de las investigaciones realizadas y el derecho a seis salarios en concepto de indemnización; el artículo 4 crea un Tribunal Especial de Apelaciones, para que los servidores que discrepen de los criterios de remoción puedan recurrir; el artículo 8 establece que el decreto tendrá vigencia por 120 días a partir de su publicación en el Diario Oficial, luego en virtud reforma se le dio vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001.
Ese decreto con claros visos de inconstitucionalidad dio al traste con la estabilidad laboral de algunos servidores y servidoras, entre ellos: Ana Ruth Minero, René Arnoldo Turcios, Juan Antonio Yanez Arenivar, (Delegados Departamentales en su orden de Santa Ana, Usulután y San Miguel), Aída Lucía Alfaro Mancía (Secretaria de la Coordinadora de Delegaciones), Carlos Efraín Rugamas Mismit (encargado de bodega), Baltazar Ventura (Jefe de Transporte), Jorge Manzano (asesor financiero), Diana Maribel Gómez Pacas, Pablo Leiva Portillo, Miguel Antonio Bonilla, estos tres últimos jurídicos que fueron exonerados de responsabilidad. El aliciente del decreto es que confería una indemnización a los empleados removidos.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA DECRETO
En la resolución de admisibilidad del recurso 18-2001, pronunciada el 5 de septiembre de 2001, se relaciona la demanda presentada por los ciudadanos Carlos César Escoto Flores, Diana Maribel Gómez Pacas y María del Carmen Alvarado, en la que se pide se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 379 del 5 de abril de ese año, por considerar que existían violaciones de forma y contenido a la constitución.
Alegan los impetrantes vulneración al principio de publicidad contemplado en los artículos 115 y 135 de la Constitución, por haberse abusado de la dispensa de trámite contemplada en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, por cuanto no existió discusión alguna del contenido de la propuesta de decreto; al tiempo que se vulneraba el principio de legalidad, la garantía de irretroactividad de la ley y la estabilidad laboral, contemplados en los artículos 11, 15, 21 y 219 de la Constitución de la República.
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda por supuestas violaciones a los principios y garantías antes relacionados, no existiendo conocimiento que exista una sentencia definitiva en el proceso de inconstitucionalidad 18-2001, tomando en cuenta que la vigencia del decreto 379 del 5 de abril de 2001, expiraba el 31 de diciembre de ese año, es decir que los hechos violatorios se consumaron sin que hubiese existido un pronunciamiento oportuno de dicho Tribunal.
FORCEJEOS CON LA ADMINISTRACIÓN
Me tocó ser directivo en dos momentos durante la administración de la doctora de Carrillo, en la Junta Directiva (JD) 2002-2004, que presidió el compañero vigilante, Miguel Ernesto Alfaro, y en la Junta Directiva 2005-2007 que me correspondió presidir a mi. La primera Junta Directiva estuvo integrada, entre otros, por Alfaro, Azuical Yurandir Sandoval León (motorista) , Rafael Aquino López (jurídico), Oscar Avid Hernández (educador), José Angel Escalante Beltrán , Salvador Cáceres González, estos dos últimos vigilantes.
En la JD 2005-2007 fue elegida el 14 de septiembre de 2005 en el local de la Asociación de Trabajadores de ATCEL que me correspondió presidir, estaba integrada así: Joaquín Enrique Rivera Larios (Presidente), Guillermo Antonio García Bernabé (Vicepresidente), Claudia Lorena Reyes de Rivera (Sindico), Pablo Leiva Portillo (Secretario), José García Panameño (Pro-secretario), Wuilian Humberto Iraheta Ardón (Tesorero), Miguel Ernesto Alfaro (Pro-tesorero), Salvador Cáceres González (Primer vocal), Vicente Quiteño (Segundo vocal).
Como lo he expresado antes, la asociación operaba de manera intermitente, carecía de fondos propios, eventualmente se hacían colectas, el local sindical para reuniones se obtuvo hasta el 2006, los descuentos de las cuotas sindicales en planillas se concretaron hasta la llegada del licenciado Oscar Humberto Luna en el 2007. Para el caso, de mi peculio tuvo que erogar para pagar los refrigerios y el local en el que se desarrolló la Asamblea General del 14 de septiembre de 2005.
Versado en asuntos militares o policiales, militante del partido ARENA, Miguel Ernesto Alfaro es uno de los compañeros con mayor capacidad de debate que he conocido, ya que atesoraba información (inclusive de carácter reservado relacionada con la institución) para refutar las posturas de las autoridades. Mencionaba acercamientos que tenía la titular con personeros de su partido.
En una reunión Miguel Alfaro reparó que la decisión de la doctora de Carrillo de restaurar algunas vetustas edificaciones que alquiló en los alrededores del edificio AMSA, y que eso podía ser reparado por la Corte de Cuentas de la República, porque estaba invirtiendo fondos públicos en mejorar bienes privados. Entre ellas había una casa que estaba en la esquina de la tercera calle poniente y novena avenida norte, donde operaba el Departamento de Resoluciones.
Alfaro hablaba de haber sostenido conversaciones con el Director General de Presupuesto, lo que le daba mayor valor a sus intervenciones y fortalecía sus contrapunteos. En una mochila andaba varios documentos, entre ellos informes de auditoría de la Corte de Cuentas y un estudio de clima organizacional, efectuado para la PDDH por el doctor José Antonio Candray, abogado laboralista de mucho prestigio.
En el 2003 presentamos una pieza formal de correspondencia a la Asamblea Legislativa, recuerdo que Oscar Avid Hernández, Miguel Ernesto Alfaro y yo fuimos recibidos por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado del FMLN, Arnoldo Bernal Chevez, audiencia en la que expusimos la problemática institucional. Sabemos que esta Comisión abrió expediente y mando a pedir informe a la señora Procuradora, sobre los hechos denunciados.
Alfaro hablaba de haber sostenido conversaciones con el Director General de Presupuesto, lo que le daba mayor valor a sus intervenciones y fortalecía sus contrapunteos. En una mochila andaba varios documentos, entre ellos informes de auditoría de la Corte de Cuentas y un estudio de clima organizacional, efectuado para la PDDH por el doctor José Antonio Candray, abogado laboralista de mucho prestigio.
En el 2003 presentamos una pieza formal de correspondencia a la Asamblea Legislativa, recuerdo que Oscar Avid Hernández, Miguel Ernesto Alfaro y yo fuimos recibidos por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado del FMLN, Arnoldo Bernal Chevez, audiencia en la que expusimos la problemática institucional. Sabemos que esta Comisión abrió expediente y mando a pedir informe a la señora Procuradora, sobre los hechos denunciados.
El 13 de octubre de 2003 tuvo lugar un concurso para la
plaza de técnico I, las mejores notas correspondieron a Elizabeth Ramírez,
Guadalupe Mena y a mi persona que saqué 8.40, la mayor. Sucede que hubo una
demora de más de un mes, para decidir a quien se le otorgarían la plaza. Yo tenía
la mayor antigüedad (ingresé a la institución el 7 de julio de 1993) y la mejor calificación de la prueba. Otro
concurso para jurídico, realizado casi simultáneamente, la ascendida fue una
compañera que había obtenido menos de seis de nota, lo que aparentemente parecía
irrazonable. En esa época un Jurídico percibía un salario mensual de $ 594.00 y un Técnico I de $ 674.55
Como en la institución existía una percepción generalizada
que los concursos se manoseaban y al final la administración terminaba eligiendo
a su “empleado predilecto”, redacté un comunicado a nombre de ASEPRODEH, señalando las califaciones obtenidas y las fechas de
ingreso a la institución de cada uno de los tres concursantes, y advirtiéndole
a la titular que no fuera a incurrir en una irregularidad, ya que circulaban
rumores que la ascendida sería Elizabeth Ramírez. Y esto me granjeó un reclamo acalorado del licenciado
Luis Enrique Salazar, Procurador Adjunto de la Niñez, miembro de la Comisión de
Servicio Civil y jefe inmediato de Elizabeth:
“Usted no va a dañar mi honor, yo soy una persona honorable, y por mi familia
debo defender mi integridad”, me recriminó. Al final la Procuradora, después de pedir
opinión a sus Adjuntos, confirió el ascenso a mi persona.
La discusión más fuerte que tuve en esa época con el licenciado Antonio Aguilar Martínez fue sobre la revocabilidad del acto administrativo, éste sostenía que un acuerdo institucional de destitución no podía revocarse por eventuales reparos de la Corte de Cuentas. Yo insistí que de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo sí podía revocarse. El tema se centraba en el caso de Yeny Danila Acosta que tuvo un problema por un interinato de dos meses que hizo en julio-agosto del 2005 en otra institución, y el permiso había sido tramitado solo por un mes, se dio un acuerdo institucional para promoverle proceso de destitución en la Comisión de Servicio Civil, por abandono de trabajo.
Durante toda la administración de la doctora de Carrillo, nunca se llegó a un acuerdo sobre las licencias para desarrollar trabajo gremial, de ahí que quedaba a discreción de las jefaturas inmediatas los permisos. Hubo un momento que por una represalia por un amparo que interpuse contra el licenciado Wilfredo Hernández Calderón, Jefe del Departamento de Procuración y contra el doctor José Antonio Orantes Jiménez, entonces Jefe del Departamento Jurídico, fui trasladado a una unidad de Recursos Constitucionales que se creo ad-hoc para mí, bajo las ordenes del licenciado Antonio Aguilar Martínez, Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Rememoro que con Pablo Leiva Portillo visitamos varias veces las instalaciones del Parlamento Centroamericano, y esperábamos un tiempo considerable para que nos recibiera María Marta Valladares “Comandante Nidia Diaz” del FMLN, a quien le solicitamos que intercediera en el diferendo que ASEPRODEH tenía con la Procuradora y sabemos que conversó con ésta al respecto. Hablando con Nidia sobre la acuciante necesidad de una nivelación salarial, nos recomendó que acudiéramos al diputado del PCN, Ciro Cruz Zepeda, que era un hombre con mucha habilidad política para gestionar aumentos.
Pues bien, por el conflicto que había tenido en el 2006 con el licenciado Aguilar Martínez, y por dificultades para comunicarme con él, mi persona laboraba en el edificio de Tutela, sobre la Quince Calle Poniente y Aguilar Martínez en el Edificio AMSA, sobre la Quinta Calle Poniente. Me cuentan que Aguilar llamaba al Departamento de Personal para que me descontaran todas las salidas, la mayoría de ellas, por trabajo sindical. Hubo un mes que solo me pagaron ochenta dólares. Me relataba la fuente que paralelamente, había otro compañero que salía frecuentemente en horas hábiles, pues pasaba organizando torneos de basquetbol (deporte que practicaba Aguilar Martínez) y a aquel no le descontaban.
Otro punto de discordia fueron los ascensos sin concurso, al margen de la Comisión de Servicio Civil e irregularidades en algunos concursos que se hicieron. En un boletín explicamos de forma pormenorizada, gracias a relatos de los participantes, supuestas irregularidades que se habían dado en el concurso que tuvo lugar en el 2002 para la plaza de Delegado Departamental de Cabañas, del que salió nombrado Carlos Enrique Rodríguez Quezada. Luego en el 2005 hicimos una fuerte crítica en boletines al nombramiento sin concurso previo de los compañeros Carlos Alberto Martell, Jesús Ulises Rivas Sánchez y Sofía Pineda, nombrados en su orden Delegados en Chalatenango, La Libertad y San Vicente.
Cuando se nos concedió el local el 6 de diciembre de 2006 llegó a la inauguración la Comisión de Diálogo Institucional, integrada por Luis Enrique Salazar, Antonio Aguilar Martínez y Walter Gerardo Alegría, fue aunque parece una conquista trivial y corriente, un gran logro que costó grandes sacrificios. Tengo presente que Luis Salazar dijo que la reunión parecía un “acto gay”, porque no había ninguna mujer. La única mujer en la Junta Directiva 2005-2007 era Claudia Lorena Reyes Sandoval (Sindico) y se fue a trabajar a otra institución a partir del 2 de mayo de 2006.
En tres de las cinco juntas directivas a las que he pertenecido, fue un dolor de cabeza tratar con el licenciado Antonio Aguilar Martínez, siempre le dio largas a las peticiones y le puso obstáculos a cualquier beneficio que buscáramos los trabajadores. Siendo una persona de un origen humilde, formado siempre en planteles de educación públicos, primaria la cursó en la Escuela Urbana Mixta Nicolás J. Bran, secundaria en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN), y el nivel superior en la Universidad de El Salvador (UES), cuesta entender porque tanta displicencia y mezquindad hacia las demandas del sector trabajador que se debate en condiciones paupérrimas.
Aun ciñéndonos a los “principios” impuestos unilateralmente por la administración, el diálogo fue poco fructífero: se logró el local para nuestras oficinas, la instalación de una clínica médica institucional, el incremento en 2006 del bono anual de $ 300.00 a 500.00 (Memoria de Labores JD 2005-2007, Pág. 8), pero la prestación del beneficio del centro de desarrollo infantil se vino abajo, los descuentos de la cuota gremial en planilla, se convinieron con la administración Carrillo el 13 de abril de 2007, pero se concretaron hasta la llegada del licenciado Oscar Humberto Luna (Memoria de Labores, Pág. 5).
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