BREVE APROXIMACION A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (VI)

Por Joaquín Rivera Larios

GESTIÓN VALLADARES MELGAR (febrero 2000-julio 2001)

Al renunciar Eduardo Peñate Polanco, asumió la conducción de la institución el Procurador Adjunto, doctor Marcos Alfredo Valladares Melgar, ex diputado suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN) por la circunscripción nacional (propietario José Rafael Machuca) en la legislatura 1994-1997, ex miembro del Tribunal de Servicio Civil y ex funcionario del Tribunal Supremo Electoral. Ejerció como Procurador en funciones por espacio de dieciséis meses (del 8 de febrero de 2000 al 7 de junio de 2001).

Aunque no era especialista en Derechos Humanos, lo que se reflejó en la calidad académica de las resoluciones, ha sido uno de los Procuradores con mayor experiencia burocrática, alguien que conocía las grandezas y miserias de la administración pública. Más previsor que otros titulares, una vez entregó al personal un vale de supermercado y nos dijo que para no tener reparos,  había consultado a la Corte de Cuentas el otorgamiento del beneficio.



Al no tener una trayectoria profesional vinculada a la defensa de los derechos fundamentales, se le endilgó en las protestas al doctor Valladares,  que siendo diputado del PCN había apoyado la restablecimiento de la pena de muerte, para casos distintos a los señalados en el artículo 27 de la Constitución, contrariando el artículo 4.3 de la Convención Americana de Derechos humanos, en virtud del cual no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido.

Tuve la oportunidad de tratarlo muy poco, un par de reuniones con personal del Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos (ISDEH), el equivalente al Departamento de Educación, en una de ellas partió un pastel augurándole éxitos al equipo de educadores, y allí abordó la calidad de las charlas y capacitaciones y el costo beneficio.                                                                                         

                                                                                

   

Ciertamente, en sus intervenciones tenía presente las variables de costo/eficiencia en la prestación del servicio público. Recuerdo que dijo que le parecía contraproducente que fuera un educador hasta La Unión a dar una charla sobre conceptos básicos de Derechos Humanos, por el costo que ello supone en términos de desplazamientos. Nos comentó que cuando trabajaba en el Tribunal Supremo Electoral se habían mal gastado varios millones de colones en un programa de educación democrática que no dio los frutos y la justificación fue que la democracia era cara.

Roberto Velasco Carpio, ex Delegado Departamental de Sonsonate, rememora que el doctor Valladares portaba siempre un anillo de oro en el dedo meñique, se vía corporalmente muy cuidado, vestía ordenado, limpio y un tanto elegante; sin embargo, se veía nervioso en sus intervenciones orales. Y yo añado que Valladares tenía gestos y rasgos de conducta de un “gentleman”.
                                                    

Velasco trae a cuenta que siendo Delegado, lo invitó a un programa radial sobre derechos humanos que, por esa época, salía al aire a través de Radio Impacto con cobertura departamental en Sonsonate; en lugar de desarrollar la entrevista vía telefónica, optó por presentarse de manera personal y estar en cabina en una transmisión en vivo. Acota que no visitó la delegación departamental y se retiró al concluir el espacio radial, se mostró educado –aunque de pocas palabras- con las personas que lo saludaron; con él mantuvo la cordialidad.

Percibo que el doctor Valladares era una persona que con facilidad se sentía agraviada u ofendida, no dispensaba fácilmente una ofensa y tendía a tomar algún tipo de represalia. Y ponderaba mucho la lealtad por encima de la capacidad. En ese marco, se insertan los contratos de trabajo por pocos meses y las cartas de disculpas que pidió para renovarles los contratos a algunos empleados que consideraba desleales.

Recuerdo que en el ISDEH lo invitamos a que presidiera la apertura de un ciclo de conferencias y en el espacio de preguntas y respuestas apareció Josué David Vanegas, Delegado Departamental de Sonsonate, ante una concurrencia donde habían asistentes ajenos a la PDDH, comentando que era cuestionable que en la institución la proporción de empleados administrativos era demasiado alta con respecto a los técnicos jurídicos. Esta intervención le pareció irrespetuosa e inoportuna al doctor Valladares.

La versión virtual del informativo semanal Proceso del 10 de enero de 2001 de la UCA acota que más allá de la experiencia puntual, dentro y fuera de la institución las opiniones acerca de la actuación de Valladares Melgar como “procurador en funciones” son, básicamente, de dos tipos: hay quienes lo consideran más peligroso para la institución y el país que su antecesor −“aquél era más burdo; éste es más político”, se dice−, pero también hay quienes sostienen lo contrario.

LINEAMIENTOS DE TRABAJO

Yo fui trasladado en noviembre de 2000 del ISDEH al Departamento de Resoluciones, ubicado en el Edificio de la Cooperativa Algodonera, al mando de Gustavo Joaquín Blanco Castro que era hombre de confianza de Valladares Melgar. Allí estuve en el mismo cubículo con las compañeras jurídicos Lorena del Carmen Torres (QDDG) y María del Carmen Alvarado.

Durante su gestión hizo mucho hincapié en la productividad de cada operador jurídico y en hacer resoluciones sencillas, no muy extensas y en no formular considerandos o conclusiones que contrariaran los criterios jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional. El ejemplo clásico era que nos ciñéramos al criterio sobre estabilidad laboral de los servidores bajo contrato que sostenía la Sala de lo Constitucional en esa época.

Por su vinculación política partidaria con el PCN, tengo la impresión que al analizar los casos que se le presentaban hacía estimaciones de conveniencia política, quizá a eso se deba en parte que al retirarse el 7 de julio de 2001 dejó varios proyectos de resolución sin firmar y que no se empoderara plenamente de su rol de Defensor del Pueblo, manifestando una frase que lo definió: “Solo estoy teniendo la peña”.

                                                                     

                                 

                                   

                                                        

Esa vinculación afectó su libertad de actuación y el despliegue de sus facultades de supervisión. La Procuraduría investigaba la supuesta intervención del diputado independiente, perteneciente al naciente Partido de Acción Nacional (PAN), Horacio Ríos en el homicidio de dos activistas de ese partido en Metapán, frente al local de ese instituto político en los albores de las elecciones para alcaldes y diputados del 20 de marzo de 2000, el doctor Valladares Melgar pensó la implicación de girarle un oficio al diputado pidiéndole su versión de los hechos. Al final se hizo.

El doctor Valladares Melgar procuraba no afectar a la clase política con sus actuaciones, esta actitud se puso de manifiesto cuando Francisco Merino, diputado del PCN y ex vicepresidente de la República, en estado de ebriedad lesionó con arma de fuego a una mujer policía la madrugada del 27 de agosto de 2000. Esa madrugada yo estuve presenciando la entrega que la PNC hizo del diputado a la fracción de su partido en la Asamblea Legislativa. En la mañana el doctor Valladares me llamó a mi celular y me preguntó: “Cuénteme Larios, esta vez que hizo Chico”.

EL INCIDENTE DEL "HUMANITO BOCÓN"

El 10 de agosto de 1999 el doctor Valladares Melgar, mediante memorándum 035/99 inició proceso disciplinario formal contra los supuestos involucrados en la elaboración de unos panfletos clandestinos llamados “Chile verde” y "Directorio de los 40 Ladrones de la PDDH", en los que de manera sarcástica, irónica o humorística se hacían denuncias veladas sobre supuestos actos indecorosos o antiéticos de Jefaturas y empleados, que iban desde supuestas infidelidades, romances, presuntos tráficos de influencias, problemas de alcoholismo, uso indebido de recursos, entre otras conductas reprochables.

Los señalados éramos Ricardo José Gómez (Coordinador de Tutela), Gustavo Joaquín Blanco (Jefe del Departamento de Resoluciones), Orsy Melvin Quintanilla (educador), Carlos Alberto Martell, Edgardo Cortez, Marjorie Martínez,   Carlos García, Gustavo Roberto Flores, estos dos últimos motoristas y mi persona. Se especuló mucho que la incriminación provenía de la compañera Marjorie Martínez, encargada de Control de Procedimientos, quien acababa de ser mencionada en uno de esos  panfletos. 

Comparecí a la audiencia que me confirió el doctor Valladares Melgar, quien fue muy amable y respetuoso, al tiempo que explicaba los perniciosos efectos de ese tipo libelos difamatorios en el ambiente laboral. Yo negué desde luego la participación y le dije que pedía un careo con la persona que me había incriminado y que dijera cuándo, cómo y dónde me había visto redactando esos panfletos.

En el calor de la conversación que se manejó en un tono cordial, el doctor Valladares me dijo que no era conveniente revelar la identidad del testigo de cargo, porque de ese problema podían derivar muertes, y que Blanco (refiriéndose a Gustavo Joaquín) y Gómez (refiriéndose a Ricardo), habían aceptado que ponían apodos, pero no la autoría de esos escritos clandestinos. Al final Blanco y Gómez, le solicitaron al Titular una nota en la que los exoneraban de responsabilidad en los hechos con copia al expediente. Nadie fue sancionado.

DESAVENENCIAS CON ASEPRODEH

Valladares Melgar que tuvo muchas desavenencias con la entonces ASEPRODEH, incluso llegó a instalarse con un grupo de empleados del departamento de Resoluciones, Comunicaciones y Denuncias a un lugar distante de la sede principal de la PDDH, ubicado en la Colonia Escalón. Al ocurrir esta mudanza trasladó a la compañera María del Carmen Alvarado y a mi persona del Departamento de Resoluciones al de Investigaciones.

Por cierto María del Carmen Alvarado, la primera mujer aguerrida que tuvo verdadero protagonismo en la lucha de ASEPRODEH, recuerda los problemas que heredó Valladares Melgar de la gestión Peñate, precisando que éste contrató unos diez funcionarios, en su mayoría de Santa Ana, a quienes les asignó vehículos institucionales para movilizarse todos los días desde San Salvador hacia Santa Ana y viceversa, dejando incluso al Departamento de Investigaciones y otras unidades sin el medio de transporte para salir a investigar, y aducían que no habían recursos para reparar otras unidas de transporte que estaban estacionadas en el sótano del edificio AMSA; además descuidó la atención de las Delegaciones Departamentales, al no reasignarles recursos para su operatividad. 

Por una supuesta orden de Valladares en el 2001, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), a primeras horas de la mañana pusieron vallas con alambres desde la esquina de la Séptima Avenida Norte y Quinta Calle Poniente y con lista en mano, no dejaron entraron al edificio AMSA a unos quince compañeros, entre ellos José Alex Henríquez Valdez (Coordinador de Delegaciones), Edy Omar Serpas (Coordinador de Control de Procedimientos), José Benedicto Barahona (Recepcionista), Rina Celina Guillén (Auditora Interna), Carlos García Santamaría y Gustavo Roberto Flores, estos dos últimos motoristas. En esta época transporte estaba en el sótano del edificio AMSA.

Algunos de estos compañeros a quienes no se les permitió ingresar, entre ellos, Gustavo Roberto Flores pusieron la denuncia en la PDDH, siendo atendidos por la jurídico María del Carmen Alvarado, quien manifiesta que después de ese procedimiento la trasladaron del Departamento de Resoluciones a Investigaciones, sin darle ninguna explicación.

Otro incidente acalorado tuvo lugar en los primeros días de enero 2001, cuando trascendieron casos de supresiones de plazas. Esto generó reacciones airadas contra la Jefa de Personal Adhonorem, Thelma Elizabeth Recinos de Aguilar (su cargo real era de secretaria), por no haber comunicado con antelación tal supresión. Las reacciones más airadas provenían de Azuical Yurandir Sandoval. Y el incidente generó más tensión porque Recinos de Aguilar estaba embarazada. Azuical luego hizo una colecta para ayudar a los empleados cesados.

Entiendo que directivos de ASEPRODEH exigieron a Valladares que separaran funcionarios y asesores que nombró Peñate Polanco, en ese contexto El Diario de Hoy publicó el 19 de octubre de 2000 “Piden renuncia a 4 Jefes de Procuraduria”, citándose expresiones de Valladares, en el sentido que había pedido la dimisión de Eduardo Martínez, ex secretario privado; a Jaime Funes, ex jefe de Transporte y Seguridad; Osmar González y Juan José Jerez, asesor privado. 

Según la noticia, el funcionario manifestó que suspendió en marzo a estas personas por "pérdida de confianza, incumplimiento en sus funciones e irrespeto a la autoridad", además de que les sigue un juicio civil. Valladares afirmó que se había comprobado que Funes estuvo involucrado en el seguimiento de funcionarios de la Cooperación Sueca.

La publicación del informativo semanal Proceso No. 929 del 29 de noviembre 2000 de la UCA, trae a cuenta que ASEPRODEH, en comunicado enviado a las y los defensores del pueblo en la región centroamericana el 26 de septiembre del 2000, describe literalmente la situación interna de la siguiente forma: “A casi ocho meses de la destitución del Lic. Eduardo Peñate y a seis meses de esperar de la Honorable Asamblea Legislativa la elección del nuevo titular, ASEPRODEH mantiene su preocupación por la continuidad de hechos violatorios y desestabilización al interior de la PDDH, por parte de su titular en funciones, Dr. Marcos Alfredo Valladares Melgar, a quien consideramos un ejemplo palpable de las actitudes malsanas heredadas de su antecesor. Lo cual acrecentó la crisis institucional con respecto a la mala imagen ante la sociedad, la falta de credibilidad, el estancamiento institucional”.

                                                         

Al respecto yo tengo presente el contexto en que se presentó esa nota, porque fui edecán de Paul Rodríguez, el Ombudsman de Belice, que vino a reunirse a San Salvador, con sus colegas del Consejo Centroamericano de Procuradores: Leo Valladares Lanza (Honduras), Julio Arango (Guatemala), Sandra Piszk Feinzilber (Costa Rica) y el anfitrión Valladares Melgar (El Salvador).

El informativo Proceso señala a su vez  que se debe tomar en cuenta que desde hace nueve meses que Valladares está —tal como él lo declaró a La Prensa Gráfica— “teniendo la peña”, no se ha evidenciado ningún aumento en el número de denuncias y resoluciones que debería recibir y emitir la PDDH. 


El Diario de Hoy del 30 de enero de 2001 publicó “Empleados de PDDH en huelga indefinida”, señalando que desde el día anterior el personal de las oficinas del PPDH era mínimo, por orden del Procurador, que miembros de ASEPRODEH, junto con el MOLI, iniciaron ayer una huelga para exigir la renuncia inmediata del procurador en funciones, Marco Valladares. Según versiones de los mismos empleados, al funcionario se le atribuyen varios atropellos laborales.

Precisa la noticia que Carlos García, segundo secretario de la sección de conflicto, afirma que el Procurador ha cometido varias anomalías, como la discriminación laboral y el contrato por corto período. "A varios empleados se les ha ido despojando de sus funciones o se les contrata por un mes y luego los despiden. Esto con la excusa de ahorrar dinero", informó García.

Alude el matutino que los trabajadores de dicha dependencia demandan a la Asamblea Legislativa que designe, lo más pronto posible, al nuevo procurador. Estiman que éste estará más capacitado que Valladares.

PROBLEMAS AL INTERIOR DE LA PDDH

La versión virtual del informativo semanal Proceso No. 929 del 29 de noviembre 2000 de la UCA, menciona que existen dos expedientes abiertos en contra de Valladares por supuestas violaciones a los derechos laborales de dos trabajadores de la institución y una demanda en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la supuesta remoción arbitraria de una jefa de la institución. El informativo se refiere a Miriam Geraldina Aldana, entonces Jefe de Denuncias. 

La publicación alude a conocidas diferencias con la Procuradora Adjunta para los Derechos de la Niñez (PADN), Gloria Ayala de Gavidia por el proyecto de defensorías auspiciado por UNICEF, hacen que Valladares no pueda considerarse idóneo para desempeñar las distinguidas funciones que le exige su investidura.

Ahondando en estos conflictos con funcionarios, en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Ref. 163-A-2000 del 18 de mayo de 2001, revela la trama del diferendo de Miriam Geraldina Aldana con el Procurador en Funciones, por una amonestación escrita y por haber sido trasladada de la Jefatura del Departamento de Denuncias y Calificación a la Jefatura del Departamento de Control de la Legalidad de los Actos de la Administración Pública.

El meollo del asunto radicaba en que Aldana había admitido las denuncias de los señores Eduardo Martínez Vides y Osmar González Membreño, entonces funcionarios de la PDDH, que aducían violaciones a su derecho a la estabilidad laboral, por habérseles cesado de sus funciones, sin un proceso previo que lo motivara. Valladares sostenía que la admisión de las denuncias debió haberlo consultado con él. Aldana aducía que había actuado en cumplimiento de las atribuciones que le confería el Reglamento de Funciones del Sistema de Protección de Derechos Humanos.
                           

Posteriormente, el doctor Valladares Melgar suspendió de su cargo a Gloria Ayala de Gavidia y le inició proceso en el Juzgado Primero de lo Civil, con base en la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia para los Empleados Públicos no comprendidos en la Carrera Administrativa, luego fue reinstalada bajo la administración de la doctora Beatrice Alamanni de Carrillo, habiéndola indemnizado la institución con más de $ 29,000.00.

DECRETO DE DEPURACIÓN

El Diario de Hoy divulgó el 22 de febrero de 2001 “Analizan decreto para depurar PDDH”, reseñando que algunos diputados quieren "limpiar la casa" antes de que llegue el nuevo Procurador. La Comisión Política de la Asamblea decidirá la próxima semana si amplía el proceso de elección y admite más candidatos. La "moda" de la depuración institucional está a punto de implementarse en la PDDH. El jefe de la fracción legislativa de ARENA, René Figueroa, propuso, a la Comisión Política, emitir un decreto que le permita al actual procurador en funciones, Marcos Valladares, depurar al personal. 

El mismo rotativo dio a conocer el 6 de abril de 2001 la noticia “Aprueban decreto para depurar PDDH”, señalando que ARENA, PCN y PAN (Partido Acción Nacional) aprobaran la normativa el día anterior para remover a los malos empleados de la institución. Precisa que el funcionario que se elija para dirigir a la Procuraduría tendrá las armas legales suficientes para despedir e indemnizar, por ley, a los trabajadores que a su criterio no estén capacitados para formar parte de su equipo de trabajo.

        

                       

El matutino refiere que pese a las intenciones del partido izquierdista FMLN, en cuanto a denunciar una violación a la Constitución de la República por la emisión de dicho decreto, violentar los acuerdos de paz y a los gritos de su diputado Humberto Centeno, el decreto fue aprobado con 44 votos, haciendo uso del diputado suplente del PAN, Carlos Centi.

Alude que fue el arenero Guillermo Gallegos el que presentó una pieza de correspondencia, acompañada del proyecto de decreto para depurar la PDDH. En su petición incluyó la dispensa de trámite, para que fuera discutido en la misma sesión plenaria. Y así fue.

                                      

                                     

      

El decreto que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001, se denominó Régimen Especial de Carácter Temporal para la Remoción de Funcionarios y Empleados de la PDDH, en cuyo artículo 1 se declaraba dicho instrumento de interés público a fin de procesar a los incoados por conductas anteriores a la vigencia de esa ley, es decir darle aplicación retroactiva en contravención a la garantía consagrada en el artículo 21 de la Constitución.