BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (IX)

Por Joaquín Rivera Larios

EL APOYO DE LA UNEP

El apoyo de la Unión Nacional de Empleados Públicos (UNEP), integrada por la Asociación de Empleados del Órgano Judicial (ANEJUS), la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC), Asociación de Trabajadores del Ministerio de Economía (ATME), Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas (ADECC), Asociación Nacional de Educadores de El Salvador 21 de junio (ANDES 21 de junio), la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMPASS), fue decisiva para contrarrestar las embestidas que sufría ASEPRODEH.

Nos reuníamos en el local de ANEJUS en la última planta del edificio donde hoy está la Unidad Técnica Central de la Corte Suprema de Justicia, en la esquina de la Séptima Avenida Norte y Diecisiete Calle Poniente, Cayetano Castro (ANTMPASS), Alejandro Rivas (ANEJUS), Donaldo Martínez (ADECC), Adán Lemus y Carlos Henriquez (ATRAMEC), Opher Soriano (ATME) Tomasa López de Zetino (ANDES 21 de junio), Pablo Leiva y yo (ASEPRODEH), bajo la conducción de Félix Blanco, abordando temáticas comunes que afectaban a los gremios.

Nos vimos obligados a presionar a la doctora de Carrillo a través de la UNEP, para que por medio de este foro plural se ventilaran la negación del local para la asociación, la violación al derecho de sindicación, la discriminación, el maltrato laboral, la activación de un diálogo fructífero, el irrespeto a la carrera administrativa.

 

Recurrimos a este espacio inter gremial, dado que, pese a varias solicitudes, no se nos permitió el ingreso a la Mesa Laboral que operaba a la PDDH, donde tenía mucha preeminencia William Huezo (AGEPYM) y José Rodolfo Pereira, líder del sector de los vendedores informales. Supe que personeros de esta mesa habían apoyado a Alamanni de Carrillo en su primera reelección en junio de 2004, quien por cierto celebraba en Hoteles el día del Sindicalista (30 de octubre) e invitaba a los dirigentes de los distintas asociaciones y sindicatos.

Recuerdo que la Coordinación de la UNEP se iba alternando, en ese momento le correspondía la coordinación a ANDES 21 de junio, cuando hicimos la primera nota para pedir audiencia a la Procuradora, vi a la profesora Tomasa López de Zetino, “doña Tomasita” como yo le llamaba, bastante dubitativa, al punto que llamó a la abogada de esa gremial, licenciada Norma Marmely Díaz de Rivas, quien luego de revisar detenidamente el documento, le dijo que podía firmar sin ningún problema. Doña Tomasita fue fundadora de esa gremial en 1965 junto con Mélida Anaya Montes y José Mario López Alvarenga (Comandante Venancio Salvatierra).

A raíz de esa nota se confirió la audiencia, llegaron dirigentes de las asociaciones y sindicatos, aglutinados en la UNEP, incluso llegaron personeros de Sindicato de Empresa de Trabajadores de ANDA (SETA), pero fueron atendidos por el licenciado Antonio Aguilar Martínez no por la Titular. La reunión fue muy concurrida, de ASEPRODEH solo llegué yo por las divisiones que ya existían en el seno de la JD 2005-2007. 

Los dirigentes destacaron que no era posible se dieran esos atropellos a la lucha gremial en la institución que protegía los derechos humanos. El licenciado Aguilar Martínez desde luego negó los señalamientos y ofreció mostrar un vídeo de una protesta que tuvo lugar en el edificio de Tutela el 3 de febrero de 2006, a raíz de medidas tomadas un día antes por el Jefe del Departamento Administrativo, licenciado Roberto Velasco Carpio, contra el personal de vigilancia de ese edificio. El vídeo que había sido tomado por Giovanni Cárcamo no se exhibió y los dirigentes se retiraron con el sinsabor de no haber sido recibidos por la Procuradora.

Posteriormente la UNEP giró otra nota pidiendo audiencia directamente con la doctora Alamanni de Carrillo, esta vez el Coordinador pro tempore era Adán Lemus, presidente de ATRAMEC. El 28 de abril de 2006 fui a buscar a las instalaciones de Televisión Educativa a Lemus, quien estaba a la cabeza de un paro total de labores en demanda de un escalafón. Y mientras recorríamos las instalaciones de la TV me dijo: “Mirá para que te des cuenta, aquí todos paran, hasta los areneros”. Adán dudo un poco, al final firmó la petición. Advierto que lo que Adán no quería era tener roces con la Procuradora, porque ésta eventualmente les brindaba protección.  

                                                                    

                                                    

Esta vez la señora Procuradora le confirió audiencia a la UNEP, y la reunión fue bien concurrida. La doctora de Carrillo  nos dio la bienvenida. Cuando los dirigentes empezaron a señalar su preocupación por las afectaciones a los derechos sindicales que ASEPRODEH denunciaba, la funcionaria se alteró y perdió la compostura, diciendo algo así: “A mí no me vengan a faltar el respeto a mi casa”. A media reunión Pablo Leiva Portillo (Secretario) abruptamente se paró, diciendo hasta aquí llegamos y nos exhortó retirarnos. Recuerdo que a la salida del edificio AMSA Donaldo Martínez, presidente de ADECC y doña Tomasita, se mostraron sorprendidos por las reacciones airadas de la Titular y replicaban: “Esta no es la casa de ella, es la casa del pueblo”. 

Cabe resaltar el trabajo que Pablo Leiva Portillo, secretario de la JD 2005-2007 realizó con la UNEP, recorriendo varios departamentos del país, reuniéndose con las bases de estas organizaciones los días sábados y asistiendo a actividades inter gremiales fuera de horas hábiles. Junto con Leiva Portillo asistimos varios sábados a jornadas de capacitación sindical a cargo de Félix Blanco, dirigente de ANEJUS, que había sido diputado por el PDC y Secretario General de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS).

                                                                            

                        

                                                    

                                                         

Aglutinados en  la UNEP, fuimos a visitar al entonces Ministro de Trabajo, Roberto Espinal, para agilizar la aprobación de los Convenios 87, 98 y 151 de la OIT, el funcionario se manifestó a favor. Y Felix Blanco le dijo: “A usted hay que leerlo en entrelíneas”, dejando entrever que había que tratar de desentrañar las segundas intenciones de Espinal. Blanco sabía de antemano, que el siguiente paso del gobierno de ARENA, luego de aprobar los convenios en octubre de 2006, sería promover la inconstitucionalidad de los mismos, como en efecto ocurrió mediante la sentencia de la Sala de lo Constitucional Ref. 63-2007/69-2007 del 16 de octubre de 2007. Los tratados cobraron vigencia hasta después de la reforma del artículo 47 de la Constitución, ratificada el 27 de mayo de 2009.

BENEFICIOS SELECTIVOS Y DIVISIONISMO

Una de las formas en las que se ha buscado desescalar la lucha gremial y atomizar o fracturar la organización de trabajadores, ha sido mediante la concesión de beneficios selectivos a dirigentes que asomaban en el horizonte, generando en el devenir de ASEPRODEH y posteriormente SEPRODEHES al menos cinco afectaciones: a) rencillas y división; b) pérdida de credibilidad frente a las bases; c) menoscabo de la moral de lucha; d) debilidad de la asociación o el sindicato como grupo de presión; e) incumplimiento del rol contralor que debe ejercer un sindicato sobre las autoridades. 

En esa línea de acción, la actitud inicial de la doctora de Carrillo en los primeros meses de su gestión fue dialogar con una directiva que operaba de facto, porque no fue inscrita en la Dirección de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, entre quienes figuraban los compañeros vigilantes Miguel Ernesto Alfaro y Salvador Cáceres González. Y sabedora que varios directivos, además de la agenda gremial relacionada con los intereses colectivos, también llevan bajo el brazo una agenda personal vinculada con beneficios propios que pretenden obtener, la Procuradora trató de conceder algunas peticiones de esta última naturaleza.

Desconozco el alcance de estas últimas negociaciones, porque nunca se divulgaron en ningún boletín o comunicado de ASEPRODEH, lo que trascendió a nivel de pasillos es que en esta reunión se convino la designación de Daniel Alvarado, como supervisor de Vigilancia. En esa época el abogado José Alex Henríquez Valdez (Coordinador de Delegaciones) era una especie de asesor y apoyo de los compañeros de ASEPRODEH que acudían a las citas.

En el 2002 se dio el ascenso del compañero motorista, Carlos García Santamaría a Jefe de Transporte, después del despido de Baltazar Ventura, con motivo de la aplicación del decreto de depuración. Al parecer tal ascenso se logró mediando la calidad de dirigente del Movimiento de Organizaciones Laborales Independientes (MOLI) que García Santamaría invocaba. 

Me genera curiosidad  lo que se pudo haber convenido en aquellos encuentros, especialmente por el reportaje aparecido el 9 de junio de 2002 en El Diario de Hoy bajo el título “Autoritarismo en la Procuraduría”, en el que señalan maltratos, mordazas y supuestas renuncias en la PDDH salieron a luz. La misma procuradora sería responsable de violentar la tranquilidad institucional. Enfatiza el matutino que la funcionaria ejerce poder con ayuda de la asociación de empleados. A nivel judicial se han emitido, al menos, dos resoluciones en contra de su peculiar administración. El periodista precisa que la procuradora se transforma con el ambiente. Al principio es amable, pacífica, pero a medida se abordan temas relacionados al estilo de su jefatura, cambia por completo.

Añade el reportaje que en la Procuraduría existe una resquebrajada asociación de empleados. Algunos de sus miembros colaborarían con ‘el control’ de los trabajadores y de la institución en general. El grupo mocionaría despidos, reubicaciones y, supuestamente, solaparía una especie de vandalismo institucional.

La cobertura periodística transcribe en un acápite una entrevista con la Titular que en lo pertinente menciona: “Los trabajadores se quejan de preferencias para quienes forman la asociación de empleados. ¿De veras? pregúntele a ellos si es cierto. ¿No es verdad que se ofrezcan mejoras como viáticos, vales de gasolina, nuevos cargos? Eso es mentira ¡Absolutamente! ¿Qué grado de influencia tiene la asociación dentro de sus decisiones? Ninguna. ¿Conforma una especie de co-gobierno? Cómo va a creer. ¡Ay Dios! Si conmigo no puede cogobernar ni siquiera el Presidente Flores. Por el amor de Dios, aquí soy ama y señora de esta institución”.

En una nota de El Diario de Hoy del 1 de marzo de 2002, bajo el encabezado “Renuncias en PDDH” deja entrever posibles acuerdos nunca revelados entre la Procuradora con un grupo de trabajadores aglutinados en la asociación. El reportaje menciona que mientras unos empleados lamentaban la partida de Dafne Yanira Sánchez (Procuradora Adjunta), “los sindicalistas (sic) de la PDDH se preparaban para celebrar el décimo aniversario del nacimiento de la institución”. Cerraron una cuadra de la Quinta Calle Poniente, instalaron bocinas de alta potencia, colocaron pancartas y sonaron las marimbas. Y añade el rotativo que la encargada de abrir el acto fue Beatrice de Carrillo, quien se retiró al poco tiempo, pues debía atender a los representantes del ingenio Jiboa para tratar la inestabilidad laborar que están experimentando.

A raíz de un manifiesto que yo redacté de ocho páginas sobre los derechos de los empleados que eran conculcados y otras voces disonantes, que se distanciaban de los planteamientos de los dirigentes de facto con los que Alamanni se reunía, ésta libro oficio a la Dirección General de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro, y le informaran que no había una Junta Directiva inscrita en esa dependencia, por lo que las personas con las que dialogaba carecían personería jurídica.

A partir de esa información Beatrice fijo posición en el sentido, que dialogaría con los trabajadores que acreditaran su personería con credenciales debidamente inscritas en el Ministerio del Interior (hoy Gobernación). Fue así como se eligió una directiva en el 2002 que fungiría hasta el 2004, entre los que figuraban Miguel Ernesto Alfaro (presidente), Azuical Yurandir Sandoval León (Vicepresidente), José Angel Escalante Beltrán, Rafael Antonio Aquino López, Oscar Avid Hernández, Juan Antonio Hernández Ibarra, mi persona (Secretario), entre otros.

La primer fractura que recibió esta JD 2002-2004 fue el ascenso a Delegado Departamental de Chalatenango que recibió el jurídico Rafael Antonio Aquino López, con el beneficio extra de contar con transporte institucional para desplazarse hasta allá. Aquino fue uno de los que se involucró en la lucha contra Marcos Alfredo Valladares Melgar, por eso Miguel Alfaro dispuso que formara parte de la JD, aunque no había llegado a la Asamblea General que tuvo lugar en el local de ATCEL. El punto es que aquel había sido alumno de Alamanni en la UCA y a raíz de su asenso causó baja como directivo de ASEPRODEH. A partir de allí el único jurídico en esa JD fui yo. 

                                                                                       

En el 2003 se dio una enconada disputa por el cargo de representante de los trabajadores en la Comisión de Servicio Civil, entre Azuical Yurandir Sandoval (motorista) y Jesús Ulises Rivas Sánchez (jurídico), el ganador fue el primero, quien además era miembro de la JD. Esta elección conllevaba morbo porque Ulises y otros jurídicos impugnaron la elección de Sandoval en el Tribunal de Servicio Civil, y este ordenó que se repitiera, resultando Azuical victorioso por segunda vez apoyado por una abrumadora mayoría. 

Viendo la popularidad de la que había hecho alarde Azuical Sandoval, el líder más prominente del sector transporte en ese momento y su calidad de Vicepresidente de ASEPRODEH, la Procuradora designó como su seguidor. Aquel trabajaba en el séquito de acompañantes de la Titular, una semana sí y una semana no. Se dice que cuando se retiró de la institución en diciembre de 2004 recibió algunos beneficios.
                                                    

El 2004 hubo un movimiento bastante fuerte encaminado a organizar una asociación de jurídicos, iniciativa que en principio promoví yo. Pero en la primera reunión los compañeros, José Ovidio Ardón y Ana Irma Rodas, mocionaron que no perteneciera a esa nueva entidad, alguien que había sido dirigente de ASEPRODEH, buscando con ello alejarme de la organización que se gestaba. Para evitar conflictos, me retiré y la asociación no se constituyó. Las personas más reconocidas que abanderaron tal iniciativa fueron: Griselda Victoria González López, Gloria Evelyn Martínez Ramos, Jesús Ulises Rivas Sánchez y Carlos Alberto Martell Brizuela, estos dos últimos fueron ascendidos de jurídicos a delegados departamentales a principios del 2005, al margen de concursos.

                              

                                          

                                          

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Al menos apoyé la defensa técnica de tres compañeros que fueron sometidos a procesos de destitución en la Comisión de Servicio Civil:  Yeny Danila Acosta Melgar (jurídico), Gustavo Roberto Flores Alvarez(motorista), y un compañero del área de servicios generales.

En el 2003 se siguió proceso de destitución con suspensión previa contra José Alex Henriquez Valdez, en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango. Alex había sido colaborador jurídico en Delegación de San Vicente, Delegado Departamental de Cuscatlán, Coordinador de Delegaciones Departamentales, Delegado de Cuscatlán, y miembro de la Comisión de Servicio Civil de la PDDH. Henriquez también había sido asesor de ASEPRODEH, y como miembro de la Comisión de Servicio Civil se opuso a autorizar el despido de Francisco Javier Lara, que entonces laboraba en el Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos.
                                                                

                                                                        

                                                                                                                                                                                                      
Denunciamos con vehemencia en un boletín el proceso de despido del adulto mayor, Ricardo Amori (motorista), haciendo ver la insensibilidad de la Titular de querer conminar al desempleo a una persona de un grupo vulnerable, señalando que era un acto de inhumanidad que contrariaba su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Solicitamos que verificara el proceso el Procurador para la Defensa de los Adultos Mayores, Antonio Aguilar Martínez. 

En el procedimiento relacionado con Yeny Danila Acosta, se le separó de su cargo, sin que existiera un acuerdo de suspensión previa, fue reinstalada en virtud de resolución del 21 de noviembre de 2005, con motivo del proceso de amparo 525-2005, luego de tres meses de haber estado sin recibir salarios. En la red se puede ver la resolución de las 11 horas del día 19 de enero de 2006, que se sobresee en el proceso amparo, en vista de estarse tramitando dos procesos: uno de destitución en la Comisión de Servicio Civil y otro de carácter administrativo en el Tribunal de Servicio Civil (injusticia manifiesta). El caso se prolongó en la Comisión sin llegar a resolución definitiva hasta que llegó el licenciado Oscar Humberto Luna.

                                            

En este caso trabajé la demanda de amparo a favor de Yeny junto con la compañera, Silvia María Beatriz Campos Cevallos, entonces jurídico, la cual fue presentada el 23 de septiembre de 2005, aduciéndose pues que había sido cesada de hecho, y el proceso ante la Comisión de Servicio Civil, no se había promovido con suspensión previa. La demanda planteaba vulneraciones a los derechos de audiencia y defensa, igualdad jurídica, juicio previo y derecho al trabajo. 

Adicionalmente elaboré una nota del 20 de septiembre de 2005, dirigida a la Procuradora, Beatrice de Carrillo, que fue suscrita por unos cincuenta compañeros y compañeras, cuyas rubricas gestionó Silvia María Beatriz Campos Cevallos, en la que señalaba que no era justo ni razonable que se le negara un segundo permiso por un mes adicional, aduciendo daño al servicio, cuando había otros compañeros que podían suplir la vacante temporal de Yeny Acosta.

Un caso que disputamos desde la Comisión de Servicio Civil, Tribunal de Servicio Civil, hasta llegar a amparo fue el proceso de destitución de Gustavo Roberto Flores Alvarez (motorista) por supuestas ofensas a Miguel Fuentes Melgar, encargado de bodega. En principio la Comisión de Servicio Civil de la PDDH aceptó una solicitud de autorización de despido con una relación circunstanciada de los hechos difusa, y luego para fundamentar mejor su resolución ordenaran la recolección oficiosa de prueba testimonial de cargo. El Tribunal de Servicio Civil en recurso de revisión reprendió a la Comisión de la PDDH por tal acción oficiosa y dejó sin efecto la resolución pronunciada por esta última el 7 de abril de 2005, en la que se autorizaba el despido de Flores Álvarez.
                                            

                                                

La doctora Beatrice de Carrillo, a través de su Apoderado José Antonio Orantes Jiménez, presentó recurso de amparo 632-2005, aduciendo violación al debido proceso en el expediente 037-2005 a cargo del Tribunal de Servicio Civil, dado que el artículo 55 letra d) de Ley de Servicio Civil le da a la Comisión la facultad de recolectar prueba por sí. El Tribunal demandado sostuvo que no era legalmente posible valorar declaraciones de personas distintas a las propuestas por las partes y que no hayan depuesto en el tiempo y forma respectivo. La Sala de lo Constitucional resolvió el 29 de marzo de 2007, el sobreseimiento, aduciendo que era un asunto de mera legalidad. 
   

El 11 de julio de 2002, se pretendió sancionar con suspensiones sin goce de sueldo a Miguel Ernesto Alfaro y Azuical Yurandir Sandoval, quienes eran Presidente y Vicepresidente de ASEPRODEH, por actos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión y asociación.  Al entonces presidente de ASEPRODEH se le imputaba la falta de haber utilizado un radio transmisor para emitir un mensaje reivindicatorio de los derechos laborales. 

El 16 diciembre de 2004, la Comisión de Servicio Civil, integrada por Ernesto Villalobos Ayala, Carlos Alberto Martell y Elizabeth Ramírez, impusieron a Miguel Alfaro, la sanción de multa del diez por ciento de su salario correspondiente a enero de 2005, por atribuirsele la supuesta falta contemplada en el literal a) del artículo 31 de la Ley de Servicio Civil. Tal falta se refiere a la obligación de presentarse con puntualidad todos los días laborales y dedicarse a él durante las horas que corresponden.   

 

El verdadero motivo de la sanción fue por colocar carteles que expresaban el tiempo que faltaba para que expirara el primer mandato de la Procuradora, mensaje cuya finalidad de protesta fue explicada en el boletín El Defensor de l@s Emplead@s número 20 de ASEPRODEH correspondiente a septiembre de 2003.   

Un flanco de acción que emprendimos fue el fuerte cuestionamiento a la Comisión de Servicio Civil, cuya independencia e imparcialidad pusimos en duda,  dado que advertíamos que sus miembros tendían a satisfacer lo voluntad sancionadora de la Titular, en esta línea de acción,  contribuí a elaborar un escrito del 28 de septiembre de 2005 en el proceso contra Yeny Acosta,  recusando a dos miembros de la Comisión de Servicio Civil: Carlos Alberto Martell y Elizabeth Ramírez. 

En el boletín El Defensor de l@s Emplead@s correspondiente a abril de 2005,  señalamos algunas deficiencias que advertíamos  en la Comisión, entre ellas: no hace informe público de sus actuaciones, lo que vulnera el artículo 26 de la Ley de la Corte de Cuentas que alude a la transparencia; no contesta peticiones y solicitudes formuladas por empleados; no han fijado parámetros técnicos de evaluación para examinar los requisitos que han exigido en algunos concursos;  la fundamentación de sus resoluciones con frecuencia es pobre y superficial.       

RECURSOS DE AMPARO

A raíz de protestas que tuvieron lugar los días 3 y 14 de febrero de 2005 y un cierre de las instalaciones del Edificio de Tutela, tal como lo revela El Diario de Hoy el 7 de febrero de 2006, bajo el título “Procuradora llama a PNC por paro en sede”, se impusieron suspensiones sin goce sueldo a varios empleados: Miguel Ernesto Alfaro, Salvador Cáceres González, José Angel Escalante Beltrán (QDDG) y mi persona. 

La noticia refiere que miembros de la asociación, entre ellos abogados, motoristas y ordenanzas, solicitan a la Procuradora un diálogo directo con ella y la destitución inmediata del entonces Jefe del Departamento Administrativo, Roberto Velasco Carpio. Refiere la nota que habíamos parado labores desde el pasado viernes (3 de febrero) por lo que consideran actos arbitrarios del Jefe Administrativo.

El hecho concreto que desató la protesta fue el despojo de los escritorios que los vigilantes ocupaban en el edificio de Tutela, sobre la Quince y Diecisiete Calle Poniente,  con sus pertenencias incluidas, muebles que fueron sustraídos de su entorno a las trece horas del 2 de febrero de 2006, por presuntas ordenes del licenciado Velasco Carpio.

El reportaje aludido me atribuye las siguientes palabras: “Se han estado haciendo una serie de despidos de hecho sin ningún proceso administrativo y se ha estado recibiendo maltrato psicológico y verbal por parte de los altos mandos”, dijo el presidente del grupo, Joaquín Rivera. Y agrega que Rivera insistió “en la falta de voluntad por parte de la procuradora para dialogar con su propia gente y la incapacidad para resolver los problemas internos”. 

                                          

                                                      

En realidad fue un paro de labores que no fue decidido por la JD-2005-2007, fue una acción tomada por personal de vigilancia y mi intervención fue para mediar en que los trabajadores fueran escuchados por la Procuradora y se nos instruyeron procedimientos disciplinarios en los que no se nos permitió acceso al expediente, no se concedió certificación de los mismos y las peticiones que formulamos no fueron resueltas.

En el recurso de amparo 265-2006 la Sala de lo Constitucional se pronunció el 18 de abril de 2008, expresando que se me había mandado a oír y que se había facilitado oportunidades “mínimamente razonables”, proporcionales a la sanción impuesta, que hacen inferir que mi derecho al salario por un día no me fue violentado con transgresión a las categorías constitucionales. La Sala pasó por alto que las garantías no deben ser mínimas si no plenas, tal como lo establece la sentencia de amparo 698-99 del 27 de septiembre de 2001. También se interpusieron los recursos de amparo 255-2006 y 258-2006, en su orden a favor de Salvador Cáceres González y José Angel Escalante Beltrán.

LA TRUNCADA SEGUNDA REELECCIÓN

En el segundo trimestre del 2007 se escenificaban intensos cabildeos en la Asamblea Legislativa, para elegir al nuevo Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Con Pablo Leiva Portillo, fuimos a ver al licenciado Oscar Humberto Luna, primer Delegado Departamental de la PDDH de San Ana, que en ese tiempo era el subjefe de la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia, para que se postulara como candidato a Procurador.

                                                                     

Luna en principio se mostró escéptico, nos dijo que no quería competir con David Ernesto Morales, ex Procurador Adjunto, pues le tenía un gran respeto por su capacidad técnica. Curiosamente con Pablo Leiva habíamos visto a Morales en la Asamblea Legislativa y éste de manera tajante nos dijo que mientras estuviera ARENA en el gobierno no tenía ninguna posibilidad de ser Procurador. 

                                                                

De sobra conocidos eran los virulentos señalamientos de Morales hacia Roberto D’Aubuisson, fundador de ARENA, como autor mediato del asesinato de Monseñor Romero y hacia los militares que perpetraron la masacre del Mozote, encabezados por Domingo Monterrosa.

ASEPRODEH envió una nota razonada a la Asamblea Legislativa, planteando el perfil que debía cumplir el Procurador o Procuradora, esbozando desde luego cualidades de las que no hacía gala Alamanni de Carrillo: equilibrio emocional, capacidades gerenciales, talente democrático, carácter mesurado, respetuoso, dialogante y concertador. Nuestra apuesta en silencio era Oscar Humberto Luna, un abogado santaneco, con mucha sociabilidad y habilidades diplomáticas. 

Al ver la nota y nuestro rechazo no explícito a Beatrice de Carrillo, el diputado de Cambio Democrático, Juan Pablo Durán nos sugirió que endureciéramos su texto y planteáramos un no rotundo a la funcionara, por lo que enviamos una segunda misiva, misma que él ocuparía para cabildear la descalificación de la funcionaria que hasta ese momento contaba con fuertes apoyos, especialmente en los partidos mayoritarios: ARENA y FMLN.

La nota fue faxeada inmediatamente de la Asamblea Legislativa al despacho de la Procuradora y la Comisión de Enlace Institucional (integrada por Antonio Aguilar Martínez, Walter Gerardo Alegría Gómez, Luis Enrique Salazar), y le hicieron un fuerte reclamo a Guillermo Antonio García Bernabé, a Pablo Leiva Portillo y a Wuilian Humberto Iraheta, los tres directivos de ASEPRODEH que acudían a las reuniones, calificando la nota como un acto de deslealtad.

Sabíamos que por el temperamento colérico e irascible de la doctora de Carrillo, de continuar bajo su gestión, era muy difícil mejorar los salarios y las condiciones de vida del personal, ya que los diputados si bien en alguna medida reconocían su trabajo (especialmente los del FMLN), en general a los parlamentarios la abogada italiana, naturalizada salvadoreña, no les simpatizaba.

Otro elemento a favor de Beatrice era su aparente amistad con Elías Antonio Saca, entonces presidente de la República y del partido ARENA. Prueba de ello es que en esta administración, su hijo Gualterio Carrillo Alamanni fue nombrado Cónsul General de El Salvador en Milán, Italia. 

De ahí que la doctora de Carrillo tenía enormes posibilidades de ser reelecta por segunda ocasión, pero el 6 de julio Jorge Antonio Iraheta (QEPD), entonces miembro del Departamento de Verificación y Observación Preventiva (VOP),  estaba en el Salón Azul del congreso, a fin de hacer lobby de última hora con diputados amigos a favor del licenciado Luna. 

Se creía que el respaldo del presidente Saca hacia la funcionaria italiana seguía vivo y, además, Salvador Sánchez Cerén, Jefe de Fracción del FMLN le había endosado su decidido apoyo, al punto que tuvo una intervención en que se desvivió en elogios hacia Beatrice antes que Luna fuera juramentado. En este contexto, Jorge Iraheta cabildeó con diputados amigos. Después de la juramentación, Iraheta en el Salón Azul me dijo: “Me costó convencer a Humberto Centeno, pero lo logré y Centeno le dobló el brazo a Sánchez Cerén”.


La segunda reelección de Alamanni era un hecho casi inminente, por eso la mañana del 6 de julio de 2007, estaba en su despacho con su traje de gala esperando la llamada de la Asamblea Legislativa para la correspondiente juramentación. Relatan que confiada en la palabra de los políticos, Beatrice se manifestaba muy segura de que continuaría en el cargo, por lo que el revés en el resultado le supo a hiel, desbordándose en llanto cuando supo que  Oscar Humberto Luna fue el elegido.