BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (VIII)

Por Joaquín Rivera Larios

REUNIONES CON BEATRICE

A diferencia de la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés que acumulaba las ofensas y no perdonaba, encerrándose en un hermetismo frente a sus detractores, Beatrice de Carrillo, llamaba a conversar en privado a sus “ofensores”, si consideraba que ello era conveniente a la consecución de sus propósitos. Así ocurrió con Salvador Cáceres González, ex presidente de ASEPRODEH, quien protagonizó al pie del edificio AMSA épicas jornadas de protesta con megáfono en mano, en las que lanzaba furibundas consignas, pero Beatrice lo llamó en algunas ocasiones para abordar puntos de interés común.
                                                            

De similar forma ocurrió con mi persona, a quien citó en privado unas cuatro ocasiones. La primera fue junto a José Alex Henriquez Valdez (Coordinador de Delegaciones) y Héctor Alexander Escobar (jurídico del Departamento de  Denuncias). La llamada era para recriminarnos por un manifiesto que yo había redactado de ocho páginas, cuyo título era algo así: “Manifiesto sobre los derechos conculcados al personal”.       

                                                                                                          

                                                              

Al llegar hizo hincapié en la lealtad y  explicó que nos había convocado por el susodicho  manifiesto, habló del tiempo y esfuerzo que había supuesto su realización y sobre el uso del papel, y de pronto se dirigió a mí diciéndome que todos sus fuentes de información apuntaban que yo era el autor y me increpó directamente que tuviera valor y aceptara mi responsabilidad, yo le contesté que el comunicado respondía a un descontento general que las personas no tenían valor de expresar. Insistió: “Reconozca que usted lo hizo”.
                                                

   

                                         
Posteriormente, la Procuradora me llamó luego de un concurso en el que participé el 13 de octubre de 2003 para la plaza de Técnico I, administrado por la Comisión de Servicio Civil, en el que no obstante haber obtenido la mayor nota (8.40), la Titular se atrasó en designar al ganador, concretándose mi ascenso hasta el mes de diciembre de ese año. 

                                        

                                                                                 

En esa ocasión me dijo que le había llamado la atención mi abordaje de la meritocracia en el examen que nos hicieron y por otra parte, me preguntó sobre mis desavenencias con el licenciado David Morales, entonces Procurador Adjunto, luego que en un boletín publiqué una crónica denominada “David Morales: el poeta, sus temores y convicciones”.

                                    
Al respecto le manifesté que me parecía un tipo muy inteligente, con gran capacidad técnica, notable elocuencia e ínfulas de poeta, pero elitista y excluyente que buscaba potenciar y posicionar a un grupo de colaboradoras cercanas a él, en menoscabo de otros servidores que podían tener capacidad. Y ella me corroboró que había detectado animadversión hacia el licenciado David Morales al interior de la institución.  

Al calor de la charla, me pidió que le recomendara empleados que me parecían valerosos para promoverlos o asignarles tareas especiales y le di tres nombres: Gloria Evelyn Martínez Ramos, Griselda Victoria González López, Erick Gustavo Carpaño Valladares, todos jurídicos egresados de la UCA, muy estudiosos, inteligentes, con una gran habilidad para redactar y aplicar los conocimientos a casos concretos con rigor técnico. Las dos primeras eran muy conocidas para ella. La percibí un poco reticente ante mi planteamiento.
                                        

Con motivo de la severa reprimenda que nos propinó a quienes hacíamos un examen en un diplomado denominado “Estado de Derecho y Derechos Humanos", auspiciado por la PDDH y el Proyecto Holanda el primer semestre de 2004, por haber encontrado alumnos copiando, al día siguiente me llamó para pedirme que no fuera a escribir nada, que los regaños no habían sido por mí, que no mencionara el incidente en un boletín. Me dijo que yo era un intelectual y que no defendiera “basura”.
                             

                 

Hubo un momento en que me convocó en privado para que le presentara una propuesta escrita de mejoramiento integral de la PDDH, puntualizando los aspectos en los que a mi juicio la institución debía dar un salto cualitativo. Le propuse en un escrito de trece páginas, entre otros ítems, la creación de una oficina de control de la calidad y de una dependencia de bienestar laboral, adscrita al Departamento de Recursos Humanos, que abordara programas de salud mental, de recreación, de atención a personas con adicciones, etc. Le plantee en documentos anexos la estructura, los objetivos y programas puntuales que maneja la Unidad de esta índole que opera en la Corte Suprema de Justicia.             

                                                        

                                                                                                                                       
En uno de estos encuentros se lamentó del deterioro de su relación con Enrique Altamirano Madriz, Director de El Diario de Hoy, que antes de ser Procuradora le había dado una página semanal los días miércoles en la sección editorial para discurrir sobre temas diversos. Todo indicaba que este periódico asumió una línea adversa a la Defensora del Pueblo y ya no le dio espacio para que difundiera sus opiniones.  Una muestra de sus publicaciones es el artículo denominado “Los partidos y la política”, al parecer el primer artículo que apareció en ese rotativo el día 6 de octubre de 1999.

CONFLICTOS INTESTINOS

Las contradicciones son ásperas y desgastantes, no solo con las autoridades que en esta época se caracterizaron por aplicar tácticas dilatorias y por darle largas a las peticiones sin dar respuestas de fondo, sino también en el seno de la misma organización. Recuerdo las áridas discusiones, que tuve con Guillermo Antonio García alias “Memelita”, Wuilian Iraheta y Pablo Leiva Portillo en el seno de la Junta Directiva 2005-2007, quienes solían descalificarme que en todos mis años de lucha no había logrado nada. La pregunta socarrona con la que me sonsacaban: “¿Qué has logrado?”

                                        

Con la excepción de Pablo Leiva, que tuvo paso irrelevante en la primera Junta Directiva 1997-1999, Wuilian y Guillermo en ese momento eran primerizos en la lucha gremial. Salvo por referencias, no tenían conocimiento de primera mano de la lucha tortuosa que habían librado sus antecesores que enfrentaron todo tipo de excesos. Mi percepción es que la amistad que estos dos últimos tenían o tienen con el licenciado Antonio Aguilar Martínez, fue un factor generador de conflictos al interior de la organización.

                                                 

No obstante que Guillermo Antonio García Bernabé, nacido en San Salvador el  16 de noviembre de 1970, empleado de la PDDH desde el 1 de octubre de 2001, era un directivo primerizo, comenzó a descollar y a tratar de empujar a la asociación en la dirección que él indicaba, tendiendo a actuar al margen de la JD integrada por nueve miembros. 

Sin duda un líder nato, resuelto, valiente, encarador, con un discurso claro y bien articulado, con mucha inteligencia práctica, afán de notoriedad, persistente en pos de objetivos, muy desconfiado y suspicaz, además de vicepresidente de ASEPRODEH, era el Presidente de la Asociación de Ex-Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES). Era alguien que posiblemente por sus años en prisión solía ver vehículos de investigadores policiales por doquier. Buscaba el trasfondo de las cosas y veía segundas y terceras intenciones. 

Su formación político militar en el FMLN, y sus contactos con personeros de ese partido en esa época (2005-2007) le daban margen de maniobra y posibilidad de incidencia. Su carácter firme y desafiante le permitían (tal vez sin proponérselo) generar miedo no solo a compañeros, sino a autoridades, lo que en ocasiones le daba acceso a concesiones e información, inaccesibles para otros empleados. Se graduó sin dilaciones de la UES en licenciatura en ciencias jurídicas, con una tesis denominada “La Obligación del estado de respetar y garantizar el derecho a la integridad física de las personas privadas de libertad, a la luz de los tratados internacionales de los derechos humanos” (2009).

En un lapso relativamente breve García Bernabé obtuvo vía concurso un ascenso meteórico de motorista a una plaza equivalente a jurídico, denominada Técnico I. El ascenso en cuestión fue impugnado por el compañero egresado de derecho, Ovidio Orlando Rodríguez, que entonces fungía como motorista, pero el Tribunal de Servicio Civil desestimo su demanda. 

Recuerdo que el argumento central de la impugnación era que dicho ascenso le correspondía a quien estaba en la categoría inmediata inferior, es decir a un colaborador jurídico. Pero García, no obstante sus cualidades y espíritu de lucha, es un individuo que tiene una faz negociadora que puede causar sorpresas desagradables a una organización: tiende a buscar beneficios personales bajo la cobertura de la lucha gremial.

                                                                   

                                   

Las diferencias desembocaron en que ese tridente (Wuilian Iraheta, Pablo Leiva y Guillermo García), convencieron a José García Panameño (Pro-Secretario) y a  Manuel Vicente Quiteño (Segundo vocal) y convinieron suscribir una instrumento denominado “Principios que buscaban Facilitar el Diálogo entre la Comisión de Enlace Institucional y ASEPRODEH”, formulado unilateralmente por las autoridades sin admitir modificaciones. Desde mi perspectiva, con tal suscripción la Asociación renunciaba a criticar y a denunciar excesos de la administración, y se le impedía revelar a sus bases los puntos que se discutían, mientras no habían acuerdos definitivos. 

                       

                                                                      

A mi juicio tales “principios” buscaban anular la libertad de expresión y las garantías de los convenios 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del Derecho de Sindicación, 98 relativo a la aplicación de Principios del Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva 151 de la OIT relativo a los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública.

Los directivos que avalaron este documento decían que era la única vía de lograr los beneficios tan ansiados que infructuosamente habíamos peleado. Yo presenté una propuesta de “carta de principios” en las que englobaba estas garantías constitucionales y sindicales, pero fue rechazada de manera tajante e hice circular una carta abierta en la que señalaba porque no había suscrito los susodichos “principios” y el menoscabo que representaban para el cumplimiento de los fines y objetivos de ASEPRODEH, contemplados en el artículo 4 de nuestros Estatutos.                                                                                 

    

                                                                                  

Esto tuvo una secuela muy desagradable, cuando la doctora de Carrillo invito a ASEPRODEH, a una reunión en la Asamblea Legislativa para ver el incremento Presupuestario. Mientras la doctora de Carrillo nos reclamaba porque no habíamos llegado de traje formal a la reunión, el licenciado Antonio Aguilar Martínez, aprovecho la ocasión para decirme que como no había firmado “la carta de principios” no tenía derecho a participar en esa reunión.

La Titular buscó aislar y acallar a los directivos de ASEPRODEH que no nos plegábamos a su guión o a su libreto y eso se traducía en conflictos al interior de la Junta Directiva, porque los seis directivos excluidos de ese diálogo poco fructífero, de alguna manera nos manifestábamos y demostrábamos desconfianza hacia esta metodología excluyente. 

                         

                                                                                      

Recuerdo una vez que con el auxilio de Salvador Cáceres González (Primer vocal) tapizamos las paredes del edificio de tutela, con rótulos en los que demandamos un segundo bono anual y llegó Sonia Guandique, la Secretaria General, a reprendernos porque estábamos generando falsas expectativas.

Las medidas administrativas terminaron de sembrar discordia al interior de la JD 2005-2007, tomando en cuenta que la señora Procuradora hizo distingos en el trato a sus miembros. Mientras algunos gozaron de plena libertad para ejercer las labores gremiales a otros les impuso ciertos controles. A mí me traslado en junio de 2006 a la Unidad de Recursos Constitucionales creada ad hoc, bajo las órdenes del licenciado Antonio Aguilar Martínez, con quien tenía desavenencias. Me asignaba tareas vía memorándums con plazos perentorios para realizarlas. 

                                                         

A la única mujer en la JD 2005-2007, Claudia Lorena Reyes Sandoval (sindico), coordinadora del Área Niñez del Departamento de Procuración, la sometieron a un régimen especial de supervisión del trabajo a cargo de Luis Enrique Salazar (Procurador Adjunto de la Niñez), marcada por reuniones periódicas y exigencias de rendición de cuentas. No obstante esa supervisión, Reyes Sandoval fue la artífice principal de la propuesta de nivelación salarial que presentamos a la Asamblea Legislativa en noviembre de 2005.

                                                        

Afortunadamente para los intereses de la clase trabajadora, el plan de la administración de sojuzgar y acallar a la asociación bajo un “conjuntos de principios” impuestos unilateralmente, mientras la Titular buscaba intensamente su segunda reelección, no les funcionó por mucho tiempo. El puente que se nos tendió con la candidatura de Oscar Humberto Luna, y los contactos políticos de Pablo Leiva en la Asamblea Legislativa, lo llevaron a convencer a Wuilian Iraheta y a García Bernabé que había que apostar por un cambio de timonel para la PDDH.

MALTRATO LABORAL

La reseña del libro autobiográfico de Beatrice de Carrillo “Aquí y ahora. Mi vida por los derechos humanos en El Salvador”, publicado en italiano, que se puede apreciar en la red, revela una percepción dominante quizá en la exprocuradora y en los países civilizados− que encierra cierta dosis de realidad− que somos un pueblo pobre, explotado, violento, y yo añadiría− a juicio de la autora y los editores− incivilizado e ignorante.

                                        

Estimo que esa visión tan deplorable de nuestro pueblo es la que estaba subliminalmente a la base de muchas situaciones de maltrato que se infligieron a todo nivel durante su gestión, de las que fueron víctimas tanto personal subalterno como altos funcionarios, tomando en cuenta que estos últimos en su mayoría habían sido alumnos de ella en la UCA, a quienes veía probablemente desde una óptica materna como mozalbetes no muy avezados en la vida o en su profesión. En algunos de estos funcionarios advierto una actitud que pasa de los linderos de la lealtad al masoquismo, pues no obstante sufrían el aguijón del maltrato verbal, en ocasiones defendían de manera vehemente a la Titular frente a terceros. 
                                                   

     

                                           
En efecto, con excepción de la doctora Dafne Yanira Sánchez (Procuradora Adjunta general), graduada de la Universidad José Matías Delgado y el licenciado Antonio Aguilar Martínez (Procurador Adjunto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), graduado de la Universidad de El Salvador, los demás eran egresados de la UCA y exalumnos de Alamanni: David Ernesto Morales (Procurador de Derechos Civiles), Raquel Caballero (Procuradora de la Mujer), Lorena Argueta de López (Procuradora de Medio Ambiente), Alexander Kellman (Procurador de la Niñez y Adolescencia), Sonia Guandique (Secretaria General), Ernesto Villalobos Ayala (Secretario Privado), Jesús Gonzalo Contreras (Jefe del Departamento Administrativo). Al retiro de Kellman asumió la Adjunta de la Niñez Luis Enrique Salazar.

                                        
El único funcionario que vi desafiar a la doctora de Carrillo, en un gesto de dignidad, fue a Ricardo Iglesias Herrera, Jefe del Departamento de Análisis y Realidad Nacional, también ex alumno de la UCA. Sucede que a Iglesias lo involucraron como testigo de cargo en un proceso disciplinario contra Miguel Ernesto Alfaro, por usar los radios institucionales para mandar al personal mensajes contra la Titular. Al ver el nombre de Iglesias relacionado en la notificación de la apertura del informativo, le dije a éste y de inmediato subió al despacho bien molesto, diciendo que no le gustaba que lo involucraran en esas cosas. 

                                      

El trato hosco desembocó en renuncias, al punto que a solo seis meses de haber asumido su cargo renunció la doctora Dafne Yanira Sánchez, Procuradora Adjunta, tal como lo revela El Diario de Hoy del 1 de marzo de 2002, bajo el título “Renuncias en la PDDH”, mencionándose también la renuncia la Jefa de Denuncias. Me llama la atención que la noticia relaciona que una de las empleadas de la sección de Tutela, área que dirigía Sánchez, murmuró: “Es un gran error que se vaya. Otros también se van por los maltratos” y de inmediato simuló cerrar un zipper en su boca. Agrega el reportaje que es la única que se atrevió a dejar salir el disgusto que rondaba en toda la institución. 

Un hecho que tuvo gran connotación a nivel mediático fue el altercado entre la doctora de Carrillo y el reportero de El Noticiero de Canal 6, Medardo Alfaro, que fue cubierto por cierto por ese canal y por El Diario de Hoy del 3 de agosto de 2002, bajo el encabezado “Piden destitución de Beatrice de Carrillo”, relaciona la opinión del abogado Eulogio Guerra Payes (ex Inspector General de la PNC) en el sentido que la intolerancia de la funcionaria al agredir de manera verbal a un periodista televisivo y a un Diario, pone en entredicho su capacidad para velar por los derechos humanos.

Refiere el matutino: “el temperamento de la Procuradora Beatrice de Carrillo ha provocado la renuncia, en menos de un año, de seis funcionarios claves en la entidad: un jefe de prensa y un asesor de comunicaciones fueron los últimos en dejar la institución”. Añade que el abogado Guerra Payés había pedido a los diputados el día anterior que destituyeran a la Procuradora quien acusó a un reportero del Canal 6 de “hacer el trabajo sucio de El Diario de Hoy”.  

                                          

Recuerdo que llegó al Departamento de Resoluciones, ubicado entonces en la esquina de la Novena Avenida Norte y Quinta Calle Poniente y hizo algunas recriminaciones por el desempeño del personal. Se quejaba de personas que pedían muchas incapacidades. Cuando llegó cerca de mi espacio laboral espetó: “Aquí es donde hacen los famosos panfletos”. Al retirarse la Procuradora, la licenciada Marta Gloria Flores Guardado, Jefa del Departamento, sacó un pañuelo y se desahogo en llanto.

El Diario de Hoy, publicó el 9 de septiembre de 2003, bajo el encabezado “Denuncian a Procuradora”, que empleados PDDH acusaban a la Titular, Beatrice de Carrillo, de maltratos físicos y verbales al personal de la institución y poca capacidad administrativa. Relacionan que sin dar detalles sobre las denuncias, Miguel Ernesto Alfaro y Salvador Cáceres dijeron que la funcionaria dice velar por los derechos de las personas pero que no respeta los de sus trabajadores, sobre todo, los de aquellos que se atreven a cuestionar su capacidad. A su vez pidieron a la Corte de Cuentas de la República realizar una auditoría sobre la administración de los recursos. Añadieron que los conferencistas no revelaron el por qué de tal petición, dijeron que los peritos tendrán las respuestas.

                                   

                                                     

A nivel de vox populi trascendió que la doctora de Carrillo recorrió la vetusta casa donde operaba Denuncias y Procuración, ubicada en la esquina de la Séptima Avenida Norte y Quinta Calle Poniente, y muy enfadada por la mora dijo algo así: “Mejor quemen los expedientes, tal vez el humo les ayuda a pensar mejor”. Trascendió también que le dio una severa regañada al licenciado Gregorio Arturo Palacios, entonces Coordinador de Tutela.

Por iniciativa de la Procuradora nos impartieron un diplomado muy bueno denominado “Estado de Derecho y Derechos Humanos”, con la participación de destacados expo

sitores: Luis Enrique Salazar, Ricardo Iglesias Herrera, David Ernesto Morales, Carlos Rafael Urquilla, Juan Antonio Guzmán Cardona (sociólogo) y Herbert Walter Aquino Silva (experto en derecho penitenciario). De repente Beatrice de Carrillo llegó cuando estábamos haciendo un examen, y le pareció que alguien estaba copiando, y dijo que era una vergüenza que a ese nivel no estudiáramos, no aprovecháramos debidamente un curso y se expandió reprochando ese comportamiento irregular.

Otro hecho cuestionable es el que tuvo lugar en una reunión de la Procuradora con el personal jurídico y aquella se percató de la presencia de la compañera, Yeny Danila Acosta, quien con el apoyo de ASEPRODEH se había resistido a renunciar, luego de haber retornado a la institución en septiembre de 2005, un mes después de haberse agotado un permiso. 

                                                

La administración le prohibió el ingreso, le retiraron sus expedientes y se le suspendieron los salarios, pero nunca hubo un acuerdo de suspensión previa con base al artículo 58 de la Ley de Servicio Civil y Yeny continuó llegando a la oficina. La doctora de Carrillo cuando la vio se enfadó y le recriminó por qué estaba allí, infligiéndole un trato muy despectivo. Lo más sorprendente de todo fue la reacción de Yeny que se mostró imperturbable, serena, en ningún momento se quebrantó a los ojos de quienes veíamos atónitos la reprimenda.