VENTURAS Y DESVENTURAS EN LA FGR

Por Joaquín Rivera Larios

Antes de iniciar mi periplo en la Fiscalía General de la República (FGR), oficie matrimonios, tramité diligencias de asentamiento subsidiario de nacimiento, uno que otro juicio ejecutivo y concluí mis practicas penales y civiles en los Juzgados Séptimo de lo Penal y Primero de lo Civil de San Salvador, a cargo en su orden de los doctores Edgardo Cierra Quezada y Mario Alberto Flores Hidalgo (QDDG).

Mi compañero de estudios Carlos Alfredo Cativo Sandoval, hijo del reconocido abogado tecleño, doctor Carlos Mario Cativo Rivas, se retiró de la FGR donde había fungido con mucho éxito, desenvolviéndose con acierto en casos muy delicados, como el proceso penal que se siguió contra Luis López Cerón, el Ministro de Obras Públicas del régimen democristiano (1 junio de 1984- 1 junio de 1989), funcionario que coordinó la recolección del ripio derivado del terremoto del 10 de octubre de 1986.

                                        

Una bendita mañana de septiembre de 1992, vi a Carlos Cativo en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en las instalaciones provisionales en que estaba después del terremoto del 10 de octubre de 1986, y me contó que había dejado la FGR y que las autoridades de esa institución  le pidieron que recomendara una persona que se quedara en su lugar y me dijo que valorara si quería enrolarme en la FGR.

Así fue como me fui entrevistar con el doctor Salvador Edmundo Chica Helena, en ese momento Fiscal General Adjunto, antes había sido Fiscal General de Hacienda y Director para la Defensa de los Intereses del Estado. A finales de los noventa y principios del nuevo siglo  fungió como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, cuando el Consejo era presidido por Rafael Durán Barraza. 

                              

                     

Cuando llegue a ver al doctor Chica Helena en su despacho, éste estaba preparando el discurso que correspondía pronunciar al titular de la Fiscalía con motivo del mes cívico en septiembre de 1992. En el período de Alfredo Cristiani, todos los días previos a la independencia habían desfiles y actos en la Plaza Libertad, y el gobierno asignaba un día del mes a cada institución.

                            

El doctor Chica Helena me pidió las notas de la Universidad de toda la carrera y alguna recomendación de algún personaje importante de la política. Me preguntó si había litigado en materia penal, desafortunadamente no había tenido experiencia en litigios penales. Acto seguido en mi presencia se comunicó telefónicamente con el Fiscal General, Roberto Antonio Mendoza Jerez (QDDG), quien autorizó mi nombramiento. 
                                                              

     
                                                            
Fue así como en virtud de acuerdo número 299 del 18 de septiembre de 1992, rubricado por el entonces Secretario General, Maximiliano Monterrosa Henríquez (QDDG),  me designaron en la Plaza de Colaborador de Segunda Clase y no en la plaza de Fiscal Específico que estaba vacante. Pero las funciones eran de Agente Auxiliar de la FGR, adscrito a los ahora extintos Juzgados de Hacienda.

LOS ORIGENES DE LA FGR

La Fiscalía General de la República de El Salvador, tiene su origen en la Constitución de 1950, donde se estableció que el Ministerio Público lo constituirían la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de Pobres, definiendo las atribuciones de ambas Instituciones y confiriendo a la Fiscalía, la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad; la denuncia y la acusación ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia de los funcionarios implicados en delitos; la acción en todos los juicios penales que dan lugar a procedimiento de oficio; la representación del Estado en toda clase de juicios y contratos que determine la ley y la defensa de los intereses fiscales.

Esas facultades y atribuciones constitucionales, llevaron en 1952, a la emisión de la primera Ley Orgánica del Ministerio Público, con la cual nació de manera oficial, la Fiscalía General de la República, estableciéndose además de sus atribuciones, la estructura de funcionamiento, distribución y personal con que contará la Institución.


La Constitución de 1983, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, estableció en su Art. 191 que el Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos; elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los Diputados electos, es decir, antes eran 56 votos, hoy con la reducción de los diputados a 60 la mayoría calificada se obtiene con 40 votos.

El ejercicio de sus cargos será de tres años y podrán ser reelegidos. La destitución solamente procederá por causas legales con el voto de los dos tercios de los Diputados electos.

FISCALES GENERALES A LO LARGO DE SEIS DECADAS

Los regímenes militares, bajo la cobertura partidaria del partido de Conciliación Nacional (PCN), eligieron cuatro Fiscales Generales Ricardo Ávila Moreira (1962-1967), Francisco Arturo Samayoa (1967-1972), Alberto Castro Núñez (1972-1977), Fabio Hércules Pineda (1977-1979), cuando los presidentes de la República  y no la Asamblea Legislativa elegían al Fiscal General y al Procurador General de Pobres.

La Junta Revolucionaria de Gobierno nombró tres Fiscales: Roberto Suarez Suay (1979), Guillermo Guevara Lacayo (1980), Arturo Argumedo (1981-1982). El Gobierno de Unidad Nacional del doctor Álvaro Magaña Borja (2 de mayo de 1982-1 de junio de 1984), eligió al doctor Mario Adalberto Rivera (1982-1984).

                                

El día 22 de mayo 1985 fue destituido el doctor José Francisco Guerrero (Santa Tecla, 2 de marzo de 1937-Santa Tecla, 4 de julio de 1994), por la Asamblea Legislativa dominada por el PDC, en su lugar fue nombrado Santiago Mendoza Aguilar. Guerrero fue restituido en su cargo de Fiscal General el 12 de diciembre de 1985 por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que anuló el nombramiento de Mendoza Aguilar.

El doctor Girón Flores fue destituido por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de 1988, a petición del entonces diputado, mayor Roberto D´Aubuisson, ese mismo día lugar fue nombrado José Roberto García Alvarado, quien duró menos de cuatro meses en el cargo, ya que fue asesinado el 19 de abril de 1989.

En medio de la conmoción y el pánico generados por el asesinato de su predecesor, el 28 de abril de 1989 fue juramentado el doctor Mauricio Eduardo Colorado,  robusteciéndose la seguridad con la que el nuevo Fiscal contaría. En abril de 1990 dejaría el cargo Colorado y asumiría el doctor Roberto Antonio Mendoza Jerez. El 30 de  junio de 1993  fue electo el doctor Manuel Laínez Méndez  que renunció a los pocos días  y luego el doctor Romeo Melara Granillo que condujo la FGR hasta 1996.

Le correspondería al doctor Manuel Córdova Castellanos (junio1996-junio1999) implementar la reestructuración y expansión de la FGR en oficinas departamentales en los trece departamentos del país, más oficinas fiscales en San Marcos, Soyapango y Apopa, para hacerle frente a las exigencias de los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, que entraron en vigencia en abril de 1998. 

                                            

                                            

El 23 de noviembre de 1999 fue electo con 139 días de atraso, Belisario Amadeo Artiga, quien es el único Titular en seis décadas en ser reelecto, cumpliendo su segundo período el 24 de noviembre de 2005. Le sucedió en la FGR Felix Garrid Safie Parada (abril 2006-abril 2009), quien fue Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros de mayo de 1999 a abril de 2006. 

                                            

El 19 de septiembre de 2009 fue electo Fiscal General Romeo Benjamín Barahona Meléndez,  cuyo mandato expiró el 18 de septiembre de 2012.  En abril de 2012,  con cinco meses de antelación al inicio de sus funciones  fue electo titular de la FGR,  Astor Escalante Saravia por la Legislatura 2009-2012, para el período 19 de septiembre 2012-18 de septiembre de 2015.

La Sala de lo Constitucional en sentencia pronunciada a las 10:00 horas del 12/07/2012, con motivo del recurso de inconstitucionalidad Ref. 29-2012, invalidó el nombramiento de Astor Escalante.

EL FISCAL MENDOZA JEREZ

El Fiscal General de la República en el trienio 1990-1993, era el doctor Roberto Antonio Mendoza Jerez, fallecido el 28 de octubre de 2013. Fue Viceministro de Relaciones Exteriores en el período del Gral. Carlos Humberto Romero (1 de julio de 1977-15 de octubre de 1979), Jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Civil, Presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto en los años noventa, profesor de Teoría de Estado en la Universidad Alberto Masferrer y Derecho Internacional Privado en la Universidad José Matías Delgado.

 

ANECDOTAS

Un lunes 21 de septiembre de 1992 de manera impensada, ya estaba en el Departamento de Procuración de la FGR, cuyo jefe en ese momento era el licenciado Juan José Guzmán Castillo que renunció al cargo a los meses para irse a trabajar al Ministerio de Hacienda. Lo sustituyó la licenciada Rosa Helda Hernández. El Director para la Defensa de los Intereses del Estado, era el doctor José Pedro Avalos Laguardia.
                                            
                                                        
El Departamento de Procuración se dividía en un área civil y en un área penal, donde se veían peculados, negociaciones ilícitas, exacciones, enriquecimiento ilícito, y demás delitos contra la Hacienda Pública. Muchos de los casos que se promovían eran por remisión de arqueos que hacía la Corte de Cuentas de la República. 

En 1992 la FGR era una oficina minúscula, con escasa tecnología, comparada con el gigantesco aparato que ahora es, con cerca de veintiséis sedes, incluyendo las trece oficinas departamentales y las cuatro locales (Apopa, San Marcos, Mejicanos y Soyapango). La mayoría de oficinas operaban con maquinas manuales de escribir. Los fiscales se desplazaban desde San Salvador a cubrir diligencias en todo el país, especialmente vistas públicas con jurados.

La sede central estaba ubicada en Edificio PRODISA, Séptima Avenida Norte, Final pasaje 3, Urbanización Santa Adela, Centro de Gobierno (el edificio que aparece en la foto que antecede  y que actualmente ocupa la Dirección General de Centros Penales). En esa época solo existía la Oficina Regional de San Miguel. Yo estuve presente en 1995 en la inauguración de la Oficina Regional Paracentral de la FGR, con sede en San Vicente, cuyo primer jefe fue José Carlos Cornejo Palomares.  

 

Mis primeros días como Agente Auxiliar de la FGR fueron marcados por la agonía y trágica muerte de Freddy Zelada, el popular cantante de “Mentiras”, tonada de Marito Rivera y su grupo Bravo, quien falleció el 6 de octubre de 1992, luego de ser impactado por un microbús de la ruta 9 cuando viajaba en su moto en el Barrio San Jacinto de San Salvador. En esos días el estribillo de su canción “He vuelto a recordar”, me caló hondo: “Quiereme sin condición/entrégame tu corazón/porque siempre/en mi mente vives amor…”

A raíz del escandalo financiero que estalló en noviembre de 1992, con motivo al cierre de operaciones de la sociedad Fomento de Importaciones y Exportaciones (FOMIEXPORT), que se le atribuía una defraudación de cuatrocientos millones de colones a cerca de cinco mil ahorrantes, se nos pidió agilizar todos los casos que tuviéramos de sociedades en situación de irregular que nos informaba la Superintendencia de Sociedades y Empresas Mercantiles.

Un par de días llegaron cientos de afectados a la FGR y varias secciones de la institución, nos tuvimos que abocar a tomar denuncias de esas ofendidos, que narraban haber perdido los ahorros de todo una vida, enfermedades y muertes aceleradas por la angustia y la depresión.

Veíamos muchos casos de corrupción, participé un en el interrogatorio de un auditor de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que le había hecho reparos a un alcalde. Me contó el auditor que se había visto obligado a renunciar a la CCR porque el alcalde lo acusó que los reparos en la auditoría eran producto de una represalia, porque el edil se había negado a darle un soborno.

                                                                

Un caso emblemático en aquel momento que se investigó con mucho rigor fueron los daños que un joven ocasionó al rostro y a la mano la estatua de Cristóbal Colon, que se alza a la par del portón principal del Palacio Nacional. De reojo vi los álbumes fotográficos que la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD) recopiló escrupulosamente los seguimiento que se le hizo al hechor desde el momento justo que causó el daño y con posterioridad al mismo, cuando se desplazaba por la calle.

Un trabajo de indagación altamente profesional, que si no me equivoco lo hizo un investigador con cursos de especialización en el FBI, que después apareció vinculado al homicidio del comandante del FMLN, Darol Francisco Veliz, hecho perpetrado el 25 de octubre de 1993 mientras dejaba a su pequeña hija al kinder. 

El Juez Primero de Hacienda era Carlos Guillermo Muller Delgado,  y el Secretario, Roberto Antonio Urrutia Cáceres; el Juez Segundo de Hacienda era Carlos Alberto Panameño Ortiz y el Secretario, René Arévalo Pujol. En este último juzgado a principios de los noventa fue Secretaria mi compañera de estudios, Claudia Raquel Méndez.

Por supuestos actos que menoscaban la labor de la FGR, el Secretario del Juzgado Primero de Hacienda, fue sujeto de una queja ante la Corte Suprema de Justicia por parte de algunos agentes auxiliares, frente a la cual Urrutia manifestó sentirse sorprendido porque a su juicio nunca había estropeado el trabajo de los agentes auxiliares.

Recuerdo que una vez me citaron del Juzgado Primero de Hacienda para una diligencia de destrucción de licores a las 10:00 de la mañana y eras las 10: 20, no se vio ninguna acción del tribunal para cumplir la diligencia. Cuando consulté a Urrutia Cáceres si se iba a realizar la misma, me contestó que fuera al albañal que estaba en la acera anexa al juzgado para constatar que los licores habían sido destruidos.

                                                    
                                                                        
Con Luis Edgardo Vides Martínez, nos asignaron una causa por una malversación de alimentos atribuida a un profesor que pertenecía a ANDES 21 de Junio (Asociación Nacional de Educadores), el caso había sido muy bien documentado por la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos (CIHD), creada por ley durante el período de José Napoleón Duarte, y que entre bastidores era señalada de armar casos con trasfondo político. 

                                        

Este proceso generó una airada protesta del entonces Secretario General de ANDES 21 de Junio, profesor Julio César Portillo, que llegó con periodistas de radio y televisión a reunirse con el Fiscal General Adjunto, doctor Salvador Edmundo Chica Helena, y a calificarnos a los fiscales de incompetentes  ante los medios de comunicación en tono bastante confrontativo.

Vides Martínez tenía  22  años y yo 24 en esa época,  debo confesar que nos asustamos. Después de la reunión con el Secretario General de Andes 21 de Junio, acompañamos al doctor Chica Helena en una conferencia de prensa en la que defendió la posición institucional. Al final de la conferencia el Fiscal Adjunto escuetamente nos dijo: “Una raya más al tigre”.

                                

Mientras no se había implementado la oralidad en los procesos penales, era usual que se interrogara testigos de cargo o de descargo en ausencia del juez, solo con la presencia de la resolutora que transcribía la declaración en las maquinas de escribir manuales, el defensor y el fiscal. Al no haber una figura de autoridad que dirigiera los interrogatorios, se daban excesos.

En ese contexto, presencié sin ser el fiscal asignado al caso, el interrogatorio de un arqueólogo estadounidense que declaraba en un proceso sobre destrucción de patrimonio cultural, por parte de una empresa urbanizadora. El defensor de la sociedad constructora era el famoso abogado Juan Jerónimo Castillo (QDDG), quien con voz fuerte y en un tono efusivo interrogaba al arqueólogo, pretendiendo hacerlo incurrir en contradicción y modificar su declaración, sin que hubiese un juez que dirigiera el interrogatorio y sin el que el fiscal pudiese contrarrestar el ímpetu del defensor.

En mi estancia de nueve meses en la FGR, entendí que el Fiscal tiene cierta libertad de acción, pero siempre que sea para acusar, pero hacer una petición favorable al reo sin consultar con el superior jerárquico, puede significar el fin de la relación laboral con la institución. 

La CCR nos remitió un arqueo contra un ex director del Centro de Rehabilitación de Ciegos, por manejos de fondos públicos en cuentas bancarias privadas. El monto reclamado eran quince mil colones. El delito imputado era peculado.  Interpuse requerimiento en el Juzgado Primero de  Hacienda, con base en los procedimientos regulados en el Código Procesal Penal de 1973.

Una vez admitido judicialmente  el requerimiento fiscal, el imputado, de manera muy respetuosa y educada, de inmediato se puso en comunicación telefónicamente conmigo y me solicitó que este tema  no fuera a trascender a la prensa  y que él pagaría el monto reparado. Con el aval de la Jefa del Departamento de Procuración, le ofrecimos un plan de pago de tres cuotas de cinco mil colones cada una, pagaderas los días quince de cada mes, cuotas que cumplió a cabalidad y mi persona solicitó al tribunal el sobreseimiento definitivo.          

Conocimos un hecho de negociación ilícita en el que un síndico en su carácter personal vendió un camión a una tercera persona en cinco mil colones, y luego esta última vendió el mismo vehículo a una Alcaldía de Usulután en cincuenta mil colones. La CCR en su arqueo determino que el camión había sido vendido con sobreprecio, ya que ni por cerca valía ese monto. El meollo era determinar qué miembros del Concejo Municipal que autorizó la compra, sabían la defraudación a la comuna que se hacía con tal compraventa.

Llamamos a varios concejales para interrogarlos, a fin de indagar que tanto sabían de ese negocio oscuro. Sin manejarse hace treinta años un conocimiento de técnicas de oralidad y de interrogatorio, como se estila hoy, me sorprendió la habilidad para interrogar testigos e imputados que mostró mi Coordinadora, licenciada Migdonia Mariel Martínez Zavaleta, quien interrogó de diferentes formas a los testigos durante un par de horas, para desentrañar si ellos conocían el trasfondo de esa transacción turbia. Al final determinamos que no podíamos atribuirles dolo, es decir conocimiento y voluntad de cometer el ilícito.

Se dio un caso en uno de los Juzgados de Hacienda, en el que hice 

una petición a favor de un imputado que llevaba dos años detenido por el hurto de un televisor de una escuela. La Jefa del Departamento de Procuración me llamó diciéndome que este tipo de peticiones no se podían hacer sin consultar con el superior jerárquico, porque generaban dudas sobre los motivos que impulsaba al fiscal a formular esas solicitudes.

En el Departamento de Procuración interveníamos en representación del Estado en procesos por despido injusto que trabajadores promovían en las Cámaras de lo Laboral. Uno de estos casos fue el incidente de apelación referencia CLS315.95,  que promoví en la Sala de lo Civil de la CSJ, contra sentencia de la Cámara Primera lo laboral proveída a las 8:30 4/06/1993, en la que se condenó al Estado a pagar una suma en concepto de salarios no devengados, y otra en concepto de prestación pre y post natal.

Era el caso de una señora despedida del Ministerio de Salud, en estado de embarazo, quien me suplicó que desistiéramos de nuestra apelación. Tantas fueron sus suplicas que le pedí a la Jefa del Departamento de Procuración que la recibiera, confiriéndole ésta audiencia, pero la jefatura posteriormente me reconvino en el sentido que no se pueden dar concesiones, porque el departamento estaba para defender los intereses del Estado y si se puede evitar que el estado pague una prestación, había que hacerlo.

Tuvimos un diferendo con nuestra secretaria, Regina Flores, una persona ya de edad, cercana a la jubilación, porque un grupo de fiscales le presentábamos nuestros escritos manuscritos y ella los transcribía en las antiguas máquinas de escribir manuales, labor en la cual se tomaba la tarea de hacerles algunas modificaciones.

Le planteamos la inquietud al Jefe de Departamento y ella se molestó, increpándonos que agradeciéramos su colaboración secretarial, porque lo hacía para que no quedáramos mal en los tribunales con nuestros planteamientos erróneos o mal redactados a su criterio.

Estando en la Fiscalía llegó Florentín Meléndez a darnos una capacitación sobre Derechos Humanos, cuando era oficial Jurídico de ONUSAL, junto a Felipe Villavicencio, jurista peruano de altos quilates ya fallecido, y nos obsequio un libro sobre los principales tratados en Derechos Humanos que tenía un lápiz en la portada.

Uno de los eventos más memorables en la FGR fue la fiesta del “Día del Abogado”, celebrada el 30 de junio de 1993, en el que gozamos de la participación estelar del vocalista José Mario Machado Calderón, gran cantante y coreógrafo, acompañado por excelentes músicos:  Benjamín Ernesto Rivas Sermeño (guitarra), Moisés Arias (teclado), Edwin Flores (bajo), Keneth Bain(batería), imprimiéndole sabor y ritmo una velada inolvidable.

Mis últimos días en la FGR transcurrieron en medio del escandalo que generó la designación de Lázaro Tadeo Bernal Lizama (San Miguel, 31 de enero de 1950- San Salvador, 4 de julio de 2005), como Procurador General de la República, ya que existía una denuncia de la compañera de vida de Bernal en el Juzgado Noveno de lo Penal interpuesta el 24 de julio de 1992 por una golpiza recibida en la acera de su casa cuando solicitaba a Tadeo Bernal ayuda alimentaria para sus dos pequeños hijos. ( Revista El Salvador Proceso, UCA,  Julio 7 1993, año 14, número 570). Este escándalo obligó a Bernal a renunciar al cargo a los pocos días de haberlo asumido.

LA FISCALÍA BAJO ATAQUE

En enero de 2007, Mauricio Eduardo Colorado, Fiscal General del 28 de abril de 1989 a abril de 1990, publicó un libro llamado “La Fiscalía bajo ataque”, en el que relata sus días como Fiscal General. En el segundo capítulo del libro, Colorado afirma que desde que asumió el cargo se marcó como prioridad reunirse con el arzobispo de San Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas (1923-1994), escribe el exfiscal en su libro.

Aún no habían matado a los jesuitas. En otro capítulo, Colorado rinde tributo a los militares: “Vaya, pues, en esta oportunidad mi reconocimiento a todos los hombres de uniforme, por esa labor que cotidianamente desarrollan con tanto orgullo, y a los soldados del ejército por arriesgar su vida en nombre de la patria”.

                                    

El 18 de noviembre de 1989, dos días después del asesinato de los jesuitas, Colorado escribió una carta a Juan Pablo II. Según él, se sentía con el deber de notificar al papa su preocupación por la vida del arzobispo de San Salvador, Arturo Rivera y Damas, y de su auxiliar Gregorio Rosa Chávez. Si ya habían matado a seis jesuitas no era imposible que pudiesen asesinar a otros dos religiosos. En esa misma carta, el entonces Fiscal General prometió al papa esclarecer el asesinato de los jesuitas.

“No descansaré ni desmayaré en la investigación de los oprobiosos hechos criminales que segaron la vida de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas, hasta conseguir que se haga justicia y se castigue a los asesinos...'”, escribió. La carta, de acuerdo con el libro de Colorado, nunca llegó más allá de la nunciatura apostólica en San Salvador, pero sí se filtró a los medios de comunicación. 

En el capitulo IV narra otra discrepancia que tuvo el Fiscal  con el arzobispo  Rivera Damas y con el Presidente José Napoleón Duarte (1925-1990), en mayo de 1989  por la salida de unos lisiados de guerra de la guerrilla,  para recibir atención en el extranjero, ya  que el Fiscal era de la opinión que eso que no lo podía resolver solo el  Órgano Ejecutivo,  tenía que resolverse previo indulto concedido por el Órgano Judicial  o amnistía decretada por la Asamblea Legislativa. Colorado amenazó a Duarte que si dejaba salir a los lisiados le promovería un antejuicio, al final estos no salieron del país.       

En el libro relata cuando le proponen el cargo, que en ese momento nadie quería por el despiadado asesinato del antecesor, la juramentación.  El ataque en San Jacinto Guancorita, Chalatenango. El caso de la estadounidense Jean Casolo.  El manejo de su  seguridad personal. El asesinato de los sacerdotes jesuitas. La carta que salvó dos vidas. Una cena en la Nunciatura. La demanda judicial contra los cinco comandantes de la guerrilla. 

El ataque al hotel. El Movimiento Autentico Cristiano (MAC) partido disidente del PDC, pidió  su destitución. El caso del hospital. El poder de la Embajada Americana. Viaje de trabajo a los Estados Unidos. El apoyo de la gente común. Combatiendo la corrupción dentro y fuera de la Institución. Extrañas coincidencias.

COMPAÑEROS DE LA FGR

Al alternar con mis compañeros en el Departamento de Procuración de la FGR, comprendí que la posición de un profesional en la sociedad, depende en gran medida de su familia y de su ascendencia. Había un grupo de compañeros que eran hijos de importantes funcionarios de gobierno.

Esta situación privilegiada les comunicaba cierta madurez y conocimiento del manejo político de las instituciones, incluyendo algunos manejos y pactos que se dan detrás del telón, así como conocimiento de la trayectoria y la personalidad de abogados mayores, narrando anécdotas de algunos litigantes famosos. Yo percibía que veían la vida y el ejercicio profesional bajo el tamiz de la experiencia de sus padres. Era muy aleccionador hablar con ellos.

Para el caso, José Alberto Alas Gudiel hijo de Agustín Ernesto Alas, Secretario General de la Procuraduría General de la Republica (PGR); José Mario Machado Calderón, hijo de José Vicente Machado Salgado, Procurador General de la República (1990-1993); Mario Donald Salazar era hijo del Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del mismo nombre; René Ayala Olivares, hijo del doctor René Ayala Mendoza, Magistrado de la Corte de Cuentas de la República; Carlos Mauricio Molina Renderos, hijo del doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (1992-1995); Walter Gilmar García Martínez, era hijo de la entonces Alcaldesa de Tapalhuaca, departamento de La Paz.

También tengo presentes otros compañeras que laboraban en el Departamento de Procuración de la FGR: Ciro López,  Gabriela Elisa Pimentel Cuellar, María de los Angeles Vanegas, Ana Ruth Martínez, Merlyn Judy Dinarte Hernández, Patricia Salaverría, todos ellos compañeros y compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad José Matías Delgado. La coordinara de área penal del Departamento de Procuración era la licenciada Migdonia Mariel Martínez Zavaleta.

En el grupo también estaban: José Leonidas Quijada González (Coordinador del Área Civil que veía la recuperación de multas e impuestos adeudados), Douglas Anselmo Castellanos Miranda,   Benjamín  Ernesto Rivas Sermeño, German Gilberto Pérez, Rosa Cecilia Santos de la Cruz, Luis Edgardo Vides Martínez, Norma Alicia Pérez, Silvia Alas de Cativo, Cristina Campos Ventura, Sandra Mercedes Garzona, Carlos Fuentes, padre del conocido fiscal, Juan Carlos Fuentes Villareal.

Otros compañeros fiscales de otras unidades que recuerdo de esa época: Jorge Figeac Cisneros, José Renato Mendoza Flores (QDDG), Ricardo Javier Portillo Toruño (QDDG), Miguel Ángel Francia Diaz (QDDG), David Ulises Villatoro,  Rafael González Núñez, José Roberto Garay Pineda, cuyo hermano Rodolfo Garay Pineda, también fue fiscal y en los años noventa fungió como Director General de Centros Penales. También estaba de Asesor el doctor Armando Rodríguez Eguizabal que en el primer lustro de los ochenta fue Presidente del Consejo Central de Elecciones.

Al menos eran cinco compañeras secretarias en el Departamento de Procuración, recuerdo los nombres de: Ana Roxana Campos de Ponce, Elisa Edith Acevedo, Adilia de Escamilla, Regina Flores y Marta de Ayala. Las tres primeras se graduaron posteriormente de licenciadas en ciencias jurídicas y cumplieron en la FGR roles de acuerdo a su profesión.