BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (III)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE VICTORIA DE AVILES (marzo de 1995-marzo de 1998) 

COMISIÓN DE DIÁLOGO

En septiembre de 1997 la doctora  Victoria Marina Velásquez de Aviles, designó una Comisión de Diálogo para tratar con la naciente organización. Fue integrada por Aracely Zamora Rivas (Procuradora Adjunta para la Defensa de la Mujer), Carlos Gonzalo Cañas (Procurador Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente) y el licenciado Antonio Aguilar Martínez (Jefe del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).                                                            

                                                

En la primera Comisión no tuvo mayor protagonismo el licenciado Aguilar Martínez, como ocurriría a partir de 2001, en esa época quien monopolizaba la palabra por su temperamento dominante era Araceli Zamora Rivas, procedente de una familia oriunda de Cojutepeque con raigambre política: hermana de Rubén Zamora Rivas, quien fuera Embajador de El Salvador en Washington, ex candidato a la presidencia por el FMLN en 1994 y del ex Procurador General de Pobres, Mario Zamora Rivas, asesinado el 23 de febrero de 1980.

Recuerdo que yo llevaba a la reunión como soporte los contratos colectivos del Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y un documento con los derechos y prestaciones del personal del Banco Central de Reserva, sumados a nuestra primera plataforma reivindicativa, a efecto de sustentar varias de los beneficios que hoy están consagrados en nuestro Laudo Arbitral. Un par de reuniones presididas por Araceli Zamora se volvieron casi un monólogo. Percibía que sus posiciones eran inflexibles, no transigía ni hacía concesiones a sus interlocutores.

                                                         

Al respecto la licenciada Zamora me recriminaba luego de mis intervenciones: “Pero Joaquín ¿Sabe usted cuantos años tienen de existir el sindicato del ISSS y del INPEP? No quiera lograr todo de la noche a la mañana”. Y el tiempo le dio la razón el primer Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo que rigió en la PDDH se aprobó en noviembre de 2012, es decir que demoró quince años a partir del inicio de la lucha gremial. 

                                                 

Por cierto Aracely Zamora, aparte del carácter imperativo que la caracterizaba, despertaba cierto pavor en algunos compañeros, porque se comentaba en los pasillos que en el ejercicio su cargo de Procuradora Adjunta de la Mujer, había intervenido en al menos en un par conflictos de violencia intrafamiliar que involucraban a empleados, en los que las esposas o compañeras de vida aparentemente habían interpuesto su queja.

En las reuniones escuchábamos reparos en términos abstractos al desempeño laboral del personal y algunas reconvenciones sobre lo que debería ser la conducta correcta de un servidor. Estos encuentros fueron desgastantes, frustrantes, en ningún momento percibimos empatía por parte de las autoridades y por otro lado, teníamos bases inconformes que ansiaban el logro de beneficios inmediatos.

LA INSTAURACIÓN DEL DOBLE RASERO

La actitud distante, desconfiada y hasta cierto punto hostil de la administración Avilés hacia la gestación y nacimiento de ASEPRODEH, contrastaba con el apoyo decidido que se brindó en esa gestión a otros gremios de trabajadores estatales, que llegaron a tener afecto y reverencia hacia la doctora Victoria de Avilés.

Relataba Pedro Alfredo Almendares, fundador y primer presidente de ASEPRODEH, que había sido sometido a una investigación secreta, que buscaba restringirle su margen de maniobra o probablemente disuadirlo para que no siguiera impulsando la asociación.

Según las narraciones verbales de Pedro, la investigación dio lugar a un expediente que tenían a mano, cuando él fue llamado al despacho para reconvenirlo, se dio cuenta que entre el fardo de documentos recopilados en su contra figuraba un examen que él había rendido cuando cursaba la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad de El Salvador y en el que expresó opiniones críticas hacia la gestión de Victoria de Avilés. Pedro solía preguntarse cómo ese examen había llegado a poder de la Titular.

En un pronunciamiento que hicimos cuando ya había expirado el mandato de la doctora de Avilés, censuramos esta práctica y la comparamos con los expedientes secretos que instruía John Edgar Hoover, el eterno Jefe en EE. UU. del Buro Federal de Investigaciones (FBI), contra políticos y otras personalidades, lo que le permitió amedrentarlos cuando lo querían destituir, así logró mantenerse en el cargo desde 1924 hasta su muerte en 1972.

La labor disuasiva surtió efectos, al punto que un par de reuniones vi titubear a Pedro Almendares,  replegarse en sus posiciones, a lo que sumó un nuevo hecho: cuando el personal fue llamado para firmar contrato no aparecía el que correspondía a Almendares. Luego del alboroto y la alarma, Pedro firmo el contrato. Este incidente fue denunciado en el boletín del 23 de marzo de 1998.

Pero afortunadamente para sus intereses, Pedro Alfredo Almendares Ayala, era un tipo taimado, que no se lanzaba del trapecio sin malla de protección, cuando se implementó la reforma al sistema penal en 1998, se crearon muchas plazas en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República y fue contratado como defensor público en la Agencia Auxiliar Departamental de La Paz, con sede en Zacatecoluca.

En contraste con el trato hosco que sufrimos los que fundamos ASEPRODEH, una actitud diametralmente diferente mostró la doctora de Avilés cuando en 1995 Armando Calderón Sol, entonces Presidente de la República, dispuso el despido de unos 15 mil empleados de las instituciones gubernamentales. Varios directivos de las asociaciones y gremios de los ministerios e instituciones autónomas fueron despedidos.                        

                                                                                             

                                                                  

Esto generó bastante demanda de la población despedida hacia la PDDH, y allí entró en acción Victoria de Avilés, haciendo gestiones a favor de varios trabajadores cesados, mediaciones con altos funcionarios y esto le permitió granjearse la simpatía de algunas asociaciones y sindicatos de trabajadores con mucho peso.

Recuerdo que cabildeando apoyos con organizaciones visité unas tres veces a directivos de la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) que tenía su local en la quinta planta del edificio dos de las Tres Torres. En ese local exhibían  retratos del Che Guevara, de Farabundo Martí y en el centro del salón colgaba la foto de la doctora de Avilés con el presidente de esa asociación. Se advertía que tenían gratitud y reverencia
hacia la funcionaria por sus ingentes gestiones a favor de los trabajadores.

El 8 de febrero de 1996 visitó el Papa Juan Pablo II El Salvador por segunda vez  y su agenda contemplaba una homilía en la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de San Salvador. Trabajadores despedidos del Ministerio de Obras Públicas, aglutinados en ATMOP, se tomaron un mes antes la Catedral que debía ser remozada para recibir al Santo Padre.

En las negociaciones para desalojar el templo intervino la doctora de Avilés, y cuentan que ante las reiteradas negativas de los trabajadores, la Procuradora dispuso ofrecerles trabajo a algunos de ellos en la Procuraduría. Los ocupantes abandonaron el templo, pero de todos ellos, solo uno recaló en la PDDH.

Ciertamente, de todos los ex servidores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que hubiesen querido ingresar a laborar a la institución, el único que perseveró de principio a fin fue Salvador Cáceres González, que desde aquella efemérides se le conoció como “Chamba Catedral”. Fue así que Cáceres hizo grandes “sentones” frente al despacho del entonces Secretario General de la Procuraduría, José David Grimaldi Villagran, hasta que fue contratado en el cargo de vigilante el 17 de junio de 1996.

                                                       

                                                                        
Cuentan que a raíz de un requerimiento que le hizo el Presidente de ATMOP a la doctora de Avilés, ésta dispuso al cierre de su gestión pasar a Salvador Cáceres González del régimen de contratos a ley de salarios.

                                   

                                                                                  

A partir de ese momento, ASEPRODEH ganó a uno de sus más fogosos, valientes y beligerantes líderes, que con megáfono en mano sacudía con sus discursos vibrantes y ácidas críticas  el edificio AMSA, ubicado en la Quinta Calle Poniente y Novena Avenida Norte, entonces sede central de la PDDH. Ya para 1999, Cáceres González había sido elegido Presidente de ASEPRODEH.

EL SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN

Una de las mediciones de fuerza más grandes que tuvimos con la administración Avilés, por el hecho de vencer el miedo, lograr que autorizaran el evento y ejercicio de la crítica al interior de la institución fue el seminario sobre “El derecho de asociación” que tuvo lugar el 30 de octubre de 1997 en el Auditorium de la PDDH, entonces ubicado en la primera planta del Edificio de la Cooperativa Algodonera, sobre la Séptima Avenida Norte.

En ese evento se contó con la participación de Ángela Durán, Presidenta de Asociación de Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ), el licenciado Luis Enrique Salazar Flores, consultor de FESPAD,  el compañero jurídico César Alí Espinoza, el licenciado Antonio Aguilar Martínez, entonces Jefe del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la PDDH y mi persona.

                                                                        

                                                            

                                                              

Recuerdo que Angela Durán, explicó su lucha al interior del Órgano Judicial, en una coyuntura en que habían hecho denuncias y protestas para evitar la reelección del doctor José Domingo Méndez en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (1994-1997), por una supuesta compra indebida de licor que ascendía a quinientos mil colones. El gran descontento radicaba en que el doctor Méndez no había querido recibir a los directivos ni atender sus demandas reivindicativas.


El licenciado Luis Enrique Salazar explicó los alcances jurídicos del derecho de asociación. En aquella época no se hablaba de la libertad sindical en el sector público, porque de conformidad al artículo 47 de la Constitución vigente solo podían sindicalizarse los trabajadores privados y los de las instituciones autónomas. Esta disposición fue reformada por decreto legislativo número 33 del 27 de marzo de 2009, posibilitándose la sindicalización de los empleados de la  administración pública.

Las intervención de Cesar Alí Espinoza,  jurídico del Departamento de Investigaciones, fue muy beligerante, denunció un mal uso de los recursos, lo que generaba carencias para atender la labor de tutela, para el caso ausencia de cámaras fotográficas, de vídeo para registrar hechos violatorios. Llamaba la atención su lenguaje florido, sus lances poéticos  y la solemnidad con la que hablaba, parecía que era un actor de teatro, lo que evidenciaba era su profundo enfado por la que a su juicio era la ausencia de una buena administración de la entidad.      

Mi persona también fue enérgica en los señalamientos, la mayoría de ellos ya estaban contemplados en la primera plataforma reivindicativa y sobre todo,  exhorté al personal a vencer el miedo, citando la historia del presidente estadounidense Franklin D. Rooselvet, que estando postrado en una silla de ruedas, hizo frente a la Segunda Guerra Mundial, al punto que acuñó aquella famosa frase: “A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo”.

Por supuesto, como era de esperarse, el licenciado Aguilar Martínez hizo una vehemente defensa del compromiso de la doctora de Avilés con los derechos laborales y las libertades sindicales, destacando que como muestra de su abnegación al trabajo había abandonado el ejercicio notarial.