BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (V)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE PEÑATE POLANCO

El 2 de julio de 1998, después de una prolongada acefalía, se embarcó en la institución el licenciado  Eduardo Antonio Peñate Polanco, quien experimentó una avalancha sin precedentes de ataques y denuncias sobre supuestos actos de corrupción cuando era Juez. Se cuestionó su ascenso de Juez de lo Penal a Magistrado de Cámara de Segunda Instancia en San Miguel y Cojutepeque, su idoneidad profesional, etc.

Ex docente universitario, nacido en  Santa Ana, donde actualmente reside y ejerce su profesión de forma independiente. La marea mediática de quejas y señalamientos en su contra, sumada a sus desaciertos administrativos, su falta de especialización en Derechos Humanos  y posiblemente a compromisos que debió honrar con los partidos que lo eligieron, le impidieron ejercer el rol Defensor del Pueblo. 

         
Sus amistades lo describen como un individuo jovial, de sonrisa espontánea y carcajada amplia, tremendo bromista con sus cercanos, un tanto despreocupado por cuestiones de fondo. Quizá impaciente e impulsivo, de pocas amistades, no muy popular en el gremio jurídico santaneco, pero totalmente identificable por sus colegas.

Un par de veces tuve cruces verbales con Peñate Polanco, advirtiendo en él su estilo franco y campechano. Una ocasión en el despacho me dijo más o menos así: “He estado en reuniones con Procuradores de Derechos Humanos del mundo, y estos Procuradores de Latinotinamérica son gañanes, solo viendo que le piden a los europeos pasan”.

Posteriormente en una reunión con el personal del Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos (ISDEH) Peñate nos dijo que no creyéramos cuando alguien decía que habla en nombre del Procurador, o que giraba instrucciones siguiendo sus directrices, que desconfiáramos y consultáramos directamente con él. A su vez nos incitó que si teníamos algún proyecto o una idea que pudiéramos aportar para mejorar el trabajo, que la diéramos y que él sabría reconocer el mérito del autor y “no saludaría con sombrero ajeno”.

                                                        

                                                                                                 

                                                                                       

Peñate Polanco sabía que un amplio segmento de servidores y servidoras se había sentido ninguneado o minusvalorado durante la administración Avilés, por eso dispuso hacer una fiesta dicembrina de lujo en el local de FUSAL Santa Elena, un agasajo nunca visto ni antes ni después, con la actuación del grupo show Espíritu Libre, Los Juniors de Santa Tecla y su voz líder Alirio Guerra, encontrándose dentro de los asistente el presentador del programa televisivo Variedades del Seis, Davis Rosales. La mayoría empleados salieron con canasta navideña. 

Estando en el ISDEH, me designaron en 1998 para que apoyara un evento de reconocimiento a los empleados distinguidos. Organizamos un acto en el Auditorium del Edificio de la Cooperativa Algodonera. Los premiados fueron Victor Antonio Bermudez Menjivar (jurídico), Beatriz Larín de Tepas (Secretaria), Lilian Noemy Zaldivar (trabajador social), René Eduardo Cárcamo (Delegado Departamental), entre otros. Me correspondió a mi ser el Maestro de Ceremonias de ese acto de reconocimiento.

DESPIDOS

Pese a todo el descrédito, Peñate llegó con la consigna de separar a la mayoría de altos funcionarios de la administración Avilés. Desde el principio los aisló y les retiró la comunicación, hasta forzarlos a renunciar, así se fueron retirando: José David Grimaldi Villagrán (Secretario General), Aracely Zamora Rivas (Procuradora Adjunta de la Mujer), Ruth Anabella Henriquez (Procuradora Adjunta de la Niñez), Carlos Castro (Director del ISDEH), David Josué Vanegas (Delegado Departamental de Sonsonate).                                                                         

                                                                   

                                                                                                 

Del grupo de Adjuntos solo sobrevivió el doctor Ruy César Miranda Lupone, Procurador de los Adultos Mayores, que falleció en noviembre de 2000 ostentando el cargo. Paradójicamente Miranda Lupone llegó a fungir como Procurador en funciones en algunas ocasiones, cuando Peñate Polanco se ausentaba. El Ingeniero Carlos Gonzalo Cañas había renunciado con anterioridad a la asunción de Peñate.
                                                        
Yo estaba como educador en el ISDEH y presencié la estrategia urdida para separar del cargo al Director Carlos Castro (1943-2018), un individuo de tez blanca, de lentes con aros gruesos, pelirrojo, con abundante bigote, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que figura en los anales literarios como novelista e historiador, autor de la novela histórica “El libro de los Desvaríos” que teje una madeja hilvanada de ficciones sobre la vida y ancestros del ex presidente Gerardo Barrios.

                              

Pues bien, para sustentar o justificar la separación de Carlos Castro, personeros de la administración Peñate Polanco recurrieron a la estratagema de “persuadir” al personal del ISDEH a fin de que girara una nota en la se puntualizaban supuestas irregularidades del funcionario en su gestión. Se valieron para ello de un compañero que promovió la adhesión a los reparos planteados y la recolección de firmas, ofreciendo mejoras para los empleados al cesar en sus funciones el director. Al final el único que obtuvo un suculento aumento salarial, fue el personaje que promovió la suscripción del cuestionable escrito.

En su lugar llegaron los nuevos Adjuntos: Marcos Alfredo Valladares Melgar (Adjunto General), Herenia del Carmen Moreira (Mujer), Gladys Ayala de Gavidia (Niñez y Adolescencia), José Raúl Trujillo (Medio Ambiente). A su vez se sumaron a la nueva gestión Eduardo Martinez Vides (Secretario Privado), Rosa Elena Ramos (Secretaria General), Omar González (Jefe de Transporte), Ana Isabel Carranza (Directora del ISDEH).

Al cierre de 1998, Peñate Polanco decidió convocar a varios empleados y empleadas que estaban bajo contrato, a una audiencia privada con él en la semana de vacaciones de diciembre. Previo a esa audiencia, hubo una reunión en el local Radio Maya Visión, ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Centroamérica, en la que estuvo David Ernesto Morales y Araceli Zamora Rivas, conviniéndose con los servidores no asistir a la convocatoria de Peñate. 

                                                    

El resultado fue que a los que no comparecieron a la audiencia, no se les renovó el contrato para 1999. De ahí que tal como puede comprobarse en la sentencia de amparo Ref. I-99 del 4 de marzo de 2000 la Sala de lo Constitucional no reconoció el derecho a la estabilidad laboral de los demandantes Katia Carolina Fernández Irizarry, Sandra Carolina Rivera Flores, José Humberto Morales, Nelson Amilcar González Cruz, José Guillermo Suncin Cárcamo, René Mauricio Mejía Méndez, Manuel Edgardo Lemus, por sostener que el 31 de diciembre había expirado el espacio temporal del contrato de trabajo.

En el marco de estas remociones, en 1999 tuve la oportunidad de estar en un evento del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que el licenciado Antonio Aguilar Martínez anunció su retiro de la institución, al parecer pasó a trabajar al Socorro Jurídico de la Universidad de El Salvador. Luego volvería a la palestra institucional como Procurador Adjunto de los Derechos de los Adultos Mayores en el 2001.                                                                                             

                       

                                                                               

El Diario de Hoy del 17 de diciembre de 1999 reveló que la oficina de Comunicaciones no cubre los eventos del Procurador, Peñate Polanco. La causa: el jefe de comunicaciones, Alirio Guerra (vocalista de Los Juniors de Santa Tecla), se negó a despedir a los empleados de esa oficina, tal como lo exigió el Procurador, según una fuente de la institución que prefirió guardar su identidad.

Reseña el rotativo que de acuerdo con el informante, un asesor de Peñate, identificado sólo con el apellido de Martínez  justificaba los despidos porque los empleados eran del FMLN. Esto inició el distanciamiento entre Guerra y Peñate, que en su momento más candente significó la contratación de un amigo del político Ronal Umaña: Rafael Rivera.

DENUNCIAS PUBLICAS

Estos despidos contribuyeron a activar la artillería verbal del entonces periodista Mauricio Funes, que tenía el programa “Sin censura “ en Canal 12 y de Benjamin Cuellar, que era Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), ambos lo acusaron de desmantelar la institución, al separar a cuadros muy cualificados. Recuerdo uno de los asesores que llevó Peñate solía decir: “Hay que sacar a la pequeña Habana de aquí”.

En respuesta a sus detractores, Peñate señaló a la opinión pública que tanto Mauricio Funes como Cuellar habían recibido beneficios económicos de la institución, Funes al parecer había asesorado un proyecto en el área de comunicaciones. Cuellar en respuesta promovió un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para poder procesar a Peñate por difamación, como puede advertirse en la sentencia de amparo 825-99 del 23 de octubre de 2001. 

También David Ernesto Morales, ex jefe del Departamento de Investigaciones en su calidad de Director del proyecto de Fortalecimiento de la PDDH en materia de Seguridad Pública y Política Criminal, auspiciado por ASDI del Reino de Suecia, denunció a la gestión Peñate Polanco por actos de seguimiento al equipo que ejecutaba dicho proyecto. Un empleado de nombre Oscar Sansivirini al parecer era testigo de los supuestos actos arbitrarios.

El Diario de Hoy en una publicación del 19 de octubre de 2000,bajo el encabezado “Piden renuncia de 4 jefes de Procuraduría” menciona que el coordinador de Proyectos de la Cooperación Sueca, David Morales, llamó a las autoridades a investigar a Peñate por administración fraudulenta y actos arbitrarios.

DEMANDAS EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

En la red se pueden apreciar al menos dos sentencias de sobreseimiento contra el nombramiento de Eduardo Peñate Polanco, una de amparo 227-98 del 20 de marzo y otra de inconstitucionalidad 2-99 del 30 de marzo, ambas del 2000.

En la primer demanda los impetrantes se manifestaron contra la Asamblea Legislativa por considerar el nombramiento de Peñate violatorio de los artículos 1, 2, 3, 86 inciso final y 235 de la Constitución, dado que el funcionario carecia de competencia y moralidad, requisitos señalados por delegación constitucional (art. 192 inciso final Cn.) en los artículos 5 y 6 de la Ley de la PDDH.

La demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo No. 342 del 2-VII-1998, en virtud del cual fue elegido el Procurador fue también por incumplir los requisitos éticos y légales que exige el cargo, sobreseyendo la Sala de lo Constitucional en ambos casos por haber renunciado el funcionario el día 8 de febrero de 2000 y ya no tener vigencia el acto impugnado al momento de pronunciarse las sentencias.

En la sentencia de inconstitucionalidad consta que el Fiscal General de la República al contestar el traslado que se le confiere hace alusión a documentos que obran en su poder que supuestamente acreditan la inidoneidad del profesional elegido, a saber: documentos del Consejo Nacional de la Judicatura que revelean desempeño insatisfactorio en el ejercicio del cargo  de juez, denuncias en la PDDH cuando fungió como Juez Segundo de lo Penal de Santa Ana, denuncias en el Departamento de Investigación Judicial, entre otras probanzas.

Además, se puede ver en la red la sentencia dictada con motivo del proceso contencioso administrativo 145-C-99 en el que se impugna el nombramiento de Peñate, pero la demanda  fue desestimada mediante sentencia del 26 de octubre de 1999, por haberse interpuesto  fuera del plazo legal de 60 días que establecía el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

ANTEJUICIO Y RENUNCIA

La clase política se negaba a destituir a Peñate, resistiendo los embates de la opinión pública, de las organizaciones sociales y la cooperación internacional que habían luchado de manera más o menos coordinada durante un lapso de quince meses, entre estas organización figuraban el IDHUCA, ASEPRODEH, la cooperación sueca, al punto que El Diario de Hoy reveló en su edición del domingo 28 de noviembre de 1999, las palabras de Juan Duch Martínez, Presidente del Congreso: "la destitución de Peñate sólo es un rumor"

Juan Duch, dijo que los señalamientos hechos por el Partido Liberal Demócrata (PLD) no son ciertos. Los acuerdos entre ARENA y FMLN para destituir al actual procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, son simples rumores.

No obstante, las denuncias y objeciones tuvieron tanta relevancia que El Diario de Hoy del sábado 11 de diciembre de 1999 anunció “En enero se definirá destino de Eduardo Peñate Polanco”, especificándose que el próximo viernes (17 de diciembre), los diputados iniciarán la investigación. El procurador podrá defenderse el año entrante (2000).

                                      

     

Refiere la nota periodística que la subcomisión investigadora, formada por Nidia Díaz (FMLN), René Figueroa (ARENA) y Kirio Waldo Salgado (PLD), iniciará el proceso, formalmente, el próximo viernes (17 de diciembre de 1999). Como primer paso se analizarían las nueve denuncias contra Peñate que están en el Congreso.

Alude la noticia que dos de las denuncias fueron presentadas por Benjamín Cuéllar, entonces director de la IDHUCA, quien solicitó anular la elección del Procurador y en su lugar, nombrar a David Escobar Galindo, actual rector de la Universidad Matías Delgado. Las quejas eran muchas y el tiempo es corto. Por eso, hasta la tercera semana de enero del 2000 (según calendarización que no se cumplió) los diputados emitirán una resolución.

Refiere la nota que a juicio de un grupo de trabajadores que presentaron una pieza de correspondencia, la presencia de Peñate Polanco "no permitía el correcto desarrollo del trabajo, el cual se ha reducido a muy poca credibilidad de parte de los usuarios".

ACCIONAR DE ASEPRODEH

ASEPRODEH actuó de forma coordinada don otras organizaciones de la sociedad civil, incluso con la cooperación internacional, habiéndose constituido a mediados de 1999 una nueva Junta Directiva, a la que pertenecieron Salvador Cáceres González (Presidente), Carlos García Santamaría, José Ovidio Ardón, Miguel Fuentes Benavides, Leopoldo Arévalo, Miguel Ernesto Alfaro, Giovani Carcamo, cuya esposa fue despedida en el período de Peñate.

En nota de El Diario de Hoy del 17 de diciembre de 1999 titulada "Queremos su cabeza": refiere que empleados de PDDH de la PDDH quieren que los diputados de la Asamblea Legislativa destituyan cuanto antes a su jefe, Eduardo Peñate Polanco y que para hacer valer tal petición habían suspendido labores durante tres horas el día anterior (16 de diciembre). Según, los empleados el procurador había despedido a varios de sus compañeros sin justificación alguna y ha cometido actos de corrupción. 

Carlos García, representante de los trabajadores, indicó que si el funcionario continúa en su puesto, se tomarán las instalaciones. Agregó que Peñate Polanco es el funcionario que más ha viajado al exterior en misiones oficiales; sin embargo, a su regreso, no ha rendido ningún informe sobre las mismas. Según la fuente periodística, García aseguró “Queremos su cabeza”, al tiempo que en nombre de sus compañeros hizo un llamado a los diputados para que aceleren el proceso de investigación del funcionario.

Añade el matutino que los denunciantes aseguraron que el procurador realiza gastos excesivos. Por ejemplo, tres de los vehículos que tiene asignados consumen al año casi 6,000 mil colones en gasolina, según un documento presentado. Además, de 18 mil colones que ganaba la anterior titular, Polanco se aumentó cinco mil colones más. 

Los huelguistas dijeron−reseña la nota− que muchos de sus compañeros no fueron despedidos, sino que renunciaron debido a las presiones del procurador, las cuales consisten en aislar al empleado, quitarle su responsabilidad y hasta su equipo de oficina.

RENUNCIA DE PEÑATE POLANCO

Fue tal la magnitud de los embates y la inminente posibilidad de destitución que Peñate se vió conminado a interponer la renuncia el 28 de febrero de 2000 al cargo de Procurador. Me comentaba alguien cercano al Partido Demócrata Cristiano, que Peñate pretendía renunciar mucho antes, pero el diputado pedecista Ronald Umaña le insistía que no lo hiciera, que esperara que él le dijera cuando retirarse. Y le replicaba literalmente: “Allí quédese tigre, no renuncie hasta que yo le diga.”

Al prolongarse su permanencia en la PDDH por casi diecinueve meses el desgaste fue grande y las enemistades se incrementaron, al punto que los intentos de promoverle antejuicio continuaron, aun cuando ya había renunciado a la institución, tomando en cuenta que continuaba siendo Magistrado de la Cámara de Cojutepeque. 

                                                       

                      

                                           
El Diario de Hoy del 20 julio 2001 publicó en una nota titulada “Rechazan antejuicio contra Eduardo Peñate Polanco” que el Fiscal Belisario Artiga quería retirarle el fuero constitucional, por eso envió una petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa, por actos arbitrarios contrarios a la administración pública. Los diputados sostuvieron que la Corte en pleno analiza la posibilidad de destituirlo. De ahí que tanto el FMLN como el PDC y el PCN prefieren esperar el resultado del Órgano Judicial.

                                              

     
Cita la fuente periodística que Shafick Handal, entonces Jefe de fracción del FMLN sostuvo que consideraba innecesaria la solicitud de antejuicio, y recordó que la Corte Suprema de Justicia suspendió al ex Procurador (del cargo de Magistrado de Cámara de Segunda Instancia) el mismo día que éste dejó la PDDH.

                                                                                   

                                          

                       

        

El matutino revela que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Peñate, en virtud de las acusaciones de algunos funcionarios de la Procuraduría. Supuestamente, el ex Procurador ordenó elaborar un informe falso sobre un motín en el centro penitenciario de Apanteos. Asimismo, exigió que se siguiera a un consultor sueco, el cual ayudaba a organizar el Proyecto de Fortalecimiento para la institución. Por su parte, Peñate Polanco argumentó, en esa ocasión, que el extranjero pretendía conspirar contra él. El ex Procurador no pudo comprobar su testimonio y el consultor renunció.

REPAROS DE LA CORTE DE CUENTAS

Según información virtual la Corte de Cuentas de la República después de haber pasado más de un año desde que Peñate Polanco abandonó el cargo, presentó el informe de auditoría a su gestión. Una de las observaciones más graves es la contratación innecesaria de 20 asesores, con un costo anual un millón 379 mil colones.

De acuerdo al mismo informe de auditoría, antes de renunciar Peñate Polanco redujo, por las observaciones de la Corte de Cuentas, a 13 el número de asesores. Ni la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas han dicho si le impondrán sanciones al ex-procurador o si le pedirán a la Fiscalía abrir un proceso penal.

                                    

Por su parte, un reportaje de El Diario de Hoy del 27 de diciembre 2001 titulado “Peñate desvió fondos de la Procuraduría”, reveló basado en un informe de la Corte de Cuentas que cuentas bancarias que no coincidían con los libros de contabilidad y pago excesivo por el servicio de telefonía son una pequeña parte de los resultados de una auditoría a la PDDH. Los organismos internacionales aportaron un millón 775 mil 978 colones. Sin embargo, sólo ingresaron a la cuenta de ahorro del Banco de Desarrollo (01-36-001487-8) ¢643,143.19.

Acota el matutino que lo mismo pasó con los 281 mil 692 colones con 72 centavos que la Procuraduría recibió de la Unicef. De esa cantidad, únicamente fueron depositados, en la cuenta número 01-16-08222 del Banco Cuscatlán, 225 mil 590 colones con 73 centavos.

Añade la nota que el abandono de la cooperación internacional se explica por el mal manejo de los fondos donados. Pero eso no es todo. La Corte de Cuentas también detectó pagos excesivos en telefonía móvil y combustibles; cheques emitidos sin la documentación que los respalde y trabajadores que cobran el sueldo sin laborar ni un día al mes.