BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (II)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE VICTORIA DE AVILES (marzo de 1995-marzo de 1998)

La doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés,  abogada,  nacida en San Salvador, departamento de San Salvador el 5 de Julio de 1943, hija de Sofía Velásquez, fue Viceministra de Trabajo durante la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno en 1979, Jueza Cuarto de lo  Laboral (1981-1983) y Procuradora Adjunta para la Defensa de la Niñez (1992-1995), durante el mandato del doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, fue elegida Procuradora por la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de 1995.

                                                

Me atrevería a decir que en términos de incidencia en la vida nacional, de fiscalización de la actuación de la administración pública, de cantidad y calidad de resoluciones y pronunciamientos y de valentía para señalar responsables de violaciones de derechos humanos con nombre y apellido, la gestiones de Victoria Marina de Avilés y de Beatrice Alamanni de Carrillo han sido las mejores.

                                        

            

Llama la atención que estaba precedida de un buen récord laboral en otros cargos públicos. Para el caso, El  Diario de Hoy del miércoles 2 de febrero de 1983  publicó la noticia que la doctora de Avilés fue separada del cargo de Juez Cuarto de lo Laboral por motivos políticos, siendo una buena funcionaria, según opinión de abogados que conocían su trabajo. En esa época la Corte Suprema de Justicia era presidida por el doctor Arturo Zeledón Castrillo (1982-1984), y los Magistrados habían sido nombrados por el bloque conservador ARENA-PCN, que tenían mayoría en la Asamblea Legislativa. 

                                        

  

Su compromiso innegable con la consolidación de una institución nacida de los Acuerdos de Paz, siguiendo la línea de señalar sin ambages los abusos de poder cometidos por agentes del Estado o por particulares con su aquiescencia, como sucedió cuando se pronunció contra el grupo de exterminio denominado “Sombra negra”, le permitieron recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional. A ningún OMBUDSMAN de los seis que la han sucedido le tributaron tantos homenajes como a ella.

FORCEJEOS Y DETRACTORES

La doctora Victoria de Avilés tuvo forcejeos fuertes con el gobierno central, como cuando se opuso al nombramiento del doctor Francisco Beltrán Galindo padre en el cargo de Inspector General de la PNC, durante la administración del presidente Armando Calderón Sol. Dictó resoluciones paradigmáticas que tuvieron resonancia en la opinión pública, en los casos de ejecuciones sumarias del joven Adriano Vilanova Velver, a manos de elementos policiales, del ex comandante guerrillero Darol Francisco Velis, entre otros pronunciamientos emblemáticos.

                                    

Esto es lo que al parecer no le gustó a sus detractores del "Estamento Político" que la tachaban de parcializada, la vinculaban con la izquierda y le endilgaban emplear militantes de la ex guerrilla, circunstancia que sumada a la falta de habilidad de Velásquez de Avilés para cabildear con los partidos de derecha que controlaban el congreso, imposibilitaron su reelección cuando había tenido una prolífica y exitosa gestión en el trabajo de tutela. 

Sin embargo, desde la perspectiva del personal descontento su gestión fue deficitaria en lo concerniente a gestionar mejores condiciones de vida para mayoría de servidores, con la excepción de pequeños grupos que fueron favorecidos con promociones y ascensos, becas al exterior, etc., sobre la base de criterios discrecionales. En esa época se acuñó el término de “la argolla dorada” en alusión a estos grupos privilegiados, fenómeno que de manera menos notoria se ha repetido en otras administraciones.

El talante ensimismado de la doctora de Avilés y su aparente reticencia para buscar entendimientos con la derecha política en el parlamento, se tradujeron en un precario presupuesto que al cerrar su gestión ascendió a $ 3,484,155.42, habiéndose obtenido en el período 1995-1998 un incremento pírrico de $ 234,297.00, equivalente a un aumento de 6.72 % del presupuesto de la institución.

                                            

La asociación se gestó en medio de un clima de tensión, miedo, incertidumbre, zozobra, amenazas veladas. No faltaban quienes decían que el esfuerzo organizativo de los trabajadores y trabajadoras se enmarcaba dentro de una confabulación de partidos políticos afines a la derecha para desestabilizar la institución y dañar a Victoria de Avilés, incluso llegué a oír que había financiamiento de “siniestros personajes” para echar andar la asociación.

                                        

Estas versiones cobraron fuerza cuando el polémico diputado Ronal Umaña, entonces Secretario General del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió públicamente la renuncia de la doctora de Avilés, porque trascendió a la opinión pública que su esposo, Carlos Sergio Avilés, había autorizado como notario el contrato de arrendamiento de una casa, donde permanecieron personas secuestradas de familias millonarias que habían pagado cuantiosas sumas por su rescate. El inquilino era un ex jefe guerrillero de sobrenombre “Marcelo”.

                                                        

Los desplantes del diputado Umaña nos conminaron a sacar un comunicado como ASEPRODEH en formación, recriminándole al legislador que utilizara alevosamente los hechos que estaban siendo investigados por la justicia, como un arma de ataque, que dejara que el caso se esclareciera debidamente y se individualizaran responsabilidades en sede judicial. Hubo compañeros que criticaron nuestra postura, pero fue necesario para desvirtuar que no éramos parte de una conspiración articulada por figuras malévolas.

En aquella etapa primigenia no existían licencias para hacer trabajo gremial. Aunque defendíamos una plataforma reivindicativa, la Junta Directiva (JD) no tenía la cohesión y la solidez que tiene ahora. La lucha se libraba de manera esporádica e intermitente, la asociación se activaba en coyunturas, situación que se extendió hasta el 6 julio de 2007 en que asumió la institución el licenciado Oscar Humberto Luna.

                                                

No obstante, ASEPRODEH continuó haciendo reparos durante los últimos seis meses de la administración Avilés, al punto que el 23 marzo de 1998 que expiró su período, mientras unos empleados se congraciaban con ella y la despedían con música de mariachi, la asociación publicó un boletín de cuatro páginas revés y derecho con el encabezado: “Estéril gestión hacia el interior” que contenía los resultados de una encuesta realizada al personal sobre su percepción de la gestión Avilés, muy poco favorables para la funcionaria.

Esta postura trascendió a la prensa escrita que dio a conocer que los empleados y empleadas organizados no estábamos de acuerdo con una eventual reelección de la Procuradora, cuyo mandato concluía, publicándose en una de estas noticias la contraportada del boletín.

PROBLEMAS EXISTENTES

Recuerdo que en algunos segmentos del personal había descontento hacia conductas y actitudes de algunos funcionarios que estimaban injustas, irrazonables, inconsultas,  entre ellos el ingeniero José David Grimaldi Villagrán, Secretario General, María Eugenia de Siguenza, Jefe del Departamento Administrativo, licenciada Ena Silvia Blandón de Montoya, Directora del Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos (ISDEH), entre otros.

                                    

Algunas versiones apuntan a que la  asociación tuvo su origen en un descontento generado fundamentalmente alrededor de la actuación del Secretario General, Grimaldi Villagrán, con un curriculum impresionante,  graduado del Liceo Salvadoreño y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,  Ingeniero Civil (1978), licenciado en Ciencias Jurídicas (1994), Maestría en Planificación Urbana y Regional Universidad del Estado de Nueva Jersey USA, egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Nueva San Salvador (UNSA),  quien era una persona aparentemente suave en el trato, solía proyectar una ligera sonrisa, pero vertical en algunas decisiones que se tradujeron en beneficios selectivos y discriminación para otros servidores.    

                                          

           

En 1996 se dio una sorpresiva orden de traslado del compañero educador, Jorge Antonio Iraheta (QDDG) que laboraba en el ISDEH (San Salvador) a la Delegación de Sonsonate y que presuntamente fue dispuesta por el Secretario General, por supuestas instrucciones de la Titular. Comentaba Jorge que cuando consultó sobre el origen de la decisión, la doctora de Avilés negó haber ordenado el traslado. Entiendo que Jorge recurrió al Tribunal de Servicio Civil que dejo sin efecto la medida por contravenir el artículo 37 de la Ley de Servicio Civil.

                                                                                                

También se dio un traslado del local del ISDEH (hoy Escuela de Derechos Humanos) que estaba atrás del Hotel Alameda en la Colonia Flor Blanca a una casa ubicada en la Colonia Escalón a dos o tres cuadras de la Plaza Beethoven, es decir la setenta y cinco Avenida Norte. El personal del ISDEH le pidió a la doctora de Avilés en una reunión que dejara sin efecto la medida, porque le generaba perjuicios económicos en términos de transporte y alimentación, pero ella persistió en la mudanza.

REUNIÓN CON PROCURADORA

Tras varias notas y gestiones, recuerdo que en septiembre de 1997 tuvo lugar la primera y única reunión de la JD con la doctora Velásquez de Avilés y todo su séquito de altas autoridades, entre ellos Eduardo Antonio Urquilla Bermudez, Procurador Adjunto, Aracely Zamora Rivas, Procuradora Adjunta para la Defensa de la Mujer, Carlos Gonzalo Cañas, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, José David Grimaldi Villagran, Secretario General, entre otros funcionarios.

                                                                    

En aquel encuentro salió a relucir que como parte de su entrega a la institución, la doctora de Avilés había renunciado a su trabajo notarial. Parte de los cuestionamientos de las autoridades se focalizaban en el hecho que el primer presidente de ASEPRODEH, Pedro Alfredo Almendarés Ayala, era abogado y notario, tenía su propio bufete y prestaba dinero, igual que otro directivo de la asociación. En la reunión la licenciada Aracely Zamora censuró desde el principio esas prácticas de los dos directivos, seguramente con la intención de debilitar nuestra moral de lucha.

En esa reunión aproveché la ocasión para pedirle a la doctora de Avilés que enviara una nota a las diferentes jefaturas, diciendo que los empleados se podían afiliar con toda libertad sin temor a represalias, reconociendo que les asiste la libertad de asociación. La funcionaria contestó que no quería que su sucesor pensara que ella había pretendido dejarle un problema.

Al calor del dialogo, la Titular dijo una frase que me pareció lapidaria y lesiva a la dignidad humana: “Deberían agradecer que tienen trabajo, cuando hay tantas personas que carecen de empleo”. Tal aserto desconocía la noción de trabajo decente que asegura el desarrollo y la calidad de vida de un servidor o servidora.

Con la valiosa ayuda de Asociación de Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ) y su presidenta Ángela Durán, reproducimos en mimeógrafo un centenar de ejemplares de la primera plataforma reivindicativa que había sido elaborada por mi persona con la colaboración de Orsy Melvin Quintanilla Campos, educador del ISDEH. Me correspondió a mi explicar ese pliego de demandas ante las autoridades.

                                                

La referida plataforma contemplaba varias prestaciones: fondo de protección social, equiparación salarial con las otras dos instituciones del Ministerio Público, transporte para el personal, centro de desarrollo infantil, instauración de escalafón, respeto a la Ley de Servicio Civil en ascensos, nombramientos y contrataciones. Incluía un acápite donde desarrollábamos el perfil ético o moral y la capacidad gerencial que debían tener las jefaturas.

Como anexos a la plataforma, consignamos unos cuadros comparativos de salarios cargo por cargo de la PDDH con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de República y el Órgano Judicial, notándose claramente las abismales diferencias salariales. 

Se convino al final que la Titular designaría una Comisión integrada por funcionarios de alto nivel  para continuar el diálogo.