La Asamblea Legislativa eligió el 22 de septiembre 2016 Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a la abogada Raquel Caballero de Guevara, ex Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia, ex Secretaria General de la PDDH (agosto-diciembre 2007), nacida en San Salvador, el 12 de diciembre de 1963, hija de Tobías Caballero, telegrafista, y de María Lucía Pineda, ama de casa, originaria de Langue Valle, Honduras. Según su curriculum ha cursado cuarto año de la carrera de Psicología.
La funcionaria elegida con 71 votos para el período 2016-2019, por un acuerdo de los partidos FMLN, ARENA y GANA, tenía experiencia en Juzgados de Familia como Jueza suplente en Usulutan y Secretaria de actuaciones. La elección tuvo lugar un mes y 14 días después que su antecesor David Morales, terminara su mandato.
En lo personal conocí a Raquel Caballero antes que asumiera el cargo de Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer el 2001, cuando fungía como como Secretaria del Juzgado Tercero de Familia, a cargo de Evelyn Roxana Nuñez Franco (QDDG), después la vi como activa miembro de la Iglesia Maranatha, ubicada en la Colonia Dolores de San Salvador, a cargo del pastor Jorge Juárez. Posteriormente recibí capacitaciones sobre Derecho de Familia que ella impartía en la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.
La nueva Titular fue recibida con beneplácito por la JD 2016-2017, como lo revela el boletín 21 del 23 de septiembre de 2016, bajo el encabezado “Le damos la bienvenida a la nueva procuradora”, expresando su disposición de contribuir al fortalecimiento de la PDDH y al mandato constitucional, al tiempo esperaban una política de apertura al diálogo y a la búsqueda de consensos para resolver todo tipo de situaciones y los conflictos que aún estaban pendientes.
Uno de los aspectos positivos del comienzo de la gestión de Raquel Caballero fue el desistimiento de los procesos en la Comisión de Servicio Civil y en el Juzgado Quinto de lo Laboral contra quienes participaron en la protesta de 24 días, tal como lo revela el informativo sindical 17 de octubre de 2017. La titular hizo el ofrecimiento en reunión sostenida el 5 de octubre de 2016 y la JD en efecto constató que el Jefe del Departamento Jurídico, Guillermo Castellanos, había presentado las peticiones de desistimiento.
Bajo el título “Piden aumento al presupuesto de la PDDH” en YouTube, se aprecian imágenes de la manifestación de trabajadores al Ministerio de Hacienda el 20 de febrero de 2017, la cual partió del edificio ex Ferticia en protesta por la reducción de $ 576,646.00 del presupuesto. A raíz de esta manifestación, el presidente de la República, Salvador Sanchez Cerén, recibió a la JD en Casa Presidencial el 23 de febrero de ese año.
La reducción del presupuesto de la PDDH trajo dos consecuencias notorias: la supresión de la vigilancia privada y de las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima, Metapán y Soyapango el 24 de febrero de 2017 y el despido al margen del debido proceso de la Delegada Local de Santa Rosa de Lima, Erlinda Aracely Jimenez. Esto generó el primer gran impasse con SEPRODEHES que rechazó tajantemente ese cierre en el informativo 5 del 24 de febrero de 2017.
ACTUACIÓN DE LA JD 2017-2018
El día 3 de marzo de 2017, ante una asistencia de 201 afiliados, se eligió en las instalaciones de la Asociación de Oficiales Bancarios, a la JD 2017-2018, habiéndose inclinado el apoyo de los asambleístas a favor de: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, cultura y deportes), Pablo Leiva Portillo (Relaciones públicas nacionales e internacionales).
En esta etapa se consolidó el liderazgo de Carlos Joaquín Solorzano Padilla, un sexaganerio, nacido en San Salvador el 1 de abril de 1948 y graduado de Bachiller del Liceo Salvadoreño en 1965, con estudios en la Escuela marista San Alfonso. Según su curriculum vitae tiene estudios de sociología en la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de El Salvador (1966-1971), Pedagogía en Historia en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba (1974-1979).
Bajo el título “Piden aumento al presupuesto de la PDDH” en YouTube, se aprecian imágenes de la manifestación de trabajadores al Ministerio de Hacienda el 20 de febrero de 2017, la cual partió del edificio ex Ferticia en protesta por la reducción de $ 576,646.00 del presupuesto. A raíz de esta manifestación, el presidente de la República, Salvador Sanchez Cerén, recibió a la JD en Casa Presidencial el 23 de febrero de ese año.
La reducción del presupuesto de la PDDH trajo dos consecuencias notorias: la supresión de la vigilancia privada y de las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima, Metapán y Soyapango el 24 de febrero de 2017 y el despido al margen del debido proceso de la Delegada Local de Santa Rosa de Lima, Erlinda Aracely Jimenez. Esto generó el primer gran impasse con SEPRODEHES que rechazó tajantemente ese cierre en el informativo 5 del 24 de febrero de 2017.
ACTUACIÓN DE LA JD 2017-2018
El día 3 de marzo de 2017, ante una asistencia de 201 afiliados, se eligió en las instalaciones de la Asociación de Oficiales Bancarios, a la JD 2017-2018, habiéndose inclinado el apoyo de los asambleístas a favor de: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, cultura y deportes), Pablo Leiva Portillo (Relaciones públicas nacionales e internacionales).
En esta etapa se consolidó el liderazgo de Carlos Joaquín Solorzano Padilla, un sexaganerio, nacido en San Salvador el 1 de abril de 1948 y graduado de Bachiller del Liceo Salvadoreño en 1965, con estudios en la Escuela marista San Alfonso. Según su curriculum vitae tiene estudios de sociología en la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de El Salvador (1966-1971), Pedagogía en Historia en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba (1974-1979).
Solórzano Padilla tuvo un largo exilio de 22 años que templó su carácter y lo formó politicamente. En sus memorias compartidas en Facebook da cuenta que partió del Aeropuerto de Ilopango rumbo a Chile el 8 de junio de 1971 en la época de Salvador Allende, a raíz de la persecución que se desató con ocasión del secuestro y posterior en homicidio del empresario, Ernesto Regalado Dueñas, hecho acaecido en San Salvador febrero de 1971. Con el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre 1973, se vio conminado a viajar a Cuba, luego de permanecer tres meses en un refugio bajo la protección de ACNUR. En los años ochenta radicó en México donde hizo trabajo político y periodístico.
La nueva JD se enfrentó una alta efervescencia, agudizada por el cierre de las delegaciones locales, aumentos salariales selectivos, contrataciones, nombramientos, ascensos al margen del debido proceso, como lo señaló el dictamen de la Corte de Cuentas de la República del 21 de octubre de dos mil diecisiete, relacionado con un examen especial que se hizo del 22 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.
La nueva JD se enfrentó una alta efervescencia, agudizada por el cierre de las delegaciones locales, aumentos salariales selectivos, contrataciones, nombramientos, ascensos al margen del debido proceso, como lo señaló el dictamen de la Corte de Cuentas de la República del 21 de octubre de dos mil diecisiete, relacionado con un examen especial que se hizo del 22 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.
Un incidente que tuvo gran relevancia mediática fue el encontronazo con un grupo LGBTI, durante el informe del primer año gestión el 29 de septiembre de 2017 en un hotel capitalino. El grupo reprobó el primer año gestión de la funcionaria, dijeron sentirse desprotegidos, exccluidos.
SEPRODEHES reprodujo en el boletín 19 del 22 de septiembre una publicación de “El Salvador Times”, bajo el encabezado “Gays, lesbianas y transexuales denuncian por represión a Procuradora de Derechos Humanos”, señalando un “desalojo violento y confrontativo” de siete manifestantes, durante la presentación del primer informe anual. En ese informativo aparecen fotos del plantón que hizo la JD frente al hotel donde se celebraba el evento.
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD
La JD promovió el 11 de agosto de 2017 a través del abogado Rafael Antonio Ramos Ramírez, proceso de inconstitucionalidad 98-2017 contra los acuerdos 42, 43 y 44 del 28 de febrero de 2017, suscritos por Raquel Caballero de Guevara el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de los cuales se “cerraron temporalmente” las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima, Soyapango y Metapán.
El demandante adujo que ese cierre violaba el inciso último del artículo 194 inciso último de la Constitución: “El Procurador para la Defensa de los Derechos podrá tener Delegados departamentales y locales permanentes”. Se planteó que al no tener los acuerdos institucionales en mención fechas de reapertura violentan la calidad de permanentes de la citadas dependencias.
En resolución del 22 de septiembre de 2017 la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda presentada por existir un defecto en el fundamento material de la pretensión de inconstitucionalidad que hacía imposible el contraste normativo con la disposición impugnada, estableciendo que el inciso último del artículo 194 de la Constitución no determina una imposición al Procurador a tener delegados departamentales o locales de forma permanente. El Tribunal añadió que al prescribir que el funcionario podrá tener delegados departamentales o locales, está confiriendo una competencia cuyo ejercicio está condicionado a las posibilidades y necesidades de esa institución.
FORCEJEOS CON JEFATURAS
En el informativo 2 del 5 de abril se hicieron fuertes señalamientos hacia la entonces Jefa de Recursos Humanos, Lidia Liseth Guzman Arévalo, por implmentar una serie de instructivos vinculados al ejercicio de derechos contenidos en el Laudo Arbitral con una serie de desaciertos que van desde exigir requisitos tan engorrosos e irreales como facturas antes del ejercicio del derecho o la imprecisión en cuanto a la determinación sobre los productos que arbitrariamente la administración determine que son los “adecuados” para el ejercicio de los beneficios de maternidad o paternidad.
A su vez en el informativo 11 del 20 de junio de 2017, los reparos al desempeño de la referida funcionaria subieron de tono, al punto de exigirse su destitución, puntualizándose falta de capacidad, experiencia e idoneidad para el manejo de recursos humanos y por asumir una actitud de hostilidad hacia el personal, de negación de derechos laborales y por contribuir a la creación de un ambiente de temor y zozobra entre servidores bajo régimen de contratos, por incluir clausulas atentatorias a la estabilidad laboral y derechos adquiridos, asimismo, por su involucramiento en las destituciones, contrataciones, ascensos y traslados arbitrarios e ilegales.
También hubo roces con Saul Armando Coreas, entonces Jefe de Seguridad, encargado de coordinar la protección de la Titular y quien según lo reveló el informativo 15 del 8 de agosto, había sido policía y contaba con un staff de alrededor de diez agentes policiales en las oficinas centrales.
INJUSTICIA MANIFIESTA
El 12 de julio pasadas las 16:00 horas el Secretario General, Carlos Joaquìn Solorzano Padilla, recibió un memorandum girado por instrucciones de la señora Procuradora en la que se le informaba que al dìa siguiente serìa relevado al frente de la Coordinación del Departamento de Defensorías Juveniles, en una aplicación errónea de la Cláusula 54 del Laudo Arbitral, que habla de sustitución temporal y luego de retorno del directivo a sus funciones, según lo reveló el informativo sindical 15 del 8 de agosto de 2017.
El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal de Servicio Civil le admitió al Secretario General, Carlos Joaquín Solorzano Padilla, denuncia por injusticia manifiesta a la Titular, Raquel Caballero de Guevara, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Servicio Civil, habiéndose fijado a audiencia para el 22 de diciembre de ese año por el despojo de la oficina y de las atribuciones de la Coordinación que ocupaba, perpretrado en julio, tal como consta en el boletin del 8 de diciembre de 2017.
ACCIONAR DE LA JD 2018-2019
El sábado 5 de mayo de 2018 fue elegida la JD 2018-2019 en el Complejo Recreativo Don Rúa, ante una asistencia de 38 afiliadas y afiliados y luego de superar una situación de acefalía, quedando conformada así: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), José Mauricio Mejía Deras (Primero de conflictos), José Francisco Mejía López (Segundo de conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, Cultura y Deportes), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Secretaria de la Mujer).
Como un oasis en medio de la ola de criticas y denuncias, la JD hizo una pausa y de manera insólita en el informativo 3 del 12 de junio 2018 felicito a la Procuradora Raquel Caballero por hacer efectivo el bono de medio año (Cláusula 26), anhelo largamente acariciado por la clase trabajadora y por el cumplimiento de los vales bimensuales (Clausula 31), se estaban entregando en el monto establecido en el Laudo Arbitral.
El Secretario de Comunicaciones, Guillermo Antonio García Bernabé, presentó una acusación por calumnia contra la entonces Procuradora, tal como lo reveló el boletín número 5 del 19 de septiembre de 2018. Dicha acción fue planteada por declaraciones rendidas a Diario El Mundo y La Prensa Gráfica, de fechas 11 de septiembre 2017 y 13 de abril de 2018. En el primer rotativo declaró que: “Hay dos personas que para mi son delincuentes, no son ni personal de la institución y cobran gratis, Guillermo García Bernabé y Carlos Solorzano".
El 12 de julio pasadas las 16:00 horas el Secretario General, Carlos Joaquìn Solorzano Padilla, recibió un memorandum girado por instrucciones de la señora Procuradora en la que se le informaba que al dìa siguiente serìa relevado al frente de la Coordinación del Departamento de Defensorías Juveniles, en una aplicación errónea de la Cláusula 54 del Laudo Arbitral, que habla de sustitución temporal y luego de retorno del directivo a sus funciones, según lo reveló el informativo sindical 15 del 8 de agosto de 2017.
El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal de Servicio Civil le admitió al Secretario General, Carlos Joaquín Solorzano Padilla, denuncia por injusticia manifiesta a la Titular, Raquel Caballero de Guevara, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Servicio Civil, habiéndose fijado a audiencia para el 22 de diciembre de ese año por el despojo de la oficina y de las atribuciones de la Coordinación que ocupaba, perpretrado en julio, tal como consta en el boletin del 8 de diciembre de 2017.
ACCIONAR DE LA JD 2018-2019
El sábado 5 de mayo de 2018 fue elegida la JD 2018-2019 en el Complejo Recreativo Don Rúa, ante una asistencia de 38 afiliadas y afiliados y luego de superar una situación de acefalía, quedando conformada así: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), José Mauricio Mejía Deras (Primero de conflictos), José Francisco Mejía López (Segundo de conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, Cultura y Deportes), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Secretaria de la Mujer).
Como un oasis en medio de la ola de criticas y denuncias, la JD hizo una pausa y de manera insólita en el informativo 3 del 12 de junio 2018 felicito a la Procuradora Raquel Caballero por hacer efectivo el bono de medio año (Cláusula 26), anhelo largamente acariciado por la clase trabajadora y por el cumplimiento de los vales bimensuales (Clausula 31), se estaban entregando en el monto establecido en el Laudo Arbitral.
El Secretario de Comunicaciones, Guillermo Antonio García Bernabé, presentó una acusación por calumnia contra la entonces Procuradora, tal como lo reveló el boletín número 5 del 19 de septiembre de 2018. Dicha acción fue planteada por declaraciones rendidas a Diario El Mundo y La Prensa Gráfica, de fechas 11 de septiembre 2017 y 13 de abril de 2018. En el primer rotativo declaró que: “Hay dos personas que para mi son delincuentes, no son ni personal de la institución y cobran gratis, Guillermo García Bernabé y Carlos Solorzano".
Trascendió en medios virtuales el 25 de septiembre que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador declaró inadmisible la acusación por el delito de calumnia contra la Procuradora Caballero de Guevara. El tribunal declaró que no admitió la acusación porque la funcionaria tenía fuero (conjunto de exenciones jurídicas), según lo establecido en el Titulo VII, capítulo II de la Constitución de la República.
La JD dio cuenta en el informativo siete del 12 de febrero de 2019 que tres diputados (Raúl Beltrán Bonilla, Emilio Coreas y Rosa Romero) habían presentado una pieza de correspondencia a los señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, para que se anlizara si había lugar a formación de causa para promover un antejuicio, señalando que la funcionaria había incumplido sus funciones constitucionales y que SEPRODEHES había presentado solicitud de antejuicio por el presunto cometimiento de los delitos Nepotismo (sic), Discriminación Laboral, Coacción al ejercicio de la Libertad Sindical o el Derecho de Huelga, Violación al derecho de Petición y Respuesta (sic), Actos Arbitrarios y Calumnia.
PROCESO DE AMPARO
El Secretario General, Carlos Joaquín Solorzano, promovió el 18 de julio de 2018 proceso de amparo 315-2018, por supuesta omisión de respuesta a 17 peticiones escritas que dirigieron a Raquel Caballero de Guevara, entre ellas solicitudes relacionadas con el no pago de prestaciones y la no reanudación del dialogo, en contravención a la Cláusula 3 del Laudo Arbitral. En internet se puede ver resolución de la Sala de lo Constitucional del 22 de julio de 2019, en la que se admite la demanda.
“Detalladas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que los puntos restantes de la demanda cumplen con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación procesal y la jurisprudencia aplicable, su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad de las omisiones atribuidas a la Procuradora”, se lee en parte de las consideraciones hechas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
ACCIONAR DE LA JD 2019-2020
La JD 2019-2020 fue electa un sábado en un local sindical del Barrio San Jacinto, quedando integrada así: Carlos Joaquín Solorzano Padilla (Secretario General), Marta Sonia Corvera (Organización y afiliación), Guillermo Antonio García Bernabé (Primero de conflictos), José Francisco Mejía López (Segundo de conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Mario Alberto Pérez Arriaza (Actas y acuerdos), José Mauricio Mejía Deras (Comunicaciones), Jesús Velásquez Alegría (Bienestar laboral), Wilfredo Rivas (Educación, Cultura y Deportes ), Carlos Ernesto Guadrón Orellana (Relaciones Públicas Nacionales e internacionales), Roxana Elizabeth Rodriguez de Lozano (Secretaria de la Mujer).
Un hecho relevante de este período es que el Secretario General de SEPRODEHES participó el 7 de mayo de 2019 en el Séptimo Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia como invitado y ponente al "Foro Internacional Paz y Derechos Laborales en Colombia" que se realizó en el marco del Congreso.
NOMBRAMIENTOS, CONTRATACIONES Y GASTOS
En el boletín 11 del 4 de marzo de 2019 la JD divulgó que la Titular nombró los años 2016, 2017, 2018 y 2019 33 personas por ley de salarios y 33 por contrato, obviando la Constitución de la República, Ley de Etica Gubernamental, Ley de Servicio Civil, normativa de la Corte de Cuentas, reglamentos internos ( Reglamento Interno de Personal de la PDDH, Normas Técnicas Específicas de la PDDH, Instructivo Reclutamiento, Selección, Contratación de Personal de nuevo ingreso).
Por su parte, el informativo 12 del 7 de marzo dio cuenta que la Titular gastó $ 49, 599.15 de fondos del Presupuesto General de la Nación en 36 viajes realizados a 18 países y utilizó 172 días de su mandato para viajar muchas veces con su esposo. Entre los países visitados figuraban: España 2 veces, Panamá 7, Honduras 3, Puerto Rico 1, Costa Rica 3, Suiza 4, Polonia 1, Guatemala 2, Estados Unidos 2, México 4, Colombia 2, Canadá 1.
DECESOS DE EMPLEADOS
El 3 de enero de 2018 fueron cesados cuatro delegados departamentales: Mirna del Carmen Rojas (Sonsonate), Esperanza Yanira Diaz (Ahuachapán), Roberto Martínez Díaz (San Vicente) y Rafael Aquino López (Cuscatlán). De ellos falleció Mirna Rojas el 28 de mayo de 2019, a consecuencia de un cáncer terminal. El 2017 falleció el señor Carlos Ramírez quien era el mecánico institucional y se le cambiaron funciones, encontrándose enfermo, siendo desmejorado y trasladado.
El 20 de agosto de 2019 falleció Sandra Carolina Rivera, ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales durante el mandato de David Morales (2013-2016), removida del cargo al asumir Raquel Caballero en septiembre de 2016.
El 23 de noviembre de 2020 murió en Quezaltepeque, víctima de un fulminante cáncer de pancreas, Marvin Alexander Cordero, quien fue un importante dirigente de SEPRODEHES y miembro de la Comisión Negociadora del primer Laudo Arbitral en el 2012. Cordero fue removido de su cargo de Auxiliar de transporte en mayo de 2018, luego que unos compañeros motoristas detonaran un mortero de pólvora en perjuicio de Roberto Linares el 7 de ese mes. Por este incidente también fue removido Carlos Eduardo Marroquín, Jefe de Transporte y los motoristas José García Panameño y Armando Lobato.
El 3 de enero de 2018 fueron cesados cuatro delegados departamentales: Mirna del Carmen Rojas (Sonsonate), Esperanza Yanira Diaz (Ahuachapán), Roberto Martínez Díaz (San Vicente) y Rafael Aquino López (Cuscatlán). De ellos falleció Mirna Rojas el 28 de mayo de 2019, a consecuencia de un cáncer terminal. El 2017 falleció el señor Carlos Ramírez quien era el mecánico institucional y se le cambiaron funciones, encontrándose enfermo, siendo desmejorado y trasladado.
El 20 de agosto de 2019 falleció Sandra Carolina Rivera, ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales durante el mandato de David Morales (2013-2016), removida del cargo al asumir Raquel Caballero en septiembre de 2016.
El 23 de noviembre de 2020 murió en Quezaltepeque, víctima de un fulminante cáncer de pancreas, Marvin Alexander Cordero, quien fue un importante dirigente de SEPRODEHES y miembro de la Comisión Negociadora del primer Laudo Arbitral en el 2012. Cordero fue removido de su cargo de Auxiliar de transporte en mayo de 2018, luego que unos compañeros motoristas detonaran un mortero de pólvora en perjuicio de Roberto Linares el 7 de ese mes. Por este incidente también fue removido Carlos Eduardo Marroquín, Jefe de Transporte y los motoristas José García Panameño y Armando Lobato.
Mirna Rojas obtuvo a su favor una sentencia de reinstalo del Tribunal de Servicio Civil, y debido a que no se tuvo respuesta de la procuradora Caballero de Guevara, SEPRODEHES presentó una demanda de antejuicio en la Asamblea Legislativa, por desobediencia, de acuerdo al artículo 322 del Código Penal que reza que “es desobediencia de funcionarios no acatar órdenes judiciales”.
CONDENA POR NEPOTISMO
El Tribunal de Ética Gubernamental, en sentencia del 8 de enero de 2019 condenó a Raquel Caballero de Guevara, por su intervención en la promoción de una de las hijas de su cónyuge, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, a quien se le otorgó dos aumentos salariales, pasando de la plaza de jurídico ($ 1,210.00) a la de asistente por contrato ($ 1,800.00) y en abril de 2017 se le incrementaron $ 100.00 .
También intervino en todos los trámites de nombramiento de otra de las hijas de su cónyuge, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, en el cargo de Asistente II de la PDDH; pues se encuentra la firma de la misma en cada uno de los actos, inclusive en el administrativo de nombramiento en la Delegación Departamental de San Miguel, con un salario mensual de un mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($1,350.00).
CONDENA POR NEPOTISMO
El Tribunal de Ética Gubernamental, en sentencia del 8 de enero de 2019 condenó a Raquel Caballero de Guevara, por su intervención en la promoción de una de las hijas de su cónyuge, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, a quien se le otorgó dos aumentos salariales, pasando de la plaza de jurídico ($ 1,210.00) a la de asistente por contrato ($ 1,800.00) y en abril de 2017 se le incrementaron $ 100.00 .
También intervino en todos los trámites de nombramiento de otra de las hijas de su cónyuge, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, en el cargo de Asistente II de la PDDH; pues se encuentra la firma de la misma en cada uno de los actos, inclusive en el administrativo de nombramiento en la Delegación Departamental de San Miguel, con un salario mensual de un mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($1,350.00).
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