LA PROCURADORA QUE LE TOMÓ EL PULSO AL PAIS

Por Joaquín Rivera Larios  

Contando con el respaldo de ARENA, PCN, FMLN, Iniciativa Social Demócrata, Convergencia Democrática y Movimiento de Unidad, el 23 de marzo de  1995 fue juramentada la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, de 52 años de edad, en el cargo de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, por la entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa Gloria Mercedes Salguero Gross.

La fracción del PDC que mantenía su apoyo a Ivo Príamo Alvarenga, ex Embajador de El Salvador en Italia y docente de Derecho Agrario, rechazó la elección de Velásquez de Avilés, asegurando el entonces diputado Arturo Argumedo (1939-2013), que representaba el continuismo y difícilmente se superarían las deficiencias en la Procuraduría; “nos constituiremos en el dedo señalador” dijo, al tiempo que se retiraron del pleno como rechazo a lo que calificaron como acuerdo político entre ARENA y el FMLN.

ESTUDIOS

Se graduó de doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales en la Universidad  de El Salvador (1974). “La Protección de los Salarios” fue el título de su tesis doctoral. Su segundo título es Licenciatura en Ciencias Políticas (1988) obtenido en la Universidad Nueva San Salvador.

Un interesante reportaje de El Diario de Hoy del 22 de junio de 1995 titulado “Maestros de personalidades” da cuenta que Victoria de Avilés fue una alumna ejemplar y certifica su calidad académica la maestra Marta Mena Palomo, entonces de 78 años. La doctora de Avilés relata que estudió sus dos primeros años de primaria en la Escuela Soto Mayor de Alarcia, prosiguió su formación el Instituto Fuentes y de octavo grado a Bachillerato los cursó en el Instituto Cultural Miguel de Cervantes, estos dos últimos ya desaparecidos.

FAMILIA

Nació en el Barrio Santa Anita de  San Salvador a las 23 horas  del 5 de julio de 1943, hija de Sofía Velásquez. Contrajo nupcias con Carlos Sergio Avilés, también abogado, originario de Usulután,  con quien procreo cinco hijos: Carlos Sergio, Verónica María,  Claudia Lorena, Victoria Eugenia y Marisela Guadalupe, el primero y las dos ultimas abogados, la segunda y la tercera odontólogas. Todos sus vástagos estudiaron en el Colegio Bautista de San Salvador en los años ochenta y noventa. Tuve la oportunidad de conocer en el Colegio a Claudia Lorena y Verónica María, cuando ellas cursaban octavo grado y yo Segundo año de Bachillerato. Se graduaron de bachilleres en 1989.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

La doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés fue nombrada Viceministra de Trabajo el 22 de octubre de 1979 por la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), fungiendo en ese cargo hasta el 3 de enero de 1980, cuando se produjo una renuncia masiva del gabinete bajo argumentos que la JRG se estaba derechizando. El Ministro fue Gabriel Gallegos Valdez, docente de la UES, cercano al partido comunista, quien guardo detención en 1952 junto a Salvador Cayetano Carpio, durante el gobierno del coronel Oscar Osorio, como lo revela Carpio en su libro “Secuestro y Capucha”.

Después sería Procuradora Adjunta para la Defensa de la Niñez (01 de junio de 1992 a 22 de marzo de 1995), Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (23 de marzo 1995- 22 de marzo de 1998), Magistrada de la Corte Suprema de Justicia (2000- 2009) y Ministra de Trabajo, durante el gobierno de Mauricio Funes del 2009 al 2011.

Posteriormente fue Embajadora de El Salvador en Suiza, Presidente del Consejo Directivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). En la foto de la derecha Victoria Velásquez tenía 14 años y estudiaba en el Instituto Cultural Miguel de Cervantes.

Otros cargos que desempeñó: Auxiliar jurídico de los juzgados Tercero de Paz, Segundo de lo Penal, Quinto de lo Penal, Cuarto de lo Laboral, Procuradora Auxiliar de Trabajo, Jefe del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS), Notario de la Federación de Cajas de Crédito, Miembro de la Comisión Tripartita por el Sector Gubernamental para la elaboración del Código de Trabajo, Consejal Suplente del Consejo Nacional de la Judicatura.


Llama la atención que estaba precedida de un buen récord laboral en cargos públicos que desempeñó. Para el caso, El Diario de Hoy del miércoles 2 de febrero de 1983 publicó la noticia que la doctora de Avilés fue separada del cargo de Juez Cuarto de lo Laboral por motivos políticos, siendo una buena funcionaria, según opinión de abogados que conocían su trabajo. En esa época la Corte Suprema de Justicia era presidida por el doctor Arturo Zeledón Castrillo (1982-1984), y los Magistrados habían sido nombrados por el bloque conservador ARENA-PCN, que tenían mayoría en la Asamblea Legislativa.

                                        

PRONUNCIAMIENTOS VALIENTES

Su compromiso innegable con la consolidación de una institución nacida de los Acuerdos de Paz, siguiendo la línea de señalar sin ambages los abusos de poder cometidos por agentes del Estado o por particulares con su aquiescencia, como sucedió cuando se pronunció contra el grupo de exterminio denominado “Sombra negra” el 16 de junio de 1996, le permitieron recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Emitió tres resoluciones ejemplarizantes en el caso de ejecuciones extralegales de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, de 32 años (SS-725-95), Manuel Adriano Vilanova Velver, de 24 años (SS-0086-95), William Antonio Gaytan Ayala, de 16 años (SS-0016-96).

Ciertamente, el 10 de junio de 1994, a dos años y meses de iniciar la prolongada posguerra y a plena luz del día, dos integrantes de un escuadrón de la muerte dirigido por un detective que pasó de la desaparecida Policía Nacional a la naciente Policía Nacional Civil (PNC), mataron a Ramón Mauricio García Prieto.

                                                                                
El 2 de septiembre de 1995, agentes uniformados de esta entidad surgida de los “acuerdos de paz” asesinaron al joven universitario Manuel Adriano Vilanova (SS-086-95). Y el 4 de enero de 1996, en una persecución de un vehículo policial a otro particular‒ un adolescente desarmado y herido que estaba en el lugar y el momento equivocados ‒William Antonio Gaitán‒ fue ejecutado con el “tiro de gracia” disparado por un agente supernumerario de la PNC.

Se pronunció también en una resolución muy bien motivada sobre el asesinato del Comandante del PRTC Darol Francisco Veliz, ocurrida el 25 de octubre de 1993, cuando éste bajaba a dejar a su pequeña hija al Kinder.

Cuando se produjo la masacre en el penal de San Francisco Gotera el 17 de noviembre de 1993, que dejo como saldo 27 reos muertos y 30 heridos, producto de reyertas entre bandas rivales, el doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, entonces Procurador (27 de febrero 1992-26 de febrero de 1995) designó a Victoria Marina de Avilés y a Hugo Noé García Guevara, Delegado Departamental de San Miguel, para que investigara esa masacre. El resultado de esas indagaciones fue un señalamiento de responsabilidad contra el entonces Director General de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda que se publico en periódicos de circulación nacional.



El 29 de abril de 1996  interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado,aprobada por Decreto número 305, publicado en el Diario Oficial número 59 del Tomo 326 de fecha 24 de marzo de 1995, por violentar a su criterio cuatro de sus disposiciones  los artículos 11(juicio previo), 15 (principio de irretroactividad de la ley), 35 inciso segundo (régimen jurídico especial al que deben estar sometidos los niños y adolescentes) y 144 inciso segundo de la Constitución (Principio de la jerarquía normativa tratado internacional-ley).     

  

                                

Otra resolución de avanzada para la época fue la que versó sobre el caso  "Caso Nuevo Amanecer" referente a una comunidad del mismo nombre que invadió una propiedad privada en Ilopango, en la que se dio por establecida la violación del derecho humano a la vivienda en contra de 150 familias, por parte del Viceministerio de Vivienda en  al no haber agotado todas las alternativas compatibles  con una solución racional a la carencia absoluta de un medio que protegiera de la intemperie y dotara de condiciones mínimas de vivienda a dichos pobladores.

El 2013  Alfredo Bukele Simon dio a luz  el libro “El caso Bukele-Shell, 30 años de corrupción en el sistema judicial salvadoreño”, en el que publicó íntegra una resolución Ref. SS-0761-96 pronunciada por la doctora Velásquez de Avilés el 2 de febrero de 1998, en la que estableció violación al debido proceso por parte de la Sala de lo Constitucional en la sentencia del 18 de diciembre de 1989 ( amparo 1-S-87).

Dicha sentencia de amparo  dejó sin efecto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada en juicio sumario mercantil por el Juzgado Primero de lo Civil, confirmada en apelación por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro,  en la que condenaba a Distribuidora Shell de El Salvador S.A. de C.V., a indemnizar a  La Asunción S.A. de C.V. en una suma millonaria, por terminar aquella unilateralmente y sin causa justificada dos contratos de distribución de productos derivados del petróleo.

         

La resolución la PDDH en lo sustancial estableció violación al debido proceso por parte de la Sala de lo Constitucional que en polémico fallo amparó a  la trasnacional Shell, por transgresión al derecho a no ser juzgado dos veces por la misma causa artículos 11 y 17 de la Constitución,  violación a la tutela legal efectiva y juicio justo, transgresión del derecho a recibir justicia sin demora.

                                                

ATAQUES DE LOS ADVERSARIOS

La doctora Victoria de Avilés tuvo forcejeos fuertes con el gobierno central, como cuando se opuso el 26 de abril de 1995 al nombramiento del doctor Francisco Beltrán Galindo padre en el cargo de Inspector General de la PNC, en carta dirigía al Ministro del Interior, durante la administración del presidente Armando Calderón Sol.

En su edición del jueves 4 de mayo de 1995, diario Colatino publicó un nota bajo el encabezado: “No soy comunista: Procuradora Victoria Marina de Avilés”, en la que la funcionaria negó los señalamientos de la Secretaría de Información de la Presidencia (SIP) que inició una campaña en su contra, acusándola de comunista y desestabilizadora en microprogramas pagados por el Gobierno de la República.

Se trastabilló en su cargo cuando salió a luz en 1997 que su esposo, Carlos Sergio Avilés, había autorizado en su calidad de notario un contrato de arrendamiento de una casa donde tuvieron personas secuestradas, a raíz de este incidente el entonces diputado pedecista Ronald Umaña pidió su renuncia.

Esto es lo que al parecer no le gustó a sus detractores del "Estamento Político" que la tachaban de parcializada, la vinculaban con la izquierda y le endilgaban emplear militantes de la ex guerrilla. Fue acosada de diversas formas --recortes presupuestarios, intentos por deslegitimar su autoridad y amenazas contra su personal, por ejemplo-- pero, pese a ello, logró agenciarse un destacado lugar entre la opinión pública a partir de los progresivos niveles de confianza y credibilidad que llegó a generar.

Los partidos de derecha que controlaban el congreso, imposibilitaron su reelección cuando había tenido una prolífica y exitosa gestión en el trabajo de tutela. En esa línea, la doctora de Avilés, convocó el 27 de febrero de 1998 a una conferencia de prensa durante la cual anunció que no estaba dispuesta a participar en ese tipo de "juegos políticos"; en ese sentido sostuvo que, en tales condiciones, mal haría en postularse como candidata a la reelección. 

En ese mismo instante, también agradeció el apoyo que le brindó la comunidad de derechos humanos así como el de que recibió de las organizaciones y personas que le solicitaron a ella y a la Asamblea Legislativa su continuidad en el cargo.

PRECANDIDATA PRESIDENCIAL

En 1998 fue propuesta como precandidata presidencial por la Convención Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), siendo su oponente, el alcalde de San Salvador, Héctor Silva. La Convención, después de un prolongado debate, decidió no elegir a ninguno de los dos precandidatos y se decantó por un candidato de consenso, Facundo Guardado para la presidencia y Nidia Diaz para la vicepresidencia, ambos ex comandantes guerrilleros.

Las elecciones internas en el FMLN estuvieron llenas de descalificaciones, amenazas, abucheos, gritos, entre partidarios de los sectores ortodoxos y renovadores, que se manifestaron especialmente en la Convención Nacional Extraordinaria que tuvo lugar el 16 de agosto de 1998. Pero las preferencias se dividieron (441 convencionistas votaron por de Avilés y 431 por Silva), no logrando ninguno de los candidatos obtener mayoría absoluta. La revista Proceso de la UCA del 19 de agosto de 1998 calificó este proceso de elección de “Fiasco”.

Los resultados de esta contienda interna fueron extraños, pareciera que el FMLN adrede quería perder, porque hicieron a un lado figuras con prestigio y popularidad como Victoria de Avilés y las sustituyeron por políticos que no tenían el arrastre ni el perfil para ganar la elección presidencial del 7 de marzo de 1999, siendo aplastados por ARENA que obtuvo 270 mil votos más. El resultado fue favorable a Francisco Flores y Carlos Quintanilla Smith, quienes ganaron en primera vuelta con 614, 268 votos (51.96%) versus 343,472 (29.05%) que recibió el FMLN.

MAGISTRADA DE LA CSJ

En 2000, fue elegida como magistrada de la Corte Suprema de Justicia para un período de nueve años, ejerciendo sus funciones en la Sala de lo Civil (2000-2003) y Sala de lo Constitucional (2003-2009).​ Como magistrada constitucional mantuvo un perfil progresista con enfoque de derechos humanos.

En esa época la Sala de lo Constitucional estuvo integrada por Agustín García Calderón (Presidente), Julio Acosta Baires, Mauricio Alfredo Clará, José Nestor Castaneda y, por supuesto, Victoria Marina Velásquez de Avilés. En diversas sentencias emitió un voto disidente respecto de la mayoría de la Sala de lo Constitucional encabezada por el magistrado García Calderón, de perfil conservador.

                                                

Baste citar los votos disidentes, muy bien fundamentados por cierto con enfoque de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en las sentencias de amparo 674-2001 del 23 de diciembre 2003 acerca del caso Jesuitas e inconstitucionalidad 63-2007/69-2007 del 16 de octubre de 2007 que declaró inconstitucionales disposiciones de los Convenios 87 , sobre Libertad Sindical, Protección del Derecho de Sindicación y 98 de la OIT sobre Aplicación del Derecho a Sindicación y Negociación Colectiva.

Una nota de La Prensa Gráfica del 8 de marzo de 2021 revela que solo dos mujeres habían conseguido colocarse hasta esa fecha como magistradas propietarias de la Sala de lo Constitucional: Victoria de Avilés (2003-2009) y Marina de Jesús de Torrento (2018-2021). Al asumir el control de la Asamblea Legislativa el partido Nuevas Ideas el 1 de mayo de 2021, destituyó a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional electos el 16 de noviembre de 2018  y designó los sustitutos, entre ellos a Elsy Dueñas Lovos, que antes fungió como Magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo. 

MINISTRA DE TRABAJO

El 1 de junio de 2009, el presidente Mauricio Funes la nombró Ministra de Trabajo y Previsión Social en el primer gobierno de izquierda elegido por voto popular. En el ejercicio de este cargo se comprometió a promover la libertad sindical de los empleados públicos y la aplicación estricta de la legislación laboral.

Una nota de titulada “Más de 100 nuevos sindicatos” da a conocer  una entrevista que una misión de  la Unión Internacional de Trabajadores (UITA)   sostuvo con la Ministra de Trabajo, en octubre de 2010, destacando que con la llegada al gobierno de Mauricio Funes se habían constituido cerca de 100 sindicatos nuevos, lo cual marcaba un avance muy importante y completamente inédito en el país, habida cuenta  que el grueso del empresariado y las administraciones  de gobierno anteriores habían jugado un papel determinante en el escaso desarrollo sindical que se observaba en El Salvador.    

Solo estuvo en el cargo de Ministra de Trabajo los dos primeros años de Mauricio Funes (1 junio 2009-1 de junio 2011), fue sustituida por el ex sindicalista y ex diputado del FMLN, Humberto Centeno (1941-2014). Según una nota del periódico digital elfaro titulada “Funes releva a ministra de Trabajo y juramenta a nuevo presidente de CEL”, representantes de grupos sindicales opinaron que una de las razones por las que le pidieron el cargo fue la oposición de la ministra a una propuesta de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)

Al respecto elfaro cita palabras de Wilfredo Berríos, de la Federación Sindical Salvadoreña: “Ella se opuso a la posible jornada de 12 horas laborales que proponía la ANEP, y ahora que el gobierno negocia con los empresarios el pacto fiscal, el sector privado ha pedido su cabeza”.

El presidente Funes la designó como embajadora de El Salvador ante el gobierno de Suiza y representante permanente en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, cargos que ocupó entre junio de 2011 y mayo de 2014. Fue elegida para un mandato de un año como presidenta del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).