ANÉCDOTAS DEL PRIMER DELEGADO DE LA PDDH EN LA ZONA PARACENTRAL (II)

Por Joaquín Rivera Larios

En aquella época en la cabecera departamental de San Vicente  nos correspondió tratar con varios juezas y jueces: Aída Castaneda Parada (Jueza Primera de lo Penal), Vilma Adela Melara (Jueza Segunda de lo Penal), Arcadio José Humberto Polanco García (Juez Primero de Paz), Laura Elena Chamagua de Umaña (Jueza Segundo Paz).  

A nivel de vox populi, se vinculaba a algunas funcionarias  judiciales con figuras políticas de la época, al punto que una jueza  una vez que llegue al centro judicial me llamó para decirme que un usuario del tribunal la había ofendido con expresiones con trasfondo sexual. 

Tratar con funcionarios  requiere tacto y sutileza para no herir susceptibilidades en el montaje de eventos y actos protocolarios.  Recuerdo que la jueza Aida Castaneda me reclamó en algunas ocasiones, con la suavidad y empatía que la caracterizaban,  porque  su nombre  fue consignado erróneamente en la invitación a la inauguración de la Delegación el 17 de julio de 1993. El licenciado Polanco García solía decirme que si no le daba diploma, no asistiría a los seminarios a las que lo invitábamos, porque no tendría como justificar a la Corte Suprema de Justicia la utilización de ese tiempo.

En esa misma frecuencia, el doctor Roberto Romero Carrillo, siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), asistió a la inauguración de la Delegación Departamental de Chalatenango en 1994, evento al que también asistí, pero  por un olvido no fue mencionado  por el maestro de ceremonias, Julio Rodríguez (entonces jefe de Comunicaciones de la PDDH), como  autoridad que debió integrar la mesa de honor, por lo que mando una nota de reclamo a la institución.  

Una vez allá por el año 1993 platicando en su despacho con el doctor Humberto Saenz (QDDG), Magistrado de la Cámara de la Tercera Sección del Centro con sede en San Vicente, me manifestó espontáneamente el dolor que aún le embargaba por el asesinato de su hijo, licenciado Humberto Sáenz Cevallos, Secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad, José Matías Delgado, víctima de la Masacre de Zona Rosa perpetrada el 19 de junio de 1985 por militantes del   Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). En total las víctimas fueron cuatro marines norteamericanos y nueve civiles.

El otro magistrado de la Cámara de la Tercera Sección del Centro en esa época era el doctor  Victor Manuel Marín Palomo (QDDG),  tenía un temperamento colérico. En una ocasión nos señaló en un informe lo que a su juicio era un desconocimiento craso del derecho procesal penal  de nuestra parte, por una aseveración consignada en el oficio que le envié. Era muy severo en sus sentencias para hacer reconvenciones a los jueces inferiores.  En cierta oportunidad me comentó  don Daniel Ramírez Rodriguez (QDDG), administrador del Centro Judicial, que el doctor Marín Palomo había desarticulado una protesta de los sindicatos  y les había arrancado las pancartas.

Uno de los impases más desagradables de mi gestión tuvo lugar en 1994 con el Juez  de Paz de Apastepeque,  licenciado Roberto Antonio Ramírez. Cuando llegué a la sede judicial  Ramírez interrogaba de forma prepotente a una testigo que lloraba, estaba presente en la audiencia un defensor conocido como “La Gata” Salgado. Quizá en un exabrupto al apreciar la escena le dije que no podía coaccionar a la testigo. Y él juez de manera airada me ordenó retirarme del tribunal.  Ya para esa época era vox populi que en ese Tribunal se cobraban dádivas.

Recuerdo que envié en el vehículo institucional a un grupo de personas para que interpusieran la denuncia  en el Dirección  de Investigación Judicial. Muchos años después, le consulté al Secretario de esa dependencia qué había pasado con las denuncias contra el juez Ramírez, y me dijo lacónicamente que nunca se le había logrado comprobar nada. 

El 2004, desempeñándome como  Juez Interino en el Juzgado de Segundo de Paz  Ilobasco, me encontré al licenciado Ramírez en capacitaciones de la Escuela Judicial,   con sus lentes, frente amplia, mirada sigilosa y  espeso bigote,  me pareció un tipo de aspecto poco cuidado, enigmático, silencioso, que no socializaba y parecía ausente en las clases.

El desenlace trágico del funcionario tuvo lugar en el 2008, cuando la Fiscalía General de la República lo denunció por cobrar a personas para ser contratadas como empleados y por solicitar dádivas a cambio de beneficios a sujetos procesados, la   CSJ  en trámite de antejuicio dio lugar a formación de causa para que se le procesara por los delitos de CONCUSIÓN    y COHECHO PROPIO. Estando bajo arresto domiciliar en su casa, ubicada en Zacatecoluca, Roberto Antonio Ramírez se suicidó en octubre de 2008 en un descuido de sus custodios.

Aunque su oficina quedaba en la misma cuadra que la delegación,  en la intersección de la Segunda Avenida Norte y Calle 1 de julio,  doña Blanca Lidia Ávalos de Angulo, Gobernadora  Departamental, ferviente seguidora del mayor Roberto D’Aubuisson,   me cito por telegrama  a una audiencia privada a los pocos días de asumir el cargo  y durante el encuentro su principal preocupación era la naturaleza de la PDDH y a la orientación política de la institución. En aquella época el tema de derechos humanos se asociaba al accionar de grupos de izquierda.

En el período del Alcalde de San Vicente, Edwin Edy Molina, se dieron varios despidos. Molina  fue el sucesor del reconocido abogado  Lázaro Cruz, quien al parecer fue  destituido de alcalde por el  Concejo en el trienio 1991-1994. El abogado y ex edil Cruz, representó judicialmente  a varios empleados despedidos, y en sus demandas de varias páginas  destilaba su furia con los concejales que lo cesaron, tejiendo argumentos llenos de sarcasmo e ironía, en los que pisoteaba  la inteligencia de las autoridades de la comuna.

Cierta vez unos trabajadores  me pidieron  que fuera a verificar su reinstalo en la comuna, decretado por sentencia judicial, y el edil Edwin Edy Molina (QDDG), un señor de tez blanca,  de baja estatura, de ojos zarcos, con el rostro estrujado por los años, me dijo que mi presencia era innecesaria, que era un hombre respetuoso de la ley y que  acataría la orden judicial sin mi intervención.

Salvo las bajas de personal de tropa que se disponían de manera sumamente discrecional, tuve una relación cordial con el coronel Salvador Antonio Sosa Carranza, Comandante de la Quinta Brigada de Infantería, quien asistía puntualmente a los eventos que lo invitábamos, nos apoyó con la Orquesta de la Quinta Brigada con ocasión de la Primera Fiesta de la Amistad Penitenciaria. Cuando llegaba a su despacho apreciaba una gran foto suya recibiendo el sable de subteniente en 1974 de manos del presidente Arturo Armando Molina.

La foto capta el momento del acto de celebración de la independencia que le correspondió a la PDDH en el mes cívico de 1993, desarrollado con el apoyo de la banda de paz de la Escuela Marcelino García Flamenco. Tuve el privilegio de pronunciar las palabras alusivas al acto en la Plaza del Pilar al pie de la Iglesia del mismo nombre. 

Se aprecian en la imágen el coronel Sosa Carranza a la izquierda de mi persona (vistiendo traje verde), al centro dos oficiales no identificados,  en el extremo izquierdo: Fernando Villalta (Síndico de la Alcaldía),    mis compañeras Dina del Carmen Mejía Pérez, Xenia Merino de Jacinto;  en el extremo derecho, una empleada de la Gobernación Departamental y  el Director Departamental de Correos, Gerardo Rivas Quevedo.          

EL REENCUENTRO CON LA ADOLESCENCIA A LA VUELTA DE TREINTA AÑOS

Por Joaquín Rivera Larios

La vida da segundas oportunidades. Después de tantos avatares suscitados durante 30 años, fue maravilloso tener el enorme privilegio de reunir en un mismo espacio a la promoción 86 del Colegio Bautista San Salvador (Décimo séptima promoción), generación que compartió tantas vivencias, andanzas y acarició tantos sueños bajo el cobijo de una institución centenaria, fundada en 1924, que nos proporcionó un segundo hogar.

Desde que inicio por la feliz iniciativa de la maestra estadounidense Vivian Saylor, el Colegio Bautista  ha sido un auténtico crisol que ha infundido a sus alumnos y alumnas principios y valores trascendentales que nos han catapultado en nuestras vidas y profesiones, al tiempo que nos han dado identidad como grupo, nos convocan y nos hermanan. 

Añoramos tantos elementos materiales e inmateriales que constituyen la institución que nos proveyó alimento intelectual y espiritual. De los salones de clase, de los pasillos, los patios, las canchas, afloran tantos recuerdos con sabor a nostalgia. Vuelven las imágenes de maestros y condiscípulos que ya partieron, y los imaginamos departiendo con nosotros. Y son esas añoranzas las que mueven estas celebraciones.

Gracias especialmente al valioso legado de amor y sacrificio de la maestra Saylor y la señorita Evalena McCutcheon que dirigió los destinos del colegio de 1926 a 1960, departimos en un segundo hogar que supo encauzar nuestros ímpetus juveniles. Es fabuloso repasar con la sabiduría acumulada las huellas benéficas que nos dejó un verdadero semillero de ideales, aderezados por esa carga energética y la chispeante hiperactividad de los años mozos.

Como preámbulo de la celebración de los 30 años, la tarde del 23 de octubre de 2016 tuvo lugar un acto de acción de gracias en el “auditórium Evalena McCutcheon” del Colegio Bautista, contándose con la presencia de distinguidos maestros de nuestra época: Herbert Torruella (biología), Lilian Guatemala (química general y química orgánica), Ingeniero Julio Velásquez (física y física vocacional), José Angel Marcía (matemáticas), Irma de Bonilla (subdirectora de primaria). 

Le correspondió a Rodrigo Peraza, destacado ex vocalista y coreógrafo de la Raza Band y la Fuerza Band, obsequiarnos preciosas alabanzas, entre ellas Himno de Victoria, original de Dany Berríos. Rodrigo ahora rinde honra y gloria a nuestro creador en el Ministerio de Alabanza de su iglesia. Nos compartió a su vez un breve testimonio de su conversión.

La noche sábado 23 de octubre  en el Circulo Deportivo Internacional, tuvo lugar el festejo, un tanto menos majestuoso que aquel agasajo de los veinticinco años del 8 de octubre de 2011 en el Hotel Sheraton Presidente, pero de similar forma el reencuentro de aquellos adolescentes ochenteros nos permitió revivir los remolinos de una época excepcional y las raíces infantiles y juveniles que nos anuncian que siempre hay una quimera que alcanzar.                                         

                                                                            

LAS DISCREPANCIAS QUE TUVE CON EL DIPUTADO ZELAYA SELIGMAN

Por Joaquín Rivera Larios 

Durante mi desempeño como Delegado Departamental de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en San Vicente (julio de 1993-mayo de 1995), una de las figuras políticas con las que colisioné por la cercanía geográfica, fue el ingeniero Carlos Valentín Zelaya Seligman, diputado por la Circunscripción Nacional en la Legislatura 1994-1997 y reelecto para la Legislatura 1997-2000.

Era Ingeniero Agrónomo y Civil, director departamental de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), antes de recalar en el Congreso fungió como asesor del Ingenio Jiboa y Juez Segundo de Paz de la cabera departamental de San Vicente. Fue miembro de las Comisiones de Obras Públicas, de Defensa, Gracia y Excusas de la Asamblea Legislativa.

El local de ARENA en San Vicente estaba a la par de la Delegación Departamental de la PDDH sobre la segunda Avenida Norte, frente a la sede de ANTEL (a una cuadra antes de llegar a Catedral), justo en el espacio que ahora ocupa Super Selectos y como era natural se aglutinaban en períodos electorales gran cantidad de activistas que merodeaban nuestra oficina.

                                                    

Antes la vinculación de la política partidaria con la judicatura era mucho más clara que hoy. Humberto Costa, miembro del Consejo de Gobierno Revolucionario (1948-1950) y luego Vicepresidente de la República en el gobierno de José María Lemus (1956-1960), Francisco José Guerrero reconocido dirigente del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Vicepresidente de la República (1962), y Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, también  Vicepresidente de la República por el partido ARENA (1982-1984), fueron Presidentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

                                                
Ello explica que Carlos Valentín Zelaya Seligman, siendo ingeniero agrónomo, haya sido Juez Segundo de Paz bajo una CSJ presidida por Francisco José Guerrero (1984-1989) y Mauricio Gutiérrez Castro (1989-1994), dado que el artículo 180 de la Constitución de 1983 no había sido reformado y establecía que los jueces paz durarían en sus funciones dos años y no exigía que fuesen abogados, por ende en esa época no formaban parte de la carrera judicial.

La primera vez que lo vi fue en el estadio vicentino, en un evento de la Quinta Brigada de Infantería, se identificó conmigo como Asesor del Ingenio Jiboa. Me comentó que a principios de los noventa había sido Juez de Paz. Zelaya Seeligman era un hombre con un carácter firme, recio, aguerrido, resuelto, que no se amedrentaba por nada ni nadie. Con sus botas y sombrero, lo vi verificar el 20 de marzo de 1994 las elecciones en Tecoluca, territorio dominado por el FMLN desde la guerra, cuando todavía estaban humeantes las rencillas del conflicto.

Luego alterné con él en un par de eventos en la gobernación departamental de San Vicente, presidida por doña Blanca Lidia Avalos de Angulo, época en la que campeaba la alcaldesa Gladys Haydee Santamaría de Jaime. En uno de estos encuentros me ratificó la preponderancia histórica del mayor Roberto d’Aubuisson, pero según su criterio, con excepción del mayor, los militares no eran muy bien vistos en el partido, porque querían imponer su don de mando sobre los civiles.

                                            

Cierta vez íbamos a hacer una diligencia con unos usuarios que eran reconocidos miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), quienes subieron al vehículo institucional, en medio de un pelotón de activistas tricolores que comenzaron a zarandear el automotor como queriéndolo volcar con los asustados miembros del partido de izquierda adentro. Luego de unos minutos la turba enardecida al fragor de la campaña, se sosegó y desistió de su propósito.

Horas después del percance me reuní con el ingeniero Zelaya Seligman y me manifestó que era una acción natural en campaña, a lo que repliqué que informaría a la sede central de la PDDH de la agresión y él me contestó con un lapidario: “Haga lo que usted quiera”.

Posteriormente, tuve otra desavenencia con el diputado. Preguntó por mí y me dejó unos retratos del presidente de la República, doctor Armando Calderón Sol, yo se los recibí, agradeciéndole el gesto, pero no los colgué como el parlamentario pretendía. Una buena vez me preguntó por qué no había colgado los retratos y le explique la PDDH era independiente, que no era una entidad que estuviera bajo la égida del Órgano Ejecutivo, más bien éramos una institución de control, colocarlos era dar un mal mensaje a nuestros usuarios. El incidente no pasó a más

Como el parlamentario venía de trabajar de Asesor en el Ingenio Jiboa, algunos activistas de ARENA, tenían el sueño de entrar a trabajar en el Ingenio que era como conquistar “el sueño americano en San Vicente”, por las altas prestaciones y salarios que estos servidores recibían en comparación con los demás trabajadores de la zona. No dudo que ayudó a ingresar al Ingenio a algunos de los militantes como expresión de gratitud por su trabajo proselitista.

Y tuvo otro gesto de nobleza: enterrar con honores a un humilde ancianito de aproximadamente noventa años, que cuidaba el local de ARENA, su ataúd fue cubierto con la bandera tricolor y en los principales rotativos se divulgó que había muerto un fundador del Partido. Tuvo la deferencia de asistir a los eventos que organizaba la Delegación de la PDDH a los que se le invitaba, entre ellos la Primera Fiesta de la Amistad Penitenciaria el 11 de febrero de 1995.

En diciembre de 1994 recibí la llamada del licenciado Luis Fernando Avelar Bermudez, Secretario General de la PDDH, pidiéndome una investigación, porque el carro del parlamentario Zelaya Seeligman, había sido ametrallado. Me reuní con el diputado, y éste me confirmó que en efecto su vida estaba en riesgo, que sabía que tenía enemigos que pretendían separarlo del tinglado político, que un hermano suyo había sido asesinado meses atrás.

Y le plantee que le pidiera seguridad a doña Mercedes Gloria Salguero Gross, entonces Presidenta de la Asamblea Legislativa, y me manifestó que si demostraba que tenía miedo, le podían pedir el cargo, que tenía que hacerle frente a las amenazas. El diputado Zelaya Seeligman viajaba en un sedan blanco, no andaba guardaespaldas, solía viajar con su compañera de vida.

Augurios de muerte se cernían sobre la humanidad del parlamentario, al punto que su compañera de vida, Andrea Umaña,  manifestó a personal de la Delegación que tenía temor de acompañarlo en sus continuos recorridos, pero aquel insistía que debía andar con él.  

La mañana del domingo 23 de marzo de 1997 El Salvador despertó conmocionado por la noticia: el asesinato el día anterior del diputado Carlos Valentín Zelaya Seligman, a causa de heridas penetrantes de cráneo y tórax, hecho ocurrido a las cuatro y treinta de la tarde,   en el Cantón Las Minas, jurisdicción de Apastepeque, San Vicente,  a la altura del kilometro 53, carretera Panamericana,  cerca del Desvío a San Vicente.

Según versiones de la señora Umaña retornaban con el Ing. Zelaya de la ciudad de Apastepeque, al llegar al cantón Las Minas, el diputado observó que el vehículo Toyota Dina placas P 136-233, color amarillo, se había salido de la vía en aparente accidente, por lo que se bajó a prestar auxilio a las supuestas víctimas, entre ellas el presunto homicida, Joaquín Iraheta Rodas, quien le disparó cuando se acercaba. Un reportaje de El Diario de Hoy del 25 de marzo de 1997  especula que el hecho pudo tratarse de una emboscada.     

El Diario de Hoy del 24 de marzo de 1997  dio cuenta que el hijo mayor del congresista del mismo nombre, llegó quince minutos después del crimen al sitio donde fue asesinado su padre. Zelaya dijo que su progenitor le comento hacía unos días que había recibido dos llamadas telefónicas, en las que le decían que iba “a ser sustituido a como diera lugar”, de su cargo como diputado reelecto. Explicó también que durante la campaña tuvo roces con miembros del FMLN y con el candidato suplente, Amado Aguiluz de ARENA.     

También llego a la escena del crimen, la Presidenta del congreso, Gloria Salguero Grosss, quien calificó el hecho como horrible y paradójicamente manifestó desconocer los peligros que corría el legislador al expresar: “No tuvimos ningún tipo de comentario de parte de él, desconocemos los motivos”. 

  

Pienso en los méritos que tienen los que sudan la camiseta por la causa de un partido político y que muchas veces los triunfos electorales están bañados de sangre. Y entonces recuerdo al ingeniero Carlos Valentín Zelaya Seligman que equivocado o no, vivió, luchó y murió por su partido, que tuvo la gallardía de sortear peligros sin más salvaguarda que sus convicciones, su chaleco antibalas y su revólver, con la quimera de ver ondear la bandera tricolor en territorio enemigo o de hacer prevalecer a su peculiar manera la consigna del Mayor Roberto d'Aubuisson: “¡Primero El Salvador! ¡Segundo El Salvador! ¡Tercero El Salvador!”

GARANTIAS QUE RIGEN LOS TRASLADOS EN EL SECTOR PUBLICO

Por Joaquín Rivera Larios

Tradicionalmente se ha considerado que cualquier traslado que se haga en el marco del artículo 37 de la Ley de Servicio Civil, es decir dentro del mismo municipio, está investido de legalidad, pero no hay que perder de vista que algunos traslados pueden ser expresión de discriminación y maltrato. En efecto, los traslados compulsivos, la inequidad salarial, la sobrecarga de trabajo, dependiendo las circunstancias concretas, pueden ser consideradas formas de violencia laboral.

El artículo 37 citado no debe interpretarse de manera aislada y literal, sino que deben ponderarse otros derechos fundamentales como el derecho del trabajador a seguir su vocación, el derecho a condiciones satisfactorias, justas y equitativas de trabajo, el derecho a ser evaluado en su desempeño laboral de forma objetiva y técnica, el derecho a que se adecue el lugar de trabajo a la persona. 

En algunas tareas que demandan cierto nivel de cualificación y especialización, debe franquearse una etapa de transición y entrenamiento para que el servidor o servidoras asuma su nuevo rol sin tropiezos.

La PDDH ya se ha pronunciado en el caso 01-522-04 a las diez horas del 20 de junio de 2006, estableciéndose que para que un traslado no sea arbitrario deben reunirse al menos los siguientes requisitos: a) que sea decidido por una autoridad con facultades legales para ordenarlo; b) la ubicación del trabajador en una función compatible con sus capacidades físicas, vocación o formación laboral o profesional, asignándole desde luego tareas; c) si el traslado es motivado por falta, que se siga un debido proceso administrativo sancionador; d) los compromisos familiares y otras ocupaciones del servidor; f) Cuando los traslados sean precedidos de evaluaciones desfavorables, éstas deben darse respetando las garantías constitucionales, y condiciones que establece el artículo 2-05 de la Normas Técnicas de Control Interno de la Corte de Cuentas.

Ciertamente, en los traslados  debe salvaguardarse el  cumplimiento de las responsabilidades familiares que tiene el servidor, en consonancia a lo dispuesto en los artículos 37   32 y 34 de la Constitución de la República,  los cuales establecen en su orden el deber del Estado de proteger al trabajador, a la familia y a la niñez y adolescencia. 

Asimismo, los  artículos 15 y 16 del Protocolo de San Salvador, consagran el derecho a la protección y constitución de la familia, el derecho de la niñez a crecer bajo el amparo y responsabilidad de sus padres y  artículo 7 de Convenio 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares.

La Sala de lo Constitucional (Amparo Ref. 104-2013) del 26/II/2016 se pronuncia sobre una demanda en que la actora alude a una degradación funcional con el traslado a otra dependencia del Órgano Judicial, estableciéndose que no se había violentado la estabilidad laboral de una servidora ni el derecho de audiencia. La sentencia en cuestión soslaya de alguna manera que la persona es el principio y fin de la actividad del Estado, dado que realzan las potestades de la administración para disponer traslados, omitiendo justipreciar los derechos arriba citados de los trabajadores que son integrantes del derecho genérico a gozar de condiciones justas, satisfactorias y equitativas de trabajo.

En la sentencia en comento la Sala menciona que es necesario distinguir el traslado de otras figuras similares, previstas en el ordenamiento jurídico, que también conllevan un cambio en alguna de las condiciones de las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores públicos. Entre dichas figuras: (i)el ascenso, el cual permite a una persona ocupar un cargo de mayor jerarquía al que desempeñaba anteriormente en la institución; (ii) la permuta, que implica un intercambio voluntario de plazas entre dos servidores públicos y (iii) el descenso de clase, que consiste en el traslado de un servidor público a un cargo de categoría inferior al que desempeñaba antes.

Acota el tribunal que la última figura mencionada opera como sanción aplicada al servidor que se le haya comprobado descuido o mal comportamiento, mediante resolución de la respectiva Comisión de Servicio Civil. No debe ser confundida con el traslado: en este se desplaza a la persona a un cargo de igual o similar categoría al que tenía antes, en aras de satisfacer una necesidad imperiosa de la institución pública correspondiente, mientras que en el descenso de clase ocurre una desmejora en las condiciones laborales ─como la categoría del cargo, las funciones asignadas y el salario−producto de una sanción por el incumplimiento de las atribuciones que le correspondían al servidor en su cargo primigenio.

Sostuvo el tribunal Constitucional que para que un traslado sea legítimo debe ser necesario, es decir, basado en razones objetivas relacionadas con el adecuado desempeño de las actividades propias de una institución pública, y debe garantizar la no afectación de las condiciones esenciales que rigen la relación laboral entre un servidor público y el Estado, esto es, la localidad donde se presta el servicio, la categoría del cargo, las funciones asignadas y el salario. Ello porque esta figura no debe emplearse como sanción, sino como un mecanismo extraordinario orientado a organizar adecuadamente el recurso humano que labora para el Estado y, así, garantizar el correcto funcionamiento de la institución.

Según el referido criterio jurisprudencial, previo a la materialización del traslado, se debe justificar sumariamente, si concurren las siguientes condiciones: (i) la institución que tiene una institución de reorganizar su personal debido a que alguna de sus unidades administrativas carece de suficiente personal para cumplir sus funciones y (ii) el nivel de especialización del servidor público que se pretende trasladar y su idoneidad para desempeñar el cargo al que será destinado, en el entendido que dicha unidad no cuenta con otra persona que pueda asumir las funciones de ese puesto de trabajo.

En una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Ref. 160-R-2001) del 9/III/2006, se estableció que eran ilegales las actuaciones del Registro Nacional de Personas Naturales en cuanto a la disminución del salario, orden de traslado de lugar de trabajo y consecuente despido del demandante. En lo pertinente dicha Sala expreso: “(…) en el traslado hay situaciones en que, por exigencias propias de la institución, en la que labora, el servidor público puede ser enviado a otro lugar donde las necesidades del servicio que se presta lo exijan. Sin embargo, es injurioso para el empleado, cuando dicho traslado implique que la compensación pecuniaria no es razonable en cuanto a su importe y que el salario ofrecido no compensa los mayores gastos e incomodidades derivadas del nuevo destino”.

Y luego la Sala en mención añade: “Es decir, la Administración con base en poderes implícitos que detenta para su organización interna, tiene la facultad de variar las condiciones laborales de sus empleados. Sin embargo, tal proceder debe ser motivado en todo momento por medio de un acto administrativo”.

El descensos de clase es una figura análoga al traslado, pero aquella forma parte del catálogo de sanciones que prescribe la Ley de Servicio Civil en el artículo 41 letra f), pero a veces se dan degradaciones funcionales, el trabajador conserva nominalmente la categoría de la plaza, pero no las atribuciones. 

La PDDH en el expediente SS-0051-2016 expidió resolución  del cuatro de mayo de dos mil diecisiete,  estableciendo que existió violación al derecho al trabajo, por actos ilegales o arbitrarios atentatorios contra la estabilidad laboral, por el despojo que se hizo al denunciante de la Jefatura del Departamento de Pueblos Indígenas de SECULTURA, dejándolo como parte del equipo de esa dependencia, sin modificarse su categoría ni salario.

EL SALTO CUALITATIVO AL COLEGIO BAUTISTA

Por Joaquín Rivera Larios

Venía de estudiar cuatro años en el Instituto Cultural Miguel de Cervantes (1981-1984), un popular, concurrido y ahora extinto colegio del centro de San Salvador, que era cuestionado por priorizar el deporte de las canastas sobre las exigencias académicas y por problemas de drogadicción que afectaban a algunos estudiantes, que no era raro verlos callejeando o jugando con las maquinitas en horas de clase.



No era mixto y la sección masculina y femenina operaba en edificios separados. Esta férrea separación alentaba el morbo, la rudeza, las inhibiciones y no era extraño que los varones se propasaran en su relación con las señoritas, en eventos deportivos, fiestas y presentaciones de candidatas a reina. Al mediodía algunos grupos de estudiantes se aglutinaban frente a la sección femenina para ver salir a las señoritas.  Los tabúes impuestos por las mismas autoridades del colegio a veces generaban reacciones airadas.

Sin embargo, el pecho se inflamaba de orgullo cuando lucíamos las chumpas tricolores (azul, rojo y blanco) con el rostro de un oso furioso impreso en la espalda o veíamos a nuestro equipo de BKB dar feroz pelea al Liceo Salvadoreño o al Don Bosco,  al Santa Cecilia, con el gimnasio nacional abarrotado, gran cobertura mediática de la Televisión Nacional Educativa (Canales 8 y 10) y barras eufóricas que entonaban canticos a todo pulmón, en medio del sonido estridente de pitos, bombos y platillos.

Las diferencias socio económicas entre los cervantinos con los alumnos de colegios más pudientes y prestigiosos (Don Bosco, Liceo Salvadoreño, Santa Cecilia, San Francisco), no solo se reflejaban en el rendimiento de los equipos en la duela del Gimnasio Nacional, si no también en los graderíos, donde las disparidades no dejaban de propiciar cierta frustración en los estudiantes más desfavorecidos y a veces brotes de violencia. A quien les ganábamos  regularmente era al quinteto del INFRAMEN.  

El sueño que venía abrazando desde hacía varios años era enrolarme en el Colegio Bautista, un plantel fundado en 1923 en el Barrio San Jacinto de San Salvador, menos fanfarria deportiva, tenue afición por el deporte de las canastas, pero mayor tradición académica, valores cristianos, chicas bellas, inteligentes y muy estudiosas.

El día del examen de admisión en octubre de 1984 vi desfilar un derroche de belleza adolescente por los pasillos, inusual para mi, que compensó con creces el estrepitoso fiasco que representó el examen de matemáticas, confeccionado por el profesor José Ángel Marcía (1933-2025), con ejercicios exóticos que meses más tarde serían el equivalente a una película de terror.

La dinámica y el estilo de las relaciones interpersonales había dado un giro alucinante de 180 grados: pasar del trato hosco, árido y rudo de los varones, al trato acaramelado y afable de agraciadas compañeras, que hacían alarde de delicada feminidad.

Lo que me impresionó era la absoluta convicción con que muchas compañeras hablaban de las profesiones que estudiarían, la obstinación con la que repasaban las clases, la fraternidad que se había forjado en alumnos que venían de departir desde párvulos. Algunas señoritas proyectaban un aire de distinción, otras un dejo de altivez.

Recordar a los grupos de compañeras que se sentaban en las gradas que daban a la cancha de BKB, o en los arriates al pie de frondosos árboles, es también rememorar una fase en la que sueñas con ser mago para encantar el alma femenina, en la que comienzas a ensayar lisonjas, al tiempo recibes primorosas tarjetas de felicitación el día tu cumpleaños con delicadas frases.

Era una época, en que las expectativas se elevan hasta las nubes y no era extraño quedar prendado con aquellos guiños en el cruce de miradas con alguna bella condiscípula. Son momentos fugaces que se tornaron en imágenes imborrables.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ÁMBITO SINDICAL

Por Joaquín Rivera Larios

La libertad de expresión es garante y promotora de los demás derechos, sin ella no se puede llegar a la verdad material de los hechos. Liu Xiaobo, defensor de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2010, dijo: “La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad”.

Es importante la libertad de opinión, incluso el ánimo de debatir y contra argumentar, son actividades propias del pluralismo, la diversidad y alimentan el juego democrático. Ver la crítica en sí misma como una falta de respeto, es una forma de intolerancia y una actitud antidemocrática que ahoga el pluralismo, irrespeta la diversidad y la identidad de las personas y sectores.

                                                 

                        

Las libertades de expresión y reunión, los derechos de acceso a la información, de criticar, denunciar, discrepar, son garantías y facultades esenciales que nutren la vida democrática. La libertad de expresión comprende la de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole.

Para que el libre juego de las ideas sea fructífero y útil, coadyuve a fortalecer las organizaciones y a mejorar las relaciones laborales, es importante que tanto la Junta Directiva en su relación con el Titular de la institución como los afiliados hacia los organismos del sindicato, aporten crítica inteligente, fundamentada, propositiva, enmarcada dentro de la legalidad y el profesionalismo, basada en información fidedigna  y proponer acciones que puedan mejorar las situaciones imperantes.

                

                                                                                  
                                                                        

De ahí que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y prudencia. Responsabilidad en el sentido de que no puede ejercerse de una forma que transgreda derechos fundamentales de otras personas y prudencia en el sentido que lo que se expresa debe tener como parámetro la verdad real.

Entre los preceptos que establecen límites a la libertad de expresión figuran el artículo 6 de la Constitución, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y IV de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Por su parte, el Código Penal establece los delitos de calumnia, difamación e injuria, tipificados y sancionados en su orden en los Arts. 177, 178 y 179. Está vigentes también la Ley de Reparación del Daño Moral y Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta.

          

                                             

De tal manera que el ordenamiento jurídico establece restricciones a la libertad de expresión, de las que se desprende el deber de no afectar el honor, la vida privada y familiar, el orden, la salud y la moral públicas, de no alentar el odio racial o religioso.

En tal sentido, hay libertad de expresión, pero debe ejercerse dentro de la legalidad, la ética y la buena fe. La democracia también tiene reglas, tiene valores, principios. Si la libertad no se ejerce en un marco ético, las cosas se degeneran, se puede agudizar la discordia y avivar conflictos innecesariamente.

                                              

                                                                                                                          

El artículo 77 letra b) de la Ley de Servicio Civil y 5 letra a) de los Estatutos del Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (SEPRODEHES) obligan al sindicato a denunciar el incumplimiento a los derechos laborales y las irregularidades en la aplicación de la ley. Y es importante que las denuncias que se plantean en los boletines y ante instancias legales, se fundamenten adecuadamente en los planos fáctico, jurídico y probatorio.                                                                                                                               

                                                                                                             El licenciado Carlos Joaquín Solorzano Padilla, dirigió nuestro sindicato desde el 12 de marzo de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020  y bajo su gestión se promovieron denuncias en la Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental, Fiscalía General de la República, Ministerio de Trabajo y se activaron al menos dos procesos constitucionales: uno de inconstitucionalidad por el cierre de las delegaciones locales y otro de amparo por violación del derecho de petición y respuesta. Y el compañero Secretario de Comunicaciones, Guillermo Antonio García Bernabé, presentó una acusación por calumnia contra la entonces Procuradora, tal como lo reveló el boletín número 5 del 19 de septiembre de

 2018.                                                                                

                                                                            

                        

La Junta Directiva de SEPRODEHES repara en el boletín número 8 del 1 de octubre de 2019 la conducta de empleados que a su juicio consideran pro patronales que asistieron a eventos de despedida de la anterior titular y se tomaron fotos con ella, expresándole muestras de afecto. Es importante al respecto señalar que nuestro sindicato ha sufrido en diversos momentos críticas y ataques de empleados desde una perspectiva pro patronal. Muchos se han desafiliado, desacreditando el trabajo sindical. Así como los directivos y los miembros de los organismos de control de nuestro sindicato deben estar alíneados y ser leales a la clase trabajadora, los afiliados deben tener también conciencia de clase.

En el sindicalismo debe existir libertad, pero en un ámbito de lealtad con la clase trabajadora y con los valores, principios, ideales que rigen la organización. Si abrimos las puertas de par en par a la deslealtad, en poco tiempo lo que podemos tener es una organización desmantelada por la injerencia de quienes a toda costa buscan dividir a la clase trabajadora.                                                                        

                                                                              

                          

                                                                
Es decir el abuso de las libertades incontroladas, puede servir para socavar nuestra organización. El artículo 56 de los Estatutos de SEPRODEHES, ubicado en el Capítulo VI, establecen como causales de expulsión, entre otras: a) prestarse a maniobras patronales; b) labor de separación o disolución entre los afiliados; e) traición al sindicato.                                             

Uno de los problemas que enfrenta cualquier sindicato es que los funcionarios suelen ver las criticas como faltas de respeto y las denuncias como ataques alevosos. Es bueno traer a cuenta que la Sala de lo Constitucional en el amparo 375-2011, del 23 de enero de 2015 resolvió: “Los funcionarios deben tolerar, en mayor medida que los particulares, informaciones-producto del ejercicio responsable del periodismo investigativo-que puedan implicar afectaciones a su honor, especialmente las relacionadas con irregularidades en las que se señala su posible participación”. Así lo expuso la Sala cuando desestimó una demanda que interpuso Rafael González Garciaguirre, ex director interino de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Señala la sentencia en cuestión: “Si bien los funcionarios públicos son titulares del derecho al honor, la protección de éstos respecto del referido derecho tiene un carácter más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Ello obedece a que las referidas autoridades están sujetas al escrutinio público y a las críticas provenientes de los diferentes sectores de la población en torno a sus decisiones y a la manera en que ejercen sus funciones y administran los bienes del Estado. Estos aspectos, por ser de interés público, se insertan en el debate, el cual es un mecanismo de control de los ciudadanos frente al poder”.

CECILIA RUBIO: UNA LUCHADORA QUE DEJA EL ALMA EN UNA TRINCHERA

Por Joaquín Rivera Larios

                                        

La lucha sindical no es para espíritus débiles, que se evaporan al menor movimiento de aguas bravas, que se amedrentan fácilmente por las múltiples acechanzas que se ciernen sobre el movimiento social, que se atribulan ante la guerra psicológica que suele acompañar las acciones de presión. En ocasiones hay que saber moverse en un cesto de serpientes y tener un sexto sentido para detectar las fuerzas subterráneas que nutren algunos movimientos. Y la señorita Rubio por su trayectoria y experiencia tiene ese especial discernimiento.

La señorita Rubio, con todo el respeto que merece, no tiene una instrucción amplia, pero proyecta cualidades valiosas: tiene temple, sabe alternar la lucha con la diplomacia en la tortuosa relación con las autoridades, está dotada de un sexto sentido para discernir las causas reales de las aparentes de los problemas que se abordan, le asiste una experiencia burocrática que le permite conocer ciertos manejos de la cosa pública. Ha tenido una militancia política que le ha permitido descifrar el perfil psicológico de quienes detentan el poder y procura estar bien informada.

                                                                            

       

Los psicólogos dirían que su temperamento es colérico sanguíneo, pues su carácter es fuerte y por momentos se desborda, pero lo dosifica en coyunturas que demandan habilidad diplomática. Gracias a sus buenas relaciones con figuras claves, la Junta Directiva 2014-2015 accedió a valiosa información que nos permitió direccionar mejor la lucha, sobre la base de datos fiables. En las coyunturas en que las conversaciones con los funcionarios subieron de tono, Cecilia Rubio supo mantener un carácter mesurado y conciliador.

Advierto en ella un espíritu de honradez y solidaridad muy acentuado. Se opuso terminantemente a que la Junta Directiva 2014-2015, adquiriera eventualmente refrigerios para sus miembros de los fondos de la organización. Y fue celosa guardiana de la austeridad del gasto. Asimismo, en situaciones económicas apremiantes que aquejaron a algunos directivos, les extendió su mano generosa. Y esa misma generosidad se extendió al dialogo con las autoridades, en el que procuró de forma muy diplomática y sutil gestionar los mayores beneficios posibles para la clase trabajadora.
                                                                
                                                         

                                                 
              
Está dotada de un peculiar sentido del honor y la ética. Censuró verbalmente y a través de las redes sociales, el accionar de algunos compañeros, particularmente del sector transporte,  que propugnaron la separación de ciertos miembros de la Junta Directiva 2014-2015, promoviendo una Asamblea General Extraordinaria, en la que al parecer pretendían la destitución de directivos al margen de las garantías del debido proceso. Asimismo, reprendió con severidad lo que ella consideró actos de deslealtad al interior de la Junta.                                                                                                                                                      

                                                                          

Por una demora lamentable en la entrega de las gorras con el logo de SEPRODEHES, para ser repartidas en la Asamblea General Ordinaria del 25 de febrero de 2015, se desveló la noche entera en el local sindical, preparando la bolsita que se le entregaría a los afiliados con un llavero. Asimismo, puso el hombro en la logística del Día del Sindicalista y del Defensor de los Derechos Humanos, desarrollado el 24 de octubre 2014 y se entregó de lleno en el montaje de cada uno de los eventos que desarrolló la Junta Directiva 2014-2015.

Hacia el año 2016, Cecilia Rubio era miembro de la Comisión de Hacienda de nuestro sindicato, junto a Eriberto García Alfaro y Rosalío Amaya y por cumplir su rol sufrió fuertes y despiadados ataques, entre ellos amenazas de procesarla por difamación y expulsarla de la organización, incluso por hombres que se rasgaban las vestiduras de defender los derechos de la mujer. 

                                                            

Enfrentó con estoicismo la férrea hostilidad de algunos directivos en el 2016 que pusieron irracionales e ilegales reparos a la entrega de las copias certificadas de facturas y recibos que amparan los gastos del sindicato, cuando ella estaba cumpliendo con las atribuciones contempladas en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interno de SEPRODEHES que facultan a la Comisión de Hacienda para hacer auditorías.

Cecilia Rubio es una ciudadana de a pie, no es poseedora de un discurso florido y fluido, no atesora saberes complejos, pero es alma, corazón y vida para la lucha sindical. Cuando otros claudican, ella prosigue. Persigue con vehemencia las metas, tiene un sentido del logro y creo que seguirá batallando con pasión, desde la trinchera que sea, como directiva, como Secretaria de Finanzas, como miembro de la Comisión de Hacienda del sindicato o como afiliada, porque es una luchadora social nata.