Por Joaquín Rivera Larios
Uno de los impasses más desagradables de mi gestión al frente
de la Delegación Departamental de San Vicente tuvo lugar en 1994 con el Juez de Paz de Apastepeque, licenciado Roberto Antonio Ramírez. Cuando
llegué a la sede judicial Ramírez
interrogaba de forma prepotente a una testigo que lloraba, estaba presente en
la audiencia un defensor conocido como “La Gata” Salgado. Quizá en un exabrupto
al apreciar la escena le dije que no podía coaccionar a la testigo. Y él juez
de manera airada me ordenó retirarme del tribunal. Para esa época era vox populi que en ese tribunal se cobraban dádivas.
Este encontronazo con el juez Ramírez tuvo secuelas perjudiciales hacia mi persona al interior de la PDDH. En la Delegación se
abrió de oficio el expediente, se mandó a oir al funcionario y se emitió un
proyecto de resolución estableciendo responsabilidad. En ese entonces los proyectos eran revisados por el Jefe del Departamento de Procuración,
Miguel Arturo Girón Flores, ahora destacado abogado penalista (hijo ex Fiscal General de la República, Roberto Girón Flores), quien devolvió el expediente con una nota
recriminando mi actuación.
Recuerdo que envié en el vehículo institucional a un grupo de
personas para que interpusieran la denuncia
en la Dirección de Investigación
Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Muchos años después, le
consulté al Secretario de esa dependencia qué había pasado con las denuncias
contra el juez Ramírez, y me dijo lacónicamente que nunca se le había logrado
comprobar nada.
Al cumplir un año de haber sido inaugurada la Delegación Departamental, en julio de
1994, el entonces Procurador, doctor
Carlos Mauricio Molina Fonseca, me encomendó que organizáramos dos eventos: uno
con todos los jueces de San Vicente en el Centro Judicial y otro con la sociedad civil. Como no pudo
asistir el doctor Molina, en su lugar llegó el doctor Agustín García Calderón,
Procurador Adjunto. Por supuesto, asistió
Roberto Antonio Ramírez, quien me observaba con mirada firme y desafiante. Yo esperaba que pidiera
la palabra para criticarme, pero se mantuvo en silencio toda la reunión.
El 2004, desempeñándome como
Juez Interino en el Juzgado de Primero de Paz de Ilobasco, me encontré al licenciado Ramírez en
capacitaciones de la Escuela Judicial, luciendo lentes con aros gruesos y oscuros, frente amplia, mirada
sigilosa y espeso bigote. Me pareció un tipo de aspecto poco cuidado,
enigmático, silencioso, que no socializaba y lo percibía ausente en las capacitaciones, a diferencia de jueces muy
cualificados que estaban allí como Glenda Yamileth Baires, entonces Jueza de
Paz y egresada del Programa de Formación
Inicial para Jueces (PFI), que solía tener en clases participaciones muy bien
sustentadas y técnicas.
El desenlace trágico del funcionario que comenzó a fungir el 1 de febrero de 1994, tuvo lugar en el 2008,
cuando la Fiscalía General de la República lo denunció por cobrar a personas
para ser contratadas como empleados y por solicitar dádivas a cambio de
beneficios a sujetos procesados, la CSJ en trámite de antejuicio dio lugar a
formación de causa para que se le procesara por los delitos de CONCUSIÓN y COHECHO PROPIO.
Ciertamente, la Prensa Gráfica reveló que la hipótesis fiscal
era que el Juez había pedido $ 1,500.00 para el otorgamiento de una plaza en el
tribunal. Una de las pruebas principales
era la declaración del citador del Juzgado que gozaba de criterio de
oportunidad (confesión para no ser procesado). La audiencia preliminar estaba programada para
el veinte de noviembre del mismo año.
El 7 de octubre de 2008, estando bajo arresto domiciliar en
su casa, ubicada en el Barrio San José de Zacatecoluca, desde el 20 de mayo de ese año,
la Prensa Gráfica publicó la noticia que
la Cámara Primera de lo Penal avalaba embargo contra Juez de Paz de Apastepeque.
Se menciona que tenía registrados en el Centro Nacional de Registros seis
inmuebles en San Salvador y Zacatecoluca.
En horas de la mañana de ese mismo día los agentes que lo
custodiaban le permitieron a Ramírez, de
57 años, salir a la puerta de su casa a comprar los periódicos. Una hora después se escuchó un disparo en uno de los cuartos. Los
agentes pidieron apoyo a la Delegación para trasladar a Ramírez con una lesión en
la cabeza al Hospital Santa Teresa,
donde falleció minutos antes de recibir la atención. En el lugar encontraron un arma calibre 38
con cinco proyectiles en recamara y solo uno disparó. El juez se inmoló en la misma ciudad que lo había visto nacer el 15 de octubre de 1953.
