Por Joaquín Rivera Larios
EL PERÍODO DE LA JD 2016-2017
La elección de la Junta Directiva 2016-2017, tuvo lugar el 25 de febrero de 2016 en el Auditorium del Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo sido elegido por el voto mayoritario de los asambleístas: José Guillermo Huezo Cortez (Secretario General), Guillermo Antonio García Bernabe (Organización y Afiliación), Luis Heriberto Marroquín (Finanzas), Cristina López Morán (Educación, Cultura y Deportes), Carlo Magno Hernández (Secretario de Actas y Acuerdos), Joaquín Rivera Larios (Secretario de Comunicaciones), Sandra Guadalupe Machuca (Bienestar Laboral) y Carlos Solorzano Padilla (Secretario de Relaciones Públicas).
Esta Asamblea General generó polémica, dado que se eligieron cinco directivos y directivas en bloque, no uno por uno, por lo que no tuvieron contendientes. Después se le negó la palabra a ciertos trabajadores, y para agudizar la situación de desigualdad hubo una intervención de un reconocido dirigente de un sindicato del Organo Judicial, quien hizo reparos a posibles candidatos aparentemente alineados a la administración David Morales.
En principio algunos vimos bien la derrota de posibles “candidatos pro patronales” en esa Asamblea General, pero se violentó la igualdad de oportunidades que debe existir en una contienda electoral que se desprende del artículo 3 de la Constitución y la libertad de expresión de algunos afiliados, artículo 6 de la Carta Magna. Varios afiliados y afiliadas renunciaron después de este incidente y presentaron notas expresando su desacuerdo. Para evitar que una situación como la descrita se repita deberían revisarse los artículos 45 al 49 del Acápite V de los estatutos de SEPRODEHES, relativo a de las votaciones y elecciones, a fin de formular las reformas que sean necesarias.
La elección de la Junta Directiva 2016-2017, tuvo lugar el 25 de febrero de 2016 en el Auditorium del Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo sido elegido por el voto mayoritario de los asambleístas: José Guillermo Huezo Cortez (Secretario General), Guillermo Antonio García Bernabe (Organización y Afiliación), Luis Heriberto Marroquín (Finanzas), Cristina López Morán (Educación, Cultura y Deportes), Carlo Magno Hernández (Secretario de Actas y Acuerdos), Joaquín Rivera Larios (Secretario de Comunicaciones), Sandra Guadalupe Machuca (Bienestar Laboral) y Carlos Solorzano Padilla (Secretario de Relaciones Públicas).
Esta Asamblea General generó polémica, dado que se eligieron cinco directivos y directivas en bloque, no uno por uno, por lo que no tuvieron contendientes. Después se le negó la palabra a ciertos trabajadores, y para agudizar la situación de desigualdad hubo una intervención de un reconocido dirigente de un sindicato del Organo Judicial, quien hizo reparos a posibles candidatos aparentemente alineados a la administración David Morales.
En principio algunos vimos bien la derrota de posibles “candidatos pro patronales” en esa Asamblea General, pero se violentó la igualdad de oportunidades que debe existir en una contienda electoral que se desprende del artículo 3 de la Constitución y la libertad de expresión de algunos afiliados, artículo 6 de la Carta Magna. Varios afiliados y afiliadas renunciaron después de este incidente y presentaron notas expresando su desacuerdo. Para evitar que una situación como la descrita se repita deberían revisarse los artículos 45 al 49 del Acápite V de los estatutos de SEPRODEHES, relativo a de las votaciones y elecciones, a fin de formular las reformas que sean necesarias.
En lo que concierne a la relación con David Morales, éste reactivo el diálogo con la JD 2016-2017, hubo algunas reuniones donde se abordaron problemas, pero el diálogo se volvió a suspender. Con miras a buscar apoyo para mejorar la relación con el Titular nos reunimos con Lourdes Palacios y Roger Blandino Nerio (QDDG), ambos ex diputados del FMLN y éste nos dijo que había que distinguir la capacidad técnica de un funcionario en el ámbito de su competencia especializada y la capacidad gerencial para administrar una institución que era otra experticia. Y que a él le parecía que David Morales era un experto en la materia (derechos humanos), pero que probablemente en el plano gerencial presentaba carencias.
En el boletín 6 del 26 de abril de 2016, se puso en evidencia el incumplimiento de al menos siete cláusulas económicas, pese a ello el índice de inejecución presupuestaria fue alto: 3.67 % en el 2013, 3.48 % en el 2014, 3.75% en el 2015, totalizando un monto aproximado de UN MILLÓN UN MIL CIENTO VEINTISEIS DÓLARES ($ 1,001,126.24), lo que contrastaba con los incrementos presupuestarios percibidos en el mismo trienio que ascendieron a UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES ( $ 1,110, 825.00). Es decir, que de los incrementos presupuestarios, solo se ejecutaron un aproximado de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES ($ 109,692.36).
En el boletín 6 del 26 de abril de 2016, se puso en evidencia el incumplimiento de al menos siete cláusulas económicas, pese a ello el índice de inejecución presupuestaria fue alto: 3.67 % en el 2013, 3.48 % en el 2014, 3.75% en el 2015, totalizando un monto aproximado de UN MILLÓN UN MIL CIENTO VEINTISEIS DÓLARES ($ 1,001,126.24), lo que contrastaba con los incrementos presupuestarios percibidos en el mismo trienio que ascendieron a UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES ( $ 1,110, 825.00). Es decir, que de los incrementos presupuestarios, solo se ejecutaron un aproximado de CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES ($ 109,692.36).
A mediados del 2016 se dieron dos logros muy importantes, que fueron dados a conocer a través el Informativo PDDH del 16 de junio de ese año, tales fueron: la institucionalización de seis vales de supermercado al año por valor de $ 125.00 cada uno mediante cambios reglamentarios; y la incorporación de todo el personal a un seguro de vida por $ 20,000.00 que ha sido permanente desde ese año.
DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GENERO
El 2016 trascendió una denuncia por expresiones de violencia contra la mujer, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 55 letra C de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, contra el entonces Procurador David Morales y otro alto funcionario, que se sustanciaba en sede fiscal.
Ciertamente, en dos informativos de finales de junio y de principios julio de 2015 el Procurador David Morales expresó que el Secretario General del sindicato y una compañera directiva evidenciaban mala fe, con motivo de una protesta que estalló en la Delegación Departamental de Ahuachapán el 24 de junio de 2015.
El hecho capturó la atención de la prensa, al punto que El Diario de Hoy del 2 de agosto de 2016 publicó un reportaje de en la página 26 “Denuncian a titular de PDDH sobre supuesto maltrato a empleada”, mencionándose que tal denuncia contrasta con el logro de su administración de haber creado la Unidad de Genero Institucional (sic) para Mujeres Víctimas de Violencia. Se aborda en el reportaje que similar denuncia enfrentaba también el Procurador Adjunto. Ejerciendo el derecho de réplica, el Procurador señaló a la dirigencia del sindicato de estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra y de querer desestabilizar la institución.
El artículo 8 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres expresa que la violencia es cualquier acción basada en su género que cause daño psicológico, físico o sexual. El artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Para” también enfatiza que la violencia contra la mujer debe ser una acción o conducta basada en su género.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) conoció a nivel de una opinión técnica un caso contra de los dos altos funcionarios de la PDDH por expresiones de violencia contra mujeres sindicalistas, y emitió un dictamen en el que indicaba que no se había demostrado que la violencia fuera por razones de género. Se dice que los incidentes fueron por diferencias con la Junta Directiva de SEPRODEHES, no por la calidad de mujeres de las afectadas y sugirió que se recurriera a la Procuraduría General de la República a dirimir por la vía de la conciliación el conflicto suscitado.
NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONTRATO COLECTIVO
En los boletines 10 del 27 y 11 del 31, ambos de mayo, se mencionan las gestiones ante el Tribunal de Servicio Civil, de acuerdo al artículo 138 y siguientes de la Ley de Servicio Civil para la reactivación de la fase de conciliación, en el marco de la negociación del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, abogando la JD en todo momento por la progresividad de las cláusulas económicas y por cláusulas no económicas más garantistas.
El 27 de mayo, mientras se desarrollaba la Asamblea General Extraordinaria de SEPRODEHES, se recibió la notificación del Tribunal de Servicio Civil en el que se hace constar que, luego de haber cumplido las prevenciones realizadas al Secretario General, ordenó “e)Continúese con la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, codificado con el número C-5-2015, en la etapa de conciliación...f) Continúese con la celebración de las reuniones para los días catorce, dieciséis, veintiuno y veintitres de junio de dos mil dieciséis, en el horario de ocho horas con treinta minutos...” Y se cita a las partes a la sede del Tribunal de Servicio Civil en San Salvador.
DENUNCIA EN LA OIT
En los boletines 11 del 31 de mayo y 12 del 11 de junio de 2016, se comunicó a las bases que gracias a la valiosa colaboración de Sarahi Molina, Secretaria General del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES) el día 30 de mayo la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, recibió la queja de SEPRODEHES por violación a los derechos laborales y a las libertades sindicales.
En la queja se abordaron en once puntos, sobre los cuales se presentaron probanzas documentales: 1)Intención de sancionar el ejercicio de derechos; 2) violación del derecho de petición y respuesta; 3)ruptura unilateral del diálogo; 4)exclusión del sindicato de las gestiones por incremento del presupuesto; 5) discriminación sindical; 6) violencia de género; 7)violación a las libertades de expresión y asociación; 8) incumplimiento del Laudo Arbitral; 9)negación de justicia al interior de la institución; 10) demoras en la negociación del nuevo contrato colectivo; 11) negativa a apoyar la progresividad de beneficios.
El 2016 trascendió una denuncia por expresiones de violencia contra la mujer, ilícito tipificado y sancionado en el artículo 55 letra C de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, contra el entonces Procurador David Morales y otro alto funcionario, que se sustanciaba en sede fiscal.
Ciertamente, en dos informativos de finales de junio y de principios julio de 2015 el Procurador David Morales expresó que el Secretario General del sindicato y una compañera directiva evidenciaban mala fe, con motivo de una protesta que estalló en la Delegación Departamental de Ahuachapán el 24 de junio de 2015.
El hecho capturó la atención de la prensa, al punto que El Diario de Hoy del 2 de agosto de 2016 publicó un reportaje de en la página 26 “Denuncian a titular de PDDH sobre supuesto maltrato a empleada”, mencionándose que tal denuncia contrasta con el logro de su administración de haber creado la Unidad de Genero Institucional (sic) para Mujeres Víctimas de Violencia. Se aborda en el reportaje que similar denuncia enfrentaba también el Procurador Adjunto. Ejerciendo el derecho de réplica, el Procurador señaló a la dirigencia del sindicato de estar detrás de una campaña de desprestigio en su contra y de querer desestabilizar la institución.
El artículo 8 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las Mujeres expresa que la violencia es cualquier acción basada en su género que cause daño psicológico, físico o sexual. El artículo 1 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Para” también enfatiza que la violencia contra la mujer debe ser una acción o conducta basada en su género.
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) conoció a nivel de una opinión técnica un caso contra de los dos altos funcionarios de la PDDH por expresiones de violencia contra mujeres sindicalistas, y emitió un dictamen en el que indicaba que no se había demostrado que la violencia fuera por razones de género. Se dice que los incidentes fueron por diferencias con la Junta Directiva de SEPRODEHES, no por la calidad de mujeres de las afectadas y sugirió que se recurriera a la Procuraduría General de la República a dirimir por la vía de la conciliación el conflicto suscitado.
NEGOCIACIÓN DEL NUEVO CONTRATO COLECTIVO
En los boletines 10 del 27 y 11 del 31, ambos de mayo, se mencionan las gestiones ante el Tribunal de Servicio Civil, de acuerdo al artículo 138 y siguientes de la Ley de Servicio Civil para la reactivación de la fase de conciliación, en el marco de la negociación del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo, abogando la JD en todo momento por la progresividad de las cláusulas económicas y por cláusulas no económicas más garantistas.
El 27 de mayo, mientras se desarrollaba la Asamblea General Extraordinaria de SEPRODEHES, se recibió la notificación del Tribunal de Servicio Civil en el que se hace constar que, luego de haber cumplido las prevenciones realizadas al Secretario General, ordenó “e)Continúese con la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, codificado con el número C-5-2015, en la etapa de conciliación...f) Continúese con la celebración de las reuniones para los días catorce, dieciséis, veintiuno y veintitres de junio de dos mil dieciséis, en el horario de ocho horas con treinta minutos...” Y se cita a las partes a la sede del Tribunal de Servicio Civil en San Salvador.
DENUNCIA EN LA OIT
En los boletines 11 del 31 de mayo y 12 del 11 de junio de 2016, se comunicó a las bases que gracias a la valiosa colaboración de Sarahi Molina, Secretaria General del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador (MUSYGES) el día 30 de mayo la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, Suiza, recibió la queja de SEPRODEHES por violación a los derechos laborales y a las libertades sindicales.
En la queja se abordaron en once puntos, sobre los cuales se presentaron probanzas documentales: 1)Intención de sancionar el ejercicio de derechos; 2) violación del derecho de petición y respuesta; 3)ruptura unilateral del diálogo; 4)exclusión del sindicato de las gestiones por incremento del presupuesto; 5) discriminación sindical; 6) violencia de género; 7)violación a las libertades de expresión y asociación; 8) incumplimiento del Laudo Arbitral; 9)negación de justicia al interior de la institución; 10) demoras en la negociación del nuevo contrato colectivo; 11) negativa a apoyar la progresividad de beneficios.
REMEZÓN AL INTERIOR DE LA JD
Al asumir el cargo de Secretario de Comunicaciones, debí lidiar con actos de hostilidad, discriminación, continuas criticas hacia mi desempeño y ocultamiento de información, que de manera velada buscaban forzarme a renunciar, tal como lo señalé en un comunicado público que hice circular 21 de noviembre de 2016, en el que respondí a las imputaciones que se formularon en el numeral 7 del boletin del 18 de noviembre del mismo año.
Los actos de discriminación se dieron desde el principio de mi gestión. El 8 de marzo de 2015 Guillermo Huezo presentó una nota al Procurador, designando a las directivas salientes, Leonor Elisa Arévalo Romero y a Lilian Noemy Zaldivar, como parte de la Comisión Negociadora del Laudo, cuando su período de directivas expiraba el once de marzo, de conformidad artículo 15 inciso tercero de los Estatutos. Tal designación de las referidas ex directivas se hizo en menoscabo de los dos nuevos directivos Guillermo Antonio García Bernabe y Joaquín Rivera Larios que habían sido elegidos en la Asamblea General del 25 de febrero.
Los artículos 91 letra f) y 103 de la Ley de Servicio Civil establecen en su orden que es atribución de la Junta Directiva sindical negociar los contratos colectivos y este órgano podrá elegir entre sus miembros, una comisión negociadora y suscriptora del contrato colectivo. En consecuencia, un exdirectivo no tiene legitimación activa para negociar laudo, incluso sus permisos sindicales del 19 y 54 del Laudo Arbitral han caducado.
Quizá como una represalia hacia mi persona por apoyar el trabajo de la Comisión de Hacienda del sindicato que por primera vez en la historia buscaba auditar los gastos de SEPRODEHES y por oponerme a la reforma de los Estatutos que se pretendía realizar en la Asamblea General Extraordinaria el 21 de octubre en el Palacio de los Deportes, en el boletín del 18 de noviembre de 2016, los restantes miembros de la JD me formularon varias imputaciones.
Se me atribuía el hecho de haber salido del país sin permiso sindical, dos actos de expresiones de violencia contra la mujer, que me ausenté del local sindical y de no cumplir mis funciones de Secretario de Comunicaciones contempladas en los Estatutos, sometiendo la denuncia a la Comisión de Honor y Justicia.
En respuesta hice circular un comunicado el 21 de noviembre de 2016, en el que respondí que el acto de violencia contra la mujer que se me atribuía tuvo lugar con una compañera directiva y abogada de la República, por la onerosa contratación de un despacho jurídico al que en resumidas cuentas se le termino pagando $ 1,500.00 por contestar la demanda promovida en el Juzgado Quinto de lo Laboral contra once directivos y miembros de comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia.
Asimismo, cuestioné gastos que hacía el sindicato, el énfasis que se hacía en el secretismo sobre los temas que se ventilaban en la JD, en especial el manejo de sumas dinerarias que se entregaban a ciertos directivos, las polémica reforma de los Estatutos que se promovía endurecer los requisitos de ingreso al sindicato y posibilitar la reelección indefinida de los directivos.
Al asumir el cargo de Secretario de Comunicaciones, debí lidiar con actos de hostilidad, discriminación, continuas criticas hacia mi desempeño y ocultamiento de información, que de manera velada buscaban forzarme a renunciar, tal como lo señalé en un comunicado público que hice circular 21 de noviembre de 2016, en el que respondí a las imputaciones que se formularon en el numeral 7 del boletin del 18 de noviembre del mismo año.
Los actos de discriminación se dieron desde el principio de mi gestión. El 8 de marzo de 2015 Guillermo Huezo presentó una nota al Procurador, designando a las directivas salientes, Leonor Elisa Arévalo Romero y a Lilian Noemy Zaldivar, como parte de la Comisión Negociadora del Laudo, cuando su período de directivas expiraba el once de marzo, de conformidad artículo 15 inciso tercero de los Estatutos. Tal designación de las referidas ex directivas se hizo en menoscabo de los dos nuevos directivos Guillermo Antonio García Bernabe y Joaquín Rivera Larios que habían sido elegidos en la Asamblea General del 25 de febrero.
Los artículos 91 letra f) y 103 de la Ley de Servicio Civil establecen en su orden que es atribución de la Junta Directiva sindical negociar los contratos colectivos y este órgano podrá elegir entre sus miembros, una comisión negociadora y suscriptora del contrato colectivo. En consecuencia, un exdirectivo no tiene legitimación activa para negociar laudo, incluso sus permisos sindicales del 19 y 54 del Laudo Arbitral han caducado.
Quizá como una represalia hacia mi persona por apoyar el trabajo de la Comisión de Hacienda del sindicato que por primera vez en la historia buscaba auditar los gastos de SEPRODEHES y por oponerme a la reforma de los Estatutos que se pretendía realizar en la Asamblea General Extraordinaria el 21 de octubre en el Palacio de los Deportes, en el boletín del 18 de noviembre de 2016, los restantes miembros de la JD me formularon varias imputaciones.
Se me atribuía el hecho de haber salido del país sin permiso sindical, dos actos de expresiones de violencia contra la mujer, que me ausenté del local sindical y de no cumplir mis funciones de Secretario de Comunicaciones contempladas en los Estatutos, sometiendo la denuncia a la Comisión de Honor y Justicia.
En respuesta hice circular un comunicado el 21 de noviembre de 2016, en el que respondí que el acto de violencia contra la mujer que se me atribuía tuvo lugar con una compañera directiva y abogada de la República, por la onerosa contratación de un despacho jurídico al que en resumidas cuentas se le termino pagando $ 1,500.00 por contestar la demanda promovida en el Juzgado Quinto de lo Laboral contra once directivos y miembros de comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia.
Asimismo, cuestioné gastos que hacía el sindicato, el énfasis que se hacía en el secretismo sobre los temas que se ventilaban en la JD, en especial el manejo de sumas dinerarias que se entregaban a ciertos directivos, las polémica reforma de los Estatutos que se promovía endurecer los requisitos de ingreso al sindicato y posibilitar la reelección indefinida de los directivos.
Guillermo García Bernabé, siendo el Secretario de Afiliación y Organización, regularmente no era tomado en cuenta en las reuniones que sostenían directivos de SEPRODEHES de cara al establecimiento de una federación, cuyo lider visible era Roswalt Solorzano, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ),
Contrariado sobre su exclusión en temas que le concernían a su Secretaría, García Bernabe emplazó públicamente en Facebook al Secretario General, Guillermo Huezo Cortez, para que le explicara a nuestros afiliados y afiliadas por qué se había negado a firmar un acuerdo de armonía y de transparencia al interior de la Junta directiva, para romper con el secretismo y la exclusión, recordándole que la Asamblea General del sindicato eligió nueve directivos y no dos o tres.
Contrariado sobre su exclusión en temas que le concernían a su Secretaría, García Bernabe emplazó públicamente en Facebook al Secretario General, Guillermo Huezo Cortez, para que le explicara a nuestros afiliados y afiliadas por qué se había negado a firmar un acuerdo de armonía y de transparencia al interior de la Junta directiva, para romper con el secretismo y la exclusión, recordándole que la Asamblea General del sindicato eligió nueve directivos y no dos o tres.
DEMANDAS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO CIVIL
Por la protesta de 24 días (del 12 de enero al 4 de febrero de 2016), cuyo epicentro fue el entonces edificio de Tutela, ubicado en el edificio Centro Profesional, sobre la Quince Calle Poniente, se enfrentaron procesos sancionatorios en dos flancos: un grupo fue demandado en el Juzgado Quinto de lo Laboral y otro en la Comisión de Servicio Civil. Contra siete procesados se solicitaba suspensión sin goce de sueldo.
Por carecer de fuero sindical fueron demandados en la Comisión de Servicio Civil (CSC): Guillermo Antonio García Bernabé, Jacqueline Sagastizado, Yeny Dalila Acosta, Eduardo Fuente, Roxana Rodriguez de Lozano, Luis Ever Alvarez Hernández, Juan Antonio Hernández Ibarra, Carlos Adalberto Hernández Rodriguez, Manuel Vicente Quiteño y Joaquín Rivera Larios. Dentro de los diez casos que la administración envió a la CSC se pedía en 8 la suspensión por 6 días, en uno por 8 días y en otro se pedía la destitución.
La JD señaló en el boletín 3 del 11 de abril de 2016 que el propósito de la Ley de Servicio Civil es sancionar faltas de servidores en el ejercicio de su cargo, no para penalizar conductas que constituyen ejercicio de derechos como la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, de reunión, de manifestación que incluyen el derecho de protestar y el ejercicio de libertades sindicales. Acotó que las protestas conllevan denuncias de ilegalidades que forman parte de las atribuciones de nuestro sindicato, Arts. 77 literal b) de Ley de Servicio Civil y 5 literal a) de nuestros estatutos. Lo que sí prohíbe dicha ley es la discriminación por razones sindicales y tomar represalias contra servidores por su condición de sindicalizados en el Art. 31 letras j) y m).
En ese boletín también se cuestionó la violación a la publicidad del proceso, vulnerándose las garantías del juicio público que menciona el artículo 12 de la Constitución que deben desarrollarse en lo aplicable aún en los actos de investigación de las infracciones, De ahí que toda persona investigada debe tener acceso pleno al expediente y a obtener certificación íntegra del mismo.
El señalamiento precedente obedecía a que algunos de los 22 investigados se les entregaron copias de los informes de los vigilantes con tachaduras en los que se ocultaban nombres de testigos e informantes, alegando la Ley de Acceso a la Información Pública que protege datos confidenciales referentes a la intimidad personal, familiar, el honor y la propia imagen de otras personas, ocultamiento de datos importantes que en un proceso sancionatorio no debe hacerse, porque desemboca en una restricción severa del derecho de audiencia y defensa.
En lo personal, a mí se me atribuía en virtud de memorandum DJ-21-2016 del 27 de abril de 2016, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico, José Antonio Sanabria la infracción de haber permanecido y controlado la puerta de entrada del Edificio de Tutela el 14 de enero de 2016, impidiendo el ingreso de jefaturas, basándose en informes de vigilancia y jefaturas. En realidad mi persona nunca obstruyo ningún ingreso ni controlo ninguna entrada, solo ejercí el derecho a la libertad de expresión, tomando la palabra para reiterar las consignas por las cuales se luchaba.
El señor Juan Antonio Hernández Ibarra, otro de los procesados, presentó un escrito de defensa del 11 de abril de 2016 ante el Departamento Jurídico, en el cual recusó al Jefe de dicha dependencia, cuestionó que anexaran unas copias de informes de vigilancia con testaduras. Manifiesto que consideraba que se continúa violentando derechos en dicho proceso disciplinario, porque se le pretendía sancionar por el ejercicio derechos de reunión, de manifestación. Para el caso, se estaba violentando el principio de legalidad, la publicidad del proceso, la comunidad de la prueba, entro otras garantías.
EL PROCESO DE REMOCIÓN DEL FUERO SINDICAL
El boletín 22 del 23 de septiembre de 2016 dio cuenta que el Procurador, David Morales, a través de su apoderado y Jefe del Departamento Jurídico, José Antonio Sanabria, promovió demanda el 4 de mayo de 2016, en el Juzgado Quinto de lo Laboral, demanda que se denominó “acción a efecto de que se levante la garantía del fuero sindical a once empleados”, la cual carecía de procedimiento explícito en el Código de Trabajo y en la Ley de Servicio Civil.
Por la protesta de 24 días (del 12 de enero al 4 de febrero de 2016), cuyo epicentro fue el entonces edificio de Tutela, ubicado en el edificio Centro Profesional, sobre la Quince Calle Poniente, se enfrentaron procesos sancionatorios en dos flancos: un grupo fue demandado en el Juzgado Quinto de lo Laboral y otro en la Comisión de Servicio Civil. Contra siete procesados se solicitaba suspensión sin goce de sueldo.
Por carecer de fuero sindical fueron demandados en la Comisión de Servicio Civil (CSC): Guillermo Antonio García Bernabé, Jacqueline Sagastizado, Yeny Dalila Acosta, Eduardo Fuente, Roxana Rodriguez de Lozano, Luis Ever Alvarez Hernández, Juan Antonio Hernández Ibarra, Carlos Adalberto Hernández Rodriguez, Manuel Vicente Quiteño y Joaquín Rivera Larios. Dentro de los diez casos que la administración envió a la CSC se pedía en 8 la suspensión por 6 días, en uno por 8 días y en otro se pedía la destitución.
La JD señaló en el boletín 3 del 11 de abril de 2016 que el propósito de la Ley de Servicio Civil es sancionar faltas de servidores en el ejercicio de su cargo, no para penalizar conductas que constituyen ejercicio de derechos como la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, de reunión, de manifestación que incluyen el derecho de protestar y el ejercicio de libertades sindicales. Acotó que las protestas conllevan denuncias de ilegalidades que forman parte de las atribuciones de nuestro sindicato, Arts. 77 literal b) de Ley de Servicio Civil y 5 literal a) de nuestros estatutos. Lo que sí prohíbe dicha ley es la discriminación por razones sindicales y tomar represalias contra servidores por su condición de sindicalizados en el Art. 31 letras j) y m).
En ese boletín también se cuestionó la violación a la publicidad del proceso, vulnerándose las garantías del juicio público que menciona el artículo 12 de la Constitución que deben desarrollarse en lo aplicable aún en los actos de investigación de las infracciones, De ahí que toda persona investigada debe tener acceso pleno al expediente y a obtener certificación íntegra del mismo.
El señalamiento precedente obedecía a que algunos de los 22 investigados se les entregaron copias de los informes de los vigilantes con tachaduras en los que se ocultaban nombres de testigos e informantes, alegando la Ley de Acceso a la Información Pública que protege datos confidenciales referentes a la intimidad personal, familiar, el honor y la propia imagen de otras personas, ocultamiento de datos importantes que en un proceso sancionatorio no debe hacerse, porque desemboca en una restricción severa del derecho de audiencia y defensa.
En lo personal, a mí se me atribuía en virtud de memorandum DJ-21-2016 del 27 de abril de 2016, suscrito por el Jefe del Departamento Jurídico, José Antonio Sanabria la infracción de haber permanecido y controlado la puerta de entrada del Edificio de Tutela el 14 de enero de 2016, impidiendo el ingreso de jefaturas, basándose en informes de vigilancia y jefaturas. En realidad mi persona nunca obstruyo ningún ingreso ni controlo ninguna entrada, solo ejercí el derecho a la libertad de expresión, tomando la palabra para reiterar las consignas por las cuales se luchaba.
El señor Juan Antonio Hernández Ibarra, otro de los procesados, presentó un escrito de defensa del 11 de abril de 2016 ante el Departamento Jurídico, en el cual recusó al Jefe de dicha dependencia, cuestionó que anexaran unas copias de informes de vigilancia con testaduras. Manifiesto que consideraba que se continúa violentando derechos en dicho proceso disciplinario, porque se le pretendía sancionar por el ejercicio derechos de reunión, de manifestación. Para el caso, se estaba violentando el principio de legalidad, la publicidad del proceso, la comunidad de la prueba, entro otras garantías.
EL PROCESO DE REMOCIÓN DEL FUERO SINDICAL
El boletín 22 del 23 de septiembre de 2016 dio cuenta que el Procurador, David Morales, a través de su apoderado y Jefe del Departamento Jurídico, José Antonio Sanabria, promovió demanda el 4 de mayo de 2016, en el Juzgado Quinto de lo Laboral, demanda que se denominó “acción a efecto de que se levante la garantía del fuero sindical a once empleados”, la cual carecía de procedimiento explícito en el Código de Trabajo y en la Ley de Servicio Civil.
Al evacuar prevenciones formuladas por el Juzgado Quinto de lo Laboral, el mismo licenciado Sanabria expresó en un escrito del 30 de mayo de 2016 que no existía una ley que de manera expresa indique cuál es la autoridad competente para ello (conocer el desafuero).
Señala el boletín que dicha acción presentaba incongruencias, porque el licenciado Sanabria, citó un procedimiento que es para sancionar sindicatos en su calidad de personas jurídicas, pero el tenor de su demanda iba dirigido a contra once personas naturales (9 directivos de la Junta 2015-2016 y dos miembros de Comisiones), ya que invoco el artículo 620 del Código de Trabajo.
Los demandados en sede judicial fueron: fueron: José Guillermo Huezo Cortez, Luis Heriberto Marroquin, Santos Benedicto Barahona Lizano, Cristina Lopez de Rodriguez, Daysi Ester Muñoz Pineda, Lilian Noemy Zaldivar Morales, Francesca Orellana Lievano, Leonor Elisa Arévalo Romero, Sandra Guadalupe Machuca García, Carmen Cecilia Rubio Velado y Heriberto Alfaro García.
El informativo sindical a su vez cuestiona la labor del Juez Quinto de lo Laboral, al admitir la demanda mediante resolución del 2 de junio de 2016, en lugar de declararla improponible con arreglo artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM).
CONFLICTOS LABORALES SIN RESOLVER
Al expirar el mandato de David Morales el 8 de agosto de 2016, quedaron varios conflictos laborales sin resolver, entre ellos ocho que aparecen nominados en el boletín 18 de ese día, entre ellos dos por violencia psicológica, atribuidas al Jefe del Departamento Jurídico y a Zuleyma Jocabed López, ex Delegada Departamental de Ahuachapán, tres por derecho de ascenso, por las que se se pide deducir responsabilidad de la Jefatura.
A su vez se mencionan dos jefaturas por violación del derecho de respuesta: a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Ruth Cecilia Romero de Merino, en perjuicio de la JD de SEPRODEHES y a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos, Sandra Carolina Rivera Flores (QDDG). Por vulneración al debido proceso a empleado se menciona a la Jefa del Departamento de Realidad Nacional.
ENCONTRONAZO CON LA COMISIÓN DE HACIENDA
La JD 2016-2017 fue señalada por las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia del sindicato, en resoluciones de fecha 5 de febrero, 1 de marzo de 2017, por mal de manejo de fondos. Fue obligada por la Comisión de Honor y Justicia en virtud de resolución del 20 de octubre de 2016 a entregar la información financiera, aduciendo que dicha JD había invertido $ 6,998.16, sin mostrar ningún comprobante de gastos, dado que se rehusaba a entregar copia de la información para la realización de la auditoría.
La auditoría de la Comisión de Hacienda (integrada por Carmen Cecilia Rubio, Heriberto García Alfaro y Rosalío Amaya) reveló que se pagaron banquetes en restaurantes, pago de multas de transito, y se encontraron indicios de compras a proveedores con vínculos de parentesco con directivos sindicales, pago de combustible de vehículos particulares, onerosos gastos de taxi, cuyos recibos no presentaban DUI del proveedor ni diligencia realizada.
La JD auditada expidió el informe justificativo de gastos denominado CONSIDERACIONES TECNICAS SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE SEPRODEHES, GESTIÓN 2016-2017, de fecha 17 de febrero, curiosamente divulgado el 1 de marzo de 2017 a través de los correos electrónicos de nuestros afiliados y afiliadas, dos días antes de la elección de la nueva JD 2017-2018.
Ocho miembros de la JD reconocieron que nunca se habían hecho esfuerzos para documentar y cuadrar los ingresos y egresos administrados, expresión abarcadora que incluye a la JD 2015-2016 en la que el Secretario de Finanzas fue el mismo profesional, cuyo desempeño se objetaba y de cinco juntas directivas precedentes desde al año 2010.Señala el boletín que dicha acción presentaba incongruencias, porque el licenciado Sanabria, citó un procedimiento que es para sancionar sindicatos en su calidad de personas jurídicas, pero el tenor de su demanda iba dirigido a contra once personas naturales (9 directivos de la Junta 2015-2016 y dos miembros de Comisiones), ya que invoco el artículo 620 del Código de Trabajo.
Los demandados en sede judicial fueron: fueron: José Guillermo Huezo Cortez, Luis Heriberto Marroquin, Santos Benedicto Barahona Lizano, Cristina Lopez de Rodriguez, Daysi Ester Muñoz Pineda, Lilian Noemy Zaldivar Morales, Francesca Orellana Lievano, Leonor Elisa Arévalo Romero, Sandra Guadalupe Machuca García, Carmen Cecilia Rubio Velado y Heriberto Alfaro García.
El informativo sindical a su vez cuestiona la labor del Juez Quinto de lo Laboral, al admitir la demanda mediante resolución del 2 de junio de 2016, en lugar de declararla improponible con arreglo artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM).
CONFLICTOS LABORALES SIN RESOLVER
Al expirar el mandato de David Morales el 8 de agosto de 2016, quedaron varios conflictos laborales sin resolver, entre ellos ocho que aparecen nominados en el boletín 18 de ese día, entre ellos dos por violencia psicológica, atribuidas al Jefe del Departamento Jurídico y a Zuleyma Jocabed López, ex Delegada Departamental de Ahuachapán, tres por derecho de ascenso, por las que se se pide deducir responsabilidad de la Jefatura.
A su vez se mencionan dos jefaturas por violación del derecho de respuesta: a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Ruth Cecilia Romero de Merino, en perjuicio de la JD de SEPRODEHES y a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos Civiles y Políticos, Sandra Carolina Rivera Flores (QDDG). Por vulneración al debido proceso a empleado se menciona a la Jefa del Departamento de Realidad Nacional.
ENCONTRONAZO CON LA COMISIÓN DE HACIENDA
La JD 2016-2017 fue señalada por las Comisiones de Hacienda y de Honor y Justicia del sindicato, en resoluciones de fecha 5 de febrero, 1 de marzo de 2017, por mal de manejo de fondos. Fue obligada por la Comisión de Honor y Justicia en virtud de resolución del 20 de octubre de 2016 a entregar la información financiera, aduciendo que dicha JD había invertido $ 6,998.16, sin mostrar ningún comprobante de gastos, dado que se rehusaba a entregar copia de la información para la realización de la auditoría.
La auditoría de la Comisión de Hacienda (integrada por Carmen Cecilia Rubio, Heriberto García Alfaro y Rosalío Amaya) reveló que se pagaron banquetes en restaurantes, pago de multas de transito, y se encontraron indicios de compras a proveedores con vínculos de parentesco con directivos sindicales, pago de combustible de vehículos particulares, onerosos gastos de taxi, cuyos recibos no presentaban DUI del proveedor ni diligencia realizada.
La JD auditada expidió el informe justificativo de gastos denominado CONSIDERACIONES TECNICAS SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE SEPRODEHES, GESTIÓN 2016-2017, de fecha 17 de febrero, curiosamente divulgado el 1 de marzo de 2017 a través de los correos electrónicos de nuestros afiliados y afiliadas, dos días antes de la elección de la nueva JD 2017-2018.
SEÑALAMIENTOS A MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
Muy probablemente en represalia contra Neris Antonio Belloso por haber ordenado a la JD 2016-2017 como miembro de la Comisión de Honor y Justicia (junto a Jacqueline Sagastizado y Eduardo Fuente) la entrega de la información financiera a la Comisión de Hacienda para la auditoria respectiva, fue cuestionado en los informativos sindicales del 10 y 20 de enero de 2017.
A Neris Belloso se le acusó en su calidad de represente suplente del sector trabajador en la Comisión de Servicio Civil, de no haber informado a las personas procesadas de los escritos de desistimiento presentados por el Jefe del Departamento Jurídico, Guillermo Castellanos Claros. Se dijo que era un acto de inhumanidad y desconsideración porque prolongaba la preocupación e incertidumbre de las diez personas procesadas que continuaban expectantes de una eventual sanción.
Desde luego, que los ataques hacia Belloso desconocían las naturaleza de un tribunal colegiado, cuya comunicación con los justiciables por seguridad jurídica debe darse de manera formal a través de resoluciones suscritas por sus tres miembros y no a nivel de comunicaciones informales de carácter verbal.
A Neris Belloso se le acusó en su calidad de represente suplente del sector trabajador en la Comisión de Servicio Civil, de no haber informado a las personas procesadas de los escritos de desistimiento presentados por el Jefe del Departamento Jurídico, Guillermo Castellanos Claros. Se dijo que era un acto de inhumanidad y desconsideración porque prolongaba la preocupación e incertidumbre de las diez personas procesadas que continuaban expectantes de una eventual sanción.
Desde luego, que los ataques hacia Belloso desconocían las naturaleza de un tribunal colegiado, cuya comunicación con los justiciables por seguridad jurídica debe darse de manera formal a través de resoluciones suscritas por sus tres miembros y no a nivel de comunicaciones informales de carácter verbal.
