Por Joaquín Rivera Larios
EL DISCURSO QUE VALIÓ UNA ELECCIÓN
Tengo presente la mañana del 28 de febrero de 2014, en el que resulté electo Secretario General de SEPRODEHES, el fogoso discurso que pronuncié en el Auditorium “Dr. Alfredo Martínez Moreno” del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que fue un factor decisivo del endoso de confianza popular que recibí esa mañana. Gané por 104 votos de un quórum de 231 personas afiliadas.Siempre que abordo tribuna y me dirijo al público, recuerdo las electrizantes arengas de José Napoleón Duarte en la Plaza Libertad, con motivo de su retorno del exilio en octubre de 1979 y la campaña presidencial de 1984. Y esa mañana no fue la excepción. Enfaticé en mi elocución, antes de ser postulado como candidato, la necesidad de librar una lucha más enérgica e intensa por la nivelación salarial y por el mejoramiento de las prestaciones, que permitieran asegurar el derecho a la calidad de vida de nuestros agremiados.
El compañero motorista Gustavo Roberto Flores captó con su cámara el momento del discurso y la compartió en las redes sociales, calzando la foto con la clásica frase de Bertolt Brecht: "Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles".
El ejercicio de los cargos de elección popular no es fácil, se navega en medio de muchas presiones y agrias criticas, se suscitan fuertes contradicciones al interior de la Junta Directiva que dificultan la toma de decisiones, la defensa de derechos y la respuesta oportuna de peticiones a los afiliados. El voto suele ser volátil y la expresión de voluntad que define una elección, no siempre se mantiene durante el ejercicio del mandato de la persona electa.
El ejercicio de los cargos de elección popular no es fácil, se navega en medio de muchas presiones y agrias criticas, se suscitan fuertes contradicciones al interior de la Junta Directiva que dificultan la toma de decisiones, la defensa de derechos y la respuesta oportuna de peticiones a los afiliados. El voto suele ser volátil y la expresión de voluntad que define una elección, no siempre se mantiene durante el ejercicio del mandato de la persona electa.
En la Asamblea General se le concedió un amplio espacio al licenciado David Ernesto Morales, para que convenciera a los asistentes del alquiler de un edificio único donde estarían todas las dependencias de la institución, en el llamado Edificio ex Michelin (instalaciones que hoy ocupa el Mercado Cuscatlán), que tendría un alquiler mensual de $ 36,000.00. Para alquilar ese edificio y para crear la Unidad de Género se le asignó a la institución un refuerzo presupuestario de $ 217, 430.00 También se le dio participación al licenciado Carlos Castaneda, entonces Viceministro de Relaciones Exteriores, para que saludara a los asistentes.
Uno de los diferendos que salieron a luz en esa Asamblea General por la intervención de una afiliada que laboraba en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), es que con el presupuesto 2013 se compraron 4 vales de supermercado, pero solo se entregaron tres. Y el cuarto vale del 2013 se entregó hasta los días 13 y 17 de febrero 2014, haciéndose pasar como el primero de ese año. Tomando en cuenta que la Cláusula 31 del Laudo Arbitral disponía cuatro vales de $ 125.00, no era admisible que en el 2013 se hayan entregado solo tres.
Uno de los diferendos que salieron a luz en esa Asamblea General por la intervención de una afiliada que laboraba en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), es que con el presupuesto 2013 se compraron 4 vales de supermercado, pero solo se entregaron tres. Y el cuarto vale del 2013 se entregó hasta los días 13 y 17 de febrero 2014, haciéndose pasar como el primero de ese año. Tomando en cuenta que la Cláusula 31 del Laudo Arbitral disponía cuatro vales de $ 125.00, no era admisible que en el 2013 se hayan entregado solo tres.
Al finalizar la votación, la JD 2014-2015 quedo integrada así: Joaquín Enrique Rivera Larios (Secretario General), Lilian Noemy Zaldivar (Afiliación y Organización), Carmen Cecilia Rubio (Secretaria de Actas y Acuerdos) Carlos Argueta Hernández (Secretario de Conflictos), Leopoldo de Jesús Arévalo (Finanzas), Santos Benedicto Barahona (Bienestar Laboral), Ana Delmy Castro de Castro (Educación, Cultura y Deportes), Guadalupe del Carmen Mendoza (Comunicaciones), Santy Jeniffer Ruiz Villalobos ( Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales).
En el desempeño del cargo de Secretario General, traté de dar lo mejor de mí, de maximizar la transparencia, subiendo a nuestro muro en Facebook las notas que se enviaban al titular, de socializar la propuesta de nivelación salarial que se presentó el 29 de agosto en el seno de la Comisión de Seguimiento del Laudo, de poner en evidencia argumentos falaces que esgrimían las autoridades para negar prestaciones o justificar decisiones perniciosas para los intereses del personal, de visibilizar maniobras divisionistas que alentaron los funcionarios para conservar y ejercer su poder.
La lucha estuvo marcada por dificultades como la ruptura del diálogo anunciado por el Procurador, David Morales, en comunicados del 7 y 13 de octubre de 2014, la tentativa de sancionar a los que asistieron a una marcha del 2 de octubre por el recorte presupuestario impuesto a la institución de $ 106,000.00, la tentativa de remoción de miembros de la JD 2014-2015 promovida por algunos afiliados, al margen del debido proceso legal, el proyecto fallido de trasladar la sede central de la PDDH al edificio ex Michelin, que hoy ocupa el Mercado Cuscatlán, así como la lucha contra la inequidad salarial de personal que ocupaba plazas inferiores a las que les correspondían en razón de sus profesiones o funciones.
De esta JD renunciaron en principio Leopoldo de Jesús Arévalo y Carlos Argueta Hernández en su orden el 2 y 8 de abril de 2014. El primero laboraba en Auditoría Interna y adujo incompatibilidad de funciones en lo referente a fondos que son transferidos al sindicato e invocó las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. El segundo fungía como jurídico de la Delegación Departamental de San Miguel y adujo no tener el tiempo disponible para atender la cantidad de demandas que la Secretaría de Conflictos recibía.
En la Asamblea General Extraordinaria del 24 de abril de 2014, en la que se eligieron los referentes y los miembros de las Comisiones de Seguimiento y Preparatoria del Laudo Arbitral, Hacienda, Honor y Justicia y de la Mujer, se eligieron a los nuevos Secretarios de Conflictos y de Finanzas en su orden: José Mauricio Mejía Deras y Daniel Virgilio Flores, ambos miembros del sector Transporte.
FORCEJEOS AL INTERIOR DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sin duda la miembro de la JD con quien tuve las discrepancias más grandes fue Lilian Noemy Zaldivar, educadora de la Escuela de Derechos Humanos, en ese momento Secretaria de Organización y Afiliación. De las discusiones acaloradas que se dieron ella informó a la Comisión de Honor y Justicia y a la Comisión de la Mujer del sindicato en ese entonces a cargo de Miriam Asunción Guzmán.
FORCEJEOS AL INTERIOR DE LA JUNTA DIRECTIVA
Sin duda la miembro de la JD con quien tuve las discrepancias más grandes fue Lilian Noemy Zaldivar, educadora de la Escuela de Derechos Humanos, en ese momento Secretaria de Organización y Afiliación. De las discusiones acaloradas que se dieron ella informó a la Comisión de Honor y Justicia y a la Comisión de la Mujer del sindicato en ese entonces a cargo de Miriam Asunción Guzmán.
Entre los diferendos que se suscitaron, la Secretaria de Organización y Afiliación planteo que la JD solicitara la destitución de la Secretaria General, Roxana Solano Figueroa, aduciendo malos tratos al personal. Para esa época aún no se había roto el diálogo ni se había tensionado la relación con la administración. Después de deliberar llegamos a la conclusión que no era conveniente, y que había que hacer una reconvención pública a la funcionaria para que mejorara el trato al personal
Un grupo aproximado de doce compañeros motoristas, que a juzgar por sus acciones se habían alíneado a la administración Morales, encabezados por Marvin Cordero (QDDG) y Carlos Eduardo Marroquín, promovieron una Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 en el sótano del edificio AMSA , con la intención de reestructurar la JD, pero al final los asambleístas endosaron tácitamente su apoyo a los miembros directivos y únicamente eligieron a Mauricio Mejía, como Secretario de Finanzas, a raíz de la renuncia del compañero motorista Daniel Virgilio Flores.
Un grupo aproximado de doce compañeros motoristas, que a juzgar por sus acciones se habían alíneado a la administración Morales, encabezados por Marvin Cordero (QDDG) y Carlos Eduardo Marroquín, promovieron una Asamblea General Extraordinaria que tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 en el sótano del edificio AMSA , con la intención de reestructurar la JD, pero al final los asambleístas endosaron tácitamente su apoyo a los miembros directivos y únicamente eligieron a Mauricio Mejía, como Secretario de Finanzas, a raíz de la renuncia del compañero motorista Daniel Virgilio Flores.
NIVELACIÓN SALARIAL
Una de las grandes limitantes en la lucha por la nivelación salarial es el techo presupuestario que fija el Ministerio de Hacienda , mediante nota del Ministro Carlos Enrique Cáceres del 22 de julio de 2014, para la elaboración del proyecto correspondiente al 2015 en la suma de $ 9, 130.115. Aclaró que ese ministerio no iba a recibir ninguna demanda adicional sobre el techo comunicado.
Sabedores de la iniquidad imperante en la institución, dado que se contaban con cuarenta y ocho escalones salariales, demandamos un incremento salarial diferenciado para los diferentes cargos, a fin de hacer cumplir el principio constitucional de igual salario por igual trabajo (Art. 38 Ord. 1º. Constitución). De ahí que en agosto de 2014 hicimos dos propuestas al Procurador sugiriendo cifras específicas para cada plaza: una por un monto global de de $ 2,101,845.72 y luego para efectos de viabilidad financiera presentamos otra que ascendía a la suma de $ 1,387,781.79
Para el caso, uno de los planteamientos que se reiteraban para negar el incremento de prestaciones era que se podía desfinanciar el presupuesto, y se escuchaban reparos especialmente de la licenciada Roxana Solano Figueroa, Secretaria General, que había sido irresponsable autorizar un Laudo que carecía de financiamiento. Al cierre del 2014 resultó que la PDDH había dejado de ejecutar $ 320,000.00, equivalente al 4% del presupuesto.
La administración Morales Cruz no solo incumplió al menos siete cláusulas económicas del Laudo (seguro médico hospitalario, seguro colectivo de vida, despensa familiar, becas para estudios universitarios, creación del escalafón, fondo de protección social) y no ejecutó en sus tres años de gestión un aproximado de UN MILLON UN MIL CIENTO VEINTISEIS DÓLARES, rompió reiteradamente el dialogo con la Junta Directiva, en contravención a la Cláusula 3 del Laudo Arbitral, sino que busco reprimir legítimas demandas con acciones legales que presentaban vicios de ilegalidad.
LA COMISIÓN DE SERVICIO CIVIL
Amparados en un acuerdo de la Junta Directiva, el Secretario General y el Secretario de Conflictos, solicitamos el 2 de septiembre de 2014 a la Comisión de Servicio Civil intervención en el proceso disciplinario que se seguía contra un compañero afiliado, con base en los artículos 5 letra a) y c), Art. 9 letra c), 15, 24 letra j) y 27 letra a) de los Estatutos de SEPRODEHES y 44 del Laudo Arbitral, a fin de velar por las garantías del debido proceso administrativo sancionador, incluso por la vigencia del principio de proporcionalidad de la sanción (que no se impongan penas excesivas), es decir que se aplique el principio de mínima lesividad.
EL INTENTO DE DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE CONFLICTOS
El 21 de julio de 2014 integrantes del sector transporte que no se identificaron, presentaron denuncia en el seno de la JD contra el Secretario de Conflictos, José Mauricio Mejía Deras, por supuesta falta de idoneidad y competencia y por conductas pro patronales, ya que a juicio de los denunciantes estaba buscando congraciarse con la administración. A su vez el 30 de julio, Mejía Deras, presentó a la JD denuncia por mobbing laboral contra compañeros de transporte, ambas denuncias fueron enviadas para su tramitación a la Comisión de Honor y Justicia, en ese momento integrada por Mario Antonio Villegas, Douglas Velasco Nájera y José Rafael López Velásquez.
Amparados en un acuerdo de la Junta Directiva, el Secretario General y el Secretario de Conflictos, solicitamos el 2 de septiembre de 2014 a la Comisión de Servicio Civil intervención en el proceso disciplinario que se seguía contra un compañero afiliado, con base en los artículos 5 letra a) y c), Art. 9 letra c), 15, 24 letra j) y 27 letra a) de los Estatutos de SEPRODEHES y 44 del Laudo Arbitral, a fin de velar por las garantías del debido proceso administrativo sancionador, incluso por la vigencia del principio de proporcionalidad de la sanción (que no se impongan penas excesivas), es decir que se aplique el principio de mínima lesividad.
EL INTENTO DE DESTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE CONFLICTOS
El 21 de julio de 2014 integrantes del sector transporte que no se identificaron, presentaron denuncia en el seno de la JD contra el Secretario de Conflictos, José Mauricio Mejía Deras, por supuesta falta de idoneidad y competencia y por conductas pro patronales, ya que a juicio de los denunciantes estaba buscando congraciarse con la administración. A su vez el 30 de julio, Mejía Deras, presentó a la JD denuncia por mobbing laboral contra compañeros de transporte, ambas denuncias fueron enviadas para su tramitación a la Comisión de Honor y Justicia, en ese momento integrada por Mario Antonio Villegas, Douglas Velasco Nájera y José Rafael López Velásquez.
La Comisión de Honor y Justicia resolvió el 19 de septiembre de 2014, la destitución al Secretario de Conflictos, por falta de eficiencia y dedicación de la gestión administrativa, falta contemplada en el artículo 52 letra a) de los Estatutos (antes de la reforma que entró en vigencia en virtud de la publicación del Diario Oficial del 28 de octubre de 2015), exonerándolo del señalamiento de fuga de información a las autoridades sobre medidas de hecho que pretendía realizar el sector transporte.
Mejía Deras impugnó tal resolución mediante un recurso de revisión , interpuesto el 22 de septiembre con base en el artículo 42 del Reglamento Interno del Sindicato, aduciendo violación a las garantías del debido proceso, entre ellas: admisión sin ninguna prevención de denuncia anónima y difusa, violación de garantías procesales como el derecho de defensa y exigua, absurda y antijurídica motivación de la resolución.
Otro punto polémico cuestionado en el recurso de revisión es que la Comisión de Honor y Justicia se arrogó facultades de destituir a un directivo, atribución que de conformidad al artículo 13 letra f) de los Estatutos, compete a la Asamblea General que lo eligió, así: "Remover a los miembros de la Junta Directiva y Comisiones, cuando estaturiamente o legalmente haya motivo para ello, debiendo elegir a los sustitutos". Ello obedece también al principio jurídico "que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma en que se hacen". Luego de este impasse los tres miembros de dicha Comisión renunciaron.
EL PRETENDIDO TRASLADO AL EDIFICIO EX MICHELIN
Uno de los temas que dominó la agenda sindical durante los seis primeros meses de la JD 2014-2015 y generó más fricciones con el Procurador David Morales, fue el pretendido traslado a todas las oficinas de la sede central al edificio ex Michelin, donde actualmente funciona el Mercado Cuscatlán, sobre la 25 Avenida Sur y Calle Gerardo Barrios, alquiler que costaría a la institución treinta y seis mil dólares mensuales.
Miembro de la JD visitamos el edificio ex Michelin los días 22 de mayo, 9 de septiembre de 2014 y 18 de febrero de 2015. Solicitamos al señor Procurador diversa información sobre dicho Edificio, entre ellos, los estudios de seguridad e higiene ocupacional y los planos que contenían la ubicación de las diferentes oficinas, entre otras. Todo en aras de garantizar condiciones seguras, higiénicas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Hicimos valoraciones al respecto en los boletines del 21 de marzo, 15 y 26 de mayo y 24 de septiembre de 2014. En el primero expusimos que el traslado a un edificio casi de la periferia de San Salvador, afectaba la conectividad o accesabilidad tanto de los usuarios como de la mayoría de empleados, que viven en Mejicanos, Soyapango, Ilopango, San Martin, Apopa.
Tal como se afirmó en el boletín del 21 de marzo que tal traslado a ese local no era congruente con la política de ahorro que habían asumido las autoridades en sus discursos. El costo mensual del arrendamiento del nuevo local ascendía a $ 36,000.00, mientras que el costo de los seis locales que ocupaba la institución en esa época (AMSA, Tutela, Parqueo, Bodega de Activo Fijo, Transporte) ascendía a $ 19, 312.30. De modo que la institución pagaría en concepto de alquileres $ 16,687 adicionales al mes.
Tomando en cuenta que la cláusula 49 del LACCT relativa al “Reconocimiento al personal por su labor en defensa de los derechos humanos”, no se cumplió el año 2013, primer año de vigencia del Laudo, se hicieron intensas gestiones verbales y por escrito con el Procurador David Morales y la Secretaria General. A raíz de esas gestiones, Morales asumió por medio de comunicado del 22 de julio de 2014, el compromiso de cumplir dicha prestación. El evento de reconocimiento tuvo lugar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) el 9 de diciembre de 2014.
Los beneficiarios que cumplieron 20 años, a partir de la vigencia del LACCT, es decir, los que ingresaron a laborar en 1993 eran 31, en 1994 fueron 48. Este beneficio se hizo efectivo también para los empleados y empleadas fundadores de la PDDH que eran 22 que ya habían recibido un reconocimiento, pero no monetario. En total fueron beneficiados 166 compañeros y compañeras. El monto global de este beneficio ascendió a $ 45,100.00
PROTESTAS Y MANIFESTACIONES
Las portestas y manifestaciones son los espacios en los que se manifiesta el poder sindical. La JD 2014-2015 participó en la marcha del Día del Trabajo el 1 de mayo, la manifestación del 2 de octubre de 2014 por el recorte presupuestario de $ 106,000.00 , lo cual fue momentáneo, porque el aprobarse el nuevo presupuesto el 20 de noviembre se de 2014, se dio a la PDDH un incremento de $ 500,000.00 A raíz de la manifestación por el recorte presupuestario la administración solicitó informe a las jefaturas sobre las personas que se ausentaron de sus puestos para asistir a esa jornada de protesta.
Asimismo, emprendimos una protesta frente a la fachada del Edificio AMSA durante 5 días del 2 al 8 de diciembre de 2014, en demanda de la reactivación del diálogo suspendido a partir de los informativos del 7 y 13 de octubre, la no entrega del cuarto vale de supermercado correspondiente al 2013, y la pronta formulación de una demanda adicional en la que reclamara la nivelación salarial general y pleno financiamiento del LACCT.
LA INEQUIDAD SALARIAL
En el boletín número 15 del 3 de septiembre de 2014, advertimos una estructura salarial injusta, sumamente estratificada que presentaba 48 escalones en el 2014, desde el Titular que devengaba $ 3,800.00 (sin gastos de representación) hasta el médico forense a medio tiempo que percibía $ 520.00 Algunas diferencias salariales eran y continúan siendo irrazonables. Un aumento generalizado de un monto igual para todos los cargos profundizaría estas brechas salariales.
En contravención al artículo 38 ordinal 1º. de la Constitución que prescribe: “En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias a trabajo igual, debe corresponder igual remuneración al trabajador”. En el sector jurídico persisten disparidades salariales, que no se han generado por regla general respetando los procedimientos de ascenso que establece la Ley de Servicio Civil, si no mediante decisiones que regularmente se han tomado de manera discrecional, por ende sin una evaluación rigurosamente técnica efectuada por un organismo competente.
Una de las prioridades de nuestra gestión fue favorecer a personas (en su mayoría mujeres) que estaban en una situación de inequidad salarial, con otros servidores que cumplían las mismas funciones o tenían las mismas profesiones, pero por decisión unilateral de la administración se fue ensanchando la lista hasta redondear 43 personas. Esta situación y sus implicaciones legales a nivel de normas nacionales e internacionales, quedó claramente evidenciada en el boletín número 7 del 30 de abril de 2014 bajo el encabezado "La inequidad salarial es violencia laboral".
CONVIVIOS SECTORIALES
En una maniobra claramente divisionista y sopesando la importancia histórica del sector transporte San Salvador en la lucha sindical, David Morales mientras mantuvo roto el diálogo con la Junta Directiva de SEPRODEHES, intensifico sus relaciones con el sector transporte San Salvador, con los que manifestaba negociar beneficios o prestaciones del Laudo Arbitral. De esta manera se instauraron los famosos "convivios selectivos o sectoriales".
En esta línea se insertan los convivios del día 10 de diciembre de 2014 y 30 de septiembre de 2015 con el Titular y el famoso “Pelibuey” del 16 de octubre de 2015. En este último almuerzo con un ala del sector transporte San Salvador, cobraron protagonismo las licenciadas Roxana Solano Figueroa, Secretaria General y Ruth Cecilia Romero de Merino, Jefa de Recursos Humanos.
En una reunión de referentes un prominente miembro del sector transporte dijo que ellos no necesitaban de SEPRODEHES para gestionar sus propias demandas con el Procurador y que éste les cumplía con celeridad.
Esta división de los trabajadores afiliados incidió en que expirara el tercer año sin la ansiada nivelación salarial general, ya que la institución solo obtuvo un incremento presupuestario neto de $ 393, 305.00, es decir solo el 11.17% del incremento de $ 3,518, 134.00 que la PDDH gestionó, encubrió hechos como la ruptura del dialogo con la JD, la exclusión de nuestro sindicato de las comisiones de planificación, y presupuesto y de alguna manera avalaron las tentativas de la administración de restringir el cien por ciento de tiempo de permiso para trabajo sindical, amparados en las clausulas 19 y 54 del Laudo Arbitral.
