BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (V)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE PEÑATE POLANCO

El 2 de julio de 1998, después de una prolongada acefalía, se embarcó en la institución el licenciado  Eduardo Antonio Peñate Polanco, quien experimentó una avalancha sin precedentes de ataques y denuncias sobre supuestos actos de corrupción cuando era Juez. Se cuestionó su ascenso de Juez de lo Penal a Magistrado de Cámara de Segunda Instancia en San Miguel y Cojutepeque, su idoneidad profesional, etc.

Ex docente universitario, nacido en  Santa Ana, donde actualmente reside y ejerce su profesión de forma independiente. La marea mediática de quejas y señalamientos en su contra, sumada a sus desaciertos administrativos, su falta de especialización en Derechos Humanos  y posiblemente a compromisos que debió honrar con los partidos que lo eligieron, le impidieron ejercer el rol Defensor del Pueblo. 

         
Sus amistades lo describen como un individuo jovial, de sonrisa espontánea y carcajada amplia, tremendo bromista con sus cercanos, un tanto despreocupado por cuestiones de fondo. Quizá impaciente e impulsivo, de pocas amistades, no muy popular en el gremio jurídico santaneco, pero totalmente identificable por sus colegas.

Un par de veces tuve cruces verbales con Peñate Polanco, advirtiendo en él su estilo franco y campechano. Una ocasión en el despacho me dijo más o menos así: “He estado en reuniones con Procuradores de Derechos Humanos del mundo, y estos Procuradores de Latinotinamérica son gañanes, solo viendo que le piden a los europeos pasan”.

Posteriormente en una reunión con el personal del Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos (ISDEH) Peñate nos dijo que no creyéramos cuando alguien decía que habla en nombre del Procurador, o que giraba instrucciones siguiendo sus directrices, que desconfiáramos y consultáramos directamente con él. A su vez nos incitó que si teníamos algún proyecto o una idea que pudiéramos aportar para mejorar el trabajo, que la diéramos y que él sabría reconocer el mérito del autor y “no saludaría con sombrero ajeno”.

                                                        

                                                                                                 

                                                                                       

Peñate Polanco sabía que un amplio segmento de servidores y servidoras se había sentido ninguneado o minusvalorado durante la administración Avilés, por eso dispuso hacer una fiesta dicembrina de lujo en el local de FUSAL Santa Elena, un agasajo nunca visto ni antes ni después, con la actuación del grupo show Espíritu Libre, Los Juniors de Santa Tecla y su voz líder Alirio Guerra, encontrándose dentro de los asistente el presentador del programa televisivo Variedades del Seis, Davis Rosales. La mayoría empleados salieron con canasta navideña. 

Estando en el ISDEH, me designaron en 1998 para que apoyara un evento de reconocimiento a los empleados distinguidos. Organizamos un acto en el Auditorium del Edificio de la Cooperativa Algodonera. Los premiados fueron Victor Antonio Bermudez Menjivar (jurídico), Beatriz Larín de Tepas (Secretaria), Lilian Noemy Zaldivar (trabajador social), René Eduardo Cárcamo (Delegado Departamental), entre otros. Me correspondió a mi ser el Maestro de Ceremonias de ese acto de reconocimiento.

DESPIDOS

Pese a todo el descrédito, Peñate llegó con la consigna de separar a la mayoría de altos funcionarios de la administración Avilés. Desde el principio los aisló y les retiró la comunicación, hasta forzarlos a renunciar, así se fueron retirando: José David Grimaldi Villagrán (Secretario General), Aracely Zamora Rivas (Procuradora Adjunta de la Mujer), Ruth Anabella Henriquez (Procuradora Adjunta de la Niñez), Carlos Castro (Director del ISDEH), David Josué Vanegas (Delegado Departamental de Sonsonate).                                                                         

                                                                   

                                                                                                 

Del grupo de Adjuntos solo sobrevivió el doctor Ruy César Miranda Lupone, Procurador de los Adultos Mayores, que falleció en noviembre de 2000 ostentando el cargo. Paradójicamente Miranda Lupone llegó a fungir como Procurador en funciones en algunas ocasiones, cuando Peñate Polanco se ausentaba. El Ingeniero Carlos Gonzalo Cañas había renunciado con anterioridad a la asunción de Peñate.
                                                        
Yo estaba como educador en el ISDEH y presencié la estrategia urdida para separar del cargo al Director Carlos Castro (1943-2018), un individuo de tez blanca, de lentes con aros gruesos, pelirrojo, con abundante bigote, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que figura en los anales literarios como novelista e historiador, autor de la novela histórica “El libro de los Desvaríos” que teje una madeja hilvanada de ficciones sobre la vida y ancestros del ex presidente Gerardo Barrios.

                              

Pues bien, para sustentar o justificar la separación de Carlos Castro, personeros de la administración Peñate Polanco recurrieron a la estratagema de “persuadir” al personal del ISDEH a fin de que girara una nota en la se puntualizaban supuestas irregularidades del funcionario en su gestión. Se valieron para ello de un compañero que promovió la adhesión a los reparos planteados y la recolección de firmas, ofreciendo mejoras para los empleados al cesar en sus funciones el director. Al final el único que obtuvo un suculento aumento salarial, fue el personaje que promovió la suscripción del cuestionable escrito.

En su lugar llegaron los nuevos Adjuntos: Marcos Alfredo Valladares Melgar (Adjunto General), Herenia del Carmen Moreira (Mujer), Gladys Ayala de Gavidia (Niñez y Adolescencia), José Raúl Trujillo (Medio Ambiente). A su vez se sumaron a la nueva gestión Eduardo Martinez Vides (Secretario Privado), Rosa Elena Ramos (Secretaria General), Omar González (Jefe de Transporte), Ana Isabel Carranza (Directora del ISDEH).

Al cierre de 1998, Peñate Polanco decidió convocar a varios empleados y empleadas que estaban bajo contrato, a una audiencia privada con él en la semana de vacaciones de diciembre. Previo a esa audiencia, hubo una reunión en el local Radio Maya Visión, ubicada en Calle San Antonio Abad, Colonia Centroamérica, en la que estuvo David Ernesto Morales y Araceli Zamora Rivas, conviniéndose con los servidores no asistir a la convocatoria de Peñate. 

                                                    

El resultado fue que a los que no comparecieron a la audiencia, no se les renovó el contrato para 1999. De ahí que tal como puede comprobarse en la sentencia de amparo Ref. I-99 del 4 de marzo de 2000 la Sala de lo Constitucional no reconoció el derecho a la estabilidad laboral de los demandantes Katia Carolina Fernández Irizarry, Sandra Carolina Rivera Flores, José Humberto Morales, Nelson Amilcar González Cruz, José Guillermo Suncin Cárcamo, René Mauricio Mejía Méndez, Manuel Edgardo Lemus, por sostener que el 31 de diciembre había expirado el espacio temporal del contrato de trabajo.

En el marco de estas remociones, en 1999 tuve la oportunidad de estar en un evento del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que el licenciado Antonio Aguilar Martínez anunció su retiro de la institución, al parecer pasó a trabajar al Socorro Jurídico de la Universidad de El Salvador. Luego volvería a la palestra institucional como Procurador Adjunto de los Derechos de los Adultos Mayores en el 2001.                                                                                             

                       

                                                                               

El Diario de Hoy del 17 de diciembre de 1999 reveló que la oficina de Comunicaciones no cubre los eventos del Procurador, Peñate Polanco. La causa: el jefe de comunicaciones, Alirio Guerra (vocalista de Los Juniors de Santa Tecla), se negó a despedir a los empleados de esa oficina, tal como lo exigió el Procurador, según una fuente de la institución que prefirió guardar su identidad.

Reseña el rotativo que de acuerdo con el informante, un asesor de Peñate, identificado sólo con el apellido de Martínez  justificaba los despidos porque los empleados eran del FMLN. Esto inició el distanciamiento entre Guerra y Peñate, que en su momento más candente significó la contratación de un amigo del político Ronal Umaña: Rafael Rivera.

DENUNCIAS PUBLICAS

Estos despidos contribuyeron a activar la artillería verbal del entonces periodista Mauricio Funes, que tenía el programa “Sin censura “ en Canal 12 y de Benjamin Cuellar, que era Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), ambos lo acusaron de desmantelar la institución, al separar a cuadros muy cualificados. Recuerdo uno de los asesores que llevó Peñate solía decir: “Hay que sacar a la pequeña Habana de aquí”.

En respuesta a sus detractores, Peñate señaló a la opinión pública que tanto Mauricio Funes como Cuellar habían recibido beneficios económicos de la institución, Funes al parecer había asesorado un proyecto en el área de comunicaciones. Cuellar en respuesta promovió un antejuicio a la Asamblea Legislativa, para poder procesar a Peñate por difamación, como puede advertirse en la sentencia de amparo 825-99 del 23 de octubre de 2001. 

También David Ernesto Morales, ex jefe del Departamento de Investigaciones en su calidad de Director del proyecto de Fortalecimiento de la PDDH en materia de Seguridad Pública y Política Criminal, auspiciado por ASDI del Reino de Suecia, denunció a la gestión Peñate Polanco por actos de seguimiento al equipo que ejecutaba dicho proyecto. Un empleado de nombre Oscar Sansivirini al parecer era testigo de los supuestos actos arbitrarios.

El Diario de Hoy en una publicación del 19 de octubre de 2000,bajo el encabezado “Piden renuncia de 4 jefes de Procuraduría” menciona que el coordinador de Proyectos de la Cooperación Sueca, David Morales, llamó a las autoridades a investigar a Peñate por administración fraudulenta y actos arbitrarios.

DEMANDAS EN LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

En la red se pueden apreciar al menos dos sentencias de sobreseimiento contra el nombramiento de Eduardo Peñate Polanco, una de amparo 227-98 del 20 de marzo y otra de inconstitucionalidad 2-99 del 30 de marzo, ambas del 2000.

En la primer demanda los impetrantes se manifestaron contra la Asamblea Legislativa por considerar el nombramiento de Peñate violatorio de los artículos 1, 2, 3, 86 inciso final y 235 de la Constitución, dado que el funcionario carecia de competencia y moralidad, requisitos señalados por delegación constitucional (art. 192 inciso final Cn.) en los artículos 5 y 6 de la Ley de la PDDH.

La demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo No. 342 del 2-VII-1998, en virtud del cual fue elegido el Procurador fue también por incumplir los requisitos éticos y légales que exige el cargo, sobreseyendo la Sala de lo Constitucional en ambos casos por haber renunciado el funcionario el día 8 de febrero de 2000 y ya no tener vigencia el acto impugnado al momento de pronunciarse las sentencias.

En la sentencia de inconstitucionalidad consta que el Fiscal General de la República al contestar el traslado que se le confiere hace alusión a documentos que obran en su poder que supuestamente acreditan la inidoneidad del profesional elegido, a saber: documentos del Consejo Nacional de la Judicatura que revelean desempeño insatisfactorio en el ejercicio del cargo  de juez, denuncias en la PDDH cuando fungió como Juez Segundo de lo Penal de Santa Ana, denuncias en el Departamento de Investigación Judicial, entre otras probanzas.

Además, se puede ver en la red la sentencia dictada con motivo del proceso contencioso administrativo 145-C-99 en el que se impugna el nombramiento de Peñate, pero la demanda  fue desestimada mediante sentencia del 26 de octubre de 1999, por haberse interpuesto  fuera del plazo legal de 60 días que establecía el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

ANTEJUICIO Y RENUNCIA

La clase política se negaba a destituir a Peñate, resistiendo los embates de la opinión pública, de las organizaciones sociales y la cooperación internacional que habían luchado de manera más o menos coordinada durante un lapso de quince meses, entre estas organización figuraban el IDHUCA, ASEPRODEH, la cooperación sueca, al punto que El Diario de Hoy reveló en su edición del domingo 28 de noviembre de 1999, las palabras de Juan Duch Martínez, Presidente del Congreso: "la destitución de Peñate sólo es un rumor"

Juan Duch, dijo que los señalamientos hechos por el Partido Liberal Demócrata (PLD) no son ciertos. Los acuerdos entre ARENA y FMLN para destituir al actual procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, son simples rumores.

No obstante, las denuncias y objeciones tuvieron tanta relevancia que El Diario de Hoy del sábado 11 de diciembre de 1999 anunció “En enero se definirá destino de Eduardo Peñate Polanco”, especificándose que el próximo viernes (17 de diciembre), los diputados iniciarán la investigación. El procurador podrá defenderse el año entrante (2000).

                                      

     

Refiere la nota periodística que la subcomisión investigadora, formada por Nidia Díaz (FMLN), René Figueroa (ARENA) y Kirio Waldo Salgado (PLD), iniciará el proceso, formalmente, el próximo viernes (17 de diciembre de 1999). Como primer paso se analizarían las nueve denuncias contra Peñate que están en el Congreso.

Alude la noticia que dos de las denuncias fueron presentadas por Benjamín Cuéllar, entonces director de la IDHUCA, quien solicitó anular la elección del Procurador y en su lugar, nombrar a David Escobar Galindo, actual rector de la Universidad Matías Delgado. Las quejas eran muchas y el tiempo es corto. Por eso, hasta la tercera semana de enero del 2000 (según calendarización que no se cumplió) los diputados emitirán una resolución.

Refiere la nota que a juicio de un grupo de trabajadores que presentaron una pieza de correspondencia, la presencia de Peñate Polanco "no permitía el correcto desarrollo del trabajo, el cual se ha reducido a muy poca credibilidad de parte de los usuarios".

ACCIONAR DE ASEPRODEH

ASEPRODEH actuó de forma coordinada don otras organizaciones de la sociedad civil, incluso con la cooperación internacional, habiéndose constituido a mediados de 1999 una nueva Junta Directiva, a la que pertenecieron Salvador Cáceres González (Presidente), Carlos García Santamaría, José Ovidio Ardón, Miguel Fuentes Benavides, Leopoldo Arévalo, Miguel Ernesto Alfaro, Giovani Carcamo, cuya esposa fue despedida en el período de Peñate.

En nota de El Diario de Hoy del 17 de diciembre de 1999 titulada "Queremos su cabeza": refiere que empleados de PDDH de la PDDH quieren que los diputados de la Asamblea Legislativa destituyan cuanto antes a su jefe, Eduardo Peñate Polanco y que para hacer valer tal petición habían suspendido labores durante tres horas el día anterior (16 de diciembre). Según, los empleados el procurador había despedido a varios de sus compañeros sin justificación alguna y ha cometido actos de corrupción. 

Carlos García, representante de los trabajadores, indicó que si el funcionario continúa en su puesto, se tomarán las instalaciones. Agregó que Peñate Polanco es el funcionario que más ha viajado al exterior en misiones oficiales; sin embargo, a su regreso, no ha rendido ningún informe sobre las mismas. Según la fuente periodística, García aseguró “Queremos su cabeza”, al tiempo que en nombre de sus compañeros hizo un llamado a los diputados para que aceleren el proceso de investigación del funcionario.

Añade el matutino que los denunciantes aseguraron que el procurador realiza gastos excesivos. Por ejemplo, tres de los vehículos que tiene asignados consumen al año casi 6,000 mil colones en gasolina, según un documento presentado. Además, de 18 mil colones que ganaba la anterior titular, Polanco se aumentó cinco mil colones más. 

Los huelguistas dijeron−reseña la nota− que muchos de sus compañeros no fueron despedidos, sino que renunciaron debido a las presiones del procurador, las cuales consisten en aislar al empleado, quitarle su responsabilidad y hasta su equipo de oficina.

RENUNCIA DE PEÑATE POLANCO

Fue tal la magnitud de los embates y la inminente posibilidad de destitución que Peñate se vió conminado a interponer la renuncia el 28 de febrero de 2000 al cargo de Procurador. Me comentaba alguien cercano al Partido Demócrata Cristiano, que Peñate pretendía renunciar mucho antes, pero el diputado pedecista Ronald Umaña le insistía que no lo hiciera, que esperara que él le dijera cuando retirarse. Y le replicaba literalmente: “Allí quédese tigre, no renuncie hasta que yo le diga.”

Al prolongarse su permanencia en la PDDH por casi diecinueve meses el desgaste fue grande y las enemistades se incrementaron, al punto que los intentos de promoverle antejuicio continuaron, aun cuando ya había renunciado a la institución, tomando en cuenta que continuaba siendo Magistrado de la Cámara de Cojutepeque. 

                                                       

                      

                                           
El Diario de Hoy del 20 julio 2001 publicó en una nota titulada “Rechazan antejuicio contra Eduardo Peñate Polanco” que el Fiscal Belisario Artiga quería retirarle el fuero constitucional, por eso envió una petición de antejuicio a la Asamblea Legislativa, por actos arbitrarios contrarios a la administración pública. Los diputados sostuvieron que la Corte en pleno analiza la posibilidad de destituirlo. De ahí que tanto el FMLN como el PDC y el PCN prefieren esperar el resultado del Órgano Judicial.

                                              

     
Cita la fuente periodística que Shafick Handal, entonces Jefe de fracción del FMLN sostuvo que consideraba innecesaria la solicitud de antejuicio, y recordó que la Corte Suprema de Justicia suspendió al ex Procurador (del cargo de Magistrado de Cámara de Segunda Instancia) el mismo día que éste dejó la PDDH.

                                                                                   

                                          

                       

        

El matutino revela que la Fiscalía General de la República inició una investigación contra Peñate, en virtud de las acusaciones de algunos funcionarios de la Procuraduría. Supuestamente, el ex Procurador ordenó elaborar un informe falso sobre un motín en el centro penitenciario de Apanteos. Asimismo, exigió que se siguiera a un consultor sueco, el cual ayudaba a organizar el Proyecto de Fortalecimiento para la institución. Por su parte, Peñate Polanco argumentó, en esa ocasión, que el extranjero pretendía conspirar contra él. El ex Procurador no pudo comprobar su testimonio y el consultor renunció.

REPAROS DE LA CORTE DE CUENTAS

Según información virtual la Corte de Cuentas de la República después de haber pasado más de un año desde que Peñate Polanco abandonó el cargo, presentó el informe de auditoría a su gestión. Una de las observaciones más graves es la contratación innecesaria de 20 asesores, con un costo anual un millón 379 mil colones.

De acuerdo al mismo informe de auditoría, antes de renunciar Peñate Polanco redujo, por las observaciones de la Corte de Cuentas, a 13 el número de asesores. Ni la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia o la Corte de Cuentas han dicho si le impondrán sanciones al ex-procurador o si le pedirán a la Fiscalía abrir un proceso penal.

                                    

Por su parte, un reportaje de El Diario de Hoy del 27 de diciembre 2001 titulado “Peñate desvió fondos de la Procuraduría”, reveló basado en un informe de la Corte de Cuentas que cuentas bancarias que no coincidían con los libros de contabilidad y pago excesivo por el servicio de telefonía son una pequeña parte de los resultados de una auditoría a la PDDH. Los organismos internacionales aportaron un millón 775 mil 978 colones. Sin embargo, sólo ingresaron a la cuenta de ahorro del Banco de Desarrollo (01-36-001487-8) ¢643,143.19.

Acota el matutino que lo mismo pasó con los 281 mil 692 colones con 72 centavos que la Procuraduría recibió de la Unicef. De esa cantidad, únicamente fueron depositados, en la cuenta número 01-16-08222 del Banco Cuscatlán, 225 mil 590 colones con 73 centavos.

Añade la nota que el abandono de la cooperación internacional se explica por el mal manejo de los fondos donados. Pero eso no es todo. La Corte de Cuentas también detectó pagos excesivos en telefonía móvil y combustibles; cheques emitidos sin la documentación que los respalde y trabajadores que cobran el sueldo sin laborar ni un día al mes.

BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (IV)

Por Joaquín Rivera Larios

EL PERIODO DE URQUILLA BERMUDEZ

Al expirar el mandato de la doctora de Avilés, por un espacio de tres meses ocho días (24 de marzo al 2 de julio de 1998), asumió la conducción de la institución, el licenciado Eduardo Antonio Urquilla Bermúdez, un profesional bastante competente, que reflejaba un carácter moderado y concertador. Durante su permanencia como Procurador Adjunto mantuvo un bajo perfil. En el período del primer Procurador, Carlos Mauricio Molina Fonseca (febrero 1992-febrero 1995), había sido Jefe de la Unidad Técnica, el equivalente actual al Departamento de Denuncias.

Durante su período hizo nombramientos y quizá uno que otro ascenso, pero posiblemente por algunas medidas que había tomado Urquilla Bermudez los diputados hicieron una reforma el 30 de abril de 1998 al artículo 15 de la Ley de la PDDH, en el sentido que las atribuciones de un Procurador Adjunto tienen operatividad durante el período de mandato del Titular, no cuando ha expirado este período. Al existir un vacío de poder cuando la institución cae en acefalía, la fuente de donde emana el poder del Procurador Adjunto y de los Procuradores de áreas Especializadas no existe. 

El esfuerzo de ASEPRODEH en esta etapa se focalizó en luchar por superar la situación de acefalía en que había caído la PDDH. Con el aval del Procurador en funciones, Eduardo Antonio Urquilla Bermudez, el personal organizó en junio de 1998 una manifestación a la Asamblea Legislativa para presionar a los congresistas que habían caído en un impase en la elección del Ombusman. Lo que nos dijo Urquilla es que no movilizáramos vehículos, porque podíamos ser señalados de mal uso de recurso del Estado.

Recuerdo que en los preparativos de esta marcha se involucró en la elaboración de mantas el compañero jurídico Walter Gerardo Alegría Gómez, que después llegaría a ser Procurador Adjunto de Derechos Civiles y una persona de mucha confianza de la doctora Beatrice Alamanni de Carrillo. A mí me convocó el compañero jurídico Cesar Alí Espinoza, pero extrañamente en el Palo de Hule (predio adyacente al portón principal de la Asamblea Legislativa) ya no lo ví.

Estando en el Palo de Hule, el jurídico Victor Antonio Bermudez tomó el micrófono e hizo alarde de su vibrante oratoria para hacer un vehemente llamado a los padres de la patria a fin de que eligieran al Procurador a la mayor brevedad posible. Mi persona lo secundó. Nuestras intervenciones fueron transmitidas por Canal 33.

El educador Jorge Antonio Iraheta Peña(QDDG), quien fuera asesinado el 3 marzo de 2010, se movilizó al interior del congreso, para que tuviéramos una reunión con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, entonces liderada por Juan Duch Martínez, Presidente del parlamento.

Al cabo de media hora Iraheta Peña había logrado, gracias a sus múltiples amistades en la Asamblea Legislativa, que la Comisión Política, recibiera a un grupo de tres empleados. Recuerdo que subimos con la compañera Marlene Trejo, a plantear nuestra posición como trabajadores ante dicha comisión, encabezada por supuesto por Juan Duch Martínez. El Diario de Hoy publicó  la noticia de esa reunión, acompañada de una foto.

En este lapso se dio un diferendo entre mi persona con la doctora Ruth Anabella Henriquez, entonces Procuradora Adjunta por la Defensa de los Derechos de la Niñez, por una queja en forma de poema sarcástico que publicamos en un boletín de ASEPRODEH, en la que el poeta Roberto Laínez Díaz (integrante de un equipo que hacía una consultoría para esa Adjunta), denunciaba una presunta retención arbitraria de salarios y la supuesta insensibilidad de la funcionaria que no le importaba conminar al hambre a los trabajadores.

La doctora Henríquez me llamó por teléfono y me dijo que los hechos no eran como los pintaba Laínez Díaz, y que nuestro sindicato debía ser más cuidadoso en lo que publicaba. Le dije a la funcionaria que la denuncia no era anónima y que tenía el derecho de respuesta para desvirtuar las irregularidades que se le atribuían, pero no lo hizo. Siempre recordaré aquel episodio como uno de los pocos casos que he conocido en los que una queja condimentada con ironía, tuvo mucha calidad literaria. 

El poeta se retiró de la PDDH los primeros meses de 1998, lo último que supe de él es que trabajaba en el Departamento de Letras de SECULTURA, junto al laureado escritor Jorge Galán. Al revisar en la red la trayectoria de Roberto Laínez Díaz descubro que ha escrito los libros “Tempestad en un vaso" (2009), "En un lugar de la Mancha y otros sonetos andantes", “Usos horarios” (poemario). Ha sido laureado con el título de Gran Maestre de Poesía en el año 2008. 

El 2 de julio de 1998 la Asamblea Legislativa eligió por 77 votos Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos a Eduardo Antonio Peñate Polanco, quien había sido Juez de lo Penal en Santa Ana, Magistrado de Cámara en San Miguel y Cojutepeque, deviniendo con tal elección uno de los períodos más sombríos de la institución que se prolongó por diecinueve meses. 

En esta etapa tempestuosa vuelve a saltar a la palestra ASEPRODEH, esta vez liderada por los compañeros Salvador Cáceres González, Miguel Ernesto Alfaro, Azuical Yurandir Sandoval, Carlos García Santamaría, entre otros, quienes librarían una lucha titánica para obtener la separación del cargo del referido profesional.

BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (III)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE VICTORIA DE AVILES (marzo de 1995-marzo de 1998) 

COMISIÓN DE DIÁLOGO

En septiembre de 1997 la doctora  Victoria Marina Velásquez de Aviles, designó una Comisión de Diálogo para tratar con la naciente organización. Fue integrada por Aracely Zamora Rivas (Procuradora Adjunta para la Defensa de la Mujer), Carlos Gonzalo Cañas (Procurador Adjunto para la Defensa del Medio Ambiente) y el licenciado Antonio Aguilar Martínez (Jefe del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).                                                            

                                                

En la primera Comisión no tuvo mayor protagonismo el licenciado Aguilar Martínez, como ocurriría a partir de 2001, en esa época quien monopolizaba la palabra por su temperamento dominante era Araceli Zamora Rivas, procedente de una familia oriunda de Cojutepeque con raigambre política: hermana de Rubén Zamora Rivas, quien fuera Embajador de El Salvador en Washington, ex candidato a la presidencia por el FMLN en 1994 y del ex Procurador General de Pobres, Mario Zamora Rivas, asesinado el 23 de febrero de 1980.

Recuerdo que yo llevaba a la reunión como soporte los contratos colectivos del Instituto Nacional de Pensiones (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y un documento con los derechos y prestaciones del personal del Banco Central de Reserva, sumados a nuestra primera plataforma reivindicativa, a efecto de sustentar varias de los beneficios que hoy están consagrados en nuestro Laudo Arbitral. Un par de reuniones presididas por Araceli Zamora se volvieron casi un monólogo. Percibía que sus posiciones eran inflexibles, no transigía ni hacía concesiones a sus interlocutores.

                                                         

Al respecto la licenciada Zamora me recriminaba luego de mis intervenciones: “Pero Joaquín ¿Sabe usted cuantos años tienen de existir el sindicato del ISSS y del INPEP? No quiera lograr todo de la noche a la mañana”. Y el tiempo le dio la razón el primer Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo que rigió en la PDDH se aprobó en noviembre de 2012, es decir que demoró quince años a partir del inicio de la lucha gremial. 

                                                 

Por cierto Aracely Zamora, aparte del carácter imperativo que la caracterizaba, despertaba cierto pavor en algunos compañeros, porque se comentaba en los pasillos que en el ejercicio su cargo de Procuradora Adjunta de la Mujer, había intervenido en al menos en un par conflictos de violencia intrafamiliar que involucraban a empleados, en los que las esposas o compañeras de vida aparentemente habían interpuesto su queja.

En las reuniones escuchábamos reparos en términos abstractos al desempeño laboral del personal y algunas reconvenciones sobre lo que debería ser la conducta correcta de un servidor. Estos encuentros fueron desgastantes, frustrantes, en ningún momento percibimos empatía por parte de las autoridades y por otro lado, teníamos bases inconformes que ansiaban el logro de beneficios inmediatos.

LA INSTAURACIÓN DEL DOBLE RASERO

La actitud distante, desconfiada y hasta cierto punto hostil de la administración Avilés hacia la gestación y nacimiento de ASEPRODEH, contrastaba con el apoyo decidido que se brindó en esa gestión a otros gremios de trabajadores estatales, que llegaron a tener afecto y reverencia hacia la doctora Victoria de Avilés.

Relataba Pedro Alfredo Almendares, fundador y primer presidente de ASEPRODEH, que había sido sometido a una investigación secreta, que buscaba restringirle su margen de maniobra o probablemente disuadirlo para que no siguiera impulsando la asociación.

Según las narraciones verbales de Pedro, la investigación dio lugar a un expediente que tenían a mano, cuando él fue llamado al despacho para reconvenirlo, se dio cuenta que entre el fardo de documentos recopilados en su contra figuraba un examen que él había rendido cuando cursaba la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad de El Salvador y en el que expresó opiniones críticas hacia la gestión de Victoria de Avilés. Pedro solía preguntarse cómo ese examen había llegado a poder de la Titular.

En un pronunciamiento que hicimos cuando ya había expirado el mandato de la doctora de Avilés, censuramos esta práctica y la comparamos con los expedientes secretos que instruía John Edgar Hoover, el eterno Jefe en EE. UU. del Buro Federal de Investigaciones (FBI), contra políticos y otras personalidades, lo que le permitió amedrentarlos cuando lo querían destituir, así logró mantenerse en el cargo desde 1924 hasta su muerte en 1972.

La labor disuasiva surtió efectos, al punto que un par de reuniones vi titubear a Pedro Almendares,  replegarse en sus posiciones, a lo que sumó un nuevo hecho: cuando el personal fue llamado para firmar contrato no aparecía el que correspondía a Almendares. Luego del alboroto y la alarma, Pedro firmo el contrato. Este incidente fue denunciado en el boletín del 23 de marzo de 1998.

Pero afortunadamente para sus intereses, Pedro Alfredo Almendares Ayala, era un tipo taimado, que no se lanzaba del trapecio sin malla de protección, cuando se implementó la reforma al sistema penal en 1998, se crearon muchas plazas en la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República y fue contratado como defensor público en la Agencia Auxiliar Departamental de La Paz, con sede en Zacatecoluca.

En contraste con el trato hosco que sufrimos los que fundamos ASEPRODEH, una actitud diametralmente diferente mostró la doctora de Avilés cuando en 1995 Armando Calderón Sol, entonces Presidente de la República, dispuso el despido de unos 15 mil empleados de las instituciones gubernamentales. Varios directivos de las asociaciones y gremios de los ministerios e instituciones autónomas fueron despedidos.                        

                                                                                             

                                                                  

Esto generó bastante demanda de la población despedida hacia la PDDH, y allí entró en acción Victoria de Avilés, haciendo gestiones a favor de varios trabajadores cesados, mediaciones con altos funcionarios y esto le permitió granjearse la simpatía de algunas asociaciones y sindicatos de trabajadores con mucho peso.

Recuerdo que cabildeando apoyos con organizaciones visité unas tres veces a directivos de la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) que tenía su local en la quinta planta del edificio dos de las Tres Torres. En ese local exhibían  retratos del Che Guevara, de Farabundo Martí y en el centro del salón colgaba la foto de la doctora de Avilés con el presidente de esa asociación. Se advertía que tenían gratitud y reverencia
hacia la funcionaria por sus ingentes gestiones a favor de los trabajadores.

El 8 de febrero de 1996 visitó el Papa Juan Pablo II El Salvador por segunda vez  y su agenda contemplaba una homilía en la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de San Salvador. Trabajadores despedidos del Ministerio de Obras Públicas, aglutinados en ATMOP, se tomaron un mes antes la Catedral que debía ser remozada para recibir al Santo Padre.

En las negociaciones para desalojar el templo intervino la doctora de Avilés, y cuentan que ante las reiteradas negativas de los trabajadores, la Procuradora dispuso ofrecerles trabajo a algunos de ellos en la Procuraduría. Los ocupantes abandonaron el templo, pero de todos ellos, solo uno recaló en la PDDH.

Ciertamente, de todos los ex servidores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) que hubiesen querido ingresar a laborar a la institución, el único que perseveró de principio a fin fue Salvador Cáceres González, que desde aquella efemérides se le conoció como “Chamba Catedral”. Fue así que Cáceres hizo grandes “sentones” frente al despacho del entonces Secretario General de la Procuraduría, José David Grimaldi Villagran, hasta que fue contratado en el cargo de vigilante el 17 de junio de 1996.

                                                       

                                                                        
Cuentan que a raíz de un requerimiento que le hizo el Presidente de ATMOP a la doctora de Avilés, ésta dispuso al cierre de su gestión pasar a Salvador Cáceres González del régimen de contratos a ley de salarios.

                                   

                                                                                  

A partir de ese momento, ASEPRODEH ganó a uno de sus más fogosos, valientes y beligerantes líderes, que con megáfono en mano sacudía con sus discursos vibrantes y ácidas críticas  el edificio AMSA, ubicado en la Quinta Calle Poniente y Novena Avenida Norte, entonces sede central de la PDDH. Ya para 1999, Cáceres González había sido elegido Presidente de ASEPRODEH.

EL SEMINARIO SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN

Una de las mediciones de fuerza más grandes que tuvimos con la administración Avilés, por el hecho de vencer el miedo, lograr que autorizaran el evento y ejercicio de la crítica al interior de la institución fue el seminario sobre “El derecho de asociación” que tuvo lugar el 30 de octubre de 1997 en el Auditorium de la PDDH, entonces ubicado en la primera planta del Edificio de la Cooperativa Algodonera, sobre la Séptima Avenida Norte.

En ese evento se contó con la participación de Ángela Durán, Presidenta de Asociación de Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ), el licenciado Luis Enrique Salazar Flores, consultor de FESPAD,  el compañero jurídico César Alí Espinoza, el licenciado Antonio Aguilar Martínez, entonces Jefe del Departamento de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la PDDH y mi persona.

                                                                        

                                                            

                                                              

Recuerdo que Angela Durán, explicó su lucha al interior del Órgano Judicial, en una coyuntura en que habían hecho denuncias y protestas para evitar la reelección del doctor José Domingo Méndez en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (1994-1997), por una supuesta compra indebida de licor que ascendía a quinientos mil colones. El gran descontento radicaba en que el doctor Méndez no había querido recibir a los directivos ni atender sus demandas reivindicativas.


El licenciado Luis Enrique Salazar explicó los alcances jurídicos del derecho de asociación. En aquella época no se hablaba de la libertad sindical en el sector público, porque de conformidad al artículo 47 de la Constitución vigente solo podían sindicalizarse los trabajadores privados y los de las instituciones autónomas. Esta disposición fue reformada por decreto legislativo número 33 del 27 de marzo de 2009, posibilitándose la sindicalización de los empleados de la  administración pública.

Las intervención de Cesar Alí Espinoza,  jurídico del Departamento de Investigaciones, fue muy beligerante, denunció un mal uso de los recursos, lo que generaba carencias para atender la labor de tutela, para el caso ausencia de cámaras fotográficas, de vídeo para registrar hechos violatorios. Llamaba la atención su lenguaje florido, sus lances poéticos  y la solemnidad con la que hablaba, parecía que era un actor de teatro, lo que evidenciaba era su profundo enfado por la que a su juicio era la ausencia de una buena administración de la entidad.      

Mi persona también fue enérgica en los señalamientos, la mayoría de ellos ya estaban contemplados en la primera plataforma reivindicativa y sobre todo,  exhorté al personal a vencer el miedo, citando la historia del presidente estadounidense Franklin D. Rooselvet, que estando postrado en una silla de ruedas, hizo frente a la Segunda Guerra Mundial, al punto que acuñó aquella famosa frase: “A lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo”.

Por supuesto, como era de esperarse, el licenciado Aguilar Martínez hizo una vehemente defensa del compromiso de la doctora de Avilés con los derechos laborales y las libertades sindicales, destacando que como muestra de su abnegación al trabajo había abandonado el ejercicio notarial.

BREVE APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (II)

Por Joaquín Rivera Larios

MANDATO DE VICTORIA DE AVILES (marzo de 1995-marzo de 1998)

La doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés,  abogada,  nacida en San Salvador, departamento de San Salvador el 5 de Julio de 1943, hija de Sofía Velásquez, fue Viceministra de Trabajo durante la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno en 1979, Jueza Cuarto de lo  Laboral (1981-1983) y Procuradora Adjunta para la Defensa de la Niñez (1992-1995), durante el mandato del doctor Carlos Mauricio Molina Fonseca, fue elegida Procuradora por la Asamblea Legislativa el 23 de marzo de 1995.

                                                

Me atrevería a decir que en términos de incidencia en la vida nacional, de fiscalización de la actuación de la administración pública, de cantidad y calidad de resoluciones y pronunciamientos y de valentía para señalar responsables de violaciones de derechos humanos con nombre y apellido, la gestiones de Victoria Marina de Avilés y de Beatrice Alamanni de Carrillo han sido las mejores.

                                        

            

Llama la atención que estaba precedida de un buen récord laboral en otros cargos públicos. Para el caso, El  Diario de Hoy del miércoles 2 de febrero de 1983  publicó la noticia que la doctora de Avilés fue separada del cargo de Juez Cuarto de lo Laboral por motivos políticos, siendo una buena funcionaria, según opinión de abogados que conocían su trabajo. En esa época la Corte Suprema de Justicia era presidida por el doctor Arturo Zeledón Castrillo (1982-1984), y los Magistrados habían sido nombrados por el bloque conservador ARENA-PCN, que tenían mayoría en la Asamblea Legislativa. 

                                        

  

Su compromiso innegable con la consolidación de una institución nacida de los Acuerdos de Paz, siguiendo la línea de señalar sin ambages los abusos de poder cometidos por agentes del Estado o por particulares con su aquiescencia, como sucedió cuando se pronunció contra el grupo de exterminio denominado “Sombra negra”, le permitieron recibir reconocimientos a nivel nacional e internacional. A ningún OMBUDSMAN de los seis que la han sucedido le tributaron tantos homenajes como a ella.

FORCEJEOS Y DETRACTORES

La doctora Victoria de Avilés tuvo forcejeos fuertes con el gobierno central, como cuando se opuso al nombramiento del doctor Francisco Beltrán Galindo padre en el cargo de Inspector General de la PNC, durante la administración del presidente Armando Calderón Sol. Dictó resoluciones paradigmáticas que tuvieron resonancia en la opinión pública, en los casos de ejecuciones sumarias del joven Adriano Vilanova Velver, a manos de elementos policiales, del ex comandante guerrillero Darol Francisco Velis, entre otros pronunciamientos emblemáticos.

                                    

Esto es lo que al parecer no le gustó a sus detractores del "Estamento Político" que la tachaban de parcializada, la vinculaban con la izquierda y le endilgaban emplear militantes de la ex guerrilla, circunstancia que sumada a la falta de habilidad de Velásquez de Avilés para cabildear con los partidos de derecha que controlaban el congreso, imposibilitaron su reelección cuando había tenido una prolífica y exitosa gestión en el trabajo de tutela. 

Sin embargo, desde la perspectiva del personal descontento su gestión fue deficitaria en lo concerniente a gestionar mejores condiciones de vida para mayoría de servidores, con la excepción de pequeños grupos que fueron favorecidos con promociones y ascensos, becas al exterior, etc., sobre la base de criterios discrecionales. En esa época se acuñó el término de “la argolla dorada” en alusión a estos grupos privilegiados, fenómeno que de manera menos notoria se ha repetido en otras administraciones.

El talante ensimismado de la doctora de Avilés y su aparente reticencia para buscar entendimientos con la derecha política en el parlamento, se tradujeron en un precario presupuesto que al cerrar su gestión ascendió a $ 3,484,155.42, habiéndose obtenido en el período 1995-1998 un incremento pírrico de $ 234,297.00, equivalente a un aumento de 6.72 % del presupuesto de la institución.

                                            

La asociación se gestó en medio de un clima de tensión, miedo, incertidumbre, zozobra, amenazas veladas. No faltaban quienes decían que el esfuerzo organizativo de los trabajadores y trabajadoras se enmarcaba dentro de una confabulación de partidos políticos afines a la derecha para desestabilizar la institución y dañar a Victoria de Avilés, incluso llegué a oír que había financiamiento de “siniestros personajes” para echar andar la asociación.

                                        

Estas versiones cobraron fuerza cuando el polémico diputado Ronal Umaña, entonces Secretario General del Partido Demócrata Cristiano (PDC), pidió públicamente la renuncia de la doctora de Avilés, porque trascendió a la opinión pública que su esposo, Carlos Sergio Avilés, había autorizado como notario el contrato de arrendamiento de una casa, donde permanecieron personas secuestradas de familias millonarias que habían pagado cuantiosas sumas por su rescate. El inquilino era un ex jefe guerrillero de sobrenombre “Marcelo”.

                                                        

Los desplantes del diputado Umaña nos conminaron a sacar un comunicado como ASEPRODEH en formación, recriminándole al legislador que utilizara alevosamente los hechos que estaban siendo investigados por la justicia, como un arma de ataque, que dejara que el caso se esclareciera debidamente y se individualizaran responsabilidades en sede judicial. Hubo compañeros que criticaron nuestra postura, pero fue necesario para desvirtuar que no éramos parte de una conspiración articulada por figuras malévolas.

En aquella etapa primigenia no existían licencias para hacer trabajo gremial. Aunque defendíamos una plataforma reivindicativa, la Junta Directiva (JD) no tenía la cohesión y la solidez que tiene ahora. La lucha se libraba de manera esporádica e intermitente, la asociación se activaba en coyunturas, situación que se extendió hasta el 6 julio de 2007 en que asumió la institución el licenciado Oscar Humberto Luna.

                                                

No obstante, ASEPRODEH continuó haciendo reparos durante los últimos seis meses de la administración Avilés, al punto que el 23 marzo de 1998 que expiró su período, mientras unos empleados se congraciaban con ella y la despedían con música de mariachi, la asociación publicó un boletín de cuatro páginas revés y derecho con el encabezado: “Estéril gestión hacia el interior” que contenía los resultados de una encuesta realizada al personal sobre su percepción de la gestión Avilés, muy poco favorables para la funcionaria.

Esta postura trascendió a la prensa escrita que dio a conocer que los empleados y empleadas organizados no estábamos de acuerdo con una eventual reelección de la Procuradora, cuyo mandato concluía, publicándose en una de estas noticias la contraportada del boletín.

PROBLEMAS EXISTENTES

Recuerdo que en algunos segmentos del personal había descontento hacia conductas y actitudes de algunos funcionarios que estimaban injustas, irrazonables, inconsultas,  entre ellos el ingeniero José David Grimaldi Villagrán, Secretario General, María Eugenia de Siguenza, Jefe del Departamento Administrativo, licenciada Ena Silvia Blandón de Montoya, Directora del Instituto Salvadoreño de Derechos Humanos (ISDEH), entre otros.

                                    

Algunas versiones apuntan a que la  asociación tuvo su origen en un descontento generado fundamentalmente alrededor de la actuación del Secretario General, Grimaldi Villagrán, con un curriculum impresionante,  graduado del Liceo Salvadoreño y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,  Ingeniero Civil (1978), licenciado en Ciencias Jurídicas (1994), Maestría en Planificación Urbana y Regional Universidad del Estado de Nueva Jersey USA, egresado de Ciencias Políticas de la Universidad Nueva San Salvador (UNSA),  quien era una persona aparentemente suave en el trato, solía proyectar una ligera sonrisa, pero vertical en algunas decisiones que se tradujeron en beneficios selectivos y discriminación para otros servidores.    

                                          

           

En 1996 se dio una sorpresiva orden de traslado del compañero educador, Jorge Antonio Iraheta (QDDG) que laboraba en el ISDEH (San Salvador) a la Delegación de Sonsonate y que presuntamente fue dispuesta por el Secretario General, por supuestas instrucciones de la Titular. Comentaba Jorge que cuando consultó sobre el origen de la decisión, la doctora de Avilés negó haber ordenado el traslado. Entiendo que Jorge recurrió al Tribunal de Servicio Civil que dejo sin efecto la medida por contravenir el artículo 37 de la Ley de Servicio Civil.

                                                                                                

También se dio un traslado del local del ISDEH (hoy Escuela de Derechos Humanos) que estaba atrás del Hotel Alameda en la Colonia Flor Blanca a una casa ubicada en la Colonia Escalón a dos o tres cuadras de la Plaza Beethoven, es decir la setenta y cinco Avenida Norte. El personal del ISDEH le pidió a la doctora de Avilés en una reunión que dejara sin efecto la medida, porque le generaba perjuicios económicos en términos de transporte y alimentación, pero ella persistió en la mudanza.

REUNIÓN CON PROCURADORA

Tras varias notas y gestiones, recuerdo que en septiembre de 1997 tuvo lugar la primera y única reunión de la JD con la doctora Velásquez de Avilés y todo su séquito de altas autoridades, entre ellos Eduardo Antonio Urquilla Bermudez, Procurador Adjunto, Aracely Zamora Rivas, Procuradora Adjunta para la Defensa de la Mujer, Carlos Gonzalo Cañas, Procurador para la Defensa del Medio Ambiente, José David Grimaldi Villagran, Secretario General, entre otros funcionarios.

                                                                    

En aquel encuentro salió a relucir que como parte de su entrega a la institución, la doctora de Avilés había renunciado a su trabajo notarial. Parte de los cuestionamientos de las autoridades se focalizaban en el hecho que el primer presidente de ASEPRODEH, Pedro Alfredo Almendarés Ayala, era abogado y notario, tenía su propio bufete y prestaba dinero, igual que otro directivo de la asociación. En la reunión la licenciada Aracely Zamora censuró desde el principio esas prácticas de los dos directivos, seguramente con la intención de debilitar nuestra moral de lucha.

En esa reunión aproveché la ocasión para pedirle a la doctora de Avilés que enviara una nota a las diferentes jefaturas, diciendo que los empleados se podían afiliar con toda libertad sin temor a represalias, reconociendo que les asiste la libertad de asociación. La funcionaria contestó que no quería que su sucesor pensara que ella había pretendido dejarle un problema.

Al calor del dialogo, la Titular dijo una frase que me pareció lapidaria y lesiva a la dignidad humana: “Deberían agradecer que tienen trabajo, cuando hay tantas personas que carecen de empleo”. Tal aserto desconocía la noción de trabajo decente que asegura el desarrollo y la calidad de vida de un servidor o servidora.

Con la valiosa ayuda de Asociación de Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ) y su presidenta Ángela Durán, reproducimos en mimeógrafo un centenar de ejemplares de la primera plataforma reivindicativa que había sido elaborada por mi persona con la colaboración de Orsy Melvin Quintanilla Campos, educador del ISDEH. Me correspondió a mi explicar ese pliego de demandas ante las autoridades.

                                                

La referida plataforma contemplaba varias prestaciones: fondo de protección social, equiparación salarial con las otras dos instituciones del Ministerio Público, transporte para el personal, centro de desarrollo infantil, instauración de escalafón, respeto a la Ley de Servicio Civil en ascensos, nombramientos y contrataciones. Incluía un acápite donde desarrollábamos el perfil ético o moral y la capacidad gerencial que debían tener las jefaturas.

Como anexos a la plataforma, consignamos unos cuadros comparativos de salarios cargo por cargo de la PDDH con la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de República y el Órgano Judicial, notándose claramente las abismales diferencias salariales. 

Se convino al final que la Titular designaría una Comisión integrada por funcionarios de alto nivel  para continuar el diálogo.