BREVE APROXIMACION A LA HISTORIA DE LA LUCHA SINDICAL EN LA PDDH (XIV)

EL TURBULENTO PERÍODO DE RAQUEL CABALLERO

La Asamblea Legislativa eligió el 22 de septiembre 2016 Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, a la abogada Raquel Caballero de Guevara, ex Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Familia, ex Secretaria General de la PDDH (agosto-diciembre 2007), nacida en San Salvador, el 12 de diciembre de 1963, hija de Tobías Caballero, telegrafista, y de María Lucía Pineda, ama de casa, originaria de Langue Valle, Honduras. Según su curriculum ha cursado cuarto año de la carrera de Psicología.

La funcionaria elegida con 71 votos para el período 2016-2019, por un acuerdo de los partidos FMLN, ARENA y GANA, tenía experiencia en Juzgados de Familia como Jueza suplente en Usulutan y Secretaria de actuaciones. La elección tuvo lugar un mes y 14 días después que su antecesor David Morales, terminara su mandato.
                                                                                                                   

                                                             

                                                           

En lo personal conocí a Raquel Caballero antes que asumiera el cargo de Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer el 2001, cuando fungía como como Secretaria del Juzgado Tercero de Familia, a cargo de Evelyn Roxana Nuñez Franco (QDDG), después la vi como activa miembro de la Iglesia Maranatha, ubicada en la Colonia Dolores de San Salvador, a cargo del pastor Jorge Juárez. Posteriormente recibí capacitaciones sobre Derecho de Familia que ella impartía en la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.                                           

                                                             

La nueva Titular fue recibida con beneplácito por la JD 2016-2017, como lo revela el boletín 21 del 23 de septiembre de 2016, bajo el encabezado “Le damos la bienvenida a la nueva procuradora”, expresando su disposición de contribuir al fortalecimiento de la PDDH y al mandato constitucional, al tiempo esperaban una política de apertura al diálogo y a la búsqueda de consensos para resolver todo tipo de situaciones y los conflictos que aún estaban pendientes. 

Uno de los aspectos positivos del comienzo de la gestión de Raquel Caballero fue el desistimiento de los procesos en la Comisión de Servicio Civil y en el Juzgado Quinto de lo Laboral contra quienes participaron en la protesta de 24 días, tal como lo revela el informativo sindical 17 de octubre de 2017. La titular hizo el ofrecimiento en reunión sostenida el 5 de octubre de 2016 y la JD en efecto constató que el Jefe del Departamento Jurídico, Guillermo Castellanos, había presentado las peticiones de desistimiento.  
                                                

                                                                  
                                                           
Bajo el título “Piden aumento al presupuesto de la PDDH” en YouTube, se aprecian imágenes de la manifestación de trabajadores al Ministerio de Hacienda el 20 de febrero de 2017, la cual partió del edificio ex Ferticia en protesta por la reducción de $ 576,646.00 del presupuesto. A raíz de esta manifestación, el presidente de la República, Salvador Sanchez Cerén, recibió a la JD en Casa Presidencial el 23 de febrero de ese año.

La reducción del presupuesto de la PDDH trajo dos consecuencias notorias: la supresión de la vigilancia privada y de las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima, Metapán y Soyapango el 24 de febrero de 2017 y el despido al margen del debido proceso de la Delegada Local de Santa Rosa de Lima, Erlinda Aracely Jimenez. Esto generó el primer gran impasse con SEPRODEHES que rechazó tajantemente ese cierre en el informativo 5 del 24 de febrero de 2017. 
                                                              

                                                           
ACTUACIÓN DE LA JD 2017-2018

El día 3 de marzo de 2017, ante una asistencia de 201 afiliados, se eligió en las instalaciones de la Asociación de Oficiales Bancarios, a la JD 2017-2018, habiéndose inclinado el apoyo de los asambleístas a favor de: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, cultura y deportes), Pablo Leiva Portillo (Relaciones públicas nacionales e internacionales).
        
En esta etapa se consolidó el liderazgo de Carlos Joaquín Solorzano Padilla, un sexaganerio, nacido en San Salvador el 1 de abril de 1948 y graduado de Bachiller del Liceo Salvadoreño en 1965, con estudios en la Escuela marista San Alfonso. Según su curriculum vitae tiene estudios de sociología en la Facultad de Ciencias y Humanidades en la Universidad de El Salvador (1966-1971), Pedagogía en Historia en el Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, Cuba (1974-1979).                                                                  

Solórzano Padilla tuvo un largo exilio de 22 años que templó su carácter y lo formó politicamente. En sus memorias compartidas en Facebook da cuenta que partió del Aeropuerto de Ilopango rumbo a Chile el 8 de junio de 1971 en la época de Salvador Allende, a raíz de la persecución que se desató con ocasión del secuestro y posterior en homicidio del empresario, Ernesto Regalado Dueñas, hecho acaecido en San Salvador febrero de 1971. Con el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre 1973, se vio conminado a viajar a Cuba, luego de permanecer tres meses en un refugio bajo la protección de ACNUR. En los años ochenta radicó en México donde hizo trabajo político y periodístico.

La nueva JD se enfrentó una alta efervescencia, agudizada por el cierre de las delegaciones locales, aumentos salariales selectivos, contrataciones, nombramientos, ascensos al margen del debido proceso, como lo señaló el dictamen de la Corte de Cuentas de la República del 21 de octubre de dos mil diecisiete, relacionado con un examen especial que se hizo del 22 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017.                                                                         

                                                                          

  
Un incidente que tuvo gran relevancia mediática fue el encontronazo con un grupo LGBTI, durante el informe del primer año gestión el 29 de septiembre de 2017 en un hotel capitalino. El grupo reprobó el primer año gestión de la funcionaria, dijeron sentirse desprotegidos, exccluidos.

SEPRODEHES reprodujo en el boletín 19 del 22 de septiembre una publicación de “El Salvador Times”, bajo el encabezado “Gays, lesbianas y transexuales denuncian por represión a Procuradora de Derechos Humanos”, señalando un “desalojo violento y confrontativo” de siete manifestantes, durante la presentación del primer informe anual. En ese informativo aparecen fotos del plantón que hizo la JD frente al hotel donde se celebraba el evento.                                                           

                                                    

         
PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La JD promovió el 11 de agosto de 2017 a través del abogado Rafael Antonio Ramos Ramírez, proceso de inconstitucionalidad 98-2017 contra los acuerdos 42, 43 y 44 del 28 de febrero de 2017, suscritos por Raquel Caballero de Guevara el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en virtud de los cuales se “cerraron temporalmente” las delegaciones locales de Santa Rosa de Lima, Soyapango y Metapán.

El demandante adujo que ese cierre violaba el inciso último del artículo 194 inciso último de la Constitución: “El Procurador para la Defensa de los Derechos podrá tener Delegados departamentales y locales permanentes”. Se planteó que al no tener los acuerdos institucionales en mención fechas de reapertura violentan la calidad de permanentes de la citadas dependencias.

                                                              

                                                       
                                 
En resolución del 22 de septiembre de 2017 la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda presentada por existir un defecto en el fundamento material de la pretensión de inconstitucionalidad que hacía imposible el contraste normativo con la disposición impugnada, estableciendo que el inciso último del artículo 194 de la Constitución no determina una imposición al Procurador a tener delegados departamentales o locales de forma permanente. El Tribunal añadió que al prescribir que el funcionario podrá tener delegados departamentales o locales, está confiriendo una competencia cuyo ejercicio está condicionado a las posibilidades y necesidades de esa institución.

FORCEJEOS CON JEFATURAS

En el informativo 2 del 5 de abril se hicieron fuertes señalamientos hacia la entonces Jefa de Recursos Humanos, Lidia Liseth Guzman Arévalo, por implmentar una serie de instructivos vinculados al ejercicio de derechos contenidos en el Laudo Arbitral con una serie de desaciertos que van desde exigir requisitos tan engorrosos e irreales como facturas antes del ejercicio del derecho o la imprecisión en cuanto a la determinación sobre los productos que arbitrariamente la administración determine que son los “adecuados” para el ejercicio de los beneficios de maternidad o paternidad.

                                                                    

                
A su vez en el informativo 11 del 20 de junio de 2017, los reparos al desempeño de la referida funcionaria subieron de tono, al punto de exigirse su destitución, puntualizándose falta de capacidad, experiencia e idoneidad para el manejo de recursos humanos y por asumir una actitud de hostilidad hacia el personal, de negación  de derechos laborales y por contribuir a la creación de un ambiente de temor y zozobra entre servidores bajo régimen de contratos, por incluir clausulas atentatorias a la estabilidad laboral y derechos adquiridos, asimismo, por su involucramiento en las destituciones, contrataciones, ascensos y traslados arbitrarios e ilegales.                                                                                                          

                                                         
También hubo roces con Saul Armando Coreas, entonces Jefe de Seguridad, encargado de coordinar la protección de la Titular y quien según lo reveló el informativo 15 del 8 de agosto, había sido policía y contaba con un staff de alrededor de diez agentes policiales en las oficinas centrales.

                                                     

INJUSTICIA MANIFIESTA

El 12 de julio pasadas las 16:00 horas el Secretario General, Carlos Joaquìn Solorzano Padilla, recibió un memorandum girado por instrucciones de la señora Procuradora en la que se le informaba que al dìa siguiente serìa relevado al frente de la Coordinación del Departamento de Defensorías Juveniles, en una aplicación errónea de la Cláusula 54 del Laudo Arbitral, que habla de sustitución temporal y luego de retorno del directivo a sus funciones, según lo reveló el informativo sindical 15 del 8 de agosto de 2017.
                                            

                                                               
El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal de Servicio Civil le admitió al Secretario General, Carlos Joaquín Solorzano Padilla, denuncia por injusticia manifiesta a la Titular, Raquel Caballero de Guevara, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Servicio Civil, habiéndose fijado a audiencia para el 22 de diciembre de ese año por el despojo de la oficina y de las atribuciones de la Coordinación que ocupaba, perpretrado en julio, tal como consta en el boletin del 8 de diciembre de 2017.

ACCIONAR DE LA JD 2018-2019

El sábado 5 de mayo de 2018 fue elegida la JD 2018-2019 en el Complejo Recreativo Don Rúa, ante una asistencia de 38 afiliadas y afiliados y luego de superar una situación de acefalía, quedando conformada así: Carlos Joaquín Solórzano Padilla (Secretario General), Alma Yanira Ibarra Peñate (Organización y afiliación), José Mauricio Mejía Deras (Primero de conflictos), José Francisco Mejía López (Segundo de conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Jesús Gonzalo Contreras Fuentes (Actas y acuerdos), Guillermo Antonio García Bernabé (Comunicaciones), Juan Antonio Hernández Ibarra (Bienestar laboral), Jesús Velásquez Alegría (Educación, Cultura y Deportes), Esmeralda Magdalena Muñoz de Galdámez (Secretaria de la Mujer).
                                                                        

        
Como un oasis en medio de la ola de criticas y denuncias, la JD hizo una pausa y de manera insólita en el informativo 3 del 12 de junio 2018 felicito a la Procuradora Raquel Caballero por hacer efectivo el bono de medio año (Cláusula 26), anhelo largamente acariciado por la clase trabajadora y por el cumplimiento de los vales bimensuales (Clausula 31), se estaban entregando en el monto establecido en el Laudo Arbitral.

El Secretario de Comunicaciones, Guillermo Antonio García Bernabé, presentó una acusación por calumnia contra la entonces Procuradora, tal como lo reveló el boletín número 5 del 19 de septiembre de 2018. Dicha acción fue planteada por declaraciones rendidas a Diario El Mundo y La Prensa Gráfica, de fechas 11 de septiembre 2017 y 13 de abril de 2018. En el primer rotativo declaró que: “Hay dos personas que para mi son delincuentes, no son ni personal de la institución y cobran gratis, Guillermo García Bernabé y Carlos Solorzano".                               

                                                                

                                                                                                                                      
                                                                                   
Trascendió en medios virtuales el 25 de septiembre que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador declaró inadmisible la acusación por el delito de calumnia contra la Procuradora Caballero de Guevara. El tribunal declaró que no admitió la acusación porque la funcionaria tenía fuero (conjunto de exenciones jurídicas), según lo establecido en el Titulo VII, capítulo II de la Constitución de la República.

La JD dio cuenta en el informativo siete del 12 de febrero de 2019 que tres diputados (Raúl Beltrán Bonilla, Emilio Coreas y Rosa Romero) habían presentado una pieza de correspondencia a los señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, para que se anlizara si había lugar a formación de causa para promover un antejuicio, señalando que la funcionaria había incumplido sus funciones constitucionales y que SEPRODEHES había presentado solicitud de antejuicio por el presunto cometimiento de los delitos Nepotismo (sic), Discriminación Laboral, Coacción al ejercicio de la Libertad Sindical o el Derecho de Huelga, Violación al derecho de Petición y Respuesta (sic), Actos Arbitrarios y Calumnia.

                                                                      

                 
PROCESO DE AMPARO

El Secretario General, Carlos Joaquín Solorzano, promovió el 18 de julio de 2018 proceso de amparo 315-2018, por supuesta omisión de respuesta a 17 peticiones escritas que dirigieron a Raquel Caballero de Guevara, entre ellas solicitudes relacionadas con el no pago de prestaciones y la no reanudación del dialogo, en contravención a la Cláusula 3 del Laudo Arbitral. En internet se puede ver resolución de la Sala de lo Constitucional del 22 de julio de 2019, en la que se admite la demanda.

“Detalladas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que los puntos restantes de la demanda cumplen con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación procesal y la jurisprudencia aplicable, su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad de las omisiones atribuidas a la Procuradora”, se lee en parte de las consideraciones hechas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional. 

                                                            

                                                        
ACCIONAR DE LA JD 2019-2020

La JD 2019-2020 fue electa un sábado en un local sindical del Barrio San Jacinto, quedando integrada así: Carlos Joaquín Solorzano Padilla (Secretario General), Marta Sonia Corvera (Organización y afiliación), Guillermo Antonio García Bernabé (Primero de conflictos), José Francisco Mejía López (Segundo de conflictos), Carmen Cecilia Rubio Velado (Finanzas), Mario Alberto Pérez Arriaza (Actas y acuerdos), José Mauricio Mejía Deras (Comunicaciones), Jesús Velásquez Alegría (Bienestar laboral), Wilfredo Rivas (Educación, Cultura y Deportes ), Carlos Ernesto Guadrón Orellana (Relaciones Públicas Nacionales e internacionales), Roxana Elizabeth Rodriguez de Lozano (Secretaria de la Mujer).

                                                                

Un hecho relevante de este período es que el Secretario General de SEPRODEHES participó el 7 de mayo de 2019 en el Séptimo Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia como invitado y ponente al "Foro Internacional Paz y Derechos Laborales en Colombia" que se realizó en el marco del Congreso.

NOMBRAMIENTOS, CONTRATACIONES Y GASTOS

En el boletín 11 del 4 de marzo de 2019 la JD divulgó que la Titular nombró los años 2016, 2017, 2018 y 2019 33 personas por ley de salarios y 33 por contrato, obviando la Constitución de la República, Ley de Etica Gubernamental, Ley de Servicio Civil, normativa de la Corte de Cuentas, reglamentos internos ( Reglamento Interno de Personal de la PDDH, Normas Técnicas Específicas de la PDDH, Instructivo Reclutamiento, Selección, Contratación de Personal de nuevo ingreso).

Por su parte, el informativo 12 del 7 de marzo dio cuenta que la Titular gastó $ 49, 599.15 de fondos del Presupuesto General de la Nación en 36 viajes realizados a 18 países y utilizó 172 días de su mandato para viajar muchas veces con su esposo. Entre los países visitados figuraban: España 2 veces, Panamá 7, Honduras 3, Puerto Rico 1, Costa Rica 3, Suiza 4, Polonia 1, Guatemala 2, Estados Unidos 2, México 4, Colombia 2, Canadá 1.

                                                            

DECESOS DE EMPLEADOS

El 3 de enero de 2018 fueron cesados cuatro delegados departamentales: Mirna del Carmen Rojas (Sonsonate), Esperanza Yanira Diaz (Ahuachapán), Roberto Martínez Díaz (San Vicente) y Rafael Aquino López (Cuscatlán). De ellos falleció Mirna Rojas el 28 de mayo de 2019, a consecuencia de un cáncer terminal. El 2017 falleció el señor Carlos Ramírez quien era el mecánico institucional y se le cambiaron funciones, encontrándose enfermo, siendo desmejorado y trasladado.                                                                                                   

El 20 de agosto de 2019 falleció Sandra Carolina Rivera, ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales durante el mandato de David Morales (2013-2016), removida del cargo al asumir Raquel Caballero en septiembre de 2016.
                                                        
El 23 de noviembre de 2020 murió en Quezaltepeque, víctima de un fulminante cáncer de pancreas, Marvin Alexander Cordero, quien fue un importante dirigente de SEPRODEHES y miembro de la Comisión Negociadora del primer Laudo Arbitral en el 2012. Cordero fue removido de su cargo de Auxiliar de transporte en mayo de 2018, luego que unos  compañeros motoristas detonaran un mortero de pólvora en perjuicio de Roberto Linares el 7 de ese mes. Por este incidente también fue removido Carlos Eduardo Marroquín, Jefe de Transporte y los motoristas José García Panameño y Armando Lobato.                                   

Mirna Rojas obtuvo a su favor una sentencia de reinstalo del Tribunal de Servicio Civil, y debido a que no se tuvo respuesta de la procuradora Caballero de Guevara, SEPRODEHES presentó una demanda de antejuicio en la Asamblea Legislativa, por desobediencia, de acuerdo al artículo 322 del Código Penal que reza que “es desobediencia de funcionarios no acatar órdenes judiciales”.
                                                    
CONDENA POR NEPOTISMO

El Tribunal de Ética Gubernamental, en sentencia del 8 de enero de 2019 condenó a Raquel Caballero de Guevara, por su intervención en la promoción de una de las hijas de su cónyuge, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, a quien se le otorgó dos aumentos salariales, pasando de la plaza de jurídico ($ 1,210.00) a la de asistente por contrato ($ 1,800.00) y en abril de 2017 se le incrementaron $ 100.00 .

También intervino en todos los trámites de nombramiento de otra de las hijas de su cónyuge, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, en el cargo de Asistente II de la PDDH; pues se encuentra la firma de la misma en cada uno de los actos, inclusive en el administrativo de nombramiento en la Delegación Departamental de San Miguel, con un salario mensual de un mil trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ($1,350.00).

                                               

ESA EMOCIÓN VOLCÁNICA LLAMADA "IRA"

Por Joaquín Rivera Larios

En su interesante libro denominado “Emociones que matan” (2003), el doctor Don Colbert, relaciona la vinculación directa entre la ira y el dolor, al sostener que las emociones destructivas tienen efectos tóxicos sobre el organismo y desbordan en una cantidad de enfermedades graves: hipertensión, artritis, esclerosis múltiple, síndrome de colón irritable y algunos tipos de cáncer. El autor explica que el estrés, la ira, el miedo, la ansiedad, la hostilidad, el resentimiento, pueden convertirse en una bomba de tiempo. 

Saltan a la vista en la vida cotidiana los ejemplos que la falta de control de la ira pueden arrastrar  la ruina del individuo,  pero hay múltiples ejemplos en el mundo del espectáculo que por el alto perfil mediático de las víctimas han causado especial conmoción social. 

                                                María Félix            

Vienen a mi memoria dos celebridades mexicanas: la poetisa, actriz, modelo y declamadora, Pita Amor (1918-2000) y la actriz hollywoodense, Lupe Vélez (1908- 1944), ambas tuvieron finales calamitosos, derivados de no controlar sus fulminantes emociones.

                                                        

Pita Amor  tenía una personalidad explosiva, insolente, arrebatada, avasalladora, que no se dejaba dominar por nadie, denominada por amigos “la loca más cuerda”, otros la consideraban “un huracán difícil de aguantar”. Sus dotes excepcionales de escritora que revelaron la influencia de Sor Juan Inés de La Cruz, la inmortalizaron. No obstante, sus claroscuros eran extremos, en los oscuros era violenta y borrascosa, en los claros era radiante

y encantadora. Murió rozando la locura y en condiciones de pobreza, auxiliada por amigos del mundo del espectáculo.

                               Lupe Vélez

                                                    

   Lupe Vélez en su féretro observada por Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete

Lupe Vélez, conocida por sobrenombres como “la dinamita mexicana”, encarnó en la pantalla grande y en la vida real a la mujer latina temperamental, explosiva, revoltosa e insolente, condimentando su carácter con un acento latino muy marcado, lo que le granjeó gran popularidad entre los cinéfilos. Sus arrebatos la llevaron a intentos de homicidio, hasta que la madrugada 14 de diciembre de 1944 se inmoló mediante la ingesta de un coctel de barbitúricos, luego de una fiesta. Murió sin lograr someter su carácter turbulento.                                           

             

                                        

Leyendo la vida de otra actriz de la época de oro del cine azteca, Alma Delia Fuentes, revela lo que sufrió al lado del mimo Cantinflas, durante el rodaje de la película “El Extra” (1964), quien dado su carácter irascible, la hacía llorar. Cantinflas desplegaba gran carisma y humanismo en la pantalla grande, pero según han contado quienes lo conocieron, en la calle, con sus compañeros artistas o en los sitios que frecuentaba, el actor se mostraba frío, hostil y soberbio.

     

Aunque muchos consideran que María Félix (1914-2002) no fue una buena actriz, su belleza arrolladora y su presencia escénica inigualable, la mantuvieron en el estrellato hasta convertirla en mito y fue un caso en que si bien su conducta desdeñosa, altiva, soberbia, limitó muy probablemente su expansión artística,  al punto de ser calificada como déspota y grosera por otras actrices, entre ellas Katy Jurado, Silvia Pinal, Irma Serrano, Dolores del Río, Columba Domínguez.  Sin embargo, tal exceso al parecer no malbarató su existencia, pues murió  a los 88 años provista   de una cuantiosa fortuna.  

                                            

                       Retrato de Pita Amor

El individuo iracundo se asemeja a un volcán en erupción, cuya lava arrasa relaciones de pareja, familiares, laborales, que están en su círculo de influencia. Esta emoción es una explosión, una tormenta, o un trueno que se gesta al interior de un individuo y desata su fuerza destructiva de manera incontrolada en el exterior, causando estragos tanto en el agresor como en los agraviados.

                                                    

La ira es una pestilencia que suele arrastrar deshonra, vergüenza y desgracia a quien se deja llevar por ella. Puede hundir sus raíces en situaciones extremas que se remontan a aprendizajes erróneos de la niñez: por un lado, el niño que ha sufrido graves carencias afectivas: desamor, rechazo, menosprecio, y por otro lado, el que fue demasiado mimado, que suele convertirse en un verdadero tirano, cuando no lo complacen sus caprichos. El iracundo pareciera no tener válvulas adecuadas de escape, y no al poder expresar sus sentimientos y necesidades de manera adecuada, responde con un estallido de furia.
                                                                        

Entre los rasgos que definen la personalidad del iracundo figuran: baja autoestima, inseguridad, egocentrismo, soberbia, orgullo, falta de perdón, diversas formas de apego, irrespeto a la diversidad, timidez, inmadurez emocional. Este mal suele arrastrar otras secuelas: culpa, miedo, soledad, deseos de dominio, de venganza, de cambiar a otros, intolerancia a la crítica, necedad (creer siempre estar en posesión de la verdad).

                                                                    
Un ego a flor de piel y mal administrado, puede hacer que las frustraciones y remordimientos que nos aquejan, se desborden en estallidos de rabia al menor atisbo de ofensa. Es importante controlar el ego y así como debemos tomar medidas de precaución frente a la adulación y la manipulación, construyamos una coraza o un vallado frente a estímulos que puedan lesionarnos emocionalmente.

 

                                                          

                           Cantinflas con Alma Delia Fuentes
  
Así como contamina el espíritu y anula el buen juicio, lo que impide abordar de manera asertiva y edificante las circunstancias adversas, la ira puede socavar el cuerpo a través de diversas afecciones, a saber: Hipertensión, dolores de cabeza, depresión, problemas en el sistema gastrointestinal, estreñimiento o diarrea, problemas respiratorios, glaucoma. 

                                                    

Es tan destructiva esta emoción que Jesucristo equiparo a la ira con el homicidio: “Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”. (Mateo: 5:22).

                                                                    
Son varios los versículos de la Biblia que abordan efectos perniciosos de la ira: “No te alteres, que eso empeora las cosas” (Salmos 37:8). “En las muchas palabras no falta el pecado; el que es prudente refrena sus labios “(Proverbios 10:19). “Los justos sólo abrigan buenos deseos; la esperanza de los impíos es el enojo” (Proverbios 11:23). “Enojo lento, gran inteligencia; espíritu impaciente, demasiada necedad “(Proverbios 14:29). “Ser paciente es mejor que ser valiente; es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad” (Proverbios 16:32). 

                                                    Retrato de Pita Amor 

PERSPECTIVAS SINDICALES DE CARA AL FUTURO

Cada Junta Directiva tiene el reto de mantener y acrecentar la credibilidad en el sindicato y la motivación por la lucha gremial, alentar la participación de las bases y aminorar una percepción de escasa eficacia que existe en algunos sectores de la clase trabajadora en cuanto a la tutela legal efectiva de los derechos individuales, económicos, sociales y culturales que asisten a la membresía.

                                       

Es imperioso defender la independencia de nuestra organización y evitar injerencias indebidas, a tenor del Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva. No hay que olvidar que el sindicato es un grupo de presión y un contrapoder, es decir un ente contralor del poder. Debemos supervisar sistemáticamente aquellos procedimientos legales, administrativos y financieros relacionados con la plena vigencia de nuestros derechos.  

                                                                    

Es importante que la Junta Directiva, busque un acercamiento con las bases de la sede central, que aglutina cerca de 300 empleados y empleadas de los 479 servidores que integrábamos la institución (hasta enero de 2021). Nuestro sindicato será una organización débil, si el grueso del accionar recae en la Junta Directiva y las bases permanezcan dispersas, desagregadas, carentes de cohesión y visión compartida.

                                            

Hay que poner bajo la lupa las acciones de hecho que otrora dieron resultado para hacer efectivas reivindicaciones, ante el creciente fenómeno de criminalización de la protesta social, agudizada con el régimen de excepción vigente desde marzo del año pasado que ha dado lugar a suspensiones y despidos de trabajadores sindicalizados en la administración pública, incluyendo procesos penales. Para el caso,  las acciones contra sindicalistas de los Ministerios Obras Públicas y Salud, y desde luego, la denuncia interpuesta contra nuestros dirigentes en la Fiscalía General de la República en febrero de 2022.
                                                

                                                    

Sobre la base de la debilidad, inacción y lentitud de los mecanismos institucionales de protección de los derechos laborales frente a cualquier atropello, se impone la necesidad de articular una lucha más estratégica, más inteligente, sustentada en un buen manejo de las comunicaciones y en campañas de concientización y educación, de cara a crear conciencia social y una visión compartida alrededor de una plataforma reivindicativa.                                                         

En este contexto, debe echarse mano de las herramientas que la tecnología moderna provee, creando nuevos medios de difusión como un canal de YouTube, blogs, videoconferencias, vídeos, documentales, cursos permanentes de formación virtual y/o presencial, boletines artísticamente diseñados y diagramados, que circulen semanal o quincenalmente,  con más y mejor información. Es imperativo cualificar e intensificar el trabajo de la Secretaría de Comunicaciones, cuyas atribuciones están contempladas en el Art. 30 de los Estatutos.  

                                                    
Para lograr tal cometido, la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes,  cuyas atribuciones están plasmadas en el artículo 29 de los Estatutos,  debe liderar la implementación de círculos de estudio y discusión sobre temas sindicales que sean permanentes, sin descuidar reuniones periódicas de la JD con personal de las diferentes dependencias de la sede central y las Delegaciones Departamentales.  Solo a través de la educación se puede lograr un movimiento sindical unido, bien organizado, que actúe con profesionalismo y ética.  Es imperioso potenciar la formación en liderazgo sindical, para asegurar la alternancia y la idoneidad de nuestra dirigencia.                                                                        

Más allá de potenciar el rol de los referentes, es imprescindible organizar y activar nuestras bases, ejercer con más recurrencia el derecho de manifestación, a fin de recuperar el dinero que nos han recortado del presupuesto, así como prevenir y contrarrestar afectaciones a derechos  laborales. La última manifestación que se hizo al Ministerio de Hacienda para buscar el refuerzo presupuestario  tuvo lugar el 20 de febrero de 2017.   

                            

Es imperioso que haya una adecuada ejecución presupuestaria en la institución, en aras de satisfacer varias cláusulas de nuestro Laudo que aún no tienen vigencia, dado que los porcentajes de no ejecución presupuestaria han sido particularmente altos en los últimos cuatro años. Es un imperativo de justicia maximizar esfuerzos con el actual presupuesto, para sufragar dichas prestaciones hasta donde cubra la disponibilidad de fondos. En los últimos años se han dejado de ejecutar considerables sumas: $ 485,665.39 (2020), $ 426, 558.57 (2019), $ 219,284.44 (2018), $ 151,832.19 (2017).

                                                                     

 

La falta de cohesión de las bases nos resta fuerza como grupo de presión, ocasionando  grandes pérdidas económicas a la clase trabajadora, ya que luego de diez años de vigencia del Laudo Arbitral, algunas cláusulas económicas continúan sin cumplirse (Seguro médico hospitalario, Escalafón,  Cooperativa de ahorro y préstamo, Becas de estudio, Fondo de Protección Social, Despensa familiar). El presente año  2023 se cumplen 12 años de salarios estáticos, salvo esporádicos aumentos selectivos, lo cual contraviene la Cláusula 15 del Laudo y el principio de progresividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

                                        

Paralelo a los salarios estáticos, otro problema es la inequidad salarial, acentuado por una grave carencia: a treinta años de haber sido fundada la PDDH aun no cuenta con un escalafón, como lo ordena el artículo 12 letra a) Ley de Servicio Civil y la cláusula 15 del Laudo Arbitral.  La existencia de un escalafón que ponderaría el tiempo de servicio como uno de los requisitos imprescindibles a considerar para conferir promociones y ascensos,  evitaría en alguna medida la practica de priorizar para aumentos selectivos, al personal de más reciente ingreso, relegándose al personal más antiguo.      

                                                                            

Según un informe de la Oficina de Acceso a la Información, hasta  junio de 2021, se tramitaron en la Comisión de Servicio Civil (CSC) de la PDDH, nueve procesos de destitución promovidos por la  administración de Apolonio Tobar Serrano, siete de ellos por abandono del cargo o empleo y uno por ejercer la procuración particular. Es menester que las Secretarías Primera y Segundo de Conflictos, cuyas atribuciones están desarrolladas en el artículo 27 de los Estatutos  maximicen la verificación del debido proceso legal y emitan pronunciamientos públicos sobre este rol de fiscalización. Ha causado preocupación la negativa de la CSC de aplicar la nueva Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) que es el instrumento por excelencia para regular el debido proceso administrativo sancionador.

                                    

Se debe iniciar una era de respeto hacia los órganos de Conducta (Comisión de Honor y Justicia y Comisión de Hacienda), debemos procurar elegir personas que cuenten con la idoneidad  ética y profesional, pero también debe dárseles todas las facilidades y colaboración para que cumplan sus atribuciones sin presiones ni injerencias indebidas y sobre todo, que se respeten sus disposiciones y resoluciones.  

                                                                        

Es preciso reformar los Estatutos de SEPRODEHES para desarrollar las atribuciones de estos órganos de conducta en los Estatutos, ya que solo están enunciados en el artículo 35 reformado (según publicación del Diario Oficial No. 198, Tomo No. 409 del 28 de octubre de 2015), a fin de que se garanticen plenamente las garantías del debido proceso  de los afiliados y afiliadas que sean procesados por faltas,  contempladas en los artículos 52 a 55, correspondientes  el Regimen disciplinario de los Estatutos. 

                                                    

Se deben promover reformas a las cláusulas 18 relativo a las Garantías Sindicales, 44 concerniente a Sanciones del Laudo Arbitral con carácter de Contrato Colectivo de Trabajo que rige en la PDDH, a modo regular aspectos relativos al fuero sindical, consignando que antes de proceder en la Comisión de Servicio Civil contra una persona directiva sindical, debe activarse un procedimiento de levantamiento de fuero en un Juzgado con jurisdicción laboral, para que este Juez declare que hay lugar a formación de causa.

                                                 

                   

Asimismo, se debe regular en dichas cláusulas que los Secretarios Primero y Segundo de Conflictos, cuyas atribuciones están desarrolladas en el artículo 27 los estatutos de SEPRODEHES, puedan verificar los procesos disciplinarios y participar como observadores en las audiencias que se desarrollen contra afiliados en la Comisión de Servicio Civil y/o Tribunal de Servicio Civil.

                                                

Hay varios factores que inhiben y le restan eficacia a la lucha sindical, entre ellos el miedo, la búsqueda de beneficios personales, la prepotencia, la intolerancia, la exclusión, el secretismo, la apatía al estudio, el estado de confort, la falta de concientización sobre el rol de un directivo sindical, la tendencia a una confrontación con escasa fundamentación técnica,  pero de todos ellos quizá los que más inhabilitan y paralizan son el miedo y la ignorancia.                                                                             

Debemos procurar que cada directivo sea un estudioso de los temas jurídicos, administrativos y financieros relacionados con la vigencia de los derechos de la clase trabajadora, porque es la única forma de brindar un servicio de calidad a nuestros afiliados y afiliadas y de avanzar en la lucha legítima por nuestras reivindicaciones laborales.

                                

Hay que implementar el proselitismo sindical, para que los candidatos a cargos en la Junta Directiva públicamente se comprometan con las bases a luchar por una plataforma reivindicativa y a no buscar beneficios individuales o personales.                                                          

Debe prevalecer la  tolerancia y apertura a la crítica, evitar responder críticas con ataques personales y abstenerse de actos de violencia psicológica de directivos hacia los propios afiliados y afiliadas por el hecho de disentir, porque ello desnaturaliza al sindicato, ya que se vuelve ofensor de las mismas personas que debe proteger. No debemos extremar la intolerancia al punto de considerar traición toda discrepancia con el desempeño o posturas de la JD o sus directivos individualmente considerados. Se debe respetar plenamente la libertad de expresión en nuestro muro, alentar el debate constructivo en todos los espacios en que se desarrollen actividades sindicales, mientras no se configuren daños al honor, la moral o el orden público.  

                                                            

Resulta imperioso potenciar la transparencia y la rendición de cuentas, particularmente en el área financiera.  Hay que dar señales claras de austeridad y probidad en los gastos sindicales, procurando, al máximo que el dinero de los afiliados se reintegre a éstos en beneficios y servicios efectivos. Urge aprobar un instructivo para la administración de fondos de SEPRODEHES que sirva de parámetros para los gastos, como lo sugirió la JD 2016-2017 en el informativo sindical  del 1 de febrero de 2017. 

                                                                          

Es erróneo considerar que otorgar un vale de supermercado o canasta navideña u otra prestación social a la membresía, constituye repartición del patrimonio sindical, prohibición contemplada en el artículo 92 letra d) Ley de Servicio Civil. Los artículos 77 letra b) y d) de la Ley del Servicio Civil y 5 letras a) y c) de los Estatutos de SEPRODEHES dan pie parar conferir esas prestaciones. Además, en el caso concreto de  la alimentación, ésta es un derecho humano fundamental contemplado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.   

                                    

Nuestro sindicato con todo lo bueno que ha mostrado y los logros conquistados, también tiene que mejorar sustancialmente en muchos aspectos. Debemos reformar los estatutos, para asegurar que haya una rendición pública de labores Secretaria por Secretaria, verificada por la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión de Hacienda. Hay que hacer un esfuerzo como organización porque cada Secretaría cumpla plenamente con sus planes de trabajo.                                                                     

Pese a carencias e inconsistencias, nuestro sindicato ha sido muy exitoso al lograr la aprobación de dos laudos arbitrales en el 2012 y el 2016 que plasman las más legítimas y sentidas aspiraciones que desde el nacimiento de ASEPRODEH a la vida jurídica en agosto 1997 han sido el principio y fin de nuestra lucha. Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles, y emprender la ruta de cambios que permitan hacer de SEPRODEHES un instrumento más proactivo y eficiente.